Tema central

La crisis actual de América Latina: causas y soluciones

El cambio social de las últimas dos décadas en América Latina queda evidenciado con toda claridad en el hecho de que todos los estratos sociales involucrados vivieron por igual una movilidad ascendente sin que se modificara la constelación interna: las elites económicas pudieron mantener su patrimonio e incluso aumentarlo; a comienzos de esta década, la cantidad de millonarios latinoamericanos se incrementó aproximadamente un 5%. Las clases medias se ampliaron y algunas medidas complementarias financian en menor medida a las clases bajas7.

Menor atención se prestó al ascenso del ascensorista: el Estado. La ampliación democrática se le fue volviendo paulatinamente una molestia: por un lado, un desarrollo basado en las exportaciones de materias primas suele requerir una administración central con margen de acción y que, en términos de manejo de recursos, dependa de manera limitada de la legitimación de la sociedad; pero esto, como se sabe, favorece en gran medida el clientelismo y la corrupción. Las exigencias o los controles democráticos son, entonces, molestos. Por otro lado, los daños al medio ambiente que surgen del saqueo de recursos naturales han provocado protestas locales cada vez mayores que han logrado, merced a los nuevos derechos y las nuevas autonomías democráticas, impedir la extracción de materias primas y poner en peligro los ingresos del Estado. Muchos gobiernos reaccionaron con una represión cada vez mayor: limitaron derechos ya concedidos (por ejemplo, derechos constitucionales de los indígenas a la autodeterminación) o los anularon por completo, rescindieron compromisos asumidos con movimientos sociales o criminalizaron a estos últimos. Además, hicieron las paces con viejas elites e incluso formaron nuevas alianzas.

Pero los ascensores no solamente viajan hacia arriba. Cuando, junto con el desmoronamiento de los precios de las materias primas que se dio a partir de 2013, se anunciaba una caída al vacío y las redes de suministro comenzaban a romperse, muchos gobiernos de centroizquierda perdieron algunos decisivos aliados y sectores de sus bases. Además, tuvieron que aprender que las oligarquías económicas tradicionales solo están dispuestas a formar coaliciones si pueden permanecer junto a sus pares. El de Brasil no fue el primer caso en que se aplicó el «golpe suave», o sea, la toma del poder de las viejas elites mediante un veloz derrocamiento de los titulares del gobierno, mientras se mantienen en apariencia los derechos constitucionales. Ya había sido probado con éxito en Honduras en 2009 y en Paraguay en 2012. Una de las cosas que evidencia esta política es la funesta alianza de las elites conservadoras con consorcios de medios privados fuertemente monopolizados de América Latina, que prácticamente no permiten la diversidad de opiniones. Además, es sorprendente cómo la comunidad internacional, siempre comprometida con la democracia, da por lo menos su aprobación a estos «golpes de Estado legales».

Lecciones para el futuro

Actualmente hay tres interpretaciones de la transformación reciente en la región: por un lado, se da la bienvenida a los nuevos gobiernos conservadores, ya que por fin terminarán con el tutelaje, el clientelismo y la corrupción y volverán a dotar de eficiencia a la economía. Pero quien observe los programas carentes de ideas de numerosos partidos conservadores, particularmente el de los 24 viejos oligarcas blancos que destituyeron a mediados de 2016 al gobierno brasileño, se da cuenta claramente de que no es una nueva política la que está accediendo al poder, sino que solo se está operando un cambio de elites políticas. Así, no asombra casi a nadie que los nuevos gobiernos conservadores apliquen la misma solución a la crisis que los gobiernos progresistas que aún están en el poder: una drástica profundización de la explotación de los recursos naturales.

Por otro lado, se lamenta el distanciamiento entre gobiernos y movimientos sociales, mientras que estos últimos se transforman –una vez más– en los próximos portadores de esperanza. Si bien no caben dudas de que la participación social de los sectores menos favorecidos ha mejorado claramente, estos no entregarán dócilmente sus derechos sociales, lo cual puede poner en marcha nuevas dinámicas políticas. Pero es imposible precisar qué destino tendrá este viaje. Esperar al próximo salvador exime, mientras tanto, de compromiso propio y de posicionamiento político; es, ante todo, cómodo y una expresión de pereza intelectual. En lugar de ello, debería reflexionarse abiertamente sobre las experiencias acumuladas y sobre lo que es decisivo para todo movimiento social: cómo resolver el dilema de mantener apertura, dinámica y creatividad, pero también tener un continuo impacto político evitando la parálisis por la cooptación y la institucionalización. Además, debe discutirse cómo armonizar mejor una política de Estado fuerte con estructuras democráticas de base y movimientos sociales.

En tercer lugar, se argumenta que, con las medidas «correctas», se sigue posibilitando un proyecto de justicia social. En realidad, el debate sobre si las políticas reformistas o las radicales son más aptas para resolver la cuestión social acompaña a los gobiernos progresistas desde sus inicios. No toma en cuenta que, desde una mirada actual, la supresión de las desigualdades sociales ha fracasado, independientemente de los diferentes estilos políticos. O sea, un Chávez que polarizaba logró, a fin de cuentas, tan poco como el moderado Luiz Inácio Lula da Silva.En vez de lamentarse por las oportunidades desaprovechadas o de revitalizar las ideas fracasadas ignorando la historia (el neoliberalismo, por ejemplo, es siempre una estrategia de redistribución invertida –de los de abajo hacia los de arriba– y no una estrategia económica), deben mencionarse de forma realista los errores más importantes de los últimos 20 años y se los debe considerar como tarea para los próximos 20 años:

- Los gobiernos progresistas han omitido casi por completo llevar adelante durante el boom de las materias primas una activa política internacional de regulación de estos mercados que sea favorable para ellos mismos. América Latina ha ganado indudablemente independencia política y países como Brasil han ayudado a fortalecer la influencia de la región en organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (fmi) o el Banco Mundial. Sin embargo, nunca se atacó políticamente ese talón de Aquiles que es la dependencia de las materias primas. No obstante, Venezuela, con la revalorización de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (opep), ha dado una clara muestra de que en este tema hay margen de acción política. Gracias a la importancia estratégica que la región tiene y tendrá para el suministro de materias primas, pueden pensarse aquí formas de regulación enteramente cooperativas que hagan disminuir la dependencia de los precios volátiles y que tomen en cuenta también requisitos de sostenibilidad.

  • 7.

    Capgemini: World Wealth Report 2016, 2016; Cepal: Panorama social de América Latina y el Caribe 2015, cit.