Ensayo

La democracia del siglo XXI

La puesta en práctica de una democracia narrativa depende menos de dispositivos institucionales que del desarrollo multiforme de empresas que tengan como objetivo «narrar la sociedad». Esto concierne tanto a las ciencias sociales como a la literatura, la fotografía o el cine. En eeuu, durante la Gran Depresión de la década de 1930, se hizo un intento en esta dirección con el lanzamiento del Proyecto Federal de Escritores. Recientemente he intentado, por mi lado, constituir en Francia el embrión de un Parlamento de los Invisibles. Hay allí un campo de trabajo democrático esencial.

Las nuevas vías de la legitimidad democrática. Estos nuevos canales corresponden a enfoques de la generalidad democrática que atenúan la consumación de su expresión electoral-mayoritaria tradicional, que busca encontrar el sentido de una voluntad general entendida como expresión unánime de la sociedad. Dos nociones pueden ayudarnos a avanzar en esta dirección: la de imparcialidad y la de pueblo-principio. La imparcialidad refiere a una definición negativa de la voluntad general. Una institución imparcial es una institución de la que nadie (ningún grupo de interés, partido político o individuo en particular) puede apropiarse. El poder democrático de todos se presenta en este caso bajo las formas del poder de nadie. Las autoridades independientes de vigilancia y regulación se apoyan en este principio. Algunas fueron creadas por asambleas legislativas para controlar y equilibrar un Poder Ejecutivo sospechado de partidista; otras, por el propio Ejecutivo para restaurar su credibilidad debilitada o conceder algunos de sus poderes en esferas en las que no se sentía técnicamente equipado. Su número crece actualmente en todas partes, también bajo la presión de los ciudadanos que temen el abuso del poder partidista por ser simplemente mayoritario.

El pueblo-principio refiere al hecho de que «el pueblo» no es solo una población, sino que también tiene una dimensión histórica. El pueblo no posee solo una consistencia inmediata, estática; se aprehende también dinámicamente como una comunidad fundada sobre valores compartidos. ¿Y cómo esta dimensión colectiva puede ser calificada si no es a partir de los principios que la constituyen? Dar políticamente su lugar al pueblo-principio implica entonces representar al pueblo «legal» en su figura constitucional, lo que justifica la superioridad normativa del orden constitucional. Los tribunales constitucionales tienen la función de representar a este pueblo permanente en el que cada individuo cuenta, ya que sus derechos están garantizados, mientras que el orden mayoritario a menudo toma decisiones influidas por los acontecimientos o por la preocupación de privilegiar intereses específicos. El poder de todos se define aquí como el poder de cualquier persona (es decir, de todos los individuos que tienen el derecho a tener protegidos sus derechos).

La creciente influencia de estos dos tipos de instituciones ha modificado progresivamente la naturaleza y el alcance de los poderes Legislativo y Ejecutivo tal como habían sido concebidos por la teoría liberal y democrática clásica. Después de haber acrecentado su rol, las autoridades independientes de regulación y vigilancia, como los tribunales constitucionales, han cambiado los términos en que se podía entender la democracia. Pero solo se trata de un cambio de hecho, y estas instituciones aún no han sido conceptualizadas como nuevas formas políticas con un rol específico en el orden democrático. Al mismo tiempo, estas pueden también conducir a una profundización inédita de las democracias y no simplemente al refuerzo de un liberalismo tímido. El papel de los tribunales constitucionales, por ejemplo, puede inscribirse en la perspectiva tradicional de un crecimiento del poder del derecho destinado a limitar y encuadrar la expresión de la soberanía popular. La oposición subyacente entre government by will y government by constitution no hace sino reproducir un viejo topos liberal. La cuestión de la corrección de los límites del poder mayoritario en este caso sigue inscribiéndose implícitamente en la vieja perspectiva de la denuncia de los riesgos de la «tiranía de la mayoría» a la que se entregaban en el siglo xix quienes tenían miedo de ser aplastados por el advenimiento del sufragio universal. Pero el desarrollo de estos tribunales también se puede ver como un instrumento para reducir el margen de maniobra de los gobernantes y, por lo tanto, como una forma de aumentar el control social sobre los representantes. Una Constitución, explicaba en ese sentido Édouard Laboulaye, un importante jurista del siglo xix, se puede entender como «la garantía de que dispone el pueblo contra aquellos que hacen sus negocios, a fin de que no abusen en su contra del mandato que este les ha confiado». Las autoridades independientes de vigilancia y regulación son también susceptibles de ser pensadas en los dos puntos de vista opuestos.

Cabe observar que las «democracias autoritarias» (como las de Rusia, Turquía e incluso Polonia y Hungría), que también podríamos llamar populistas, a menudo se oponen violentamente al papel de estos dos tipos de instituciones. De hecho, son defensoras de una democracia puramente electoral-mayoritaria. Por lo tanto, no solo debemos criticarlas por su iliberalismo, sino también por su incumplimiento democrático; el problema es que muchos demócratas no tienen hoy esta inteligencia en su crítica instintiva.

Por último, podemos señalar que la noción de democracia indirecta, tal como la he definido, que conduce a refundar sobre nuevas bases aquella de régimen mixto, es más operativa que la distinción clásicamente utilizada en ciencias políticas entre input y output democracy.

La democracia de ejercicio, más allá de la democracia de autorización. Nuestros regímenes pueden llamarse democráticos, pero aun así no somos gobernados democráticamente. Este es el gran hiato que alimenta el desencanto y el desconcierto contemporáneos. Precisemos: nuestros regímenes son considerados democráticos en el sentido de que el poder surge de las urnas luego de una competencia abierta y de que vivimos en un Estado de derecho que reconoce y protege las libertades individuales. Se trata ciertamente de democracias en gran medida inacabadas. Los representados se sienten con frecuencia abandonados por sus representantes estatutarios, y el pueblo, pasado el momento electoral, se percibe muy poco soberano. Pero este hecho no debe enmascarar otro, erróneamente identificado en su especificidad: el del mal gobierno, que también corroe profundamente nuestras sociedades. Aunque la vida política se organice en torno de instituciones que definen un tipo de régimen, es también resultado de la acción gubernamental, es decir, de la gestión cotidiana de los asuntos públicos, instancia de toma de decisiones y de mando. Es el lugar de un ejercicio del poder, que en términos constitucionales se denomina «Poder Ejecutivo». Con él tienen que lidiar los ciudadanos inmediata y cotidianamente. A la vez, el centro de gravedad de la exigencia democrática se ha desplazado imperceptiblemente. Aunque durante mucho tiempo esta última se relacionó principalmente con la determinación de un vínculo positivo entre representantes y representados, ahora es la relación de los gobernantes hacia los gobernados la que también debe ser considerada.Para los ciudadanos, la falta de democracia significa no ser escuchados, ver que las decisiones se toman sin consulta, que los ministros no cumplen con sus responsabilidades, que los dirigentes mienten con impunidad, o constatar que la corrupción abunda, que la clase política vive aislada y no rinde cuentas y que el funcionamiento administrativo permanece opaco. El problema es que esta dimensión de la política nunca fue pensada como tal. La democracia siempre ha sido considerada como régimen, pero apenas como una forma de gobierno; evidencia de esto es que los términos «régimen» y «gobierno» a menudo se han confundido 1. La cuestión pudo haber parecido secundaria en la primera forma histórica del régimen democrático, la del modelo parlamentario-representativo, en la que el Poder Legislativo dominaba a los demás. Pero hoy el Ejecutivo se convirtió en el eje, lo que implica el giro hacia un modelo presidencial-gobernante de las democracias. Mientras que antes era el sentimiento de mala representación el que concentraba todas las críticas, hoy también se debe dar una respuesta al de mal gobierno.

  • 1.

    Ese fue claramente el caso en los siglos XVIII y XIX, cuando el término «gobierno» se tomaba como sinónimo de régimen y abarcaba por lo tanto a los poderes Legislativo y Ejecutivo. La expresión común «gobierno representativo» designaba de esta manera lo que llamo aquí la forma parlamentaria representativa del régimen democrático.