Tema central

La feminización de las Fuerzas Armadas. Un estudio del caso dominicano

No cabe duda de que, para una sociedad jerarquizada, socialmente más cohesionada que otras naciones del Caribe, pero esencialmente patriarcal, sustentada en una cultura misógina que tolera la violencia y la discriminación contra la mujer, con un fuerte legado autoritario y centralizador, como es el caso de la sociedad dominicana, el hecho de que algunas mujeres hayan logrado entrar en un coto cerrado puede considerarse un signo de progreso, sobre todo desde el punto de vista ocupacional. Sin embargo, los patrones discriminatorios, sexistas y excluyentes de la estructura organizacional de las Fuerzas Armadas matizan dramáticamente este avance. Actualmente, si bien podría decirse que contar con mujeres profesionales se considera un valor agregado, esto no ha cambiado las expectativas respecto a los roles que pueden jugar dentro de la institución. La evolución del tema ha seguido una trayectoria zigzagueante, especialmente en lo concerniente a las prácticas de reclutamiento, evaluación, desempeño e integración de las mujeres, en una especie de juego de «asimilación funcional» dentro del cual las mujeres no pierden, pero tampoco ganan mucho.

Política de ascensos. Tres años es el límite de tiempo que un oficial superior puede permanecer sin ser ascendido según la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, cuatro a cinco años en el caso de los alistados y cuatro en el de los subalternos. Sin embargo, en realidad la política de ascenso funciona como un recurso de sanción y, con no poca frecuencia, de castigo. «En las Fuerzas Armadas es más fácil escalar quien no reta... muchos llegan por favores y relaciones», sostiene una oficial.

La superposición entre las reglas formales y una doctrina no escrita, informal, no es una práctica que afecte exclusivamente a las mujeres militares, sino a toda la institución, pero en el caso de las mujeres es particularmente evidente. En palabras de un ex-jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional:

Los ascensos del personal femenino han seguido un proceso irregular, puesto que no obedecen a un esquema institucional, dado que la gran mayoría de las mujeres de las Fuerzas Armadas no desempeñan actividades propiamente militares sino que están trabajando fuera de las instituciones y, dependiendo de la amistad que tengan con los superiores o el grado de familiaridad, ya sea esposa, «querida», sobrina, hermana, etc., reciben ascensos con el objetivo de mejorar sus ingresos, no por la función que desempeñan.

Composición de la fuerza. Hay un total de 6.445 mujeres en las Fuerzas Armadas dominicanas, la mayoría en el Ejército Nacional. Esta cifra representa, aproximadamente, entre 10% y 12% del total de los efectivos activos de las Fuerzas Armadas. Su ingreso a cualquiera de las ramas que componen la fuerza puede darse de dos maneras: como oficiales o alistadas, o como profesionales o asimiladas (médicas, ingenieras, abogadas). Del total de las oficiales del Ejército en 2003 (2.865), poco más de la mitad (1.719) eran oficiales de línea, mientras que el resto eran consideradas profesionales asimiladas.

Pero incluso las oficiales de línea no ejercen el comando en unidades de combate, es decir, no es su prerrogativa dar órdenes a subordinados. Se encuentran en una situación muy peculiar ya que, pese a ocupar cargos y rangos de jerarquía, no están facultadas para ejercer el mando. Desde la perspectiva del rango, la clásica estructura piramidal –con una base ancha y estrechándose hacia los puestos más altos– se distorsiona, ya que apenas hay cuatro generales y 13 coroneles mujeres.

Acoso sexual. La literatura especializada en la profesionalización militar femenina reconoce la relevancia de los temas relacionados con la sexualidad y su impacto en las instituciones y en el ámbito corporativo. Prácticas como el acoso sexual tienden a culpabilizar a la víctima y constituyen un impedimento para diversificar y promocionar a las mujeres. El hecho de que, con no poca frecuencia, salgan a la luz pública denuncias de oficiales militares estadounidenses por acoso sexual demuestra que se trata de un problema más común de lo que se piensa. Lo mismo ocurre en los países del Caribe. La diferencia no es tanto con qué frecuencia se manifiestan, sino qué hacen la institución y la sociedad para contrarrestar estas conductas, a través de sanciones, y, tan importante como ello, qué hacen para evitarlas, a través de mecanismos de prevención.

En EEUU existe el Defense Advisory Comittee on Women in the Services (Dacowits), de larga data en la tradición militar. En el Caribe, pocos países –Guyana es una excepción– poseen una legislación que prevenga el abuso sexual dentro de las instituciones castrenses y, mucho menos, que regule y sancione el comportamiento inapropiado del personal. En un contexto marcado por relaciones informales y dinámicas prebendarias, lo sexual es con no poca frecuencia un recurso de negociación. República Dominicana no es la excepción. La respuesta institucional resulta ser más bien convencional. La política no escrita es que las cadetes que quedan embarazadas por algún oficial son expulsadas. El predominio de las visiones estereotipadas dificulta aún más un tratamiento serio de la cuestión: ante la posibilidad de que se generen conductas inadecuadas, la respuesta más común ha sido evitar que las mujeres coexistan en un mismo espacio con los hombres.

A manera de conclusión

La cuestión de la incorporación femenina a las filas militares se encuentra en la intersección de varios ámbitos conflictivos. En primer lugar, interpela a un Estado que, aunque formalmente se rige por preceptos democráticos, muestra dificultades para ejercer una acción inclusiva, participativa y transparente. Y esto, que es una constante en diferentes áreas, es un fenómeno particularmente claro en la institución más jerárquica, verticalista y con menos arraigo democrático: las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, el tema pone en evidencia la necesidad de replantear, al menos en los Estados del Caribe, el sistema de seguridad, de modo que sea capaz de articular políticas de defensa en un espacio complejo en el que las amenazas se vinculan más a lo interno que a los conflictos externos. Finalmente, el tema pone en cuestión la legitimidad de un liderazgo político y militar que tiende a perpetuar relaciones opresivas, excluyentes y segregacionistas que atentan contra la integridad institucional y la gobernabilidad democrática.

En cada uno de estos aspectos es posible resituar el papel de la mujer en los procesos de reconversión institucional y reforma cultural. Pero ello implica, en primer lugar, convertir el actual «tokenismo» en una incorporación real, cualificada y extensiva de la mujer al ámbito militar profesional. Y, aun resuelto este problema, queda abierta la interrogante acerca de cuál es la función que cumplen las fuerzas de seguridad en una gobernabilidad democratizante. Un aspecto crucial es la inclinación de los ejércitos de la región a asumir tareas no tradicionales y de carácter policial relacionadas con la seguridad interna. Esto, ciertamente, abre una oportunidad a las mujeres para que ocupen nuevos lugares y fortalezcan su rol. Sin embargo, genera cuestionamientos sobre lo que ello implicaría para la naturaleza misma tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía, cuya orientación es esencialmente civil, por no mencionar los costos sociales y económicos de un renovado militarismo. Del mismo modo, la cuestión de la inclusión de mujeres en el ámbito militar implica abordar un asunto crucial, ya analizado por otros especialistas: la necesidad de desarrollar políticas democráticas de defensa bajo una reformulación de las relaciones cívico-militares y una reconceptualización más integral de la seguridad.

Solamente encarando estas realidades podrán las militares latinoamericanas y caribeñas superar su membresía disminuida y ejercer una ciudadanía más plena.