Entre el 1 de julio y el 19 de agosto de 2016, la policía de Filipinas mató –según lo informado por su jefe, Ronald de la Rosa– a 712 personas. En el mismo lapso fueron asesinadas por desconocidos otras 1.067. Se supone que los victimarios son escuadrones de la muerte y que las víctimas son presuntos adictos y traficantes de drogas. 80% de los asesinados fueron hallados con carteles que los sindicaban como traficantes.

De la Rosa, que brindó esta información en una audiencia del Senado filipino el 22 de agosto y actualizó la cantidad de asesinados el día siguiente con 137 más, fue nombrado jefe de policía de Filipinas por el presidente, Rodrigo Duterte. Duterte fue elegido presidente el 9 de mayo de 2016 por una clara mayoría de votos y asumió en su cargo el 30 de junio. Una de sus promesas de campaña fue declararle la guerra a la narcocriminalidad.

El presidente, quien antes fue fiscal, se desempeñó también y durante más de 20 años como alcalde de la importante ciudad de Davao, en el sur del país. Durante su mandato, supuestos escuadrones de la muerte asesinaron a unos 1.700 narcotraficantes y criminales. El ahora presidente se jactó expresamente de ello en la campaña electoral, al tiempo que hacía notar las bajas tasas de criminalidad de Davao en comparación con el resto del país. Mientras fue alcalde, De la Rosa fue también jefe de policía de esa ciudad.

Indudablemente, el problema de las drogas –se trata generalmente de metanfetaminas («shabú»)– ha crecido en los últimos años, a punto tal que, según algunos, puede hablarse de un verdadero descontrol. Se estima que entre 60% y 80% de todos los crímenes del país se vinculan a las drogas. Según el jefe de policía, de un total de 104 millones de habitantes, consumen drogas ilegales 3,7 millones.

Más de 10.000 detenciones

Según afirman fuentes policiales, después de la declaración de guerra a las drogas y de la amenaza concreta a quienes «trafican con la muerte», se entregaron a las autoridades 660.000 personas y fueron apresadas otras 10.153. La población «recibe con alegría y respalda» la política antidrogas del gobierno, dice De la Rosa.

En julio, la tasa de criminalidad retrocedió 31% en comparación con igual mes del año anterior, afirma el jefe de policía. Los observadores adjudican estos resultados a la gran presencia de uniformados en la vía pública. Sin embargo, advierten que el énfasis en el combate contra las drogas ha generado un descuido policial ante delitos menos importantes, como los robos. Los homicidios y asesinatos han aumentado un 56%. Se trata de un proceso que causa preocupación.

De la Rosa declaró que el objetivo no es matar narcotraficantes y drogadictos. Las personas asesinadas –dice– atacaron a policías para evitar se aprehendidos y la policía solo reaccionó. Si hubiese indicios de comportamientos inadecuados por parte de los agentes, serán investigados, sigue De la Rosa. Pero esto es dudoso. De la Rosa admite que hay policías criminales. Señala que 11 de ellos han muerto en razzias, 130 fueron declarados consumidores tras habérseles practicado un test de drogas y 20 fueron detenidos. El mismo Duterte ha reconocido que mientras ejerció el cargo de fiscal se fabricaron «pruebas» para poder denunciar a personas.

Asesinatos por lista

La política de ejecuciones en la guerra antidrogas puede usarse como excusa para asesinar por otros motivos. Según los medios, han sido asesinadas personas que estaban al tanto de los enredos ilegales de la policía. Asimismo, diversos informes demuestran que la policía ejecutó a ciudadanos que se habían entregado voluntariamente. Además, se afirma que habría facilitado los nombres y direcciones para «listas de asesinatos». Y las listas de narcotraficantes oficialmente elaboradas por el gobierno y la policía resultaron ser erróneas. En ellas había, por ejemplo, nombres de personas que habían muerto hacía tiempo o confusiones de personas.

Con la ola actual de asesinatos, ocurre exactamente lo que Duterte –con su lenguaje provocador y tosco, que a muchos les recuerda al candidato a presidente de Estados Unidos, Donald Trump– había anunciado durante la campaña electoral como una suerte de «venganza del hombre común». Es por ello que nadie puede estar realmente sorprendido. Al contrario, los electores de Duterte pueden alegrarse de que sus palabras fueron seguidas por hechos coherentes.

En las siete semanas que mediaron entre la victoria de Duterte y su asunción, la cantidad de presuntos narcotraficantes asesinados aumentó. Evidentemente, los escuadrones de la muerte se sintieron estimulados por su triunfo. No pocos filipinos ven en esto una medicina que, si bien tiene gusto amargo, sería el mal menor en comparación con la narcocriminalidad.

Los filipinos tienen una historia de conflictos sociales violentos y de problemáticas vinculadas a la posesión de armas legales e ilegales. La pobreza, otro signo característico del país, no ha mermado a pesar del crecimiento económico experimentado durante el mandato del anterior presidente, Benigno Aquino III. La sociedad civil, sin embargo, es activa. Sobre todo, después de la experiencia de la corrupta dictadura de Ferdinand Marcos (1972-1986), de su pacífica superación y del regreso a la democracia liberal. Pero el sistema político, que muchos califican como una «democracia de elites», es dominado por tradicionales clanes familiares y algunos personajes mediáticos. La ciudadanía, que no encuentra posibilidades reales de participación, manifiesta una postura cínica hacia él. Es que a pesar de las muchas iniciativas progresistas, hay reformas políticas y sociales fundamentales que no se han implementado.

Tal como lo demuestran los éxitos electorales de la familia Marcos –el hijo del fallecido dictador estuvo a punto de ser elegido vicepresidente en mayo de 2016–, los tiempos del autoritarismo son idealizados por muchos. También el populista Duterte prometió un liderazgo fuerte. Frente a problemas complejos como la narcocriminalidad, ofrece soluciones supuestamente sencillas. Nunca ha ocultado a nadie su admiración por Marcos.

Nostalgia del hombre fuerte

Las promesas de Duterte son también atractivas porque ya durante los gobiernos anteriores hubo numerosas ejecuciones extrajudiciales que nunca fueron investigadas ni sancionadas. La extendida impunidad es un gran problema. La población no percibe a la Justicia como una protectora de sus derechos sino como corrupta e ineficiente. Para muchos, los derechos humanos están solo en los papeles. O, peor todavía, son vistos como derechos que protegen a los criminales, mientras que la deficiente protección contra la criminalidad es percibida como violación de los derechos humanos. La política de homicidios de Duterte promete mayor eficiencia y seguridad, sobre todo para la población pobre, que es precisamente de donde provienen las actuales víctimas de estos homicidios.

El mérito de Duterte es, según sus electores, haber incluido la narcocriminalidad en la agenda cotidiana. El peligro es que su política siga socavando el ya debilitado Estado de derecho que, en lugar de ofrecer mayor seguridad, la ha reducido. Además, la violencia letal, que quita a los acusados el derecho a un proceso justo, puede volverse rápidamente contra otros grupos de la población, incluso los adversarios políticos de Duterte. El peligro es una nueva dictadura en la que la violencia se descontrole aún más.

Ya causa alarma que Duterte intente callar a la senadora y ex-ministra de Justicia Leila de Lima con una campaña de difamación. De Lima es una de las pocas políticas que todavía se animan a contradecir a Duterte. Después de haber organizado la audiencia en el Senado sobre los asesinatos de presuntos narcotraficantes, Duterte relacionó a ella y a su ex-chofer y guardaespaldas con el narcotráfico y la corrupción en el mal afamado sistema carcelario del país.

De Lima rechazó esta acusación y ofreció –bien al estilo de Duterte– hacerse fusilar si esto se probaba. Enfatizó que las expresiones incriminatorias de los reclusos podían comprarse fácilmente. Duterte ya había menoscabado su reputación cuando ella, después de sus recriminaciones, tuvo que admitir que su ex-chofer y guardaespaldas había sido también durante un tiempo su amante. Según informa la prensa, este decidió desaparecer después de haber recibido amenazas.

Nada de soluciones sencillas

Como en otros países, en Filipinas la narcocriminalidad no solo es una causa sino también un indicio de conflictos sociales. No se trata de un problema aislado. Si no se resuelven o se reducen simultáneamente las otras causas, el problema de las drogas no tiene solución. Por ello, la probabilidad de fracaso de la actual política de asesinatos es muy elevada. Una política similar, con aproximadamente 3.000 supuestos narcotraficantes asesinados, ya fracasó en Tailandia bajo el mandato del ex-primer ministro Thaksin Shinawatra.

Otros ámbitos de la política quedan rezagados en la atención de la opinión pública, de los medios y del gobierno. La política homicida de Duterte lo copa todo. Incluso algunos planteos positivos de su política, como el anunciado fortalecimiento del federalismo, una política de paz más activa con los rebeldes musulmanes y maoístas y una postura más crítica hacia las actividades mineras nocivas para el medio ambiente, se desvanecen en la percepción pública.

Los únicos que hasta ahora criticaron con claridad y públicamente el rumbo homicida del gobierno de Duterte fueron los representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluido su secretario general. Esto hizo que, para espanto del ministro de Asuntos Exteriores filipino, Duterte amenazara inmediatamente con la salida del país de la ONU. Poco después, el presidente volvió sobre sus pasos y dijo que sus expresiones habían sido una broma.

El gobierno estadounidense solo atinó a hacer una leve crítica. Duterte reaccionó a ella con insultos personales contra el embajador norteamericano y señalando repetidas veces que su país –que en calidad de ex-colonia norteamericana está unido a EEUU por un sentimiento de odio-amor– se acercará más a China. De Europa, con la que Filipinas negocia un tratado de libre comercio, no han llegado hasta ahora palabras claras. Pero esto será inevitable. Sobre todo si Europa, entre otras cuestiones no poco importantes, desea conservar su credibilidad.

Que Duterte pueda seguir adelante con su política tan popular en Filipinas dependería, en última instancia, de qué resultados pueda mostrar. ¿Le irá mejor a la gente durante su gobierno? Si esto no ocurriese, podría crecer la hasta ahora escasa resistencia a su política. Pero esta resistencia podría entonces ser, a su vez, víctima de medidas represivas, algo que Duterte ya ha anunciado antes de su elección.

Traducción: Carlos Díaz Rocca

Fuente: IPG