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La crisis actual de América Latina: causas y soluciones

Esto está estrechamente relacionado con una cooperación regional más intensa. De lo que se trata no es del próximo gran tratado regional, que a la larga se demostrará ineficaz, sino de iniciativas que ayuden a construir y fortalecer estructuras y confianza. La idea de un banco de desarrollo regional propio, como el Banco del Sur, o de una emisora de noticias independiente, como Telesur, que rompa los monopolios mediáticos locales, está yendo, en tal sentido, definitivamente por la senda correcta. Sin embargo, seguirán sin obtener resultados sólidos mientras sean financiadas con petrodólares y diplomacia de cheques por unos pocos países y se destaquen por la instrumentalización política y la ideologización, lo que les impide convertirse en proyectos regionales plenos.

- Es necesario amortiguar la desigualdad social no solo combatiendo la pobreza sino reduciéndola de manera sostenida. El problema y sus soluciones son ya conocidos, pero hasta ahora ha faltado frecuentemente el coraje político para emprender reformas estructurales. Una solución óptima para el subcontinente que expresa una de las más desiguales distribuciones de tierras siguen siendo las reformas agrarias. La política renuncia a ellas por la alta conflictividad ligada a su implementación: sacuden de modo radical las fuertes y tradicionales relaciones de poder. Esto concierne no solo a los terratenientes y latifundistas privados sino también a la propiedad pública, tal como lo muestra la agricultura estatal cubana, que muestra una baja productividad debido al estancamiento de las reformas agrarias y es en gran parte responsable de la debilidad económica de la isla.

Las reformas tributarias redistributivas también tienen un rol central y deberían aliviar a quienes menos ganan y gravar los ingresos y patrimonios más elevados. Aquí no se trata de cuestiones técnicas sobre implementación e imposición. Lo importante es más bien crear «legitimidad impositiva», o sea, reducir el rechazo de importantes sectores de la sociedad (e incluso del sector trabajador) al pago de impuestos. Esto no se logra solo con leyes o burocracias eficientes, sino con un Estado que ofrezca bienes públicos de calidad y de amplio acceso, que aumenten la calidad de vida y las perspectivas de futuro de los contribuyentes y sus familias. Esto incluye reformas sociales que apunten a sistemas sociales universales que garanticen, en lugar de un asistencialismo temporal, derechos sociales que puedan ser demandados y, en lugar de unas pocas prestaciones para pocos, una amplia cobertura de servicios para todos. Procesos como el del Obamacare en eeuu o el fracaso de la seguridad social en Venezuela en un momento en el que el gobierno tenía impresionantes mayorías en el Parlamento muestran a las claras que las reformas sociales son siempre terreno de luchas. No obstante, son precisamente estas batallas las que valen la pena, ya que son las que delinean los rasgos futuros de una sociedad. Ejemplos como la Renta Dignidad –la pensión mínima universal boliviana a la vejez– prueban que también se pueden lograr éxitos. Otros servicios públicos que deben ser especialmente protegidos son las instituciones asistenciales y educativas como los centros preescolares, las escuelas o el cuidado de ancianos. El Estado puede perfectamente ofrecer en estas áreas servicios de calidad, lo cual queda demostrado, por ejemplo, por el espectro de universidades públicas brasileñas, que tiene también gran aceptación por parte de las clases medias y altas. De lo que se trata ahora es de llevar estos éxitos al ámbito escolar y preescolar8.

Mientras los gastos de los servicios de cuidados y educativos continúen a cargo del individuo, muchas familias seguirán apostando a la privatización, eludiendo impuestos y recurriendo al trabajo informal. El trabajo doméstico, poco regulado y mal pago, es actualmente uno de los puntos de apoyo más importantes de las clases medias latinoamericanas, tal como probablemente podrá comprobar la mayoría de los lectores de este artículo por experiencia propia. Sin embargo, el trabajo informal no es solamente una ventaja para las familias de mejor posición, sino que tiene efectos económicos desastrosos: estos trabajos, mayormente poco calificados, son la principal traba para el aumento de la productividad, con lo cual bloquean todo desarrollo que no sea debido a la explotación y exportación de materias primas. Es por este motivo que durante el último boom de América Latina no se logró un aumento sensible de la productividad laboral o de la participación de la masa salarial en el pib (expresión de la creación de valor por el trabajo)9. Algunos éxitos en la disminución del trabajo informal, como los registrados en Ecuador o Argentina, si bien son esperanzadores, no pasan de ser apenas un comienzo. Dejan en claro que la informalidad no es –como muchos creen– el resultado de un exceso o un defecto de regulación, o de una integración asimétrica en las cadenas de valor globales, sino que es siempre, y ante todo, la expresión de una política activa o de una (in)acción deliberada10. Por tal motivo, la política (progresista) debería tener como objetivo central reducir a la mitad, en un plazo de diez años, el trabajo informal, que afecta actualmente a casi 50% de los trabajadores de la región.

Todo esto se sabe hace tiempo. Posiblemente podrían llenarse bibliotecas enteras con las publicaciones referidas a cada una de las demandas de reforma. De forma complementaria, ha habido –como en los últimos diez años– continuamente intentos políticos de reducir los bloqueos al desarrollo de América Latina. A pesar de conocer todo esto, de la voluntad existente y de los innumerables esfuerzos, las desigualdades sociales en la región evidencian una fuerte inercia. Teniendo en cuenta esto último, ya casi no quedan dudas de que también la próxima generación de recetas económicas occidentales y recomendaciones tecnocráticas está condenada desde ahora mismo al fracaso. La izquierda de América Latina debería, pues, hacer una pausa y reflexionar con espíritu crítico sobre las experiencias de la última década.

  • 8.

    Pueden encontrarse sugerencias sobre cómo diseñar una reforma educativa para reducir significativamente las desigualdades sociales en el instructivo artículo de Stefan Peters: «¿Es posible avanzar hacia la igualdad en la educación? El dilema de las políticas educativas de la izquierda en América Latina» en Nueva Sociedad No 239, 5-6/2012, disponible en www.nuso.org.

  • 9.

    Según datos de la oit, la productividad laboral en América Latina de la última década se ha mantenido casi sin modificaciones en la mitad del promedio mundial y la participación de la masa salarial en el pib ha incluso disminuido en los últimos diez años. oit: Panorama laboral 2013. América Latina y el Caribe, oit, Lima, 2013; oit y Cepal: Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe. Avances y desafíos en la mediación del trabajo decente, Cepal / oit, Santiago de Chile, 2012.

  • 10.

    Nico Weinmann: Los ciclos de la política del trabajo formal e informal en América Latina, en H.J. Burchardt y Fernando Groisman (eds.): Desprotegidos y desiguales. ¿Hacia una nueva fisonomía social?, Prometeo, Buenos Aires, 2014.