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La crisis actual de América Latina: causas y soluciones

Unos pocos índices bastan para mostrar el éxito inicial de esta estrategia: en medio de un fuerte crecimiento de la economía, la desocupación cayó a un mínimo histórico, la participación regional del gasto social en el pib aumentó a más de 20%, al tiempo que crecían los salarios mínimos y los salarios reales. Las llamadas transferencias monetarias condicionadas (tmc), como el programa brasileño «Bolsa Família», preveían ingresos suplementarios otorgados a cambio del cumplimiento de contraprestaciones tales como enviar a los hijos a la escuela o cumplir con obligaciones sanitarias preventivas y recibieron elogios a escala internacional, a punto tal de ser consideradas ejemplares por su eficiencia. La imposición de nuevas formas tarifarias para empleadas domésticas y servicios de cuidados, como en Uruguay, se convirtió en un ejemplo a replicar. Con estas políticas se logró reducir la pobreza casi a la mitad. Hubo una gran movilidad social ascendente, las clases medias se ampliaron de forma ostensible e incluso se redujeron discretamente las desigualdades sociales4. Fue un importante logro darles a los pobres no solo pan sino también voz y dignidad, lo que los animó por primera vez a decidir su destino. Mientras la crisis financiera global sacudía a los países industrializados, América Latina vivía un milagro económico. No pocos científicos y organizaciones internacionales que durante décadas pronosticaron, usando la denominación «maldición de los recursos», el fracaso de un desarrollo basado en las materias primas, ya que este producía sobre todo dependencia, autoritarismo, conflictos y corrupción, destacaban ahora los potenciales de este «neoextractivismo» democrático.

De la fiesta a la resaca

Este éxito implicó también nuevas responsabilidades. La economía iba viento en popa, las arcas del Estado rebosaban, el Estado usaba de múltiples maneras su nuevo potencial transformador, y frecuentemente con inteligencia, la problemática social comenzaba a aliviarse sensiblemente y la mayoría de la población estaba ampliamente satisfecha, tal como una y otra vez lo demostraba en las elecciones. Probablemente no hubiera en toda América Latina, desde la independencia, un mejor momento para reformas estructurales, para eliminar las dos pesadas herencias que impedían el crecimiento: en primer lugar, para la supresión de las extremas desigualdades sociales mediante políticas sociales innovadoras, relaciones laborales reguladas y redistribución democrática, y en segundo lugar, para una reducción de la dependencia de las materias primas a través de estrategias de diversificación y aumento de la productividad, lo cual termina, en el mediano plazo, en un desarrollo sostenible y en la protección de los recursos naturales.

Pero el éxito también seducía. La economía y la política ampliaron los sectores de materias primas. La expansión de los cultivos de soja y la minería en Argentina y Brasil muestra que incluso economías relativamente desarrolladas apostaban cada vez más a la nueva tendencia de exportar materias primas. Muchos de los nuevos gobiernos anunciaron que querían usar el «neoextractivismo» solo como vehículo para llegar a una estructura económica más productiva y diversificada. Sin embargo, casi todos los programas y medidas aplicados a tal fin fracasaron rotundamente. Hoy, la región tiene una dependencia de las exportaciones de materias primas mayor que a fines del siglo xx.

Esto tuvo sus consecuencias en el Estado y la política: gracias a los elevados ingresos provenientes de las materias primas, ya no era necesario zanjar los conflictos de intereses a través de procedimientos democráticos ni solucionarlos con negociaciones, sino que se los apaciguó mediante transferencias de recursos. Los sectores conflictivos fueron «comprados» y cooptados. Las sociedades latinoamericanas mutaron hacia sociedades-botín en las que, si bien el Estado concedía al principio participación a casi todos en la explotación de la naturaleza, el nuevo nexo no se basaba en el consenso y la cohesión social. De este modo, se mencionan a continuación los puntos principales que explican la actual crisis.

Durante la fase del boom no se implementaron medidas profundas de (re)distribución. El sistema impositivo casi no fue tocado. La presión impositiva regional es apenas la mitad de la de Europa; los impuestos tienen, en su mayoría, una fuerte dependencia de la coyuntura o son, como en el caso del impuesto al valor agregado (iva), regresivos y resultan, por ende, más gravosos para la población de menores recursos. Por el contrario, para la elite económica América Latina sigue siendo un oasis impositivo: los gravámenes sobre el patrimonio han seguido disminuyendo y alcanzaron en 2013 el 3,5% del total de ingresos fiscales5. Los efectos redistributivos dependientes de los impuestos están a escala regional por debajo de 10% (en Alemania, aproximadamente 40%). Algunas reformas impositivas, como las de Argentina o Ecuador, quedaron en agua de borrajas o fracasaron.

Si bien se mejoraron significativamente las prestaciones sociales, no sucedió lo mismo con su grado de cobertura. Los que más se beneficiaron con ellas fueron los empleados públicos o los trabajadores formales, o sea, solo la mitad de las personas en condiciones de trabajar; el 20% más pobre de la región recibe actualmente apenas 10% de todas las transferencias sociales. La expansión de los sistemas sociales excluyentes orientados mayormente según el modelo de Bismarck profundizaron las brechas sociales en lugar de reducirlas. Las transferencias condicionadas, con una participación en las erogaciones de 0,4% del pib en el caso de Brasil, solo pudieron actuar como compensaciones limitadas. De todos modos, es más dramático el hecho de que muchas de estas transferencias tampoco hayan sido establecidas como derechos sociales en la fase de crecimiento, con lo que podrían ser anuladas en cualquier momento. A pesar de los numerosos esfuerzos, tampoco se ha logrado reducir significativamente el trabajo informal. Los mercados laborales y las estructuras productivas siguen estando altamente precarizados, de modo que hoy en día casi 50% de las personas en condiciones de trabajar –concretamente, 120 millones de jóvenes y frecuentemente mujeres– trabajan manteniendo una relación laboral precaria tanto desde el punto de vista contractual como social, tienen ingresos relativamente bajos y generan 10% del pib regional6. De ese modo se explica la productividad particularmente baja de América Latina, que tampoco aumentó durante el boom. La explotación de materias primas no necesita una elevada cualificación laboral de grandes masas de trabajadores. Las elites, pero también importantes sectores de las clases medias, sacan gran provecho del trabajo informal, que les permite, por ejemplo, beneficiarse del trabajo doméstico y de cuidados en forma barata y sin complicaciones. Es por estas constelaciones que, a pesar de haber suficientes recursos del Estado en la región, no se ha logrado crear un sistema de servicios públicos de alta calidad y accesible para las mayorías que abarque, además de la tutela de niños y los cuidados ambulatorios, la educación y la salud, como también la infraestructura general, como el transporte urbano, la seguridad civil y pública, etc.

  • 4.

    Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal): Panorama social de América Latina y el Caribe 2015, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2016.

  • 5.

    Cepal: Estudio económico de América Latina y el Caribe 2016: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los desafíos del financiamiento para el desarrollo, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2016.

  • 6.

    Organización Internacional del Trabajo (oit): Panorama laboral 2015. América Latina y el Caribe, oit, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Lima, 2015.