Coyuntura

La centroderecha y el «cambio cultural» argentino

En primer lugar, Cambiemos no parece haber tenido éxito en incidir en las organizaciones del mundo popular de un modo decisivo. Tuvo que aceptar la fortaleza de las organizaciones de los pobres informales, que se consolidaron en el ciclo político anterior, así como el legado de las políticas para esos sectores que son gestionadas por sus propias mediaciones. La continuidad del fomento estatal y del financiamiento público hacia la llamada «economía popular» es una muestra de este hecho, pero también la dificultad para imponer una política más dura en materia de orden en la calle, que impida o al menos minimice los cortes de la vía pública por manifestaciones en reclamo de bienes de origen público para esas fracciones de las clases populares (los llamados «planes sociales», pero también alimentos para los comedores, entre otras cosas).

En segundo lugar, tampoco fue sencillo, hasta el momento, moderar los reclamos de las organizaciones de los sectores formales, es decir, los sindicatos. De posturas tradicionalmente más negociadoras en términos de metodologías de acción colectiva, pero también con reclamos más moderados y mayor flexibilidad ideológica, los grandes sindicatos lograron, no obstante, minimizar el impacto del ajuste en los trabajadores formales. Siguieron la lógica del «neocorporativismo segmentado» que ya habían implementado en los años del kirchnerismo8 y que consiste en privilegiar los reclamos para los sectores que representan directamente y mostrar menor preocupación hacia los trabajadores no registrados e informales. Sin embargo, reconocieron a los representantes de los pobres informales como interlocutores en materia de representación de una porción de las clases populares y, en consonancia con eso, los incorporaron a varias mesas de negociación y evaluación de la situación del país y de medidas de acción9. La inédita unidad de formales e informales constituye una innovación del periodo, pero puede ser vista también como parte del legado del ciclo nacional-popular: aunque las alternativas políticas no estén claras, ni unos ni otros parecen dispuestos a resignar su participación en el bienestar en pos del «cambio cultural» propuesto.

También parecen duraderos los consensos en torno de las políticas de derechos humanos, en especial respecto a los juicios a los responsables del terrorismo de Estado en la última dictadura militar. No prosperaron las tentativas de funcionarios y de intelectuales cercanos al gobierno de discutir números simbólicos de los movimientos de derechos humanos, como el de los 30.000 desaparecidos. Un dictamen de la Corte Suprema que habilitaba un beneficio en el cómputo de las penas a los condenados por delitos de lesa humanidad, con fallo dividido y apoyo de los dos jueces designados por el nuevo gobierno, generó protestas masivas y obligó al Congreso a votar una ley que prohíbe tal aplicación. La ley que no permite aplicar el «2x1» a crímenes de lesa humanidad obtuvo el voto de casi la totalidad de los bloques parlamentarios, incluido el de Cambiemos, de donde partió el proyecto. Poco después, en la provincia de Buenos Aires, el kirchnerista Frente para la Victoria (fpv) logró que el bloque provincial de Cambiemos aprobara una ley que obliga a hablar de «dictadura cívico-militar», en consonancia con lo que fijaba la memoria oficial de los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La política de derechos humanos no pudo ser, hasta el momento, parte del cambio cultural y continúa el linaje de los últimos años que entronca, no sin diferencias, con el de los primeros años de la democracia. Contra las miradas que veían esa política como un bien capturado de manera facciosa, encuentra en la sociedad consensos transversales, más allá de las posiciones frente al ciclo kirchnerista10.

En cambio, tuvieron menos durabilidad las políticas específicamente culturales del ciclo político anterior y, en especial, las vinculadas a los medios de comunicación. En efecto, a poco de asumir el gobierno de Cambiemos, se disolvieron por decreto los dos entes reguladores creados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (conocida como Ley de Medios) y por la Ley de Telecomunicaciones aprobadas durante el kirchnerismo –la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (afsca) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (aftic), respectivamente–. La afsca se encargaba de otorgar las licencias de radio y televisión y de regular el mercado de los medios audiovisuales. Era el ente de aplicación de la Ley de Medios, votada por el Congreso en 2010 y producto de un largo debate del que participaron actores del mundo académico y de la sociedad civil. Uno de sus objetivos principales era desconcentrar la propiedad de los medios y distribuir el espectro audiovisual en partes iguales entre el sector privado, el estatal y el de la sociedad civil. Su implementación parcial, en el contexto de la disputa entre el gobierno kirchnerista y el grupo multimedios Clarín, poco tuvo que ver con el espíritu que le había dado impulso y origen. Pero la supresión por decreto presidencial de la autoridad de aplicación, una de las piezas fundamentales de la ley, estuvo lejos de resolver las falencias de la política anterior. En su lugar, se creó una nueva entidad reguladora, el Ente Nacional de Comunicaciones, que dejó sin representación a las minorías parlamentarias e implicó un mayor control del Poder Ejecutivo sobre el área. La bandera de la democratización fue rápidamente desechada y, en cambio, la preocupación central pasó a ser la modernización tecnológica y el incremento de la competencia de mercado como soluciones a la concentración mediática11. Es, en definitiva, en el plano de la comunicación donde este «cambio cultural» siguió el camino de la normalización, que implicó la apertura regulada a la competencia extranjera y el levantamiento de buena parte de las regulaciones que iban en contra de la concentración monopólica.

  • 8.

    V. sobre este punto Sebastián Etchemendy y Ruth Berins Collier: «Golpeados pero de pie. Resurgimiento sindical y neocorporativismo segmentado en Argentina (2003-2007)» en Postdata No 13, 6/2008.

  • 9.

    V. por ejemplo «La CGT y los movimientos sociales acordaron unir sus reclamos contra el Gobierno» en La Nación, 7/9/2016.

  • 10.

    Remitimos en este punto al artículo escrito por Pablo Semán al calor de las movilizaciones contra el fallo de la Corte Suprema: «Derechos humanos, contingencia y sobregiro» en Panamá Revista, 11/5/2017.

  • 11.

    Ver Martín Becerra: «Restauración: cambios en las políticas de comunicación» en Épocas No 2, 2016.