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Estado actual de las relaciones

Preocupado por la guerra contra el terrorismo y el conflicto en Oriente Medio, Washington otorga una baja prioridad a América Latina. Esto, sin embargo, no significa que se haya desinteresado del todo. El problema migratorio y las negociaciones comerciales impactan profundamente en la política interna de EEUU, cuyas preocupaciones se enfocan además en tres cuestiones «negativas»: la influencia de Venezuela y su incipiente pero ambicioso «juego global», la incertidumbre de la transición política en Cuba y la creciente presencia de China en la región, observada por los sectores más conservadores como una invasión a su tradicional área de influencia.

Estado actual de las relaciones

Cinco años después de los acontecimientos del 11 de septiembre, es claro que el foco del gobierno de George W. Bush es –y seguirá siendo– la guerra contra el terrorismo. Los estrategas del Partido Republicano han decidido que la política del terror es el único modo de fortalecer y preservar el legado del presidente. Se trata de una decisión de alto riesgo, que busca restar importancia al fracaso en la instalación de regímenes democráticos estables en Afganistán e Iraq. Al mismo tiempo, refleja el descontento creciente con el gobierno por su trato a los sospechosos de terrorismo y por la violación de sus derechos consagrados en los Convenios de Ginebra. El esfuerzo apunta, también, a desviar la atención ante el malestar popular por el desastroso manejo de los esfuerzos de reconstrucción en la costa sur de Estados Unidos devastada por el huracán Katrina. Y, quizás lo más importante, parece ser la mejor estrategia para retener el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato, en noviembre de 2006, y en las presidenciales de 2008.

En este juego político de altas apuestas, América Latina tiene baja prioridad. La Casa Blanca mira al sur y ve escasas oportunidades de colaboración estrecha, y también poca disposición para la aplicación de sus políticas. La guerra contra el terrorismo no es popular en la región, que no busca un «cambio de régimen» en Iraq y no forma ni formará parte de la «Coalición de la Voluntad» en Oriente Medio. El crítico asunto de la reforma migratoria fracasó en Washington, mientras que las negociaciones de liberalización comercial están en un punto muerto en lo que respecta al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El escaso tiempo dedicado al hemisferio occidental en los círculos políticos de Washington se enfoca sobre todo en cuestiones «negativas». La creciente presencia de Venezuela en la región es observada con desconfianza cada vez mayor. La incertidumbre de la transición política en Cuba –y la posibilidad de disturbios en la isla– también es motivo de preocupación. En el Congreso y en los medios de comunicación de derecha, que expresan a menudo la opinión de los sectores políticos más conservadores, prevalece la sensación de que América Latina se está inclinando hacia la izquierda. Por otro lado, la presencia de China en la región es percibida por algunos miembros del Partido Republicano como una violación a la decimonónica Doctrina Monroe. Sin embargo, ninguna de esas cuestiones, individual o conjuntamente, ha despertado una sensación de urgencia en la Casa Blanca o el Congreso, y las perspectivas de un cambio en la actual política de no intervención del gobierno de Bush son muy escasas. Es imposible anticipar si una victoria de los demócratas en las presidenciales de 2008 produciría un cambio sustantivo en la política estadounidense, dada la necesidad del próximo gobierno de enfrentar las consecuencias del fracaso del actual en las áreas de seguridad nacional y política exterior.

El fracaso de la reforma inmigratoria

En EEUU, el debate sobre la inmigración se ha estancado y esto significa que una de las cuestiones más polémicas en la relación con los países del hemisferio occidental no se resolverá en el futuro inmediato. Si bien resulta especialmente relevante para México, el Caribe y América Central, el problema de la inmigración se ha convertido en un símbolo del desinterés de Washington en temas clave para toda la región. Lo que resulta más impactante es que, originalmente, era una prioridad de la Casa Blanca. En su discurso del Estado de la Unión del 20 de enero de 2004, el presidente Bush propuso un programa de «trabajadores huéspedes». Era, fundamentalmente, una reacción a las preocupaciones de seguridad interna relacionadas con la inmigración ilegal y sus posibles vínculos con la guerra contra el terrorismo, y buscaba dar respuesta a las presiones de diferentes sectores políticos. La derecha expresaba su preocupación por los flujos no controlados de inmigrantes ilegales que, según este sector, a menudo les quitan empleos a los ciudadanos estadounidenses, son supuestamente la fuente de criminalidad en algunas áreas y absorben los escasos recursos públicos en salud y educación. En el otro extremo del espectro político, la izquierda ha aumentado sus reclamos a favor de la protección de los derechos civiles de los inmigrantes, tanto documentados como indocumentados. Este punto de vista sostiene que los inmigrantes son fundamentales para la economía de EEUU, ya que realizan los trabajos que los estadounidenses más pobres no están dispuestos a aceptar.

Una vez que la Casa Blanca propone, le corresponde al Congreso decidir sobre las iniciativas políticas. Y en este caso, ya fuera porque éste estaba desprevenido o porque fue tomado por sorpresa, la modesta sugerencia de implementar un plan de «trabajadores huéspedes» encontró inmediata resistencia. En diciembre de 2005, la Cámara de Representantes aprobó –por 239 a 182 votos– la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre EEUU y México, como parte de una iniciativa que también exigía que los inmigrantes ilegales fueran tratados como criminales. En su discurso del Estado de la Unión de 2006, George W. Bush insistió con su programa de «trabajadores huéspedes». En los meses siguientes, la nación se movilizó a favor y en contra de la reforma. En mayo, cientos de miles de inmigrantes, legales e ilegales, participaron en una manifestación por la revisión general de las regulaciones vigentes. El debate se polarizó ese mismo mes, cuando la Oficina del Censo anunció que la población hispana en EEUU había crecido casi 1,4 millones en 2005, hasta alcanzar los 41,3 millones. Unos años atrás, los hispanos ya habían superado a la población de origen afroamericano. En el debate, los defensores de ambas posiciones aprovecharon inmediatamente estos datos. Para los conservadores, esto confirmaba la necesidad urgente de disminuir, si no detener, la inmigración ilegal, y de tratar severamente a la ya instalada. Para los liberales, el dato confirmaba su fe en la concepción de la historia estadounidense como crisol de culturas y la necesidad de tratar a los recién llegados equitativa y respetuosamente.