Entrevista
noviembre 2016

«Justin Trudeau no ha hecho nada para cambiar el accionar pernicioso de las transnacionales canadienses» Entrevista a Jeffery Roger Webber y Todd Gordon

Las empresas transnacionales de Canadá cuentan con enormes privilegios en su país. Pero su responsabilidad con los trabajadores y el medio ambiente deja mucho que desear.

«Justin Trudeau no ha hecho nada para cambiar el accionar pernicioso de las transnacionales canadienses»  Entrevista a Jeffery Roger Webber y Todd Gordon

Desde una perspectiva histórica, ¿cómo ha sido el comportamiento de las corporaciones transnacionales canadienses –principalmente en la minería– en América Latina y en el resto del mundo? ¿Se han informado cambios recientemente?

Para empezar, pienso que es justo decir que las empresas transnacionales canadienses actúan como las empresas transnacionales de cualquier lugar del mundo. Es decir que como a todos los capitalistas, a los capitalistas canadienses los impulsa la búsqueda competitiva de lucro, ya sea cuando invierten en Canadá o cuando lo hacen en el ámbito internacional. Sin importar otra cosa que ellos puedan decir, su objetivo es hacer dinero, y no pueden permitir que ni las consideraciones humanas ni las ambientales se interpongan en su camino. Por supuesto, la diferencia entre las empresas transnacionales canadienses y las latinoamericanas es que Canadá es uno de los países más ricos del mundo, y que el Estado canadiense, si bien no es tan poderoso como, por ejemplo, su par de Estados Unidos, tiene la capacidad de promover agresivamente los intereses de las compañías de su país –contra los intereses de la gente (y a veces de los gobiernos) de países más pobres– a través de medios diplomáticos, económicos y de seguridad.

No deberíamos sorprendernos al descubrir que las empresas transnacionales han acumulado un largo historial de abusos a los derechos humanos y de daño ambiental en su recorrido por el mundo en búsqueda de lucro, siempre con el apoyo del Estado canadiense, tanto con gobiernos conservadores como liberales. Es posible que la minería sea el sector en el que las transnacionales canadienses son más famosas, y con razón. Han mostrado por mucho tiempo una predisposición a ignorar la oposición de las comunidades locales a sus prácticas destructivas y, en el proceso, a alinearse con algunos de los gobiernos más reaccionarios del siglo XX, desde Indonesia en las décadas de 1960 y 1970 hasta Guatemala en los años 80. Sin embargo, las empresas transnacionales mineras canadienses no están solas. Los fabricantes canadienses de armamento vendieron armas a la Indonesia de Suharto, el calzado Bata sacó provecho del apartheid en Sudáfrica y bancos canadienses como el Scotia y el Royal se beneficiaron con las restricciones del pasado a las operaciones de los bancos estadounidenses en el extranjero para instalarse en países de América Latina gobernados por dictadores que habían sido apoyados por EEUU a fines del siglo XIX y comienzos del XX.

La diferencia durante el periodo de capitalismo global neoliberal –desde fines del siglo XX a comienzos del siglo XXI– ha sido la velocidad con que ha crecido la inversión extranjera canadiense. La escala de expansión del capital canadiense en América Latina durante los últimos 25 años ha sido fenomenal. Esta expansión ha seguido a la liberalización de los flujos de capital, la reformulación de las reglas para el sector financiero y el de los recursos naturales, la privatización de activos públicos, etc. En 1990 la inversión canadiense en la región ascendía a solo 2.580 millones de dólares canadienses en acciones (esto es, flujos de inversión extranjera directa acumulada). Creció a 25.300 millones de dólares canadienses en 2000, un incremento de 880%, y a 59.400 millones en 2013 –en medio de la recesión económica global más profunda desde la década de 1930–. Eso representó un incremento de 134% desde 2000 y de 2.198% desde 1990. Además, las cifras para los años 2000 y 2013 en realidad subrepresentan el grado de penetración del capital canadiense en la región, ya que los datos de Statistics Canada de donde se obtienen estas cifras no incluyen la inversión canadiense canalizada a través de centros financieros offshore en el Caribe; de ser incluida, se duplicarían o triplicarían las cifras para algunos países, dada la fuerte presencia de capitales financieros canadienses en esos centros.

América Latina y el Caribe son los mayores receptores de inversión canadiense entre las regiones del Sur global. Pero todas las áreas del Sur global han visto un incremento en la presencia de empresas transnacionales canadienses en una variedad de sectores económicos. Y con esta oleada de inversión y obtención de beneficios, ha habido un predecible incremento de conflictos por violación de derechos humanos y daño ambiental que involucraron a inversores canadienses. Por el momento, vamos a limitarnos a la minería, sector en el que las ganancias aumentaron durante la década de 2000 como resultado del auge de los commodities y la liberalización de las reglas para las inversiones en el Sur, gracias, en parte, a las modificaciones de la legislación sobre minería y la «reforma» del sector de los recursos naturales que Canadá financió en muchos países. El terrible historial de violaciones de los derechos humanos por parte de las compañías mineras canadienses es bien conocido en la actualidad. Un estudio encargado por una organización de la industria, Prospecter’s and Developer’s Association of Canada, concluyó que las compañías canadienses tienen el peor registro en términos de derechos humanos y medio ambiente entre todas las empresas del mundo y por un amplio margen. Según nuestros propios cálculos, al menos 23 personas fueron asesinadas en América Latina en conflictos que involucraron a compañías mineras canadienses entre 2009 y mayo de 2014. Las fábricas que explotan mano de obra barata, las petroleras y las empresas hídricas canadienses también han sido señaladas por trabajadores y comunidades por sus prácticas violentas y de consecuencias catastróficas para el medio ambiente. En resumen, el problema no se está solucionando, sino que está empeorando.

¿Cuál ha sido el posicionamiento del gobierno de Justin Trudeau frente al problema de los abusos corporativos cometidos por las compañías transnacionales canadienses? ¿Ha habido alguna variación en estos temas respecto a la posición del gobierno anterior?

El gobierno de Trudeau ha estado en el poder por un año y no se ha producido ningún cambio sustantivo ni se ha mostrado ningún compromiso para el cambio a futuro. Hace varios años, cuando un diputado liberal del Parlamento presentó un proyecto de ley débil que demandaba una muy modesta reglamentación de las acciones de las empresas canadienses en el exterior, sufrió la oposición no solo del gobierno conservador del momento, sino también la de muchos miembros liberales del Parlamento, incluidos los líderes del partido. No ha habido mención alguna de una ley tal por parte de Trudeau desde que ganó la elección hace un año. Los liberales están comprometidos a fortalecer los derechos de las empresas, un hecho que se expresa en su desinterés por una ley que obligaría a las empresas a hacerse responsables de sus acciones en el extranjero, en su apoyo al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y en su decisión de apoyar un negocio de armas con Arabia Saudita por valor de 15.000 millones de dólares canadienses negociado por el anterior gobierno conservador. Los liberales sí se refieren ocasionalmente a la necesidad de que las empresas canadienses actúen en forma «socialmente responsable», pero también lo hacían los conservadores. Es solo una retórica vacía que funciona como una cubierta de relaciones públicas y nada más.

¿Cuál es el rol que las organizaciones sociales han tenido frente a los abusos corporativos de las empresas transnacionales canadienses? ¿Qué iniciativas o perspectivas pueden esperarse a futuro?

Las ONG basadas en la solidaridad como Mining Watch y Rights Action, los comités solidarios internacionales de ciertos sindicatos, los periodistas independientes y el trabajo arduo de los activistas han sido instrumentales para crear conciencia sobre los abusos cometidos por las empresas canadienses en el exterior. En ocasiones, los daños causados por una empresa transnacional específica pueden haber sido noticia en Canadá, pero ha sido la excepción más que la regla. Como al gobierno y a nuestras escuelas, a los medios canadienses les gusta promover el mito de que Canadá es diferente de otros países imperialistas, que somos una fuerza para el bien en el mundo. Ignoran las sistemáticas violaciones a los derechos humanos causadas por las empresas canadienses y el apoyo otorgado por el Estado canadiense. Las voces de la gente que resiste a los inversores canadienses son silenciadas. En consecuencia, el trabajo de las ONG basadas en la solidaridad, los periodistas independientes y otros ha sido invalorable. Sin embargo, con el apoyo del Estado canadiense, las empresas transnacionales todavía pueden en gran medida evitar su responsabilidad. Será necesario un movimiento mucho más grande para desafiar el status quo y controlar tanto a las empresas como al gobierno.

Todd Gordon es Profesor de Derecho y Sociedad y Justicia Social y Participación Comunitaria en Wilfrid Laurier University. Es autor de «Imperialist Canada».

Jeffery Roger Webber es profesor principal en la Escuela de Política y Relaciones Internacionales en Queen Mary University of de London. Es autor de «Octubre Rojo, Las luchas de la izquierda indígena en la Bolivia Moderna»


Traducción: María Alejandra Cucchi


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