Coyuntura

Lenín Moreno: ¿un punto de inflexión para Alianza País?

Más allá de los vínculos establecidos, ap se consolidó autónomamente, resguardando su libre capacidad de decisión. Con el tiempo, dio el salto hacia una dinámica –de partido y gobierno– mucho menos dispuesta al diálogo y la negociación con sectores sociales y políticos del país. Muchos de sus aliados se fueron alejando y la relación con buena parte de sus bases de apoyo vinculadas a movimientos sociales se fracturó, tanto por una crítica a inconsistencias y contradicciones de la gestión gubernamental como por una dinámica política excluyente y autoritaria.

En estas condiciones, la estrategia de ap para las últimas elecciones, en las que no solo pesarían los conflictos abiertos con la sociedad civil sino también la ausencia de Correa, fue posicionar a Moreno como un candidato dispuesto al diálogo y al consenso y diferenciarlo del estilo conflictivo y autoritario del presidente saliente. El gran desafío, no solo de Moreno sino también del partido y su bancada legislativa, será entonces mantener una gestión política consecuente con ese discurso.

En esta perspectiva, e incluso antes de que se resolviera el proceso de impugnación electoral que se llevó a cabo 5, Moreno se reunió, en condición de presidente electo, con el cuerpo diplomático, pero también con sectores empresariales y una facción del movimiento indígena, con el objetivo de retomar relaciones, reconocer demandas y establecer mecanismos de cooperación. Paralelamente, sin embargo, organizaciones indígenas, ecologistas y de derechos humanos 6 con las que el gobierno de Correa ha mantenido permanentes confrontaciones expresaron ya condicionantes o negativas para aceptar un proceso de diálogo, en tanto la agenda programática oficial vigente resultaría incompatible y contradictoria con sus principios, objetivos y causas. A esto se suma el rechazo respecto de mecanismos de violencia, intimidación y control implantados durante la última década.

Resulta especialmente conflictiva con los intereses de la sociedad civil organizada la iniciativa impulsada por el oficialismo –con posterioridad a las elecciones– que pretende crear el Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana a partir de un decreto presidencial existente que ha sido fuertemente criticado nacional e internacionalmente. Se trata del decreto 16, que regula a las organizaciones sociales e introduce un mecanismo de control desde el Estado mediante el establecimiento de requisitos excesivos para su constitución, así como la determinación de causales y procedimientos de disolución discrecionales, lo que amenaza la libertad de asociación como derecho 7.

Por otro lado, el escenario político también plantea desafíos a ap como organización ante la eventual ausencia de Correa, que abre un espacio de disputa de liderazgo en un partido en el que la centralidad y la autorreferencia del líder no permitieron el crecimiento de otros cuadros. La diversidad de tendencias que componen el movimiento, sin una figura que las contenga y en ausencia de una estructura orgánica autónoma capaz de institucionalizar procesos, supone también un reto de importantes dimensiones. Así, el escenario para establecer una nueva correlación de fuerzas está abierto 8. Un nuevo liderazgo deberá ser capaz de mantener la unidad de ap pero también de generar puentes entre el partido y otras instancias de gobierno, así como entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Frente al escenario poselectoral marcado por las movilizaciones en torno de las denuncias de un supuesto fraude, el oficialismo carga con el peso de la duda de un sector de la sociedad frente al cual carece de legitimidad. Superar esa debilidad requerirá de un trabajo sistemático y coherente en la construcción de la confianza social que trascienda del discurso a la gestión; una gestión autónoma que marque diferencias respecto de Correa, que sepa combinar las ventajas de la herencia y el vínculo legitimador con la propuesta de cambio que abandera. Es decir, una suerte de cambio en la continuidad. El presidente electo y el partido necesitan trabajar en un nuevo aparato simbólico para reconstruir identidad política, empatía, afinidad.

El reciente proceso electoral permitió la emergencia de discursos alternativos que ponen en cuestión, con un cierto eco social, temas como el del rol y los alcances del Estado. Una década de inducción política respecto de la importancia de la gestión estatal reguladora, garante de derechos, encargada de la administración de recursos públicos, se ve afectada también por las denuncias de corrupción dentro del gobierno. Desde allí la oposición basa su discurso en la necesidad de una contracción del Estado.

En cuanto a la Asamblea Nacional –conformada por 137 miembros–, la bancada de ap, aunque nuevamente obtiene mayoría, ha perdido 26 curules respecto de los 100 que obtuvo en las elecciones de 2013. La segunda fuerza la componen, en alianza, las organizaciones creo y el Movimiento Sociedad Unida Más Acción (suma) 9, que cuentan con 18 representantes más de los que sumaban antes. Le sigue el psc, que también ha incrementado su representación en nueve curules. Sin duda, este no será un escenario libre de confrontaciones. Primero, porque el bloque oficialista, al igual que el partido, tendrá otra distribución de fuerzas así como otros liderazgos y, por lo tanto, su relación con el Ejecutivo posiblemente ya no estará caracterizada por una incondicional subordinación. Será, en sí, un espacio de pactos y transacciones, más allá del que se podría generar con la oposición, que ni con la más favorable de las alianzas logrará contrarrestar el peso mayoritario de ap.

Un segundo elemento por considerar tiene que ver con una suerte de reestructuración del sistema de partidos y de su peso específico, sobre todo el de los partidos de derecha, en las relaciones de poder. Para estos últimos ha sido una victoria, en la medida en que han ganado presencia en la esfera pública, aunque se trate de una tendencia fraccionada en dos partidos –creo y psc– que representan diferentes intereses y sectores. Sus constantes confrontaciones pre- y poselectorales y ciertas evidencias de acuerdos, no declarados públicamente, entre socialcristianos y oficialismo plantean la necesidad de una relectura del mapa de actores políticos, sus vínculos y proyecciones.

  • 5.

    El Consejo Nacional Electoral, tras el recuento de 3.865 actas impugnadas, ratificó el triunfo del candidato de AP el 18 de abril.


  • 6.

    Tal es el caso de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y Pachakutik que advierten respecto de temas no negociables, como la resistencia a la minería o a la criminalización de la protesta. De igual manera sucede con Yasunidos (defensores del Parque Nacional Yasuní), que se muestra reacio a un diálogo considerando la agenda extractivista del gobierno y su falta de disposición para conversar durante la campaña. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), por su parte, considera que el diálogo requeriría de una agenda concreta que no está en los planes del gobierno. Finalmente, resulta sugestivo el silencio de las organizaciones por los derechos de las mujeres, que han sido uno de los sectores con más conflictos respecto de un gobierno significativamente conservador en el tema. Ese es un canal de diálogo que requerirá de muchísimo trabajo y compromiso por parte del oficialismo para abrirse.

  • 7.

    «Decreto 16 (739) pasaría a ser ley» en Dayuma Ecuador, 9/4/2017, disponible en <http://dayumaecuador.blogspot.com/2017/04/decreto-16-739-pasaria-ser-ley.html?spref=fb>.

  • 8.

    La pugna en el interior del partido se evidenció desde la selección del binomio que se presentaría a los comicios. Moreno parece representar a los sectores que se consideran más progresistas, mientras que el actual vicepresidente Jorge Glas (candidato a un nuevo periodo) ha estado vinculado a una rama conservadora cercana a elites financieras, así como a instancias vinculadas a la actual política extractivista del gobierno, los megaproyectos de infraestructura y el mantenimiento del rentismo petrolero. Moreno, al inicio del proceso electoral, afirmó que su compañero de binomio había sido decidido tanto por convicción como por imposición.

  • 9.

    Se trata de un movimiento liberal de derecha fundado en 2012, cuya principal figura es Mauricio Rodas, actual alcalde de Quito que aspiró a la Presidencia en 2013, cuando quedó en cuarto lugar.