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Guatemala buscar salir de la Guerra Fría

¿Dónde comienza «lo nuevo» en la derecha guatemalteca? Sin duda, un punto de inflexión se produce en 1996, con la firma de la paz tras 36 años de guerra interna. A partir de allí es posible identificar a una serie de actores que corporizan las derechas, en un país sin partidos en sentido estricto: los reformistas tímidos y el poder emergente. Y dentro de este último grupo, los nuevos empresarios, el movimiento cooperativista y la derecha indígena. A partir de estos actores es posible revisar las transformaciones ocurridas en los últimos años en Guatemala y el comportamiento de los grupos de poder, aún atravesados por las lógicas de la Guerra Fría.

Noviembre - Diciembre 2014
Guatemala buscar salir de la Guerra Fría

Derechas e izquierdas en una sociedad sin partidos

Identificar derechas nuevas o viejas en Guatemala es un ejercicio de análisis social e institucional, antes que político-organizativo, sustentado sobre el reconocimiento de los valores, intereses, métodos y alianzas que informan sobre los actores. Reconocer a la nueva derecha en Guatemala es identificar actores conservadores. Conservadores económicos que hacen apuestas por la estabilidad macroeconómica, la austeridad fiscal, el gobierno pequeño y la supremacía del mercado; y conservadores sociales que favorecen el statu quo, apuestan por las jerarquías y los roles tradicionales de género, por ejemplo. No es banal para esto tomar una perspectiva bidimensional de lo cultural y lo material, antes que quedarse en la dimensión única de lo político1. Esto no significa que no sea un ejercicio político, sino que se trata de entender que el Estado (y el estado de cosas) que busca construir la derecha no pasa principalmente por el sistema de partidos políticos.

Escribir sobre una nueva derecha es problemático cuando, al menos desde el retorno a la institucionalidad democrática en 1985, los partidos no han sido más que volátiles empresas electorales, poco útiles como proxy para identificar plataformas ideológicas que convoquen votantes en la ciudadanía. La Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), elegida libremente ese año, inauguró la «maldición del gobierno»: el precio del poder es la desaparición del partido. El patrón persiste hasta la fecha y ha cortado por igual todos los colores ideológicos.

Reconocer una nueva derecha exige primero delimitar tiempos. ¿Dónde empieza lo «nuevo» de la nueva derecha? Una buena frontera es 1996, el año en que se firmó la paz, tras 36 años de guerra interna. Dos razones sostienen esta hipótesis. La primera es que si bien la Constitución de 1985 enunció una visión de democracia y esbozó la institucionalidad que requeriría, fueron los Acuerdos de Paz los que, aunque firmados con más tinta que verdad, establecieron la definición operativa necesaria para tal visión. La segunda es que la participación en la guerra –ya fuera como víctima, verdugo o espectador– marcó de manera indeleble a las generaciones previas a 1996. Por contraste, quien nació el año en que se firmó la paz hoy apenas llega a la mayoría de edad. Quien entró al mundo del trabajo en 1996 hoy está en el ápex de su vida productiva. Aunque la sombra anacrónica del anticomunismo se proyecta hasta el presente, e igualmente lo hace la izquierda tradicional como su criatura reactiva2, nuevos son quienes ya no experimentaron el enfrentamiento armado como evento cotidiano. Los nuevos, ya sean de derecha o de izquierda, no ven el anticomunismo y la guerrilla como hechos, sino como recuerdos más o menos persistentes.

Para resumir, al hablar de nueva derecha en Guatemala aquí haré referencia a los actores que se presentan en el espectro conservador económico y/o social a partir de 1996 y que afincan tanto sus razones como sus propósitos en el presente y el futuro. Hecha esta delimitación, cabe reconocer que el objeto es fragmentado. Más que una nueva derecha, en Guatemala hay varias nuevas derechas.

Los reformistas tímidos

Reformadores tímidos son el conjunto de jóvenes empresarios de elite que en las últimas dos décadas han empezado a expresar una voluntad de cambio en la sociedad y la economía guatemaltecas. Son, literalmente, los herederos de la oligarquía. Fueron sus padres y tíos quienes desarrollaron la riqueza en los tiempos cruentos de la guerra y quienes financiaron la represión del Estado3. Hoy controlan o comienzan a controlar las fincas, las fábricas y las cadenas de tiendas, pero también empiezan a asociarse con inversionistas internacionales en hidroeléctricas, extracciones petrolíferas, de metales y de apropiación del germoplasma.

Sobre ellos pesa grandemente la historia, más aún a partir de los procesos de reformas, pero también las tiranías que instalaron el Estado liberal a partir de 1871, con antepasados que, en tanto «vieja derecha», se conformaron con hacer del Estado una máquina de expolio, antes que construir una nación. Pesa también sobre ellos la noción de linaje y el racismo que implica4. Su imbricación familiar en las redes de la elite criolla les da acceso a recursos y poder muy amplios, especialmente si se los compara con los demás actores de la sociedad. En cualquier situación o debate es su voluntad la que tiene más probabilidades de concretarse, y ellos lo asumen así. Consideran una verdadera afrenta a su identidad el que otros actores políticos o sociales contesten su autoridad sobre la cosa pública5.

Este grupo posee un alto grado de inserción internacional, pues los negocios familiares hace tiempo que están vinculados a la economía mundial. Su formación en universidades del Norte, su exposición a la cultura y los mercados internacionales (incluyendo mercados de ideas) y sus nexos de familia en Europa y Estados Unidos los han hecho cosmopolitas, comparados con la población media guatemalteca.

Ese cosmopolitismo ha conllevado la adopción de posiciones relativamente progresistas en una variedad de dominios, y se les ha hecho atractivo vivir en mercados y sociedades con más apertura. Pero, al mismo tiempo, estos grupos perciben con inmediatez los efectos disciplinarios de los mercados internacionales, que para dejar a sus empresas jugar en esas ligas exigen cada vez más cumplir con normas de inversión social, trabajo y empleo justo, incluso de tributación equitativa6.

Esto plantea contradicciones. Por una parte, sus perspectivas reformistas pueden estar motivadas por la voluntad de perfeccionamiento de sus mercados y de la economía nacional y/o por la motivación de evitar la vergüenza internacional de que se señale a su clase por usufructuar ventajas en una sociedad notoriamente injusta7. Aspiran a ser los nuevos políticos de una nueva política, en el molde del presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Pero son tímidos. Cargan con la ideología de una generación anterior marcada por el anticomunismo de dos guerras traslapadas –el conflicto armado interno y la Guerra Fría–, con la cual no se atreven a romper públicamente.

Por la otra parte, su herencia de elite les dificulta ensuciarse las manos. No tanto en la política y el gobierno, territorio tradicional ocupado por los criollos poscoloniales, sino en la interacción con las clases populares en un Estado con intención democrática. Acostumbrados a dar órdenes, procuran conceder, nunca ceder. Desde un ethos de exclusividad racista, dar cabida a otros en condiciones de igualdad suscita repugnancia, especialmente si estos otros son indígenas.

Entre los reformistas tímidos hay un subconjunto que merece especial atención: los hijos y nietos de los militares que participaron en la guerra y sus aliados de elite, quienes han adoptado la prédica anticomunista de sus mayores y llegan a acusar a los reformistas de coquetear con la «izquierda» e incluso con los «terroristas». Más allá de la ambigua relación con sus mayores, los reformistas tímidos están cercados hoy por ambos lados: desconfían de la «plebe» y no logran romper con sus coetáneos de línea dura.

El poder emergente

La segunda categoría de nueva derecha está compuesta por un grupo más heterogéneo por sus orígenes, pero con intereses económicos comunes, que le dan consistencia interna. Se trata de los agentes del «nuevo dinero», acumulado a partir de la década de 1980 con el impulso de la globalización económica, en un entorno nacional de fin de guerra, de diversificación económica local8 y de reglas poco claras o poco efectivas9. Al surgimiento de esta nueva riqueza contribuyeron factores como la urbanización acelerada, la privatización de empresas públicas y la corrupción que la acompañó, y la recuperación de cierto dinamismo económico rural luego del fin de la guerra, también por el aporte de divisas de los que migraron a EEUU.

Este poder emergente tiene una fracción ilícita, apoyada en diversos tráficos: de drogas, de personas y de influencias. Es un río subterráneo que alimenta muchos de los pozos del accidentado paisaje político en Guatemala. Brota, por ejemplo, en el financiamiento electoral que ha hecho de la política un mercado. Recientemente se lo ha visto también en un bien aceitado mercado de favores en el sistema penitenciario, liderado por reos de origen militar10. Son parajes oscuros, donde lo que menos interesa es demarcar una posición política clara. Las etiquetas de izquierda y derecha son un estorbo para moverse con soltura por toda la cancha11. Por ello, aquí el énfasis lo ponemos en el poder emergente visible, aquel que intenta jugar según las reglas formales o que compite con los poderes tradicionales y los reformistas tímidos por redefinir el Estado y sus reglas: se trata de nuevos empresarios, cooperativistas e indígenas de derecha.

Los nuevos empresarios. Los nuevos empresarios han extendido lazos comerciales y organizativos por toda la economía nacional. Algunos son ex-funcionarios devenidos empresarios gracias a su cercanía a los procesos de privatización del Estado. Al estilo de Carlos Slim, su vida fue definida por estar en el lugar correcto en el momento correcto. Otros, como self-made men, empezaron en plazas rurales y han consolidado poco a poco negocios de mayor escala. La mayoría aún no amenaza el predominio económico de las empresas de la oligarquía, pero hacen mella en su imagen hegemónica –y quizá hasta en su amor propio–. Sin las ventajas de los hijos de la elite, a ellos les ha tocado crecer a golpes en el mercado. El caso del pollo frito lo ilustra bien: en el marco de la crisis de 2008, Pollo Pinulito, una empresa nueva, vio la oportunidad de entrar en el mercado local con una estrategia de bajos precios, compitiendo con el virtual monopolio de Pollo Campero, propiedad de la poderosa familia Gutiérrez. Hoy comienza a extenderse a Centroamérica y México. Los nuevos empresarios han debido moverse con soltura dentro de un mercado rígido, cosa que los hace blanco fácil de las acusaciones –tanto falsas como veraces– de informalidad y evasión fiscal que lanzan contra ellos los reformistas tímidos y la elite tradicional12.

En materia económica, el poder emergente se muestra enraizado en la derecha, incluso más que los reformistas tímidos. Mientras estos comienzan a contemplar la inversión social como una realidad inevitable, e incluso juegan con ideas de reforma fiscal, los miembros del poder emergente tienden a apoyar iniciativas conservadoras, como Compromiso, Renovación y Orden (Creo), un partido que reúne intereses de ex-militares y capitales formados a la sombra de la privatización de bienes del Estado durante la conservadora administración de Álvaro Arzú (1996-2000). En materia cultural tampoco activan más que ocasionalmente en terrenos que no sean de corte conservador13.

Más allá del mercado de consumo, relativamente estrecho en una economía doméstica precaria, es en los contratos con el Estado donde el poder emergente encuentra el dinero grande. Con ello entra en directa contienda con el viejo capital y los reformistas tímidos14. Desde que la Constitución de 1985 prohibió al Banco Central prestar recursos al Estado, ser financista de las instituciones públicas se convirtió en un enorme negocio para la banca comercial, controlada por el capital tradicional. En cambio, los contratos de provisión de servicios al Estado se abrieron como coto de caza a un grupo más diverso de emprendedores del «capitalismo de compinches»15, con una auténtica explosión de proveedores comerciales y pseudo-ONG que venden servicios a las administraciones públicas municipales y a la nacional.

El movimiento cooperativista. Tanto los cooperativistas como los indígenas se vieron golpeados durante la guerra por un ejército que sirvió como brazo implementador del racismo de Estado y cuya ideología en el marco del conflicto se extendió a interpretar cualquier desarrollo autógeno como amenaza a la seguridad estatal. Pero desde la firma de la paz, ambos grupos han crecido dentro de la economía, un balance delicado entre ganar espacio y evitar tornarse en pararrayos políticos demasiado obvios.

En el caso del cooperativismo, su expansión y modernización empresarial acompañaron la diversificación de la economía y las iniciativas de inversión para el desarrollo que trajo la paz16. Hoy casi 10% de la población está asociada al cooperativismo, en ramas que incluyen producción agropecuaria, salud, vivienda, promoción empresarial y microfinanzas, y se ha expandido su participación en exportación de café, cardamomo, hortalizas, leche, miel, concentrado para animales, té, limón, forestales y artesanías. Al entrar tres federaciones y una confederación como copropietarias de 42% de las acciones del Banco Rural, creado al privatizarse en 1998 el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, se ha profundizado su presencia dentro de la economía17.

Las cooperativas se pusieron en camino a la confrontación con el capital tradicional al crecer en organización, disciplina e importancia en la economía. Comenzaron a cuestionar la discriminación estructural del marco comercial, mercantil, financiero, fiscal y de compras y contrataciones del Estado, que las excluye de una variedad de beneficios y oportunidades disponibles para las empresas mercantiles. El conflicto se hizo particularmente visible en el periodo 2008-2012, al presentarse dos factores concomitantes: la competencia entre banca privada comercial y banca de base cooperativa por los lucrativos negocios del financiamiento a las instituciones públicas y la administración de fideicomisos públicos; y la intención del cooperativismo de ocupar puestos de liderazgo y representación del sector privado en una variedad de cuerpos colegiados de gobierno, otrora controlados por el capital tradicional18. Más recientemente el capital tradicional ha buscado cooptar al cooperativismo, invitándolo a entrar a la coordinadora patronal.

El cooperativismo ha traído al debate –tanto por razones prácticas como ideológicas– la necesidad de mayor democratización económica. A la vez, su filiación de izquierda en las décadas de 1960 y 1970, fortalecida por su cercanía a movimientos de base de la Iglesia católica y donantes europeos, dio un viraje luego de la firma de la paz, de posiciones colectivistas a patrones más «empresariales» y con vistas al desarrollo de encadenamientos productivos para la exportación. Su liderazgo ha sido poco enfático en la promoción de la inversión social, no digamos de la revisión de patrones culturales conservadores (adoptados desde su vinculación con la Iglesia), aun cuando ya 39% de los asociados son mujeres19. Más recientemente ha expresado interés en los sectores de telecomunicaciones y producción energética20, lo que en el futuro podría implicar contradicciones con movimientos indígenas, rurales y de izquierda política.

La derecha indígena. Más allá de la visión de ciertos esencialismos protectores o simplificadores, que atribuyen a los movimientos indígenas propensiones automáticas, ya sea a la política popular o de «vuelta a la naturaleza», el hecho es que en los pueblos indígenas, tanto como en cualquier otro conglomerado social, encontramos tendencias conservadoras (o al menos tradicionalistas) tanto como progresivas o liberales. Esos actores conservadores dentro de los pueblos indígenas, particularmente su empresariado, también han encontrado oportunidades para crecer en la posguerra.

El conservadurismo indígena hunde sus raíces en la historia colonial y republicana de Guatemala, de forma particular en la República de indios, como acuerdo de separación y subordinación de los indígenas como ciudadanos de segunda dentro del Estado conservador decimonónico21. Se trata además de un fenómeno económico. Edelberto Torres-Rivas subraya que hablar de «burguesía indígena» reconoce la heterogeneidad que ya existe en una población que, por prejuicio simplificador, ha sido caracterizada como uniformemente pobre.

Santiago Bastos y Manuela Camus encuentran que desde la década de 1960 «la modernización de las poblaciones indígenas no trajo su asimilación a las sociedades nacionales, sino, por el contrario, (...) produjo una profunda mutación y un reforzamiento en la identidad étnica»22. Al cierre del siglo XX, los Acuerdos de Paz, como instrumentos jurídicos, ensayaron algunas reformas del Estado con respecto a los pueblos indígenas, aunque poco más. Esto no se refiere solo a temas de derechos, justicia e identidad cultural23, sino igualmente de crecimiento y desarrollo económico24. A pesar de los reveses importantes que enfrenta la formalización de estas intenciones, se abrieron avenidas de oportunidad formal para la expansión de nuevos actores dentro de los movimientos indígenas, incluyendo los conservadores, tanto económicos como sociales.

Las posiciones conservadoras se entrelazan de formas visibles e invisibles con al menos dos antecedentes inmediatos. Uno es el conservadurismo cultural, clave de la estrategia de sobrevivencia de los pueblos indígenas ante la persistencia del racismo y la exclusión agresivos en Guatemala. Especialmente luego de la Reforma Liberal de 1871, se expandió el cultivo del café sobre la expropiación de tierras comunales indígenas y se negó el reconocimiento a su autonomía, prevalente desde su concesión por la Corona española en tiempos coloniales25. Hoy los intentos por reconocer el derecho consuetudinario indígena dentro del marco jurídico oficial deben reconciliarse con una ideología tradicionalista y con aristas debatibles26.

El segundo antecedente es más reciente y oscuro: durante la guerra interna, y particularmente en los primeros años de la década de 1980, el Ejército planteó un dilema nefando: o aliarse con él (a través del nombramiento de líderes indígenas como comisionados militares y la dotación de miembros para las patrullas de autodefensa civil, punta de lanza en el combate a la guerrilla), o enfrentar la aniquilación comunitaria y física. Evidentemente un filtro así llevó a la polarización de posiciones políticas en las propias comunidades indígenas, división que persiste tanto en ellas como en los análisis que buscan explicarla27. Hoy el acercamiento entre derecha indígena y derecha criolla ha ocurrido al margen de consensos más amplios28, lo que ha generado suspicacias y acusaciones entre indígenas29.

La diversificación de la agricultura, la expansión del cultivo del café como negocio de pequeños empresarios y cooperativas tras el colapso del mercado internacional, y algunas inversiones de asistencia internacional en cultivos novedosos y turismo han permitido algún crecimiento en las últimas dos décadas. Como resultado se han expandido los negocios de tenencia indígena –agricultura y comercio– y el flujo comienza a cambiar de dirección: empresas de origen rural y/o de urbes secundarias comienzan a invertir en la Ciudad de Guatemala. Esta expansión empresarial refleja la ampliación de su correlato social, la urbanización de la población indígena30. Se aproxima un conflicto, pues al conservadurismo cultural de la comunidad rural cerrada se agrega su conservadurismo económico empresarial, pero ambos entran en contradicción con el liberalismo cultural descubierto en la relativa libertad de la vida urbana, especialmente entre los más jóvenes.

A modo de conclusiones

He buscado llamar la atención sobre categorías de derecha en Guatemala que, aunque presentes, permanecen relativamente poco cuestionadas (los reformistas tímidos) o poco estudiadas (el poder emergente).

Contra las presunciones de que ya todo está dicho y hecho, consideramos que el Estado se construye y reconstruye de forma reiterada. Más aún, resulta necesario reconocer que los marcos institucionales e imaginarios que contienen y definen la acción social son objetos de cambio y descreimiento, por ende materia para construir una sociedad más empoderada. Entonces, no visualizar el potencial para las articulaciones entre elites emergentes es tan limitado como ignorar los quiebres dentro de la elite vigente, y la pregunta es si estos nuevos actores de derecha podrán abrir espacios en el Estado capturado que se construyó con la defraudación de los Acuerdos de Paz e ir más allá de las barreras institucionales e ideológicas que esta levantó.

Las elites varían en su comportamiento, respondiendo a su contexto inmediato, pero con fines similares. Lo visto en el espacio de la región centroamericana31 vale también en el nivel intranacional para las nuevas derechas, a las que he pasado revista en el caso de Guatemala. Al consolidarse el acceso al poder, se alinean los fines. Por ello la diversidad descrita y las fracturas observadas son un aliciente en medio del ambiente de pesimismo, pues insinúan al menos un punto de inflexión. Sin embargo, de no asumir los reformistas tímidos la necesidad de romper con la presión de la generación anterior y de la extrema derecha, se arriesgan a quedar atrapados en repetir su herencia.

La renegociación de la interfaz entre Estado y orden internacional no ha llegado aún a Guatemala. Quizá los escasos recursos ciudadanos y la descomunal ascendencia de una oligarquía embarcada en su eterno proyecto de acumulación por medio de la expropiación masiva del resto de la sociedad marquen una barrera insuperable. O quizá en las posibilidades de fragmentación y alianzas32 pueda estar la base de la viabilidad de los intentos por escapar de la gravedad de este «planeta subdesarrollo» que por ahora llamaremos Guatemala.

  • 1. Jim A.C. Everett: «The 12 Item Social and Economic Conservatism Scale (secs)» en Plos One vol. 8 No 12, 11/12/2013.
  • 2. Hay razones para sugerir que la guerrilla en Guatemala fue un esfuerzo reactivo ante la represión desatada tras la caída de Jacobo Árbenz, más que un proyecto propositivo. Incluso la presencia radical en el segundo gobierno de la Revolución (1951-1954) fue un aprovechamiento coyuntural ante la oportunidad que ofrecían las excesivas rigideces del conservadurismo en el país. La izquierda ha tenido serias dificultades para superar este origen. Gustavo Porras Castejón: Las huellas de Guatemala, 4a. ed., f&g Editores, Guatemala, 2011; Piero Gelijeses: Shattered Hope: The Guatemalan Revolution and the United States, 1944-1954, Princeton University Press, Nueva Jersey, 1992; y Edelberto Torres-Rivas: Revoluciones sin cambios revolucionarios: ensayos sobre la crisis en Centroamérica, f&g Editores, Guatemala, 2011.
  • 3. Martín Rodríguez Pellecer: «Los militares y la élite, la alianza que ganó la guerra» en Plaza Pública, 21/8/2013, www.plazapublica.com.gt/content/los-militares-y-la-elite-la-alianza-que-gano-la-guerra. Siendo herederos de esta alianza de su clase con los militares, son también los que la actualizan hoy en torno del gobierno del general retirado Otto Pérez Molina.
  • 4. Marta Elena Casaus Arzú: Guatemala: Linaje y racismo, f&g Editores, Guatemala, 2010.
  • 5. Mayra Palencia Prado: «Elites y lógicas de acumulación en la modernización económica guatemalteca», Instituto de Investigaciones y Gerencia Política, Universidad Rafael Landívar, Guatemala, s/f., disponible en www.american.edu/clals/upload/Palencia_Elites_Ejes_Acumulaci%C3%B3n_Guate.pdf.
  • 6. V. por ejemplo Eddy Coronado y Urias Gamarro: «eeuu reactiva panel arbitral contra Guatemala por violación de derechos laborales» en Prensa Libre, 19/9/2014.
  • 7. M. Palencia Prado: ob. cit.
  • 8. M. Rodríguez Pellecer: «El trío López que pone nervioso al establishment» en Nómada, 11/8/ 2014.
  • 9. Steven Dudley: «Del ‘Rey del Tenis’ al caballero cabildero de Guatemala» en InSightCrime, 18/9/2014, http://es.insightcrime.org/investigaciones/rey-del-tenis-caballero-cabildero-guatemala.
  • 10. «Investigación revela poder de Byron Lima Oliva» en Prensa Libre, 5/9/2014.
  • 11. Esto lo ha entendido muy bien Manuel Baldizón, contendiente para la Presidencia en las elecciones de 2015 y visible representante tanto del nuevo dinero como de la oposición política. No por casualidad es oriundo del departamento norteño de Petén, sitio de fuertes inversiones en industrias emergentes: palma africana, petróleo, productos forestales, hidroelectricidad, turismo. Sus políticas, cuando se logran pescar, son de derecha, pero su discurso es populista, cuando no profundamente ambiguo. Ver Luis Ángel Sas y M. Rodríguez Pellecer: «Manuel Baldizón, el Berlusconi de Petén» en Plaza Pública, 7/9/2011.
  • 12. Los negocios de comercio de zapatos deportivos de marca falsa de Roberto López son ejemplo de esta categoría. Ver S. Dudley: ob. cit. Las prácticas abusivas, empero, no parecieran ser exclusivas de estos nuevos actores; v. por ejemplo Alberto Alonso-Fradejas, José Luis Caal Hub y Teresita Chinchilla Miranda: «Plantaciones agroindustriales, dominación y despojo indígena-campesino en la Guatemala del siglo xxi», Instituto de Estudios Agrarios y Rurales / Coordinación de ong y Cooperativas, Guatemala, octubre de 2011.
  • 13. Llama la atención que los impulsos de política social bajo los gobiernos de Alfonso Portillo (2000-2004), Óscar Berger (2004-2008) y Álvaro Colom (2008-2012) sean fruto del apoyo personal de mujeres poderosas con agenda particular. Así, Zury Ríos (hija del polémico general Efraín Ríos Montt y diputada al Congreso entre 1996 y 2008) impulsó vigorosamente las políticas de población y salud reproductiva; Wendy Widmann de Berger, esposa del presidente Berger, expandió la atención a la desnutrición infantil; y Sandra Torres, esposa del presidente Colom, estableció con mano de hierro un amplio programa de transferencias condicionadas en efectivo.
  • 14. S. Dudley: «La justicia y la creación de un Estado mafioso en Guatemala» en InSightCrime, 18/9/2014, http://es.insightcrime.org/investigaciones/justicia-y-creacion-estado-mafioso-guatemala.
  • 15. Aaron Schneider: «Political Economy of Central American State-Building under Globalization», proyecto «Reconfiguration of Elites and Power in Central America», American University, s./f., disponible en www.american.edu/clals/upload/Schneider_Political_economy_of_Central_American_state.pdf.
  • 16. Gustavo Porras: «El porvenir de las cooperativas de Guatemala» en Siglo 21, 24/11/2010.
  • 17. La Federación de Cooperativas Agrícolas de Guatemala (Fedecoag) atribuye 7,14% del pib por intermediación financiera y seguros al sector cooperativo –su participación más amplia dentro de la economía nacional–. V. Fedecoag: «Desempeño económico y social de las cooperativas en Guatemala», s./f., mimeo.
  • 18. El asunto tomó matices melodramáticos cuando se publicó post mortem un video donde el abogado Rodrigo Rosenberg, que representaba a uno de los miembros de la Junta Directiva del Banrural y fue asesinado en mayo de 2009, culpaba de su muerte al presidente Colom, a su esposa y a uno de sus principales operadores políticos. Con ello hundió al gobierno en una crisis a la que apenas pudo sobrevivir. En un giro inverosímil, pudo demostrarse que el asesinato de Rosenberg había sido ordenado por la propia víctima, siendo de hecho un «suicido por interpósita persona». David Grann: «A Murder Foretold: Unravelling the Ultimate Political Conspiracy» en The New Yorker, 4/4/2011.
  • 19. 3er Censo Cooperativo, 2008, citado en Bernardo López y Alberto Mora: Visión panorámica del sector cooperativo en Guatemala: Un mecanismo de promoción del desarrollo y lucha contra la pobreza, Organización Internacional del Trabajo / aci Américas, Guatemala, 2012, p. 50.
  • 20. Bernardo López, comunicación personal.
  • 21. De hecho, la coordinación entre conservadores y líderes indígenas constituye una pieza clave de las alianzas en que se asentó la Restauración Conservadora (1830-1870) que rechazó el impulso liberal de la independencia. Ver E. Torres-Rivas: «La Restauración Conservadora: Rafael Carrera y el destino del Estado nacional en Guatemala» en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 2008; Arturo Taracena Arriola: Invención criolla, sueño ladino, pesadilla indígena. Los Altos de Guatemala: de región a Estado, 1740-1850, 3a ed., Guatemala, 2011.
  • 22. S. Bastos y M. Camus: «Multiculturalismo y pueblos indígenas: reflexiones a partir del caso de Guatemala» en Revista Centroamericana de Ciencias Sociales No 1 vol. i, 2004, p. 90.
  • 23. Gobierno de Guatemala, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca: Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, México, df, 1995. Cabe señalar que las propuestas de reforma constitucional derivadas de este acuerdo fueron derrotadas en la consulta popular de 1999, donde la patronal jugó un rol importante y visible al apoyar su rechazo. Bastos y Camus van más lejos y afirman que el acuerdo se queda en un multiculturalismo cosmético sin poder real para los pueblos indígenas. S. Bastos y M. Camus: ob. cit.
  • 24. Gobierno de Guatemala, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca: Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, firmado el 6 de mayo de 1996 por la Comisión de la Paz del Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Asamblea General de las Naciones Unidas, 1996.
  • 25. A. Taracena Arriola: ob. cit.
  • 26. Esto incluye, por ejemplo, procesos de decisión y de elección de líderes mediante consensos que generan alta legitimidad, pero también eventos de justicia por mano propia –linchamientos y castigos corporales severos– como solución expedita pero condenable ante la falta de eficacia de las instituciones del Estado.
  • 27. V. el debate entre David Stoll y Sergio Palencia, por ejemplo: D. Stoll: «Guatemala: ¿hubo genocidio?» en Contrapoder, 29/11/2013, www.contrapoder.com.gt/es/edicion31/actualidad/913/Guatemala-%C2%BFHubo-genocidio.htm; y S. Palencia: «La guerra, el ejército y la negación del genocidio, según Stoll» en Plaza Pública, 14/1/2014, www.plazapublica.com.gt/content/la-guerra-el-ejercito-y-la-negacion-del-genocidio-segun-stoll.
  • 28. Víctor Ferrigno: «Guatemala, una y diversa» en Siglo 21, 26/5/ 2014, http://m.s21.com.gt/cabildo-abierto/2014/05/26/guatemala-una-diversa.
  • 29. «Juntas Directivas de los 48 Cantones de Totonicapán exigen la renuncia del Presidente de la Junta Directiva de Alcaldes Comunales» en Prensa Comunitaria, 10/6/2014.
  • 30. Carlos Mendoza destaca que es un mito generalizado la equivalencia que se hace entre indígena y campesino. La equivalencia pierde aún más validez con esta urbanización y con la migración de más de medio millón de guatemaltecos a eeuu. Ver C. Mendoza: «Guatemala: más allá de los Acuerdos de Paz. La democracia en un país multicultural», Working Paper Series No 250, The Woodrow Wilson International Center for Scholars Latin American Program, Washington, dc, 2011.
  • 31. Ricardo Barrientos y Hugo Noé Pino: Elites, Estados y reconfiguración del poder en Centroamérica, Diapositivas, San Salvador, 2014.
  • 32. Rodrigo Véliz: «La iniciativa económica que unió a la derecha y a la izquierda» en Nómada, 7/8/2014.