Coyuntura

Lenín Moreno: ¿un punto de inflexión para Alianza País?

El nuevo gobierno enfrentará su gestión en una coyuntura económica poco favorable y de reducidas expectativas de resolución 16. Tras el impulso que provocó el boom de los commodities durante la última década, el reto hoy no es solo el de gobernar con menos recursos y aun así mantener la inversión; se trata también de sostener, por consecuencia, la legitimidad de la gestión. Una etapa de bonanza económica que se sintió en la vida cotidiana de la población, que ha generado movilidad social, acceso a servicios, aumento de consumo y crecimiento de la clase media, provoca una expectativa social que, de no ser satisfecha, se traducirá en descontento, organización y movilización ciudadanas.

El debate electoral en torno de la situación económica del país enfrentó dos visiones. Por un lado, la oposición destaca la gravedad de una crisis de la que el gobierno es responsable por su fallida promesa de cambio de matriz productiva, por una agresiva política de endeudamiento y por un «despilfarro» presupuestario que ha comprometido los ahorros del Estado. Por otro lado, el gobierno recurre al eufemismo de la desaceleración. Así, será preciso un diagnóstico real de la situación por parte de la administración de Moreno, que deberá plantearse un equilibrio en una ecuación con dos variables: impuestos y reordenamiento del gasto público. El crédito, como principal estrategia implementada hasta ahora, posiblemente deberá descartarse, porque las cifras se encuentran cerca del límite determinado constitucionalmente (40% del pib).

Los impuestos fueron uno de los asuntos más sonados en campaña, y aunque Moreno haya ganado las elecciones, un importante porcentaje de la población se identificó con el discurso de Lasso, que repitió hasta el cansancio la promesa de eliminación de 14 imposiciones. El tema tributario ha sido un pilar de la máxima redistributiva del oficialismo que Moreno se comprometió a mantener aunque, paralelamente, se instalará un consejo consultivo para reducir la carga de las clases medias y los sectores productivos.

Bajo estas condiciones, la revisión del gasto público preservando los logros en materia social será un imperativo que considere una evaluación del aparato estatal para prescindir de instancias que carecen de utilidad o replican el trabajo de otras, una revisión de la política de infraestructura que no siempre se justifica en magnitud, calidad o costos y una revisión de los gastos publicitarios del gobierno, entre otros.

La sesuda revisión de estos factores será de gran utilidad también para enfrentar un desafío central que tiene que ver con recuperar la importancia de las tributaciones –sobre todo de carácter progresivo– en el imaginario social, especialmente de las clases media y alta, que han asumido el discurso antiimpuestos por considerarlos excesivos e injustificados. El problema de fondo está en el hecho de que la recaudación termina siendo equívocamente contrastada con temas como la corrupción, la maquinaria publicitaria o el tamaño del Estado.

Otro tema fundamental que instaló el proceso electoral y que, por lo tanto, será foco de discusión y fiscalización política y social, es el desempleo. En un contexto en el que la economía pierde dinamismo, entre 2015 y 2016 la tasa de desempleo creció de 4,3% a 5,2%. El empleo adecuado también se vio afectado con una baja de 7 puntos porcentuales, mientras el subempleo se incrementó de 14,8% a 19,4% 17. Frente a este problema, Moreno ha sido impreciso, y sus ofertas de campaña estuvieron direccionadas sobre todo a la población juvenil, bajo el ambiguo paraguas del impulso al emprendimiento.

Pero el apoyo al emprendimiento en el espacio de la política pública no puede estar entre las iniciativas centrales de una propuesta de gobierno. La nueva administración deberá evaluar minuciosamente ese plan, considerando los riesgos que tiene este tipo de aproximación al empleo que, en cierta medida, endosa responsabilidades a la iniciativa privada individual. Habrá que tener en cuenta no solo los peligros que todo crédito conlleva, sino también aquellos peligros que tienen que ver con temas como la precarización laboral. Es fundamental incorporar procesos de acompañamiento y evaluación de una política que debe trascender más allá de lo particular.

La política laboral del gobierno de Moreno tiene como reto el cuidar y profundizar la normativa de protección de las condiciones de trabajo, en un país en el que la principal debilidad es la informalidad que deja fuera del sistema a un porcentaje significativo de la población tanto en seguridad –desde una línea de garantía de derechos– como en tributación –considerando la formalización como parte de una estrategia productiva global–. Se trata de un asunto ineludible para un movimiento político que se posiciona discursivamente dentro de una línea progresista garante de derechos.

Finalmente, otro tema fundamental durante los próximos años de gobierno de ap será el esperado –y altamente promocionado– cambio de matriz productiva, que permitiría pasar de una economía primario-exportadora a una con capacidad de generar valor agregado. Está claro que un objetivo de esta magnitud requiere de un largo plazo; sin embargo, cabe destacar aquí algunas alarmas ya encendidas que el oficialismo deberá enfrentar. Tal es el caso del debate que contrapone la reducción de la pobreza a los derechos de la naturaleza, una pesada herencia que arrastrará Moreno y que no augura significativas modificaciones.

Los temas ambientales, más que una deuda, han sido una traición a los postulados originales del proyecto de ap y, por lo tanto, se han convertido en un constante foco de conflicto entre el gobierno y las organizaciones que defienden el medio ambiente, así como las comunidades afectadas. El problema le ha valido fuertes críticas al oficialismo en cuanto a su modelo de desarrollo, que supone una concepción funcional del medio ambiente; su incongruente discurso de soberanía en relación con las concesiones de explotación minera y petrolera a países como China o Canadá; su política de expansión de las fronteras extractivas; los niveles de represión y criminalización de la protesta, exacerbados en medio de los levantamientos de quienes están en contra de los proyectos extractivistas.

  • 16.

    Cabe destacar que la situación económica del país responde a tres causas principales, más allá de los efectos de la política económica oficial que también inciden: un proceso de apreciación del dólar, que es la moneda nacional desde 2000; la caída de los precios de las materias primas a escala global; y los efectos de un terremoto de 7,8 grados de magnitud que afectó a la zona costera del país hace un año.

  • 17.

    Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.