«Buscábamos justicia.
Queríamos prevenir las desapariciones, que se terminaran. Por
desgracia, todavía veo que desaparecen niñas. No quiero ser
negativa, pero no sé cuándo se terminará». Esto dijo Paula
Flores, de Ciudad Juárez (México), el 3 de julio de 2016, 18 años después de la desaparición y el posterior asesinato de su hija,
María Sagrario González Flores.
Mujeres como Paula Flores, especialmente madres de
víctimas de la violencia, están todo el tiempo en la primera línea
del activismo de derechos humanos contra la desaparición forzada, el
femicidio y los abusos del Ejército. Donde las instituciones
estatales y los funcionarios elegidos por el voto no actúan contra esas formas de
violencia, estas mujeres llenaron el vacío y al hacerlo, pusieron en
entredicho el lugar tradicional de la mujer.
Exigir justicia en México, un país donde 98%
de los delitos queda impune, no es tarea fácil. Las madres y
abuelas activistas mexicanas siguen la tradición latinoamericana
sentada por antecesoras como las Madres de Plaza de Mayo, que en 1977
empezaron a marchar frente a la Casa de Gobierno en Buenos Aires, Argentina, en protesta contra la desaparición masiva de sus hijos
bajo la dictadura militar. Las marchas se repitieron por años cada
semana y obligaron a un debate público sobre las violaciones a los
derechos humanos durante la dictadura.
Las Madres de Plaza de Mayo inspiraron a grupos
similares (en África, Serbia, Los Ángeles, etc.) y los reunieron a
todos a mediados de los 90 en el Encuentro Internacional de
Madres que Luchan. Como documentó la profesora Marguerite Bouvard,
de la Universidad Brandeis, en su libro de 1996 Women Reshaping
Human Rights [Mujeres que redefinen los derechos humanos], las
organizaciones femeninas han tenido en general un papel crucial en el
movimiento de derechos humanos, en la búsqueda de la justicia
económica, social y cultural, y en la lucha por destacar la importancia
de la dignidad humana y el respeto mutuo entre los ciudadanos y entre
estos y el Estado.
Pero en el universo de esas organizaciones las
madres tienen un lugar especial. Actúan en países que por lo
general se niegan a reconocer a las mujeres otro papel que no sea el
de madres, esposas e hijas, y usan ese papel asignado como distintivo
de autoridad moral; sacan sus voces y su verdad del ámbito hogareño
y las llevan a las calles, para luchar no por conceptos abstractos de
justicia, sino por hijos e hijas con nombres e historias.
Cuando el 3 de marzo de 2016 fue asesinada la
renombrada activista hondureña Berta Cáceres, su madre, Austra
Bertha Flores López, partera y activista social, asumió la lucha
para demostrar la responsabilidad del Estado hondureño por la muerte
de su hija. En Estados Unidos, las madres han sido muy activas en las
protestas del movimiento «Black Lives Matter» por la brutalidad
policial contra ciudadanos negros. En la India, marcharon para
generar conciencia sobre la extensión de los abusos sexuales. Y en
Colombia, participaron activamente en el proceso de paz y lograron
que la propuesta de acuerdo para poner fin a la insurgencia de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) haga
hincapié en los derechos de las mujeres.
El camino que han emprendido Flores y sus compañeras
activistas será largo. En 2007, el gobierno mexicano adoptó la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
por la que el término «femicidio» obtuvo definición y
reconocimiento legal en México. Pero la ley dependía de la
ratificación de cada uno de los 31 estados del país y solo la
obtuvo en los más progresistas. En 2009, madres y activistas
llevaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de
los «femicidios del campo algodonero»: ocho niñas y mujeres cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados en 2001 en Ciudad Juárez.
La Corte acusó al gobierno de no investigar debidamente los
asesinatos y le exigió erigir un monumento a las víctimas y
compensar a las familias por la pérdida.
Para muchas madres como Paula, el cambio se mide en
décadas. Pero el trabajo continúa. En 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa iban en
autobuses a Ciudad de México para unirse a los manifestantes en la
marcha por el aniversario de la Masacre de Tlatelolco de 1968 (en la
que hasta 300 estudiantes fueron asesinados, 10 días antes
de la apertura de los Juegos Olímpicos). La policía local los
detuvo cerca de un retén del Ejército y fueron «desaparecidos»,
en lo que parece haber sido una acción estatal coordinada para
silenciar a los jóvenes activistas. Sus madres se
organizaron y actuaron inmediatamente para demandar justicia.
Durante los enfrentamientos de 2016 en el estado
mexicano de Oaxaca entre el Ejército y maestros que se manifestaban
contra las reformas educativas, los militares mataron a 10 personas, entre ellas Jesús Cadena Sánchez (de 19 años). Su madre
contó: «Fui a buscar a mi hijo allí donde oí disparos; estaba
tan desesperada por encontrarlo que no pensé en mí misma».
El 30 de agosto fue el Día
Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En
todo México, madres de víctimas de desaparición y feminicidio
organizaron protestas. En Ciudad Juárez, las madres marcharon para
exigir al gobernador Javier Corral la adopción de políticas
que prevengan las desapariciones forzadas.
Estas madres se niegan a permitir que sus hijos sean
olvidados. Paula Flores fundó en su vecindario (Lomas de Poleo) un
jardín de infantes que bautizó con el nombre de la mártir
carmelita María Sagrario. Hace poco, trabajó con un artista local
para la creación de un mural en homenaje a Sagrario frente a su casa. Paula y su
hija Guillermina llevan años organizando grupos de madres para
recorrer la ciudad y pintar cruces en los lugares de desaparición de
niñas y mujeres, como recordatorio visual de un problema que la
ciudad lleva dos décadas ignorando. Cuando las cruces se despintan,
las madres las pintan otra vez. Otros grupos de madres marchan con
camisetas o carteles que muestran los rostros de sus hijos
desaparecidos.
El recurso de habeas corpus es uno de los
mecanismos de protección más antiguos de los sistemas legales
occidentales: exige a los encarceladores (a los que «tienen en su
posesión el cuerpo») explicar por qué tienen detenido al
prisionero. Si un ciudadano desaparece como resultado de las acciones
de otro, el secuestrador o el asesino deben rendir cuentas. Las
madres aportan a esta lucha inmemorial un componente directo,
emocional y personal, al insistir en la existencia de sus hijos como
ciudadanos y seres humanos cuyos derechos deben ser respetados.
Fuente: Project
Syndicate
Traducción: Esteban
Flamini