2017 será recordado en Chile como el año en el que un candidato de la derecha logró ganar una segunda elección presidencial desde la vuelta a la democracia electiva en 1990. El expresidente Sebastián Piñera (2010-2014) consiguió una movilización electoral muy exitosa y obtuvo cerca de un 55% de los votos en la segunda vuelta electoral del 17 de diciembre. En el primer turno del 19 de noviembre, la derecha había sumado menos del 45% esperado y frente a un 22,7% del bloque articulado en torno a Fuerza de Mayoría. Y en la segunda vuelta el «antipiñerismo» no alcanzó y la derecha ganó por nueve puntos.

Piñera reunió eficazmente al electorado tradicional de su sector, que suele no ser inferior a alrededor del 40% de los votantes, es decir no solo se trata de sectores de altos ingresos sino también una parte importante de los sectores medios y populares. Piñera también consiguió la adhesión de cerca de un 15% adicional constituido por el voto fluctuante que no encontró en la candidatura de su contendor, el senador independiente apoyado por una parte de la actual coalición de gobierno, Alejandro Guillier, una alternativa creíble y/o quiso expresar un voto de protesta frente al desempeño del segundo gobierno de Michelle Bachelet sin adscribir necesariamente a la derecha y habiendo votado en muchos casos por parlamentarios de otros sectores.

El curriculum de Piñera, con amplios conflictos de interés en su condición de inversionista financiero sancionado por uso de información privilegiada en 2006, que maneja su fortuna desde paraísos fiscales, y que tiene en su haber un exministro de Economía y su exsubsecretario de Minería enjuiciados por recibir pagos de empresas sujetas a su regulación, no suele impresionar negativamente al electorado tradicional de la derecha. Este prefiere verlo como un «empresario exitoso». Pero estos antecedentes tampoco impactaron en una parte significativa del votante fluctuante, sin grandes definiciones ideológicas, que privilegió la idea de que un gran empresario, aunque tenga eventuales conductas límite desde el punto de vista del interés público, está en mejores condiciones de estimular la economía, el empleo y las remuneraciones que un senador independiente que, como Guillier, proviene del periodismo, y además encabezó una coalición dividida y desgastada por cuatro años de gobierno.

La economía tuvo un desempeño poco dinámico y la coalición progresista no mostró ser impermeable a los escándalos de corrupción, a los conflictos de interés (que incluyeron manejos de uno de los hijos y la nuera de la presidenta Bachelet, aunque ella no tuviera ninguna responsabilidad en la materia) y al financiamiento ilegal de campañas develados con profusión desde 2015 por la prensa y la justicia. El hecho que la Nueva Mayoría en el gobierno se presentara al electorado con dos candidaturas y sin primarias, luego de la defección del la centrista Democracia Cristiana, proyectó una imagen de desorden que se añadió a la imagen de debilidad en la gestión de gobierno, más allá de los avances en diversas áreas. El contraste fue grande con una derecha que expresó su diversidad y divisiones, por momento rudas, pero también mostró capacidad de confluir alrededor de un candidato común (Piñera) en unas primarias exitosas.

En materia ecónomica, la política seguida por el actual gobierno iniciado en marzo de 2014 (los períodos presidenciales duran cuatro años en Chile, sin reelección inmediata del presidente en ejercicio) no fue capaz de empujar el crecimiento, que fue sistemáticamente inferior al potencial de la economía. La gestión de Bachelet mostró una notoria impericia en la conducción macroeconómica y en la capacidad de diseñar y explicar reformas políticas, tributarias, educacionales y laborales en las que muchas de las autoridades del ala conservadora de la coalición –nombrados en puestos clave– simplemente no creían. El Banco Central, independiente desde 1990, reaccionó tarde y poco frente al deterioro de la actividad, y 2017 terminó con apenas 1,5% de crecimiento y una inflación de 1,9% anual, por debajo del rango meta de 3%. Esto no tiene mucho sentido desde el punto de vista de su mandato legal, que no lo obliga a enfriar sistematicamente la economía en detrimento del empleo y de las condiciones de vida de las mayorías.

La consecuencia de esta política deflacionista fue un estancamiento del empleo asalariado y crecimientos fluctuantes de las remuneraciones que enfriaron el primer motor de la economía: el consumo. El segundo motor, la inversión, experimentó una fuerte caída desde 2013, empujada a la baja por la inversión minera por razones externas y por la construcción por razones internas, la que inexplicablemente no fue compensada con aumentos contracíclicos de la inversión pública, que disminuyó en los dos últimos años. Un déficit fiscal algo más amplio, financiable a bajo costo, habría sostenido una mayor actividad y, con cierta probabilidad, evitado la rebaja de la nota crediticia chilena provocada en 2017 por el bajo crecimiento. El tercer motor de la economía, las exportaciones, sufrieron un contexto externo que no mejoró hasta 2017. Se consagró así una morosidad económica que fue contrastando con una percepción de buen desempeño del empleo y de las remuneraciones en 2010-2013, lo que favoreció mucho la nueva candidatura de Piñera. Aunque ese desempeño fue empujado por altos precios del cobre y por las políticas fiscales expansivas post-crisis de 2009, el ciudadano de a pie no tenía por qué hacer estas disquisiciones: la situación fue mejor en estos aspectos en 2010-2013 que en 2014-2017.

Estaban así reunidos todos los ingredientes para una nueva derrota progresista. Evitarlo requería una atención mayor de parte de Bachelet hacia los partidos de su coalición (desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, pasando por la socialdemocracia encarnada en los partidos Radical, Por la Democracia y Socialista) y la representación parlamentaria que en teoría debía apoyarla. También hubiera sido más adecuado nombrar para los puestos claves ministros que realmente creyeran en la necesidad de una nueva Constitución, la política fiscal contracíclica y las reformas estructurales de diversificación productiva, de sustentabilidad ambiental y de disminución de la desigualdad, una de las más altas del mundo. En 2016, la presidenta tuvo que sacar del gobierno a un ministro del Interior que la desafiaba abiertamente desde posiciones conservadoras y en agosto de este año cambió a todo su equipo económico por su ortodoxia antiambiental.

Por otro lado, pequeños cambios regulatorios demostraron que Chile puede enfrentar una rápida transición energética a bajos costos, en la que sus ministros no creían demasiado, obsesionados con políticas «pro-crecimiento» que suelen confundirse con las utilidades rentistas de las grandes corporaciones. En política y en economía no mantener una dirección clara puede terminar provocando el rechazo de los ciudadanos a la incoherencia que inevitablemente provoca, lo que fue el caso en el segundo gobierno de Bachelet. El hecho de que la presidenta no haya avanzado en su promesa de nueva Constitución expresa bien esta situación de falta de coherencia entre los dichos y los hechos en temas cruciales de la agenda pública. Su reforma tributaria fue muy limitada y su gradualidad no permitió incrementar los recursos fiscales durante su mandato ni sostener avances sociales importantes, como la promesa de avanzar en la gratuidad de la educación superior, que en 2017 llegó al 50% de las familias de menos ingresos y no al 70% comprometido.

A partir de la elección parlamentaria de noviembre de 2017 existe una nueva situación político-partidaria. La Fuerza de Mayoría (PS, PPD, PC, PR) que apoyó la candidatura de Guillier, obtuvo un 24% de los votos en la elección de diputados. Por su parte, el emergente Frente Amplio, constituido por una decena de organizaciones de izquierda y un pequeño partido liberal progresista,logró un 16,5%. La mayoría de estas fuerzas se conformaron al calor de las movilizaciones estudiantiles de 2011 y su candidata presidencial, la periodista de televisión Beatriz Sánchez, obtuvo en primera vuelta un sorprendente 20%. Los partidos Progresista y País lograron un 3,9%. Más atrás quedaron el Movimiento Amplio Social (MAS) e Izquierda Ciudadana. Las expresiones políticas de izquierda sumaron el 45% de los votantes. Y cabe mencionar, además, a la emergente Federación Regionalista Verde, con un 1,9% de los sufragios.

La Democracia Cristiana sufrió su mayor declive desde 1990 y reunió solo el 10,3% del voto (y no llegó al 6% para presidente). La derecha tradicional (Chile Vamos) obtuvo el 38,7% y la neoderecha (Amplitud y Ciudadanos) el 1,6%, lo que suma un poco más del 40%. En resumen, entre quienes participaron de la elección, la izquierda sumada es más fuerte electoralmente que la derecha y bordea la mayoría absoluta. El centro tradicional es hoy muy minoritario. Y la abstención (un 52% de los habilitados) sigue siendo mayoritaria...

Piñera fue electo por solo el 26,5% de los habilitados para votar, mientras que su fuerza no triunfó en la elección parlamentaria. De este modo, los electores no le otorgaron los instrumentos legislativos para volver atrás, por ejemplo, en la ley de aborto que reconoce tres causales legales de interrupción del embarazo, y las reformas tributaria y la laboral de la presidenta Bachelet. Por limitadas que hayan sido, estas legislaciones son rechazadas por la derecha.

Entonces, o bien el nuevo gobierno de Piñera logra ampliar su arco parlamentario, o bien abandona las promesas de campaña de dar marcha atrás, como ya lo hizo en parte en materia de gratuidad educacional. Dicho sea de paso, esto no le resultó tan difícil pues la política del gobierno actual terminó en un gran subsidio a universidades privadas de calidad cuestionable, en vez de haber fortalecido la educación escolar y universitaria pública (que hoy solo alcanzan el 35% y el 15% de la matrícula respectivamente, una de las proporciones más bajas del mundo), que recibieron menos dinero adicional que las entidades privadas.

Con todo, la coalición de derecha Chile Vamos, obtuvo 72 de los 155 escaños en disputa en la Cámara de Diputados, a 6 de la mayoría absoluta. Pero como el Senado se renueva cada 4 años en la mitad de las 15 regiones, sumó 19 senadores de 43, y no logró tampoco la mayoría absoluta. Le sigue la Fuerza de Mayoría, que consiguió 43 diputados (19 del Partido Socialista y 8 de cada uno de los tres partidos restantes: el Partido Comunista, el Partido por la Democracia y el Partido Radical) y 15 senadores.

Aún no está claro cómo evolucionará la oposición. Tal vez se contituya de modo permanente el bloque progresista moderado articulado por Fuerza de la Mayoría que apoyó a Guillier en primera vuelta, especialmente si la Democracia Cristiana, con sus 14 diputados y 6 senadores, persiste en mantener una proyección propia. Eventualmente, este bloque podría llegar a acuerdos de oposición parlamentaria y social con el emergente y exitoso Frente Amplio manteniendo una relación de colaboración parlamentaria y política con la Democracia Cristiana y otras fuerzas menores ¿Se unificará la oposición y avanzará a un renovado «bloque por los cambios» con un programa creíble de no retroceso en las reformas sociales, de cambio constitucional y de cambios antineoliberales en educación, salud y pensiones y en diversificación y desconcentración productiva? No lo sabemos, aunque en esta ocasión, gracias a las reformas del financiamiento de campañas aprobadas en el gobierno de Bachelet, el peso del poder económico tendrá, en teoría, menos capacidad de influir en la oposición como lo hizo en el primer gobierno de Piñera, y de manera bastante notoria en las normas sobre royalty minero y pesca aprobadas en su primer gobierno.

Para reconstruir una renovada fuerza de cambio que prepare una alternancia en cuatro años se necesita por un lado una maduración del Frente Amplio que le permita tejer alianzas y, por el otro, transformaciones de las prácticas políticas de las fuerzas progresistas que gobernaron Chile en 2014-2017 –y bajo otra configuración en 1990-2010–, para recuperar su prestigio ante los ciudadanos con un compromiso creíble de apego a una estricta probidad e independencia respecto del poder económico, rechazo al clientelismo, vuelta a la sociedad para representar sus intereses mayoritarios, reposición de la centralidad del proyecto de transformación igualitaria, progresista y sustentable. No es un dato menor que hayan quedado fuera de escena figuras de peso como Ricardo Lagos y Michelle Bachelet frente a una derecha que desde la salida de la dictadura en 1990 se ha mantenido con una importante fuerza electoral, sosteniendo uno de los proyectos neoliberales más radicales del continente, incubado en la dictadura de 1973-1989 y que ahora ha recuperado por segunda vez el gobierno a través de las urnas.