El 1 de enero de 2003, Luiz Inácio Lula da Silva, un inmigrante del Noreste de Brasil y ex trabajador del metal en São Bernardo do Campo (en la zona industrial de São Paulo), juró su cargo como presidente de Brasil.

Su primer mandato originó un sistema de poder que André Singer etiquetó como «lulismo» , un sistema que implicó una doble estrategia de mantenido una política económica ortodoxa con altas tasas de interés, un tipo cambiario flotante y un presupuesto público equilibrado, mientras se realiza una fuerte expansión de gastos sociales y el aumento del salario mínimo en términos reales, proporcionales al crecimiento económico del país.

Esta estrategia aseguró las ganancias, tanto para los ricos, exentes de subidas de impuestos o de la confiscación de bienes o activos, como para los pobres, que pudieron beneficiarse de programas de transferencia de efectivo, así como del crecimiento económico que trajeron nuevas oportunidades económicas.

Desde el punto de vista político-institucional, este sistema de poder fue apoyado por la coalición entre el Partido de Lula, el Partido de los Trabajadores (PT) creado durante las luchas sociales contra la dictadura militar (1964-1985) y varios partidos conservadores. Debido a la falta de coincidencias ideológicas, las alianzas entre el PT y los partidos conservadores se basaron en la distribución de beneficios (legales e ilegales) a políticos aliados, desde el control de agencias y compañías estatales hasta el botín proporcionado por contratos fraudulentos concedidos a empresas privadas.

Este sistema de poder demostró ser extremadamente exitoso, asegurando la reelección de Lula en 2006; la elección de su sucesora electa, la entonces desconocida Dilma Rousseff, en 2010; y la reelección de ésta en 2014, a pesar de que los síntomas de agotamiento del lulismo eran evidentes a partir de 2013.

Entre 2003 y 2013, el producto interior bruto de Brasil creció 64% y el porcentaje de la población que vive en la pobreza se redujo a la mitad. Además, el gasto social creció significativamente, el salario mínimo aumentó en un 75% en términos reales, y se crearon millones de nuevos empleos formales cada año.

A partir de 2014, sin embargo, Brasil se ha enfrentado a una crisis dramática, que ha transformado al país en una «tierra de ensueño para científicos sociales [y] en una pesadilla para todos los demás», como lo describe adecuadamente Alfredo Saad-Filho, economista de la Universidad de Loon. La crisis económica y la política re retroalimentaron, generando recesión económica, reducción del empleo formal y la deuda más alta para los hogares.

Al tiempo que las investigaciones contra la corrupción paralizaron el sistema político, la tasa de crecimiento anual del PIB cayó del 7,6% en 2010 al 0,1 % en 2014 y se contrajo un 3,5 % en 2015 y un 3,6% en 2016. A fines de 2015, el congreso brasileño inició un proceso de impugnación contra la presidenta Dilma Rousseff, quien supuestamente violó las leyes presupuestarias brasileñas. La presidenta fue suspendida por primera vez en abril de 2016 y finalmente abandonó el cargo en agosto de 2016.

En abril de 2018, Lula da Silva, el político más popular de la historia brasileña contemporánea, fue arrestado tras haber sido condenado en segunda instancia por haberse beneficiado supuestamente de negocios ilegales entre su administración (2003-2010) y una empresa constructora . Varios abogados y expertos en derechos humanos han mostrado de manera convincente que su condena no cumple con los requisitos exigibles a un proceso legal dentro del estado de derecho.

Por otro lado, la crisis alimentó la curiosidad de los científicos sociales. Querían evidenciar la polarización política de un país que, a pesar de su pasado violento, experimentó todas las transiciones - incluida la independencia, la abolición de la esclavitud y la proclamación de la república en el siglo 19, así como las transiciones democráticas en el siglo 20 - no a través de la revolución, sino a través de acuerdos entre élites.

La cuestión que no cuadra en todo esto es: por qué un acuerdo político (el lulismo), que no supuso cargas para los ricos, pudo desencadenar tales reacciones virulentas de las elites brasileñas como las que se materializaron en el impeachment de Rousseff y el en apoyo de las élites al encarcelamiento de Lula.

En lo que sigue, evaluaré primero el impacto de los distintos gobiernos de la marea rosa sobre las desigualdades sociales en Brasil ; y en un segunda parte, su legado político.

Desigualdades sociales

No existe una definición consensuada de que significan exactamente las desigualdades sociales, ni entre los científicos sociales, ni en la arena política. Mientras que las mentes más liberales privilegian la (des)igualdad de oportunidades, los socialdemócratas prefieren referirse a la desigualdad de resultados, lo que significa fijarse en las distancias sociales reales.

Para nuestros propósitos en este breve valoración, yo defino las desigualdades como las distancias que existen entre la posición ocupada en las jerarquías sociales por parte de individuos o grupos a través de, por lo menos tres, dimensiones: ingreso y riqueza (propiedades, activos, etc.), poder, e inequidades ecológicas.

Respecto a los ingresos, no hubo una reducción notable de las desigualdades en los ingresos durante la administración de los períodos de marea rosa: medida por el coeficiente de Gini, con una bajada del 0.59 en 2002 a 0.51 en 2015. A l mismo tiempo, la proporción de los ingresos apalancados por el 1% más rico ha aumentado desde 2003, alcanzando el 25% de los ingresos totales en 2015. Esto significa que la redistribución del ingreso se produjo en los segmentos inferior y medio de la pirámide social, pero no en cúpula.

La concentración de propiedades y activos, por su parte, es aún mayor, y también es persistente. El coeficiente de Gini para propiedades y otros activos no cambió expresamente durante los gobiernos de marea rosa y fue de 0.85 en 2012, según lo calcula Fábio Ávila de Castro. Según este autor, alrededor de 400 mil contribuyentes, que suponen el 0,2% de la población total, concentran aproximadamente el 47% de la totalidad de la riqueza declarada en Brasil.

Existe un amplio consenso entre los expertos sobre que la reducción del coeficiente de Gini, en relación a los ingresos individuales durante las administraciones de marea rosa, es más bien una consecuencia de los procesos económicos (como el aumento de los precios de las materias primas en los mercados internacionales y movimientos en el mercado de trabajo doméstico) que de las políticas sociales en sí mismas.

En consecuencia, las políticas sociales basadas en las transferencias de efectivo, que fueron las preferidas por los gobiernos de la marea rosa de Brasil, tienen un fuerte impacto en la reducción de la pobreza, pero son en efectivas para promover la redistribución del ingreso y la riqueza.

Los analistas también cuestionan la sostenibilidad de la disminución de las desigualdades en Brasil, dada la confluencia adversa actual de un crecimiento económico modesto (o incluso negativo), la desindustrialización «prematura», una «reprimarización» de las exportaciones y la caída de los precios de las materias primas. La coyuntura política también es adversa para las políticas redistributivas.

Tras asumir la presidencia, en abril de 2016, el actual presidente Temer comenzó a recortar las prestaciones sociales introducidas durante las administraciones del PT. Lo primero que hizo fue abolir la agencia con rango ministerial responsable de la implementación de políticas destinadas a mitigar las desigualdades en términos de género y raza. Algunos meses después, aprobó una enmienda constitucional conocida como PEC 55, que congela en términos reales el gasto social durante 20 años. Otros recortes sociales siguieron en los meses siguientes.

Las políticas fiscales adoptadas por las administraciones de la marea rosa también explican sus resultados modestos en términos de reducción de las desigualdades de ingresos y riqueza. La recaudación general de impuestos aumentó del 31,8% del PIB en 2003 al 35,9 % en 2012, superando así el promedio que de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que se sitúa en el 34,6%. Sin embargo, la composición de los ingresos tributarios en Brasil difiere sustancialmente de la de aquellos países que son más efectivos en la disminución de las desigualdades.

Mientras que los impuestos indirectos (basados en el consumo), que son regresivos, es decir, contribuyen a aumentar la desigualdad, representan el 49,7% de la totalidad de los impuestos recaudados en Brasil, esto significa una participación mucho menor de todos los impuestos recaudados en países europeos como Alemania (29,2%) y Noruega (27,3%).

En Brasil, la composición actual de los ingresos fiscales no ha variado sustancialmente desde que el Partido de los Trabajadores asumió el poder en 2003. Esto también ese aplica para otras características regresivas del sistema tributario brasileño, como la falta de un impuesto a los dividendos empresariales (en los países de Europa Occidental esta tributación varía entre el 25% de Bélgica y el 42% en Dinamarca) y la baja imposición a las rentas más altas (en Brasil el impuesto a la renta más alto es del 27,5%, mientras que en Suecia, por ejemplo, asciende al 56,6%).

Los expertos en impuestos brasileños han desarrollado recientemente diferentes modelos para implementar reformas fiscales relativamente simples que tendrían un impacto notable sobre las desigualdades. Castro, por ejemplo, simula diferentes cambios en el sistema tributario brasileño y concluye que introducir «simplemente» un impuesto del 15% para las ganancias financieras y de capital, combinadas con tasas impositivas de 35% y 40% para las rentas altas podría reducir el coeficiente de Gini en aproximadamente un 20%.

Esto sería más de lo que se logró durante los doce años de administraciones del PT, que fue el período más exitoso en términos de reducción de la desigualdad en la historia de Brasil.

Asimetrías de poder

Esto nos lleva a la segunda dimensión relevante de las desigualdades: las asimetrías de poder. La evaluación de las asimetrías de poder es una tarea compleja por el hecho de que no existen indicadores transparentes para medirlas. En términos generales, se puede afirmar que los gobiernos del PT no han representado un cambio radical en la distribución del poder a favor de los trabajadores y las clases más bajas. Si lo hubiesen intentado, estos gobiernos habrían reformado el sistema tributario regresivo, y se habrían enfocado en el capital y los beneficios financieros.

Aún así, las minorías (no en términos demográficos, sino en términos políticos, como los afrodescendientes y las mujeres) han sido empoderadas en la medida en que sus reclamos han sido insertados a gran escala en la agenda política, siendo abordados a y través de políticas compensatorias. Sin embargo, estas ganancias políticas son frágiles, ya que fueron institucionalizadas no como derechos garantizados por sólidas instituciones de asistencia social, sino como beneficios enmarcados dentro de los programas sociales transitorios.

Basándonos en el vocabulario que Partha Chatterjee aplica para analizar la política india, podemos afirmar que, en el marco de los programas sociales introducidos por los gobiernos del PT, los beneficiarios representan poblaciones objetivo que tienen asignaciones, pero no ciudadanos plenos, con derechos innegociables. Con esta distinción, no niego la gran relevancia de estos programas para reducir la pobreza y empoderar temporalmente a las minorías. Mi intención es hacer hincapié en algunas insuficiencias de estas políticas para producir un cambio de poder en favor de los pobres y de las minorías en Brasil.

La fragilidad de las ganancias para los pobres y las minorías obtenidos durante los gobiernos del PT, se hizo evidente tras la llegada a la presidencia de Temer. A pesar de su enorme falta de popularidad y legitimidad, Temer ha recortado beneficios para los pobres y las minorías de manera constante, aplicando medidas administrativas muy sencillas.

Evaluar la variación de las desigualdades socio-ecológicas también resulta difícil, ya que los indicadores existentes son imprecisos y parciales. Sin embargo, varios estudios cualitativos demuestran que la expansión de la producción y exportación de mercancías durante las administraciones de la marea rosa creó nuevos riesgos y produjo daños, principalmente para las poblaciones que residen en las áreas de expansión de las actividades mineras y agrícolas.

El uso intensivo de fertilizantes, pesticidas y semillas genéticamente modificadas, así como técnicas imprudentes de explotación de los recursos minerales condujeron no solo a nuevos riesgos abstractos, sino también a altos niveles de contaminación y complicaciones de salud para las poblaciones más expuestas a estos peligros, tales como trabajadores rurales, indígenas y las llamadas poblaciones tradicionales.

Además, para la población urbana, especialmente los más pobres, que residen en las áreas periféricas, la expansión sin precedentes del número de automóviles y motocicletas en este período, alarga significativamente el tiempo invertido en movilidad y empeora las condiciones ambientales, dado el nivel de ruido y contaminación del aire.

También hubo una explosión en el número de accidentes de tráfico: en 2002 había (en números redondos) 37 mil muertos y 160 mil víctimas con discapacidad permanente en los accidentes de tránsito en Brasil. En 2015 , hubo 42 mil víctimas fatales y 516 mil víctimas con discapacidad permanente, especialmente entre peatones y motociclistas, precisamente aquellos grupos de usuarios de la carretera en los que se concentran los pobres.

El legado político de la marea rosa

La situación política actual en Brasil, unas semanas antes de las elecciones generales de octubre, es muy preocupante. El país continúa gobernado por un presidente que permanece en el poder solo porque ha ofrecido varios privilegios a los congresistas para rechazar las sólidas acusaciones de corrupción en su contra.

El candidato presidencial Lula, quien por mucha distancia lidera todas las encuestas electorales, ha sido arrestado y sentenciado a 12 años y un mes en la cárcel. Su candidatura será probablemente rechazada por el Tribunal Superior Electoral. El segundo lugar en las encuestas lo ocupa un militar retirado, Jair Bolsonaro, que representa a la derecha radical y es conocido por su racismo, su sexismo y su misoginia.

El sistema político resiste cualquier intento de un auto-reforma. Hoy en día es un aparato especializado en el intercambio de apoyo parlamentario a cambio de privilegios ventajas ilícitas que no tiene ninguna función de representación de los intereses de la sociedad. La sociedad está polarizada entre los que quieren que Lula regrese al poder y los que odian y repudian todo lo que está vinculado al PT y su legado.

El poder judicial, a su vez, contribuye muy poco a arbitrar conflictos en esta sociedad dividida. Una parte importante de la administración de justicia entiende que su función principal es reformar el sistema político, como demostró el analista político Marcos Nobre .

¿Es justo decir que este es el legado político de los gobiernos de marea rosa ? Si y no. Es cierto que no fue el PT el que promovió la polarización política. Los medios de comunicación, líderes de opinión pública y los políticos oportunistas instrumentalizaron los miedos y las angustias de las clases medias consolidadas a través de la construcción del mito de que sus problemas eran consecuencia de las medidas favorables a los pobres, y de las políticas de promoción de los negros y las mujeres adoptadas por el PT.

Sin embargo, también es cierto que los gobiernos del PT no han hecho nada para reformar el sistema político y hacerlo más transparente y permeable a los intereses de la sociedad. Por el contrario, para permanecer en el poder, el PT ha contribuido a amplificar el nivel de corrupción del sistema político. Al menos en parte, los gobiernos del PT son responsables de la falta de alternativas político-electorales de las fuerzas progresistas en Brasil.

El partido ha ejercido durante décadas una hegemonía absoluta sobre la izquierda brasileña, cooptando o sofocando cualquier nuevo liderazgo político que haya surgido. Incluso hoy, cuando el partido está aplastado y desacreditado, invierte el carisma y el prestigio personal de su máximo líder Lula para evitar la consolidación de nuevos partidos y liderazgos en el campo político progresista.

Un pronóstico consistente sobre el resultado de las elecciones de octubre en Brasil es, en este momento, inviable. Sin embargo, cualesquiera que sean sus resultados, la continuidad y la profundización de las políticas contra las desigualdades sociales en Brasil son poco probables. Se espera que los nuevos congresistas y gobernadores vendrán sobre todo de los partidos conservadores vinculados a los intereses de los sectores económicos más poderosos, como las compañías mineras, los bancos y la agroindustria.

En este escenario, uno no debe esperar políticas enfáticas de redistribución del ingreso y la riqueza, como la reforma fiscal o la reforma agraria y urbana. Por el contrario, es más probable que las reformas futuras reduzcan el gasto social, creen más facilidades fiscales para los ricos, lo que implica una mayor concentración de riqueza e ingresos en pocas manos. En este escenario, incluso si se elige a un presidente identificado con políticas redistributivas, no tendrá el respaldo necesario para la implementación de políticas progresivas.

Si se elige a un presidente conservador, la situación puede empeorar. La desigualdad y la pobreza, que han crecido desde la destitución de Dilma Rousseff, pueden volver a los niveles existentes antes de los gobiernos rosa. Esto resume el dilema político al que se enfrenta el Brasil actual: los gobiernos de marea rosa no fueron eficientes en la reducción de las desigualdades sociales, pero todas las demás alternativas políticas reales son mucho peores.

Este artículo es producto de la alianza entre Nueva Sociedad y DemocraciaAbierta.

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