Coyuntura

Lenín Moreno: ¿un punto de inflexión para Alianza País?

Las propuestas de Moreno resultan excesivamente tibias para los sectores interesados o afectados. El programa de gobierno habla de fortalecer los marcos de regulación y control de estándares, del retorno de las utilidades a los afectados con un porcentaje que no se define, de potenciales consultas populares sobre temas tan abiertos como las posibles alternativas económicas a la explotación. Así, no hay espacio para una agenda compartida y el desencanto ya se ha expresado incluso en las urnas, al darle el triunfo a Lasso en territorios donde existen conflictos activos sobre el tema tanto en la sierra como en la Amazonía. Recuperar esos espacios pareciera una tarea casi imposible de alcanzar.

También los sectores del comercio y la industria demandan diálogos urgentes sobre la matriz productiva, en el marco del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Ecuador, que entró en vigencia a inicios del presente año tras una extensa negociación. El acuerdo, que además se presenta como una promesa de generación de empleo en el sector agroindustrial, muestra varios riesgos, sobre todo en lo referido a la competitividad de ciertos productos nacionales frente a la producción europea. Está por verse si el gobierno de Moreno pone el énfasis necesario en asuntos como los mecanismos de protección a la producción local o los incentivos necesarios para la emergencia de nuevos sectores productivos sin que se vean amenazados por la oferta extranjera. Se espera que el gobierno tenga un plan preventivo respecto del impacto que tiene este tipo de tratados, que ya han provocado movilizaciones en países vecinos como Colombia y Perú.

Paralelamente, Moreno abandera la continuidad en otro de los grandes proyectos del oficialismo, la matriz energética, con ambiciosas propuestas como consolidar el eje de un corredor energético que distribuye energía a otros países de la región o contar con una de las matrices de generación eléctrica más competitivas y limpias del mundo. Se trata de un sector en el que el gobierno invierte cuantiosas cantidades de dinero a partir de la promesa de ingresos para el país. El impacto ambiental y social de la infraestructura necesaria es significativo y demanda un retorno a mediano plazo con mucha claridad respecto de la canalización de las ganancias.

Visto en perspectiva, tras este breve repaso por la situación actual y sus proyecciones, cabe decir que la gran mayoría de los desafíos y problemas aquí expuestos –que difícilmente agotan todo el complejo escenario que vivirá Ecuador en los próximos años– dependerá, en mayor o menor medida, de las articulaciones políticas que se vayan dando dentro del partido, la bancada legislativa y el gobierno de ap. El reordenamiento de los sectores que componen el movimiento, la nueva correlación de fuerzas, determinará hacia dónde irán concretándose todas las ambigüedades que dejó la campaña.

Efectivamente, la apertura del diálogo será fundamental, al igual que la construcción de consensos amplios, pero resultará insuficiente sin una expresión real de inclusión de sectores que se han sentido marginados del quehacer público a lo largo de la última década. Además, la expectativa social no se enfoca exclusivamente en ese cambio: se espera también un retorno, en varios aspectos, a la propuesta original de ap, en la que se recogieron diversas demandas sociales aún irresueltas.

Sería deseable que el diálogo viniera acompañado de un proceso de fortalecimiento de una institucionalidad democrática en la que las funciones del Estado se constituyan y gestionen de manera autónoma, con la generación de pesos y contrapesos. Este proceso deberá apuntar también a romper con la corrupción y las redes que la facilitan. La administración entrante debe trasparentar el destino de los fondos públicos. Solo así podrá recuperar el sentido del Estado en el imaginario colectivo, así como la legitimidad y autonomía que requiere.

La perspectiva del gobierno de Moreno se debate entre la inercia del deterioro del gobierno de Correa y las expectativas de reconstitución de los fundamentos sociales del proyecto originario y la apertura a las necesarias reestructuraciones políticas y de gestión, más allá de las simplificaciones electorales.