Nota: este artículo se publicó originalmente en Blätter für deutsche und internationale Politik No 6/2015, con el título «Hoffen und Sterben. Flucht und Abschottung in Zeiten globaler Krisen». Traducción del alemán de Mariano Grynszpan.

En estos tiempos, casi todas las semanas aparecen frágiles embarcaciones con cientos de refugiados rescatados del mar Mediterráneo. Pero para muchos la ayuda llega demasiado tarde. Con las noticias escalofriantes, regresa un problema que en la opinión pública suele quedar al margen: la miseria de millones de personas que escapan de la guerra y la violencia, o que son obligadas a emigrar debido a los cambios climáticos y a la pérdida de sus medios de subsistencia. Poco de esto llega a Alemania: el endurecimiento de las leyes de asilo y residencia y el bloqueo militar de las fronteras exteriores europeas han impedido ver la magnitud de los desplazamientos y movimientos migratorios mundiales.De los 200-300 millones de personas que viven actualmente lejos de su patria, 16,7 millones son refugiados políticos y de guerra según lo definido por la Convención de Ginebra, mientras que otros 33 millones son desplazados internos¹. Dado que ante los conflictos armados cada vez resulta más difícil encontrar refugio seguro en un país extranjero, la cifra de desplazados internos aumenta de manera constante. Aunque estas personas oficialmente no quedan bajo la órbita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur), las autoridades de la Organización de las Naciones Unidas (onu) pueden apoyar a los desplazados internos en el marco de acuerdos bilaterales.

En cambio, los refugiados que se han visto privados de sus medios de subsistencia por crisis ecológicas, como sequías o inundaciones, están desprotegidos legalmente. A partir del nuevo milenio, según la Organización Internacional para las Migraciones (oim), el número de refugiados por razones climáticas y ambientales se ha duplicado de 25 a 50 millones; para 2050, se pronostica una cifra de 200 millones². El escenario se complica aún más porque el estatus de este grupo de refugiados dentro del derecho internacional es totalmente indefinido. La Convención de Ginebra de 1951 solo regula la situación jurídica de personas que deben huir a causa de la persecución y la guerra, pero no de quienes se ven obligados a abandonar su país por los cambios climáticos.

Sin embargo, gran parte de la migración global actual corresponde a personas que están buscando una vida mejor. Por lo general, lo que las lleva a escapar es una mezcla de pobreza, explotación, catástrofes ambientales y falta de oportunidades. Se trata de personas que intentan sobrevivir y ser partícipes, que no se resignan al papel insignificante que les han asignado ni a la exclusión social. El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza el derecho a salir de cualquier país, pero no establece un deber estatal para la acogida.

Muy pocos llegan a Europa

Desde hace tiempo, el derecho de asilo europeo no encuentra una respuesta adecuada frente a las nuevas causas del éxodo. Sus raíces se remontan a épocas marcadas por enfrentamientos en torno de la instauración de democracias burguesas. Por entonces, era en primer término la pujante burguesía la que se concedía asilo mutuo. Obtenían ese derecho los intelectuales que se oponían a regímenes represivos, los docentes esclarecidos, los periodistas perseguidos, los artistas y los literatos. Hoy sigue habiendo personas que buscan asilo debido a persecuciones políticas. Pero la mayoría de los refugiados no emprende ese camino por un conflicto con las autoridades locales, sino simplemente porque tuvo la mala suerte de haber nacido en un lugar equivocado del mundo. Su único «pecado» es que se toman en serio la búsqueda de la felicidad (pursuit of happiness) pregonada en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y reclaman una vida digna para ellos y sus familias.

Así como aumenta el fenómeno actual de éxodo y migración en el mundo, también crecen los temores infundados (y fogoneados políticamente), que sugieren que las olas de refugiados podrían inundar Europa de «extranjerización» y violencia. En 2013, 86% de las personas desplazadas por la guerra y la persecución encontraron amparo en los países del Sur global; en 2003 el porcentaje había sido de 70%. El Líbano por sí solo recibió a 1,2 millones de refugiados registrados de Siria, y otros 500.000 seguirían el mismo rumbo a través de la frontera³. Uno de cada tres habitantes del Líbano tiene ese estatus. Solo para comparar, la rica Alemania decidió acoger (mediante programas oficiales) a 20.000 refugiados sirios.

Por otra parte, la mayoría de los refugiados por razones climáticas y de pobreza no se alejan demasiado de su lugar de origen para buscar mejores condiciones. Se desplazan hacia las áreas marginales de las grandes ciudades o permanecen en la región. Muy pocos llegan a Europa. Solamente en Sudáfrica hay alrededor de 7 millones de inmigrantes africanos indocumentados. En la ue, mientras tanto, se estima la presencia de entre 2,8 y 6 millones de personas sin papeles. Es decir, 7 millones en Sudáfrica, un país con una población de 50 millones, y ni siquiera esa cantidad en la ue, donde residen 500 millones de habitantes. El miedo europeo a la inmigración no se basa en experiencias concretas, sino que expresa algo sobre el estado de sus propias sociedades.

La globalización como causa del éxodo

La globalización, indudablemente, ha acercado al mundo, aunque este hoy aparece más dividido que nunca. Por un lado, el Norte rico, con su predominio económico, político y cultural; por el otro, el Sur, con zonas de miseria, falta de oportunidades y exclusión. Para los habitantes del Norte global, la movilidad mundial no solo es natural, sino que constituye precisamente la base para la gran flexibilidad alcanzada. En cambio, si hay algo que no pueden hacer los habitantes del Sur es circular libremente, aunque su desarraigo impide que haya un lugar donde vuelvan a sentirse como en casa.

Si se deja a un lado el eufemismo de la aldea global, la globalización –como se la conoce hasta hoy– termina siendo principalmente una estrategia económica. El objetivo no era crear relaciones cosmopolitas, sino contrarrestar el estancamiento que sufrió la valorización del capital en la década de 1970. En aquel entonces, las fronteras del crecimiento estaban próximas, y para alcanzar los rendimientos esperados era necesario bajar los costos de producción. La meta se logró, entre otras cosas, con la introducción de nuevas tecnologías, pero también con la internacionalización de los procesos de producción. En lo sucesivo, se buscó invertir en lugares que otorgaban subsidios y exenciones impositivas, y que ponían pocas trabas en materia de protección laboral y ambiental. En otras palabras, allí donde se esperaba obtener un mayor margen de ganancias. En consecuencia, se trasladaron puestos de trabajo a los países del Sur con salarios bajos, y las propias empresas quedaron entrelazadas dentro de un esquema transfronterizo.

Para internacionalizar la producción, era necesario liberalizar el flujo mundial de mercancías y capitales. El programa no consistía en lograr la libre circulación de las personas, sino en permitir un movimiento irrestricto de bienes y dinero. Sin embargo, la promesa neoliberal de que algo de eso les llegaría a los pobres demostró ser un engaño. En lugar del efecto derrame, se produjo lo contrario: la redistribución desde abajo hacia arriba. Los ricos se hicieron más ricos; los pobres se hicieron más pobres. Hoy, 1% de la población mundial posee la mitad de la riqueza del planeta. Mientras tanto, hay 1.200 millones de personas que llevan adelante una lucha casi desesperada de supervivencia con menos de un euro por día, más de 800 millones pasan hambre y más de 300 millones han muerto a causa de la pobreza desde el fin de la disputa Este-Oeste (cifra que supera la de las víctimas sumadas de todas las guerras del siglo xx). En resumen, la globalización constituye un proceso contradictorio: ha integrado el mundo en un sistema económico global, pero al mismo tiempo ha provocado la exclusión social de una gran porción de la población del planeta.

La destrucción de los medios de subsistencia en el Sur global

Para ser incorporados a la economía mundial, los países del Sur debieron someterse a amplios programas de ajuste estructural. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (fmi) impusieron recortes sociales, que a menudo debilitaron a los organismos de servicios públicos hasta extremos irreconocibles. En lugar de financiar el desarrollo económico y social, los fondos presupuestarios necesarios se destinaron al servicio de la deuda y también, en muchos lugares, a la implantación de aparatos de seguridad para proteger a las elites locales que garantizaban la apertura de sus países a la economía mundial. Esto no promovió comunidades democráticas, sino relaciones de poder autoritarias y determinadas por el clientelismo. En unos cuantos países, las estructuras estatales terminaron sufriendo un colapso total. El legítimo Estado de derecho fue suplantado por el imperio arbitrario de caudillos, rebeldes, estructuras mafiosas presentes a escala mundial o empresas multinacionales. Favorecida por la erosión de las condiciones políticas, surgió una economía global en las sombras que se apodera cada vez más de todas las esferas sociales. En algunas partes de América Latina y de Asia, la economía de las drogas determina hoy el destino de los países, mientras que en África ese lugar lo ocupa la explotación ilegal de recursos minerales.

Pero el Norte global también aprovecha su hegemonía de manera totalmente abierta y en el marco de una legalidad que le asegura el acceso a importantes recursos. Esta «economía extractivista» tiene graves consecuencias para los países afectados. Malí, por ejemplo, es el tercer productor de oro de África, aunque al mismo tiempo es uno de los países más pobres del planeta; los ingresos obtenidos con el comercio del metal precioso pasan de largo frente a la población local y se van por completo al extranjero. En parte, estas injustas relaciones de intercambio deben atribuirse a los tratados bilaterales de comercio, como los acuerdos de asociación económica firmados entre la ue y países de África, Asia y América Latina. Ese marco regulatorio asegura a las empresas europeas el acceso a las materias primas casi sin estar sujetas a impuestos o aranceles en el sitio en cuestión; en cambio, a los países se les puede exigir el pago de todo tipo de cánones por licencias vinculadas a semillas protegidas por patentes, medicamentos, tecnologías de comunicación, etc.

Cuando se trata de asegurar el propio beneficio, el dogma de la liberalización suele dejarse a un lado. Esto puede observarse claramente en el caso de la subvención a las exportaciones, que en los últimos años otorgó amplias ventajas competitivas a los países industrializados. Para ese fin se destinaron unos 350.000 millones de dólares por año, es decir, alrededor de 1.000 millones de dólares por día. Aunque parezca completamente absurdo, en muchos mercados de África las verduras cultivadas en Europa son, en promedio, un tercio más baratas que los productos locales. Esto provoca consecuencias graves para la agricultura africana: obliga a abandonar la actividad a muchos productores, que no pueden hacer nada para contrarrestar el dumping europeo. Hoy el hambre se propaga precisamente entre los pequeños agricultores de África. En 2025, según las estimaciones, dos tercios de la superficie agrícola de ese continente habrán desaparecido y 135 millones de personas más deberán emprender el éxodo.

Entretanto, la dependencia del Sur con respecto a distintas mercancías importadas de Europa se ha vuelto tan grande que, en realidad, la subvención a las exportaciones ya no es necesaria. Sin ese beneficio, con solo aumentar los precios, el Norte también puede obtener suficientes ganancias allí donde desapareció la competencia local. No sorprende demasiado, entonces, que la Comisión Europea haya anunciado recientemente una reducción de las subvenciones agrícolas. Sin embargo, la medida no se debe en absoluto a una comprensión de las graves consecuencias ocasionadas. Porque, sin demasiadas estridencias, la ue incrementó al mismo tiempo de manera significativa los subsidios a la exportación de carnes. En la actualidad, 40% de la carne de pollo de Europa va al continente africano. Y el mercado global promete mayores tasas de crecimiento. De este modo, la carne proveniente de la cría intensiva convencional destruye la base de subsistencia de pequeños agricultores en todo el mundo.

Parte de la responsabilidad por la destrucción de los medios tradicionales de subsistencia también recae en los países del g-7/g-8. Cabe mencionar, por ejemplo, la resolución adoptada en su cumbre de 2012 que decidió impulsar una agricultura industrializada en todo el mundo, supuestamente para promover la seguridad alimentaria de las poblaciones. Por cierto, el interés de las mayores potencias globales no estaba centrado en las personas hambrientas, sino en las necesidades de expansión de una agroindustria que lleva años operando a escala transnacional. El rápido crecimiento del negocio del biodiésel obliga a incorporar cada vez más superficies de cultivo, también y precisamente en los países del Sur; desde hace tiempo, los fondos de inversión, los acaudalados países del Golfo y las multinacionales del agro buscan acaparar las tierras más fértiles del planeta. Si hoy nos llegan noticias del Sahel africano, tal vez sea porque Boko Haram ha cometido una nueva masacre de civiles, pero no porque haya millones de personas que ya no saben si mañana tendrán comida suficiente para alimentarse.

Especial atención merecen los acuerdos de pesca que la ue, por ejemplo, ha firmado con países situados a lo largo de las costas de África occidental. Dentro de ese marco, se otorga una compensación financiera por los derechos de captura concedidos. Esto no es algo malo per se; incluso podría haber lugar para criterios de sostenibilidad si se vendieran los excedentes a barcos de arrastre extranjeros. Pero en la práctica no existe ningún control de las poblaciones de peces en esas costas. Más allá de cualquier supervisión, los representantes gubernamentales de los países en cuestión venden derechos de pesca para enriquecerse ellos mismos, financiar la propia campaña electoral o fomentar el sistema clientelista.

Las piscifactorías flotantes de Europa y Asia han significado el fin para los pequeños pescadores de la costa africana occidental. Hoy se pudren en las playas miles de piraguas, con las que antes se hacían a la mar. Ni siquiera quedan a disposición para las osadas travesías hasta las Islas Canarias y su «contrabando» de emigrantes.

La migración como motor de la economía mundial

Para cada vez más migrantes, el éxodo hacia Europa representa la última esperanza de escapar de la propia miseria. Por lo tanto, con las murallas instauradas en las fronteras exteriores europeas, el tráfico ilegal de personas se ha convertido en un modelo de negocio lucrativo. Y los países receptores también pueden obtener ventajas económicas a partir de estos desplazamientos. Lo que resulta determinante es la desigual distribución de las oportunidades educativas y de los ingresos: el sueldo promedio mensual de una enfermera en las Filipinas es de 146 dólares, mientras que en los países del Golfo asciende a 500 dólares y en eeuu llega a 3.000. No sorprende entonces que en las últimas décadas miles de enfermeras filipinas hayan emigrado. Muchas familias sobreviven tan solo porque al menos han logrado enviar a una hija al Norte rico. En Bangladesh, las universidades privadas pregonan que únicamente una buena educación aumenta las chances de conseguir luego un trabajo bien pago en el extranjero. En Sierra Leona, a su vez, la propagación descontrolada de la epidemia de ébola se explica en parte porque hoy hay más médicos sierraleoneses trabajando en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) que en el propio territorio.

La fuga de cerebros y de personal calificado va en detrimento de los propios países pobres. Para financiar la educación, desembolsan muchos más fondos de los que reciben, por ejemplo, como ayuda para el desarrollo. Países como Gran Bretaña, que reclutan sistemáticamente profesionales médicos en el extranjero, ya son hoy receptores netos. Alemania, que hasta ahora ha prescindido de una convocatoria médica sistemática en el Sur, se dispone a hacerlo en los próximos tiempos. Dado que la necesidad de personal calificado tiende a aumentar rápidamente, la demanda de una «migración circular» vuelve a estar en la agenda política.

De este modo, la migración se ha convertido también en un motor de la economía mundial. Se calcula que Francia ha construido un tercio de sus autopistas con trabajadores indocumentados. La demanda de mano de obra barata, el objetivo del dumping salarial y el socavamiento de los derechos laborales alientan la migración hacia las ciudades globales del Norte.

Ahora muchos de los países de origen dependen del éxodo de trabajadores calificados, ya que su economía se basa, entre otras cosas, en las remesas provenientes del exterior. En los últimos años, el volumen de estos envíos osciló en torno de los 300.000 millones de dólares (muy por encima de los 100.000 millones desembolsados anualmente por el Norte rico como ayuda oficial al desarrollo). Sin embargo, las remesas también traen desventajas a los lugares de origen. Frenan el desarrollo autónomo de sus economías y, además, exponen a los países a un chantaje político: la mano de obra que hoy necesita el Norte mañana podría ser enviada de regreso a casa.

La gente del Sur sabe muy bien que, directa o indirectamente, las condiciones globales son las que determinan en cualquier momento si habrán de conservarse o destruirse los medios propios de subsistencia. Es por ello que muchas familias buscan diversificar sus ingresos. Para maximizar las chances de supervivencia, sus miembros se distribuyen deliberadamente por el planeta. El objetivo consiste en asegurar el futuro, de tal modo que en la migración mundial se expresan no solo la desigualdad y la destrucción de los medios de subsistencia, sino también la esperanza en el porvenir y la pretensión de supervivencia, en una suerte de «globalización desde abajo».

Precisamente, este aspecto de la globalización es una pesadilla para los responsables de la política de seguridad en el Norte, que quieren a toda costa mantener la migración mundial bajo control. Para ello se desarrolló en los últimos años un modelo de gestión que apunta a realizar la selección y establecer murallas lejos de las fronteras exteriores de la ue (por ejemplo, en los países del norte del Sahel y de África occidental). Unos pocos «inmigrantes deseados» pueden pasar, pero los otros deben permanecer allí donde están.

El imperialismo de seguridad del Norte

El régimen fronterizo de la ue es la expresión de un «imperialismo de seguridad», que ya no busca la integración sino la exclusión. La comunidad continental permite que se agudicen las divisiones globales. Lo notable es que en Bruselas existe plena conciencia de la creciente destrucción de los medios de subsistencia y de los peligros que eso conlleva, pero el tema ocupa un espacio marginal –o nulo– dentro de la propia política.Los peligros para las condiciones globales no radicarían en las injustas relaciones de intercambio económico, ni en la especulación con los alimentos, ni tampoco en los dictados de austeridad del neoliberalismo, sino en lo que resulta de todo ello: la desintegración del Estado, la presión demográfica, la concentración urbana, la migración, la piratería, etc. Quienes identifican todas las causas de estas amenazas en el Sur proponen enfrentarlas simplemente con nuevas murallas: con medidas para combatir a las bandas de contrabandistas o con la creación de campos para refugiados lejos de Europa.

Aunque los políticos alemanes presenten esos campos con un carácter edulcorado, es muy difícil convencer con un plan de gigantescas ciudades-campamento en medio de inhóspitos desiertos. A comienzos del milenio, el entonces ministro del Interior de Alemania, Otto Schily, hablaba de «centros de acogida»; el actual responsable de la cartera, Thomas de Maizière, quiere crear dispositivos de protección «humanitarios» para salvar a los refugiados de las garras de los contrabandistas. Dado que nadie garantiza que en los países del norte de África sea posible examinar las solicitudes de asilo conforme al Estado de derecho, la nueva propuesta se revela como otro engaño. Por cierto, tras fuertes protestas originadas en las condiciones insostenibles, recientemente se puso fin a un prototipo de esos campos que España había mantenido durante los últimos años en territorio de Mauritania. Popularmente, al lugar se lo conocía como «Guantanamito».

Queda claro que todos los esfuerzos de los países ricos para combatir las causas del éxodo y gestionar la migración se ven impulsados por una pregunta muy simple: ¿qué se puede hacer para mantener a distancia a esa gente, para la cual no parece haber lugar en las zonas prósperas del mundo?

Indicios de la barbarie futura

¿Por qué esta política logra la aceptación social? No cabe duda de que aquí juegan un papel importante tanto el resentimiento, fogoneado políticamente, como el miedo a la propia caída. Hannah Arendt explicó de manera elocuente que los refugiados simbolizan la cercanía entre la civilización y la barbarie. Quienes emigran no tienen más que la «vida desnuda». Son devueltos a aquello que en la teoría política se asocia con el estado natural y la barbarie: una existencia carente de derechos y de protección estatal. A ellos se les ha quitado el más fundamental de todos los derechos humanos: según palabras de Arendt, el derecho a tener derechos.

Más allá de si los refugiados están en campos o pueden moverse libremente, y del tratamiento que reciben, la pérdida de sus derechos implica también la desconexión con el mundo construido por los seres humanos. Para Arendt, los refugiados no son naturalmente bárbaros pero, en medio de una sociedad que cree haber eliminado la barbarie, es decir, el estado natural, aparecen como indicios de la barbarie futura. Arendt no dejaba dudas en cuanto al significado del derecho, aunque al mismo tiempo subrayaba que solo la pertenencia a una comunidad política permitía hacer efectivo ese derecho. Es necesario que las personas formen parte de sociedades legalmente constituidas para asegurarse el acceso a sus derechos. Por el contrario, la exclusión social conduce siempre a la falta de derechos.

«No existe tal cosa como la sociedad», afirmó Margaret Thatcher a fines de la década de 1980. Así allanó el camino para la reforma neoliberal de las propias sociedades, que socava cada vez más el derecho a tener derechos. Desde entonces, las instituciones y los valores comprometidos con el bien común han sido reemplazados poco a poco por una concepción orientada de manera extrema a la responsabilidad propia. La esencia de la ideología neoliberal es que si cada quien piensa en sí mismo, estará pensando en todos. Sin embargo, si los sistemas solidarios de seguridad social se sacrifican en pos del beneficio privado, si se aplaude el egoísmo individualista y se predica la lucha de todos contra todos, el estado natural no está lejos. Los extranjeros se convierten en enemigos porque muestran el espejo de las propias y fatales estrategias y autoengaños.

El derecho a irse (y a quedarse)

Por un principio ético, se debe ofrecer un trato solidario a las personas que buscan nuestra protección. Sin embargo, para que ello ocurra, primero hay que reconocer que los otros también son personas con necesidades y derechos, lo que obliga a combatir la ideología neoliberal. Si predominan las consideraciones utilitarias, se pierde el respeto a la dignidad de los demás.

Existen alternativas concretas frente a la actual política de amurallamiento. Para hacer algo efectivo contra el tráfico de personas, en lugar de combatir los barcos de los contrabandistas con medios militares se debería otorgar visas como vía legal para atender los motivos que justifican la concesión de asilo. Hay que prescindir de los puestos avanzados de detención, que dentro de un análisis más profundo no son más que zonas sin ley, destinadas a invisibilizar el éxodo y la migración. Lo que se requiere, en cambio, es un apoyo más decidido, por ejemplo por parte del programa de acogida del acnur.

En línea con Arendt, la actualización del derecho internacional podría ayudar a otorgar un marco jurídico a la situación de los refugiados. Es necesario promover acuerdos internacionales que, por ejemplo, proporcionen protección a los refugiados por razones climáticas y ambientales, o que regulen la migración de personal calificado. Para poder plantear medidas que finalmente vayan más allá de una mera gestión de la crisis, se requiere un cambio radical de la política. Mientras la reacción frente a la creciente división mundial consista en más barreras, muros más altos y nuevas tecnologías de seguridad, la evolución seguirá siendo engañosa. Para lograr que todos gocen nuevamente del «derecho a tener derechos», la situación exige reorientarse hacia una política que vuelva a alentar la cohesión social en lugar de socavarla.No es suficiente con elaborar bonitos discursos. Hay que crear las condiciones normativas y materiales que permitan una convivencia global orientada al bien común: eso implica unificar normas laborales a escala internacional, regular efectivamente la producción nociva para el medio ambiente, controlar la economía de extracción y también garantizar los sistemas de seguridad social a todas las personas en todos los lugares del mundo (por ejemplo, a través de un Fondo Internacional de Salud con financiación solidaria). Solo entonces se hará realidad el doble derecho: el derecho a irse y el derecho a quedarse, sin que eso signifique poner en juego la propia vida.