¿Venezuela está a punto de iniciar una transición hacia la democracia y una progresiva apertura de su economía o, por el contrario, está por experimentar una profundización del autoritarismo (o, peor aún, el arribo de un neototalitarismo) y una mayor estatización económica? ¿Cuán factible será presenciar un escenario «intermedio» caracterizado por una reforma económica liberalizadora, mientras la restitución de libertades civiles y derechos políticos violados tarda en llegar? O viceversa, ¿cuán factible es un escenario «intermedio» caracterizado por unas tímidas reformas económicas, incapaces de enfrentar la magnitud de la actual crisis, al tiempo que se intenta más decididamente el inicio de una transición hacia la democracia? ¿Están dadas las condiciones para que entre 2018 y 2019 se inicien algunos de estos dos procesos de transformación o, incluso, ambos?

Estos interrogantes permiten enmarcar algunos de los desafíos más importantes que Venezuela encara en la actualidad. Hasta la fecha, existe mucha incertidumbre acerca de si alguno de los dos procesos aludidos (o ambos) pueden tener lugar en el corto plazo, a saber: a) la implementación de una reforma económica integral que corrija las principales distorsiones macro- y microeconómicas, el creciente empobrecimiento y la indetenible precarización de la vida cotidiana que tiene lugar desde 2013, y b) el inicio de una transición hacia la democracia, que tendría lugar mediante la restitución de algunas garantías constitucionales, hoy sistemáticamente violadas por la mayoría de las instituciones públicas y los actores con mayor capacidad de influencia.

Pese a tales incertidumbres, ya es posible advertir una situación en la que se han venido acumulando «problemas insolubles»¹ que parecen conducir a un desenlace, cualquiera sea su signo. Pues todo parece indicar que Venezuela se aproximará aceleradamente durante los próximos meses a una situación límite, caracterizada por una agudización de las dificultades sistémicas² que ya encaran, por un lado, el modelo económico y la estrategia política central de la coalición dominante, y por otro, la misma sociedad.

Este artículo examina el contexto que enfrentan el actual régimen político venezolano y la sociedad en general, incluyendo los sectores que desean la implementación de una reforma económica y el inicio de una transición a la democracia en el menor tiempo posible. En virtud de las limitaciones de espacio, se plantea un mapa preliminar de la cuestión que ofrece solo algunas respuestas tentativas, con el objeto de estimular una reflexión colectiva acerca de las dificultades contemporáneas de las transiciones hacia la democracia desde regímenes autoritarios en el siglo xxi.

La compleja situación de Venezuela

Venezuela transita hoy por la crisis más grave de toda su contemporaneidad. Su carácter multifactorial y el nivel de deterioro alcanzado en diversas dimensiones de la vida social permiten afirmarlo. Una economía contraída y disfuncional, crecientemente alejada de los procesos de integración y globalización; un esfuerzo estratégicamente deliberado, de parte de la coalición dominante, por consolidar el autoritarismo³; y una sociedad empobrecida, con oportunidades y condiciones de vida cada vez más precarias, y psicosocialmente afectada por 19 años de intensa polarización, hablan elocuentemente sobre las dificultades y los retos existentes.

No obstante, algunos de los indicadores que a continuación se mencionan sugieren que los problemas acumulados, que constituyen expresiones de una severa y acelerada pérdida de eficacia y efectividad del sistema –y que no están solo ni fundamentalmente asociados a la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional–, podrían ocasionar una erosión adicional de la legitimidad del régimen autoritario, probablemente capaz de alterar en lo sucesivo los niveles de cohesión y articulación estratégica de la coalición dominante. Se trata de una hipótesis de trabajo que pronto será puesta a prueba, pero alrededor de la cual interesa, sobre todo, contribuir a una mejor comprensión de la situación venezolana. Veamos. En materia económica, para el cierre de 2018 ya se habrán acumulado cinco años consecutivos de recesión⁴; el volumen de producción petrolera difícilmente experimente una recuperación⁵, con la consecuente reducción que ello implica para los ingresos en divisas del país⁶; una caída adicional de la producción nacional de bienes y servicios, en virtud de los desincentivos que imponen diversas leyes y decisiones del Poder Ejecutivo Nacional; una caída severa de las importaciones en los últimos años, que contribuye a la reducción de la oferta agregada; un incremento de la escasez, con ciclos variables que impactan en diversos rubros (entre los cuales se encuentran productos de primera necesidad); un déficit fiscal que se estima entre 20% y 25%, dependiendo de la fuente consultada; un inusitado incremento de la liquidez monetaria, que entre 2016 y 2017 fue de 1.121%, lo cual está asociado en gran medida al financiamiento del déficit fiscal por parte del Banco Central de Venezuela (bcv); elevadas tasas de inflación desde 2013, a punto tal que desde noviembre de 2017 Venezuela entró formalmente en un proceso de hiperinflación –apoyándonos en la definición de Phillip Cagan y de acuerdo con los datos que provee la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional (cofide-an)– y una acelerada caída del ingreso real de los venezolanos.

En materia social, son suficientemente elocuentes los hallazgos de la última Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), que llevan a cabo reputados investigadores de la Universidad Central de Venezuela (ucv), la Universidad Católica Andrés Bello (ucab) y la Universidad Simón Bolívar (usb): durante los últimos años, se ha venido registrando un incremento de la tasa de pobreza que, conforme a la Encovi, ascendió a 87% en 2017; entre 2015 y 2017, el acceso a la educación en la población de 3 a 24 años descendió, en promedio, de 78% a 71%, lo que equivale a poco más de un millón de niños, niñas y adolescentes (con edades comprendidas entre 3 y 17 años) desescolarizados; alrededor de 2.828.000 estudiantes asisten a clases en forma irregular debido a dificultades cotidianas de diversa índole (desde no contar con acceso regular a agua potable, comida y transporte público, hasta apagones eléctricos, protestas y huelgas); se estima que 475.000 adolescentes escolarizados tienen rezago escolar severo, con el consecuente riesgo de exclusión educativa, en la medida en que el entorno sociofamiliar siga siendo adverso y no se diseñen e implementen políticas públicas destinadas a aumentar la retención escolar⁷; el peor desempeño en América desde 1998 en materia de mortalidad materna, solo superado por Cuba; más de 68% de la población venezolana no tiene seguro de atención médica, lo que equivale a decir que 7 de cada 10 venezolanos están desprotegidos frente a cualquier eventualidad, en un contexto en el que la atención pública de salud, tanto ambulatoria como hospitalaria, es precaria (por falta de dotación de insumos, equipos médicos, implementos quirúrgicos, medicinas, etc.); una disminución del consumo de harina, leche, carne de res y de aves, hortalizas y frutas por hogar, entre los tipos de alimentos que más destacan, mientras aumenta el consumo de arroz, pan, pastas, grasas, leguminosas y tubérculos; 79,8% de entrevistados declara haber reducido sus comidas porque no había suficientes provisiones en su hogar (como efecto de la hiperinflación), mientras 78,6% declara haber reducido sus comidas porque no consiguió alimentos para comprar (efectos de la escasez); una población estimada en alrededor de 8.130.000 venezolanos que declaró comer dos o menos veces al día; una pérdida de peso promedio de 11,4 kg por persona; un creciente número de muertes violentas, observado primero entre 1999 y 2003, y luego entre los años 2006 y 2017, a punto tal que en 2015 se registraron 27.875 homicidios, en 2016 un total de 28.479 y, en 2017, 26.616, con una tasa de homicidios de 89 por cada 100.000 habitantes al cierre de 2017; una significativa caída de la penetración de los programas sociales del gobierno nacional (las misiones), así como una creciente concentración de los esfuerzos gubernamentales en la distribución de bolsas/cajas de comida, vinculadas al Carnet de la Patria, un instrumento creado para intentar retener la adhesiones y los respaldos políticos del oficialismo.

A este complejo cuadro socioeconómico habría que añadir el aumento de las protestas registradas anualmente desde 2014. En efecto, el número de protestas contabilizadas por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (ovcs) en 2014 fue 9.286; en 2015, se registraron 5.851 protestas; en 2016, 6.917; mientras que en 2017 se produjeron 9.787 eventos, con la particularidad de que la mayor parte de las protestas registradas el año pasado tuvieron lugar entre los meses de abril y julio, periodo en el que se produjeron 6.729 eventos, muchos de ellos estimulados por demandas políticas y en los que participaron dirigentes de partidos de oposición y líderes de sectores sociales. Más recientemente, el ovcs registró en enero de 2018 al menos 714 protestas, lo que equivale a 24 protestas diarias en todo el país. En comparación con enero de 2017, esta cifra representa un incremento de 86%⁸. Es necesario señalar que, salvo las protestas de algunos meses de 2014 y 2017, relacionadas con iniciativas y esfuerzos de articulación de partidos y líderes opositores, el resto de los eventos ha estado guiado por reivindicaciones socioeconómicas.

Al mismo tiempo, es necesario llamar la atención sobre el incremento de los saqueos y conatos de saqueo en establecimientos comerciales durante los últimos años. Sobre este particular, cabe destacar que el ovcs registró, en 2015, un total de 122 saqueos y 165 conatos de saqueo, lo que en suma equivale a 287 eventos (un promedio de 24 por mes y 6 por semana). Pero en 2016, la cifra de este tipo de eventos se incrementó dramáticamente: la sumatoria de los saqueos y conatos de saqueo arrojó 856 eventos (tres veces más que en 2015), un promedio de 71 al mes y cerca de 18 por semana. En enero de 2018 se contabilizaron 141 saqueos o intentos de saqueo, es decir, 642% más que el mismo mes de 2017, en el que tuvieron lugar 19 episodios. En contraste, para dar una idea de la cuantía de este tipo de eventos, en enero de 2016 se registraron 23 episodios, mientras que en enero de 2015 se registraron 31. La cifra de 141 saqueos y conatos de saqueo correspondiente a enero de 2018 representa 4,5 veces el número precedente más elevado que se había registrado⁹.

En materia de opinión pública, las últimas encuestas de cobertura nacional o urbana que llevan a cabo las empresas de mayor prestigio¹⁰ dan cuenta del clima de creciente malestar y de la consolidación de una demanda de cambio político, originalmente hallada en los estudios de 2014: 9 de cada 10 entrevistados evalúa negativamente la situación general del país; 9 de cada 10 entrevistados evalúa negativamente la situación económica; entre 68% y 79% de los entrevistados, según la encuesta de que se trate, desaprueba la gestión del presidente Nicolás Maduro; entre 7 y 8 de cada 10 entrevistados, dependiendo de la encuesta que se examine, desean que se produzca un cambio político en el menor tiempo posible; existe un clima de creciente desconfianza alrededor de los principales líderes políticos del oficialismo y de la oposición (en algunas encuestas, superior a 60%, en el caso específico de al menos 10 líderes políticos de ambos bloques¹¹); entre 47% y 57% de los entrevistados declara que al menos un familiar ha emigrado al exterior en los últimos cinco años; además de un clima psicosocial en el que predominan emociones tales como la tristeza, la rabia, la decepción y la frustración.

En materia política, sin pretensión alguna de exhaustividad, el cuadro está caracterizado por el menoscabo de las libertades de pensamiento y opinión; la presión sobre medios de comunicación independientes por parte del gobierno; la creciente persecución y el hostigamiento selectivo de líderes de sectores sociales y políticos, incluidos comunicadores, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, líderes de partidos políticos y hasta algunos empresarios; la afectación de las libertades económicas, particularmente de los derechos de propiedad y la libre iniciativa empresarial; una creciente cooptación y sujeción de la mayoría de las instituciones públicas a las orientaciones estratégicas y decisiones del Poder Ejecutivo, incluyendo el Poder Judicial, el Poder Ciudadano y el Poder Electoral; crecientes asimetrías en las condiciones de la competencia electoral, que dificultan satisfacer el principio de mayorías cambiantes que Giovanni Sartori propuso para distinguir las democracias de los regímenes antidemocráticos¹²; la vulneración de los requisitos de periodicidad, imparcialidad y transparencia de la competencia electoral; la invalidación, conforme a reglamentaciones sobrevenidas, de fuerzas políticas opositoras en la víspera de consultas electorales; la inhabilitación administrativa y/o judicial de líderes opositores, algunos de los cuales poseen altos niveles de intención de voto de cara a elecciones presidenciales (como los casos de Leopoldo López y Henrique Capriles Radonski); dificultades de acceso a financiamiento nacional e internacional por parte de los partidos políticos opositores, en virtud de las presiones ejercidas por diversas instituciones públicas; dificultades de acceso a financiamiento nacional e internacional por parte de organizaciones no gubernamentales (ong); prácticas de exclusión y discriminación por razones político-partidistas ejercidas desde órganos del Estado; una creciente partidización e ideologización de la Fuerza Armada Nacional; la creciente influencia de instituciones militares (como las Guarniciones, las Regiones de Defensa Integral [redi] y Zonas Operativas de Defensa Integral [zodi]) en la toma de decisiones sobre asuntos públicos nacionales, estaduales y locales, otrora reservados a la esfera civil; la utilización de mayores «dosis» de represión en manifestaciones públicas, así como la creciente actuación de grupos armados parapoliciales y paramilitares para disuadirlas; la gradual introducción de contenidos político-ideológicos en algunos programas educativos y textos escolares; la intervención de los tribunales en los procesos de elección de los representantes sindicales, gremiales y hasta de las autoridades de instituciones de educación superior, así como de las representaciones estudiantiles de esas instituciones; la sujeción de las asignaciones de recursos a los Consejos Comunales por parte del Ejecutivo Nacional, y los intentos de control político mediante el uso de programas sociales para retener los apoyos hacia el proyecto chavista, entre otros rasgos que constituyen la estructura, la lógica y las dinámicas del autoritarismo venezolano.

Agreguemos a las dimensiones económica, social, política y psicosocial algunas variables propiamente internacionales, que también parecen presionar cada vez más decididamente al régimen venezolano y aproximarlo a una situación límite. Las acusaciones formuladas contra funcionarios públicos venezolanos por parte de otros gobiernos y organismos multilaterales, ya sea en virtud de presuntas violaciones de los derechos humanos, presuntos hechos de corrupción o vínculos con el narcotráfico; las sanciones de las que están siendo objeto en este momento tanto tales funcionarios como sus familiares en el exterior; la amenaza de extensión de las sanciones a otros funcionarios, así como de una posible escalada de estas en el marco de lo que se conoce como diplomacia coercitiva¹³; las crecientes restricciones que el Estado venezolano enfrenta para obtener financiamiento externo y hacer operaciones en la banca internacional (a punto tal que muchos bancos venezolanos ya no cuentan con corresponsalía en el extranjero para hacer transacciones relacionadas con el sector público); la presunta existencia en Venezuela, según la acusación que formulan organizaciones de la sociedad civil y gobiernos de otros países, de grupos irregulares y organizaciones terroristas; y los efectos negativos que la emigración está teniendo sobre diversos países del hemisferio.

Como puede verse, el cuadro que encara el régimen político venezolano es de crecientes dificultades sistémicas, y estas han sido estimuladas tanto por los errores y omisiones cometidos en materia de política económica, como por la creciente supresión de garantías constitucionales, como en todos los regímenes autoritarios. Aunque esa dirección estratégica puede seguir generándole crecientes costos al régimen político y contribuir a la erosión de los principales soportes o «centros de gravedad» de la coalición dominante, ello no necesariamente despeja los caminos hacia la reforma económica y la transición a la democracia, en la medida en que también debilita las fuerzas opositoras y restringe sus opciones estratégicas. Pues el avance del autoritarismo le impone serios desafíos a la dirección política opositora a la hora de intentar articular una estrategia asertiva y eficaz, como el dilema de resolver lo más consensualmente posible participar o no en elecciones presidenciales que no cuentan con garantías satisfactorias¹⁴.

El análisis del contexto, de la naturaleza del régimen autoritario –particularmente su estructura de incentivos, sus lógicas y dinámicas internas– y de las opciones estratégicas disponibles para los actores nos permite formular preliminarmente tres escenarios posibles para la Venezuela de los próximos meses, sin importar por lo pronto la prelación o la probabilidad de ocurrencia. Primer escenario: el presidente Maduro es reelecto en el marco de elecciones no competitivas en las que no participa la mayoría de los factores opositores en virtud de las precarias garantías existentes, tras lo cual tiene lugar, sin demora alguna, una radicalización de la «revolución», que incrementa el control estatal sobre sectores económicos, deprime aún más el aparato productivo y agrava el cuadro socioeconómico y psicosocial de Venezuela, todo ello en medio de un decidido esfuerzo por intentar la consolidación del autoritarismo hegemónico restrictivo, con el reforzamiento de sus rasgos totalitarios. Este escenario, paradójicamente, puede conducir a una mayor inestabilidad del régimen y estaría caracterizado por la amenaza de una escalada de la presión internacional, junto con una posible fractura de la coalición dominante. Saltan a la vista, no obstante, serios interrogantes acerca de la estrategia que implementaría la oposición, más allá de la no participación en las elecciones y el inicio de un eventual proceso de movilización social.

Segundo escenario: el presidente Maduro es reelecto en el marco de elecciones no competitivas en las que no participa la mayoría de los factores opositores dadas las precarias garantías existentes, pero se produce una «apertura y liberalización» controlada de la economía como respuesta a la crisis, bien sea: a) directamente capitaneada por el mismo Maduro, presionado por la gravedad de la crisis e inspirado en la experiencia de algún líder reformista (¿Deng Xiaoping?) o b) dirigida por un líder alternativo surgido de las mismas filas de la coalición dominante, de tendencia más moderada y pragmática, lo cual tendría lugar mediante el desplazamiento del poder de Maduro, estimulado por sus propios pares –dada las amenazas que podría representar para sus intereses y/o para el futuro del proyecto político–. En este escenario, el principal desafío del régimen será sortear exitosamente los impactos sociales de los ajustes macroeconómicos, que en virtud de las distorsiones acumuladas podrían amenazar su perdurabilidad.

Tercer escenario: el presidente Maduro es derrotado en las elecciones, bien sea porque: a) se produce, gracias a la presión internacional y a la actuación de los soft liners de la coalición dominante, una mejora de las garantías electorales que induce a factores de la oposición a participar, lo que estimula a los electores a votar masivamente por una candidatura única que logra construir una ventaja político-electoral difícil de ocultar y revertir, incluso pese a eventuales intentos de fraude o porque b) no habiendo mejoras sustantivas adicionales en las condiciones de la competencia, se configura una alianza (tácita o explícita) entre sectores de la oposición y del chavismo, incluyendo a factores del denominado «chavismo descontento» –que ya rompieron con el oficialismo– y, eventualmente, a algunos de la coalición dominante, que deciden facilitar una transición a la democracia y una reforma económica. En esta última variante, son los factores del «chavismo descontento» y algunos de la coalición dominante los que deciden el curso de los acontecimientos –incluyendo la selección del candidato al que respaldarían– a cambio de determinados «incentivos selectivos». Este escenario, integralmente considerado, plantea los desafíos propios de una coalición emergente que estaría presionada por satisfacer múltiples –y en muchos casos, contradictorios– intereses y en la que el peso de los factores que provienen del chavismo es decisivo.

Los «caminos de redemocratización»

En el marco del ya clásico trabajo de investigación de la década de 1980 sobre las transiciones a la democracia desde regímenes autoritarios, dirigido por Guillermo O’Donnell, Philippe Schmitter y Laurence Whitehead, Alfred Stepan propuso considerar una tipología contentiva de ocho patrones o caminos de redemocratización, que reproducimos a continuación:

1. Restauración interna después de una reconquista externa. Ejemplos: Holanda, Bélgica, Noruega y Dinamarca, con motivo de la Segunda Guerra Mundial.

2. Reformulación interna después de la liberación externa. Ejemplos: Francia, Grecia (1949) e Italia (este último país combina los caminos 2 y 3 en el periodo 1943-1946).

3. Instalación externamente monitoreada o dirigida. Ejemplos: Alemania occidental al culminar la Segunda Guerra Mundial, Japón, Austria e Italia (1943-1946).

4. Redemocratización iniciada desde dentro del régimen autoritario:a) Transición iniciada desde el liderazgo civil. Ejemplo: España.b) Transición iniciada por los militares como gobierno. Ejemplos: Portugal y Brasil.c) Transición iniciada por los militares como institución que actúa contra los militares como gobierno y el liderazgo civil. Ejemplos: Grecia (1973) y Portugal (1974). 5. La sociedad como un todo elimina al régimen autoritario. Ejemplos: Grecia (1973), Argentina (1969) y Perú (1977).

6. A través del pacto entre partidos políticos de oposición, se elimina el régimen autoritario. Ejemplos: Venezuela (1958), Colombia (1958) y la España posfranquista.

7. Revuelta violenta organizada. Ejemplo: Costa Rica (1948).

8. Guerra revolucionaria dirigida por marxistas (camino respecto del cual Stepan señala las oportunidades que hubo en Nicaragua para una democratización, pero que muchos analistas ven con escepticismo)¹⁵.

Como señala Stepan en su artículo, tal tipología es «un esfuerzo deliberado» de análisis abstracto para resaltar las «implicaciones políticas y decisionales de cada camino, ‘tomado por sí mismo’», pero que, sin embargo, ofrece «nuevas interpretaciones de la redemocratización como un proceso integrado», evitando la «subteorización» de la cuestión de los diversos caminos disponibles para la redemocratización y resaltando el hecho de que «cada uno implica un conjunto predecible de posibilidades, problemas y limitaciones»¹⁶.

Para comprender bien la significación y las implicaciones de los ocho caminos propuestos por Stepan, es necesario considerar las tres advertencias que formuló:

Primero, resulta que algunas categorías establecidas sobre bases abstractas no tienen referentes empíricos; sin embargo, al indicar un camino aparentemente plausible hacia la redemocratización, podemos expandir nuestra concepción de lo empíricamente posible o podemos dirigir nuestra atención a obstáculos ocultos que de otro modo no serían visibles. Una segunda advertencia es que cualquier caso empírico de redemocratización puede muy bien –y casi seguro lo hace– contener características de más de una categoría. De hecho, la redemocratización exitosa, dadas las limitaciones implícitas de ciertos caminos considerados individualmente, bien puede requerir la búsqueda simultánea de varios caminos. Finalmente, analizo solo lo que parecen ser las rutas más importantes. La lógica podría derivar y la historia proporcionar ejemplos de muchos otros caminos que no se analizan aquí. La parsimonia y la complejidad histórica descartan la construcción de categorías «mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas». En cambio, mi objetivo es ser sugestivo y al mismo tiempo fiel a las realidades del autoritarismo y la redemocratización en el período moderno.¹⁷

Si seguimos a Stepan, concluiremos rápidamente que para que la transición hacia la democracia se inicie en Venezuela, deberían combinarse los elementos de varios patrones o caminos de redemocratización. No solo porque es lo que luce teóricamente plausible, sino también porque, conforme al análisis del contexto y las estrategias de los actores, tal combinación es probablemente lo único que vuelva la transición empíricamente factible. Quizás una mayor presión internacional –cuyas implicaciones no están acotadas únicamente a una eventual intervención militar–, la creciente movilización de diversos sectores sociales, una fractura de la coalición dominante estimulada por algunos soft liners –cuyos intereses pueden estar siendo amenazados por el mal desempeño económico y político del régimen político– y, eventualmente un acuerdo entre partidos y líderes claves –que deberían estar en capacidad de vencer el clima de desconfianza existente en la opinión pública, si desean ejercer más eficazmente su función de representación– podrían volver teórica y empíricamente factible la transición hacia la democracia en Venezuela.

Las presiones por una reforma económica son visibles incluso en el interior de la coalición dominante. El principal interrogante sobre este particular apunta hacia su naturaleza, orientación y alcance. Lo curioso es que ambos procesos –la transición hacia la democracia y la reforma económica–, que no necesariamente están causalmente relacionados, podrían resultar más interdependientes de lo que se piensa. Veremos.