Tema central

La feminización de las Fuerzas Armadas. Un estudio del caso dominicano

En América Latina, la incorporación de mujeres a las Fuerzas Armadas es una respuesta a la necesidad de ganar legitimidad social. Pero esto no significa que las mujeres se encuentren en igualdad de condiciones respecto de los hombres, especialmente en instituciones que, como las militares, están marcadas por una tradición sexista, verticalista y autoritaria. El caso de República Dominicana demuestra que las pocas mujeres que logran ascender en la carrera militar no ocupan, pese a contar con el rango adecuado, posiciones de mando y dirección. Así, la feminización militar parece más una estrategia orientada a demostrar voluntad de cambio que un intento genuino por dejar atrás las diferencias de género y avanzar en procesos reales de modernización y democratización.

La feminización de las Fuerzas Armadas. Un estudio del caso dominicano

La incorporación plena de mujeres a las filas militares latinoamericanas y caribeñas es un fenómeno muy reciente, asimétrico y diferenciado según países y subregiones. En las experiencias conocidas, las mujeres oficiales que forman parte del Estado Mayor –y que por lo tanto han asumido funciones de mando– son excepcionales. La integración de las mujeres a las Fuerzas Armadas tiene como antecedente el proceso de feminización de los ejércitos, que en algunos casos –notablemente en Chile, Brasil, Argentina y Uruguay– data de los años 70 y 80. Pero también se vincula con la participación activa de mujeres combatientes en ejércitos irregulares en diversos escenarios de conflicto en América Latina, fundamentalmente en Centroamérica.

El fenómeno de la militarización femenina puede ser interpretado a partir de por lo menos dos ejes analíticos que dan cuenta de dinámicas de cambio social. Por un lado, los procesos de democratización que han tenido lugar en América Latina y el Caribe. Y, por otro, la modernización institucional derivada de esos procesos de apertura e inclusión.

Un tercer factor explicativo, que abordaremos solo tangencialmente, se refiere a los efectos de la globalización. Ciertamente, la internacionalización de las misiones y los roles militares abrió una ventana de oportunidad para el ingreso al ámbito militar de mujeres, que hoy constituyen un componente esencial de las misiones de paz promovidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La globalización, además, fue el marco en el cual se superaron los conflictos armados en muchos países latinoamericanos, en procesos en los que la cuestión de género resulta crucial, no solo desde la perspectiva de la victimización, sino también del rol de las mujeres como actores proactivos en las iniciativas de desarme, desmovilización y reintegración, así como en las reformas del sector de la seguridad. Finalmente, la globalización contribuye a ofrecer esquemas comparativos con los países desarrollados: en España, por ejemplo, 20% de los integrantes de las Fuerzas Armadas son mujeres, concentradas especialmente en la Fuerza Aérea y la infantería. Del mismo modo, 15% de los integrantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses son mujeres.

Pero, como ya se señaló, las dos tendencias que mejor ayudan a interpretar el tema son la democratización y la modernización en América Latina y el Caribe. En este contexto, el catalizador más relevante es, a nuestro juicio, el cambio paradigmático que se observa recientemente en los escenarios latinoamericanos, no solo en el ámbito militar, sino también en otras instituciones, con la llegada de mujeres a funciones históricamente masculinizadas. En años recientes, al menos cinco mujeres han llegado a ocupar la Presidencia en diversos países de la región y por lo menos siete han sido nombradas ministras de Defensa.

El debate teórico

Las corporaciones ahora son percibidas como lugares de reproducción de un cierto orden de género (...) las mujeres que entran en esa arena están sujetas a encarar el doble dilema del «tokenismo»: ser hipervisibles en tanto que miembros de su grupo e invisibles en tanto que individuos.Michael KimmelLa literatura norteamericana y europea sobre la incorporación de la mujer al ámbito militar describe realidades en gran medida ajenas a las latinoamericanas y caribeñas. Parte de esa literatura ha puesto especial énfasis en el abordaje de la cuestión ocupacional y los impactos en los estándares de vida de las mujeres que optan por la carrera militar y en la economía en su conjunto. De acuerdo con estos autores, cuyo trabajo se centra en Estados Unidos, la conversión de las mujeres en soldados –soldering– ha generado un proceso de transformación institucional que ha permitido pasar de un simbolismo masculinizante a una dimensión de carácter esencialmente ocupacional. Esta perspectiva enfatiza los supuestos «beneficios políticos, económicos y éticos que las mujeres pueden obtener teniendo acceso al sistema militar o participando en momentos críticos como guerras o conflictos bélicos de envergadura». En América Latina, en cambio, la discusión sobre la participación de mujeres en las Fuerzas Armadas refleja su realidad más general, centrada en la invisibilidad del trabajo femenino y sus dificultades de incorporación igualitaria al mercado laboral. Esto es particularmente cierto para la mayoría de los países del Caribe.

Otra corriente de la literatura, aunque en cierta medida mantiene una relación con la anterior, se concentra en la cuestión de la realización de los sujetos en clave democrática y los procesos de ciudadanización. Una rápida revisión de los argumentos permite identificar dos posiciones paradigmáticas y generalmente contrapuestas. Por un lado, la de las autodenominadas «feministas antimilitaristas» (entre las más notables, Cynthia Enloe, Julie Mertus e Ilene Rose Feinman), quienes coinciden en que lo feminista «se opone a lo militar por su uso de la diplomacia violenta, por demás asociada al virulento masculinismo de la cultura militar». Para Feinman, «los aparatos sociales, políticos y económicos que conforman el militarismo masculinista descansan en la opresión de la mujer».

La otra posición es la del feminismo igualitario militarista (feminist egalitarian militarists). Quienes la defienden sostienen que es el derecho y la responsabilidad de la mujer desempeñar el servicio militar, porque este deviene sine qua non en la igualdad y la ciudadanización completas. Para estas teóricas y activistas, la incorporación de mujeres a las Fuerzas Armadas no solo ha ayudado a ampliar sus roles y oportunidades profesionales, sino que también ha contribuido a la profundización y consolidación del sujeto ciudadano femenino, en la medida en que las mujeres asumen sus plenos derechos y responsabilidades en la misma proporción que los hombres. Esta corriente impulsa el acceso de las mujeres a todas las especialidades militares.

Un aspecto a explorar en este trabajo es en qué medida la feminización de la carrera militar ha generado procesos de toma de conciencia de género (gendering). Es decir, si ha contribuido no solo a dotar de más poder a las oficiales, sino también a modificar el carácter masculino de la profesión y la práctica militar (demasculinización de las Fuerzas Armadas). De igual manera, es válido preguntarse en qué medida ello ha contribuido a hacer más igualitarias las relaciones dentro de la institución, es decir, a «democratizar» (en sentido figurado, claro) a las Fuerzas Armadas.

Una vertiente sociológica que aborda el tema de la militarización femenina desde una perspectiva estructuralista resulta útil para aclarar este punto. Rosabeth Moss Kanter presenta un modelo de variables en interacción que busca demostrar cómo las actitudes y los comportamientos de los individuos (hombres y mujeres) que ingresan o conforman la corporación militar están definidos por tres determinantes organizacionales: la estructura de oportunidades (expectativas y prospectos sobre movilidad ascendente, promoción, etc.); la estructura de poder (capacidad de alcanzar metas, ya sea por las características del trabajo o por alianzas informales); y la proporción relativa de la distribución por sexo.

No es nuestra intención abundar, y mucho menos probar, la hipótesis de Kanter, para lo cual sería necesario desarrollar una profunda investigación de caso. Sin embargo, la información que manejamos parece confirmar la idea de que, al existir «grupos disímiles» dentro de una institución, el grupo emblemático (en este caso, las mujeres) termina adaptándose a la cultura dominante. La propuesta teórico-metodológica de Kanter permite elaborar un acercamiento que sugiere otra lectura de la realidad, ya que permite enfatizar más los aspectos contextuales (políticas discriminatorias) que los meramente subjetivos (percepciones). Esto permite encarar la cuestión a partir del análisis de los desempeños de roles en una subcultura predominantemente masculina.

Así, los tres componentes sugeridos por la autora –estructura de oportunidades, estructura de poder y proporción por sexos– permiten inferir, al menos para el caso de República Dominicana, que la necesidad de legitimidad y la proyección de modernidad de las Fuerzas Armadas han creado una estructura de oportunidades favorable a una mayor apertura y diversidad institucional. Esto contribuye a elevar las expectativas de las mujeres de ingresar en la carrera militar. Sin embargo, debido a la estructura de poder dominante, tanto en la institución militar como en la sociedad dominicana en general, de carácter esencialmente machista y discriminatoria, esta alta expectativa de ingreso encuentra un «techo de cristal» que tiende a reducir las posibilidades de movilidad y realización profesional de las mujeres. En ese contexto, muchas mujeres han apostado a ascender o aprovechar la estructura de oportunidades mediante su adaptación a la cultura dominante, en lugar de intentar desafiarla. Así, se produce un proceso de asimilación cultural por el cual las mujeres asumen los códigos de informalidad que ofrece la subcultura militar, caracterizada por una tradición paternalista, prebendaria y clientelar (elementos también comunes a la sociedad dominicana). En algunos casos, esto permite a las mujeres conseguir ascensos, reconocimientos y una mejora salarial, pero solo hasta cierto nivel y al riesgo de perpetuar las estructuras existentes.

Las Fuerzas Armadas en el Caribe

Los países del Caribe, además de su tamaño reducido y su vulnerabilidad geográfica, comparten un pasado reciente de descolonización, dependencia económica y ocasionalmente política, con sus antiguas metrópolis y, sobre todo, con EEUU. Sus ejércitos fueron conformados bajo la modalidad de fuerzas «constabularias» (es decir, destinadas a garantizar la seguridad y el orden públicos más que la defensa exterior). Son en gran medida resultado de la influencia externa y del esfuerzo de las elites políticas y económicas por establecer el control sobre el territorio. Constituyen, por lo tanto, un híbrido entre fuerzas de defensa y de seguridad interna, que se sintetiza con el concepto de «fuerzas de seguridad».

En contraste con las experiencias transformadoras que han experimentado los ejércitos europeos y estadounidense, las Fuerzas Armadas caribeñas se han modernizado tardíamente y según un patrón más bien conservador. En su mayoría, las instituciones castrenses caribeñas apenas han logrado definir –y mucho menos poner en práctica– doctrinas nacionales adecuadas a su realidad socio- y geopolítica. En algunos casos, carecen de políticas de defensa actualizadas y de aparatos burocráticos sofisticados, como ministerios de Defensa, que garanticen la participación de los civiles en el diseño y la aplicación de las políticas de defensa y seguridad. Tampoco se han desarrollado políticas de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas.

En virtud de todo esto, la pregunta que guía este artículo –¿en qué medida la incorporación de mujeres ha coadyuvado a los procesos de reconversión institucional y ha posibilitado una mejora en la condición de la mujer profesional?– parece estar atada a la cuestión de la naturaleza misma y la función de las Fuerzas Armadas. Como destaca Lorenza Sebesta, «existe el peligro de que el consenso de las mujeres sobre la apertura de las Fuerzas Armadas en su favor, con la intención abstracta de facilitar la adquisición de sus derechos, desvíe la atención de las debilidades reales que confrontan las Fuerzas Armadas y actúe indirectamente como un paliativo para mantenerlas tal y como son en la actualidad».

En democracias emergentes como las caribeñas, el papel innovador que puedan jugar las Fuerzas Armadas supone la asunción de un concepto más inclusivo y democrático de seguridad. Y esto, a su vez, implica la reducción de prerrogativas tradicionalmente conferidas por los Estados a sus aparatos de coerción en aras de preservar la gobernabilidad. También supone cambios en la interacción en los ámbitos intrasocietales, intraestatales y extraterritoriales, con otras fuerzas, modelos y actores no tradicionales, lo cual también implica un cambio en los códigos, las actitudes y las prácticas militares. Un caso testigo del influjo que estos cambios pueden generar en el reciclaje institucional de las Fuerzas Armadas es, justamente, la incipiente feminización del servicio militar en los Estados caribeños.

En estos países, en los que las Fuerzas Armadas ejercen tareas de seguridad interna, existen, a juicio de algunos analistas, espacios más amplios para una incorporación de mujeres en contextos no bélicos. Si asumimos como un hecho la importancia de las diferencias biológicas y físicas atribuibles al carácter genérico de ciertos oficios –por ejemplo, el militar– en tanto limitaciones en la dinámica de distribución de responsabilidades, reconocimientos y ascensos, podría esperarse que, en los países del Caribe, en los que hay pocos riesgos de entrar en guerra y el énfasis está puesto en la seguridad interna, las mujeres tuvieran mayores oportunidades.

Sin embargo, la militarización de la seguridad interna genera efectos negativos en los esfuerzos de democratización de las relaciones cívico-militares y de la seguridad ciudadana. Además, limita la profesionalización de las fuerzas policiales. Por eso, los costos de seguir este patrón han probado ser incomparablemente más altos que los beneficios.Pero hay un campo que ofrece mayores oportunidades para la inclusión, el reconocimiento y la promoción de la mujer: las misiones de paz. Allí sucede algo similar a lo que ocurre en aquellos escenarios bélicos en los que la conflagración asume un perfil técnicamente sofisticado, como la Guerra del Golfo. En estos casos, es posible alcanzar una mayor horizontalidad en el manejo de las decisiones, debilitar el perfil tradicionalmente jerárquico y promover una mayor participación de mujeres con saberes altamente especializados.

La experiencia dominicana

La diversificación genérica dentro de las Fuerzas Armadas y la asunción de nuevos roles por parte de las mujeres han sido comúnmente consideradas como un reflejo –y a la vez un desencadenante– de cambios sociales y culturales más generales. Estos cambios con frecuencia son resultado de procesos más generales de institucionalización y modernización de instancias representativas y corporativas. En esta línea, es posible corroborar las dinámicas de transformación de la sociedad dominicana en las últimas tres décadas. En términos generales, las mujeres dominicanas ciertamente han logrado interpelar códigos culturales y esquemas tradicionales. El liderazgo femenino es evidente en el ámbito empresarial, político y social.

Esto, sin embargo, no necesariamente da cuenta de procesos de liberalización significativos en términos corporativos. De hecho, las dos instituciones que registran una mayor resistencia a ceder espacios a las mujeres son los partidos políticos y las estructuras militares. Contra lo que podría suponerse, esta resistencia no expresa los valores del resto de los ciudadanos dominicanos, quienes se han manifestado a favor de una participación política femenina más igualitaria y determinante.

El ingreso de mujeres en las Fuerzas Armadas tiene una historia accidentada La mayoría de ellas fueron reclutadas bajo la categoría de «asimiladas», es decir, civiles que trabajan en las Fuerzas Armadas en diversas especialidades profesionales. En 1981 se creó el Cuerpo Médico Femenino y se incorporó el primer grupo de oficiales mujeres: dos provenientes del Ejército, una de la Marina de Guerra y una de la Fuerza Aérea, con rangos de teniente y capitán. En las últimas dos décadas, las oficiales han desempeñado funciones profesionales y, pese a que algunas de ellas ostentan el rango de general de brigada, ninguna posee funciones de mando. Ninguna mujer ocupa una posición de dirección pese a cumplir con los requisitos que tales puestos demandan. Ninguna dirige un batallón o brigada y en su mayoría están confinadas a posiciones de auxiliares. Y tampoco parecen existir, al menos en el mediano plazo, las condiciones institucionales o la disposición por parte del liderazgo militar y político masculino para llevar a las mujeres a cargos direccionales.

Esto confirma la idea de que, en el caso dominicano, la incorporación de mujeres a las filas castrenses no ha respondido a procesos de democratización, entendidos estos en el sentido de plena ciudadanización, como tampoco de modernización institucional. En realidad, el ingreso de mujeres es una respuesta a la necesidad de ganar legitimidad por parte de las Fuerzas Armadas. En República Dominicana, como en otros países de la región, los militares deben fortalecer su imagen tras una historia de gobiernos autoritarios. Se corrobora así la observación de Elisabetta Addis en el sentido de que «la iniciativa de abrir las Fuerzas Armadas a las mujeres ha ayudado a restablecer la legitimidad que en muchos países durante la década de los 70 había entrado en crisis».

Pese a este marco general, las condiciones de profesionalización militar femenina han registrado avances en ciertos aspectos a lo largo de los últimos 30 años. Algunas oficiales consideran que el hecho de que una mujer sea elevada al rango que le corresponde, por antigüedad, constituye un avance concreto:

En la actualidad las mujeres pueden entrar a la academia militar y en algunos casos han podido realizar cursos de Estado Mayor para oficiales superiores. Estos cursos están dirigidos a entrenar físicamente y preparar estratégicamente a los individuos que eventualmente asumirán posiciones de mando. Sin embargo, en el caso de las mujeres que han sido beneficiadas con tales cursos, de ahí a permitirles asumir posiciones direccionales es otra historia.

Otras oficiales consultadas aseguraron que hoy existe un trato más igualitario, en el sentido de que se respeta el rango. Sin embargo, estas mujeres podrían estar ejerciendo funciones de jefatura en la dirección de hospitales militares, academias e instituciones de entrenamiento. Los oficiales entrevistados alegaron la imposibilidad de que una mujer dirigiera una academia militar ya que, por el momento, ninguna de ellas cuenta con la formación y las capacidades militares suficientes para educar a otras. Las propias mujeres consideraron «complicada» la posibilidad de que una mujer terminase comandando un batallón de entrenamiento para fuerzas de combate u operaciones especiales. En suma, las mujeres militares logran acceder a los rangos correspondientes por su antigüedad, pero no son designadas en puestos de mando. Esto, sin embargo, no ha desincentivado el ingreso de mujeres en las Fuerzas Armadas dominicanas. En palabras de las mujeres que aspiran a continuar escalando en la carrera militar, «es ahora justamente cuando por primera vez tenemos en nuestras instituciones armadas cadetes del sexo femenino, un elevadísimo número de damas en el Servicio Militar Voluntario, así como también la primera mujer piloto militar de helicóptero en el Ejército Nacional».

La nueva generación de mujeres militares es resultado de dos iniciativas recientes: la instauración del Servicio Militar Voluntario (SMV), que empuja a jóvenes de ambos sexos a ingresar «en igualdad de condiciones», y la conformación de un batallón de mujeres que, por primera vez en la historia castrense dominicana, pueden hacer carrera militar. Ambas iniciativas, como ya se señaló, son el fruto de la presión para adaptarse a los procesos de cambio y a las demandas de modernización institucional. En República Dominicana, la reconversión de las Fuerzas Armadas apunta a enfrentar las amenazas de nuevo tipo desde un enfoque que tiende a enfatizar más la seguridad interna y el perfil policial en lugar de priorizar las funciones tradicionalmente externas y de defensa. Algunos han visto en ambas medidas un beneficio en la recomposición de las relaciones cívico-militares. Para otros, estas iniciativas ponen en primer plano el riesgo de que desde la subcultura militar se propenda a la construcción de un orden social específico, como paliativo a la falta de alternativas educativas y de recreación de una población joven y marginada por su condición social y de género, que busca espacios de realización e incorporación social.

No cabe duda de que, para una sociedad jerarquizada, socialmente más cohesionada que otras naciones del Caribe, pero esencialmente patriarcal, sustentada en una cultura misógina que tolera la violencia y la discriminación contra la mujer, con un fuerte legado autoritario y centralizador, como es el caso de la sociedad dominicana, el hecho de que algunas mujeres hayan logrado entrar en un coto cerrado puede considerarse un signo de progreso, sobre todo desde el punto de vista ocupacional. Sin embargo, los patrones discriminatorios, sexistas y excluyentes de la estructura organizacional de las Fuerzas Armadas matizan dramáticamente este avance. Actualmente, si bien podría decirse que contar con mujeres profesionales se considera un valor agregado, esto no ha cambiado las expectativas respecto a los roles que pueden jugar dentro de la institución. La evolución del tema ha seguido una trayectoria zigzagueante, especialmente en lo concerniente a las prácticas de reclutamiento, evaluación, desempeño e integración de las mujeres, en una especie de juego de «asimilación funcional» dentro del cual las mujeres no pierden, pero tampoco ganan mucho.

Política de ascensos. Tres años es el límite de tiempo que un oficial superior puede permanecer sin ser ascendido según la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, cuatro a cinco años en el caso de los alistados y cuatro en el de los subalternos. Sin embargo, en realidad la política de ascenso funciona como un recurso de sanción y, con no poca frecuencia, de castigo. «En las Fuerzas Armadas es más fácil escalar quien no reta... muchos llegan por favores y relaciones», sostiene una oficial.

La superposición entre las reglas formales y una doctrina no escrita, informal, no es una práctica que afecte exclusivamente a las mujeres militares, sino a toda la institución, pero en el caso de las mujeres es particularmente evidente. En palabras de un ex-jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional:

Los ascensos del personal femenino han seguido un proceso irregular, puesto que no obedecen a un esquema institucional, dado que la gran mayoría de las mujeres de las Fuerzas Armadas no desempeñan actividades propiamente militares sino que están trabajando fuera de las instituciones y, dependiendo de la amistad que tengan con los superiores o el grado de familiaridad, ya sea esposa, «querida», sobrina, hermana, etc., reciben ascensos con el objetivo de mejorar sus ingresos, no por la función que desempeñan.

Composición de la fuerza. Hay un total de 6.445 mujeres en las Fuerzas Armadas dominicanas, la mayoría en el Ejército Nacional. Esta cifra representa, aproximadamente, entre 10% y 12% del total de los efectivos activos de las Fuerzas Armadas. Su ingreso a cualquiera de las ramas que componen la fuerza puede darse de dos maneras: como oficiales o alistadas, o como profesionales o asimiladas (médicas, ingenieras, abogadas). Del total de las oficiales del Ejército en 2003 (2.865), poco más de la mitad (1.719) eran oficiales de línea, mientras que el resto eran consideradas profesionales asimiladas.

Pero incluso las oficiales de línea no ejercen el comando en unidades de combate, es decir, no es su prerrogativa dar órdenes a subordinados. Se encuentran en una situación muy peculiar ya que, pese a ocupar cargos y rangos de jerarquía, no están facultadas para ejercer el mando. Desde la perspectiva del rango, la clásica estructura piramidal –con una base ancha y estrechándose hacia los puestos más altos– se distorsiona, ya que apenas hay cuatro generales y 13 coroneles mujeres.

Acoso sexual. La literatura especializada en la profesionalización militar femenina reconoce la relevancia de los temas relacionados con la sexualidad y su impacto en las instituciones y en el ámbito corporativo. Prácticas como el acoso sexual tienden a culpabilizar a la víctima y constituyen un impedimento para diversificar y promocionar a las mujeres. El hecho de que, con no poca frecuencia, salgan a la luz pública denuncias de oficiales militares estadounidenses por acoso sexual demuestra que se trata de un problema más común de lo que se piensa. Lo mismo ocurre en los países del Caribe. La diferencia no es tanto con qué frecuencia se manifiestan, sino qué hacen la institución y la sociedad para contrarrestar estas conductas, a través de sanciones, y, tan importante como ello, qué hacen para evitarlas, a través de mecanismos de prevención.

En EEUU existe el Defense Advisory Comittee on Women in the Services (Dacowits), de larga data en la tradición militar. En el Caribe, pocos países –Guyana es una excepción– poseen una legislación que prevenga el abuso sexual dentro de las instituciones castrenses y, mucho menos, que regule y sancione el comportamiento inapropiado del personal. En un contexto marcado por relaciones informales y dinámicas prebendarias, lo sexual es con no poca frecuencia un recurso de negociación. República Dominicana no es la excepción. La respuesta institucional resulta ser más bien convencional. La política no escrita es que las cadetes que quedan embarazadas por algún oficial son expulsadas. El predominio de las visiones estereotipadas dificulta aún más un tratamiento serio de la cuestión: ante la posibilidad de que se generen conductas inadecuadas, la respuesta más común ha sido evitar que las mujeres coexistan en un mismo espacio con los hombres.

A manera de conclusión

La cuestión de la incorporación femenina a las filas militares se encuentra en la intersección de varios ámbitos conflictivos. En primer lugar, interpela a un Estado que, aunque formalmente se rige por preceptos democráticos, muestra dificultades para ejercer una acción inclusiva, participativa y transparente. Y esto, que es una constante en diferentes áreas, es un fenómeno particularmente claro en la institución más jerárquica, verticalista y con menos arraigo democrático: las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, el tema pone en evidencia la necesidad de replantear, al menos en los Estados del Caribe, el sistema de seguridad, de modo que sea capaz de articular políticas de defensa en un espacio complejo en el que las amenazas se vinculan más a lo interno que a los conflictos externos. Finalmente, el tema pone en cuestión la legitimidad de un liderazgo político y militar que tiende a perpetuar relaciones opresivas, excluyentes y segregacionistas que atentan contra la integridad institucional y la gobernabilidad democrática.

En cada uno de estos aspectos es posible resituar el papel de la mujer en los procesos de reconversión institucional y reforma cultural. Pero ello implica, en primer lugar, convertir el actual «tokenismo» en una incorporación real, cualificada y extensiva de la mujer al ámbito militar profesional. Y, aun resuelto este problema, queda abierta la interrogante acerca de cuál es la función que cumplen las fuerzas de seguridad en una gobernabilidad democratizante. Un aspecto crucial es la inclinación de los ejércitos de la región a asumir tareas no tradicionales y de carácter policial relacionadas con la seguridad interna. Esto, ciertamente, abre una oportunidad a las mujeres para que ocupen nuevos lugares y fortalezcan su rol. Sin embargo, genera cuestionamientos sobre lo que ello implicaría para la naturaleza misma tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía, cuya orientación es esencialmente civil, por no mencionar los costos sociales y económicos de un renovado militarismo. Del mismo modo, la cuestión de la inclusión de mujeres en el ámbito militar implica abordar un asunto crucial, ya analizado por otros especialistas: la necesidad de desarrollar políticas democráticas de defensa bajo una reformulación de las relaciones cívico-militares y una reconceptualización más integral de la seguridad.

Solamente encarando estas realidades podrán las militares latinoamericanas y caribeñas superar su membresía disminuida y ejercer una ciudadanía más plena.