El 14 de marzo de 2012, el periódico El Faro informó del traslado de 30 líderes pandilleros de la cárcel de máxima seguridad a otros centros penitenciarios, una medida que, según el medio, obedecía a una negociación del gobierno con las pandillas a cambio de la reducción de los homicidios, más concretamente, la tregua entre las pandillas Mara Salvatrucha 13 (MS-13) y Barrio 18. La noticia dio lugar a una serie de explicaciones particularmente contradictorias por parte de las autoridades, pero un dato se confirmaba como cierto: el descenso de los homicidios en 53% a partir del traslado de los reos. El 14 de abril de 2012, el presidente Mauricio Funes anunció en un discurso en la Cumbre de las Américas que su país estaba experimentando una jornada clave en su historia: El Salvador tenía su primer día sin homicidios en casi tres años.
David Munguía Payés, ministro de Justicia y Seguridad1, había venido afirmando que la guerra entre pandillas era la causante de 90% de los homicidios registrados en el país durante los últimos diez años. La drástica reducción de homicidios experimentada desde la entrada en vigencia de la tregua parecía confirmar su tesis. Sin embargo, la credibilidad de la tregua fue objeto de debate en varios sectores de la sociedad. Algunos señalaban que el proceso era un «milagro», una verdadera «conversión», una «intervención divina». Otros denunciaban que la negociación había sido indebida e interpelaban al ministro para esclarecer la verdad de los hechos.
Pero el debate sobre pandillas y seguridad pública no comenzó con la tregua. El discurso periodístico ha mantenido la tesis de que estos grupos constituyen el principal enemigo de la seguridad en el país. Ante esta amenaza, los medios han señalado a la Fuerza Armada como la única capaz de hacerles frente. El objetivo de este texto es mostrar cómo se ha construido ese discurso. Interesa identificar las tendencias e ideas que la prensa escrita posicionó en la opinión pública respecto a este tema y las implicaciones que esto tiene para la sociedad salvadoreña. Para el estudio, se revisaron 322 artículos publicados desde junio de 2009 hasta mayo de 2012 en los periódicos impresos El Mundo, La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y Diario Co Latino; y los periódicos digitales Contrapunto y El Faro.
El enemigo único
El 1 junio de 2009, en el discurso de toma de posesión, el recién elegido presidente Mauricio Funes hizo referencia a un circuito de «terror y de miedo» que era generado no solo por el narcotráfico, sino también por «las pandillas y bandas menores, no por eso menos sádicas y peligrosas»2. Ante la impunidad de las pandillas, que transformaban barrios y comunidades en territorios libres para sus delitos, el presidente ofreció «luchar día tras día, para imponer la ley y el orden en este submundo de antiley e inhumano»3. Horas después, anunció que el general Munguía Payés sería el titular del Ministerio de la Defensa y Manuel Melgar, del Ministerio de Justicia y Seguridad.
A partir de ese momento, la prensa escrita posicionó la preocupación por el papel que jugaba la Policía Nacional Civil y por la necesidad de reforzar la seguridad con la presencia del Ejército. El 10 de junio de 2009, La Prensa Gráfica publicó una entrevista en la que el general afirmaba que «ninguna policía puede investigar 300 muertes al mes»4. Según Munguía Payés, las capacidades de los organismos de seguridad pública en El Salvador habían sido sobrepasadas por la delincuencia y, en una situación de tal crisis, la colaboración de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública estaba más que justificada: «No es una misión de la Fuerza Armada, pero nosotros lo vamos a cumplir con eficiencia y con empeño en la medida de que el presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada lo ordene»5. Según señaló el ministro, la Constitución facultaba al presidente para «utilizar la Fuerza Armada en actividades de seguridad pública cuando hay una crisis, o las capacidades de los organismos de seguridad pública han sido sobrepasados por la delincuencia»6. La nota de La Prensa Gráfica se dedicó a reproducir el discurso de la fuente oficial sin contrastar con alguna voz crítica en torno de las medidas que se señalaban.
A partir de junio de 2009, varias de las notas publicadas por La Prensa Gráfica se ocuparon del discurso del general Munguía Payés sobre la incapacidad de la policía para controlar la delincuencia, que se expresaba en el alto índice de homicidios y extorsiones7. Si bien algunas notas mostraban voces disonantes respecto a la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, la cobertura se caracterizó por visibilizar las propuestas planteadas por el general: elaborar un plan a fin de reducir los índices delincuenciales y de narcotráfico en el país con acciones que irían más allá de patrullajes conjuntos entre el Ejército y la Policía.
El 16 de septiembre de 2009, dos periódicos, La Prensa Gráfica y Diario Co Latino, publicaron las declaraciones del director de la Policía Nacional Civil, Carlos Ascencio, en donde sostenía la hipótesis de que el incremento de la delincuencia se explicaba a partir del vínculo entre el narcotráfico y las pandillas. El énfasis del discurso periodístico fue visibilizar el crimen organizado, no mediante una investigación periodística, sino a través de las declaraciones de las fuentes oficiales. La nota de ese día del Diario Co Latino destacó que «los pandilleros son contratados por el crimen organizado para realizar sus actividades»8.
En octubre de 2009, las notas periodísticas de La Prensa Gráfica difundieron las propuestas del general Munguía en torno de la posible ampliación de las facultades de la Fuerza Armada para el combate de la delincuencia. Aunque de nuevo se dio espacio a algunas voces críticas, la constante fue que tanto la Policía Nacional como la Fiscalía estaban «rebasadas en la capacidad de investigar los principales delitos en el país: homicidios y extorsiones»9.
La cooperación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad se extendió incluso hasta programas como el de protección a cultivos contra el robo y contrabando. Según los medios, los planes de seguridad del Ejecutivo evaluaban la posibilidad de utilizar a 6.500 militares para tareas de disuasión junto a la policía.
En noviembre de 2009, el ministro de Defensa confirmó el despliegue de 4.000 soldados, que se sumaron a los 1.760 militares que ya apoyaban el trabajo de la policía en el combate a la delincuencia. En el mes de diciembre, el ministro informó que los soldados estarían operando en la totalidad de los municipios más violentos de los cinco departamentos del país, con miras a moverse hacia otros municipios donde se mantenían los índices más altos de delincuencia. Las fuentes usadas por los periodistas fueron básicamente oficiales y no hubo cuestionamientos sobre estas decisiones o sobre los costos que implicaban.
A mediados de 2010, la estrategia de seguridad liderada por el ejecutivo se vio fuertemente cuestionada por varios líderes de opinión. La noche del domingo 20 de junio, 17 personas murieron calcinadas en un asalto a un bus del transporte público; tres más morirían por las quemaduras en los días siguientes. La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a ocho presuntos ejecutores de la masacre. Según las declaraciones de las fuentes policiales, todos estaban vinculados a las pandillas. El suceso generó airadas reacciones en la población y en los líderes políticos. El presidente Funes negó categóricamente que fuera a destituir a los titulares de seguridad y volvió a enfatizar que la erradicación de la violencia no es tarea fácil, pues recibió un país con altos índices de delincuencia y con un crimen organizado en abierta impunidad.
La llegada del general
El 8 de noviembre de 2011, el ministro de Seguridad, Manuel Melgar, dejó su cargo. Según El Faro, esta renuncia «solo fue un formalismo, pues la presión que recibía la administración se volvió insoportable y Funes tuvo que ceder pidiendo a su ministro el cargo»10. A partir de la renuncia, se inició una discusión sobre quién sería nombrado para el puesto. El Mundo y El Faro abrieron espacios para las objeciones de quienes se adelantaban a la posibilidad del nombramiento de un militar en la cartera de Seguridad.
Pese a las objeciones, el general Munguía asumió el Ministerio de Seguridad el 23 de noviembre de 2011. El nombramiento desató reacciones encontradas en los distintos sectores de la población. Quienes se mostraron preocupados por las señales abiertas de una militarización de la seguridad pública hicieron fuertes críticas al presidente, que negó tal situación. El vocero del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) rechazó el nombramiento. Los empresarios y el resto de los partidos, por el contrario, dieron el voto de confianza al nuevo ministro. En su editorial, El Mundo expresó que «como medio de comunicación, esperamos seguir contribuyendo con nuestras críticas constructivas y opiniones para que esta problemática mejore y aunque damos un voto de confianza al general David Munguía Payés, sabemos que ningún nuevo funcionario tiene una varita mágica para arreglar todo de la noche a la mañana»11. El 23 de noviembre de 2011, el editorial de El Faro señaló que lo que cuestionaban en el nombramiento del general Munguía Payés no era su aspiración a ministro, sino la decisión del presidente de la República de poner al frente de la seguridad pública a una persona cuya visión de seguridad es congruente con la formación y doctrina militar.
Los señalamientos no impidieron que Munguía Payés comenzara a trabajar en su nuevo cargo. Luego de su primera reunión con jefes policiales, descartó cambios en la PNC y rechazó la idea de la militarización de la corporación policial. El 24 de noviembre, El Diario de Hoy publicó una nota titulada «Ministro da el primer ‘touché‘ a las maras de Panchimalco»12. Haciendo referencia a la destreza en la esgrima del general, el periódico sitúa el Leitmotiv del ministro: son las pandillas las responsables de la mayoría de los asesinatos, asaltos y extorsiones. La instalación de nuevos puestos policiales busca «arrebatar el control que los mareros tienen de los territorios en Panchimalco»13. Desde el momento en que Munguía Payés asume su cargo al frente de Seguridad, los medios reproducen, sin cuestionar a través de otras fuentes, dos de sus principales afirmaciones: a) las pandillas son grupos criminales responsables de la mayoría de los homicidios y extorsiones en el país; b) el general solucionará este problema.
En el mes de diciembre de 2011, El Diario de Hoy publicó una nota en la que habitantes de San Miguel pedían más seguridad ante el incremento de la delincuencia. Munguía Payés volvió a afirmar que las pandillas eran las principales responsables de la violencia en el país y aseguró que «90% de los homicidios es cometido por pandillas»14.
En enero de 2012, ante el repunte de los crímenes en el primer fin de semana, el general Munguía Payés anunció que se estudiaría la aplicación de un estado de sitio en algunas colonias consideradas de alta peligrosidad. El ministro volvió a recalcar que 90% de los homicidios que se cometen en el país es responsabilidad de las pandillas. Un mes después, reconocía el repunte de homicidios, pero aseguró tener un plan efectivo para bajarlos.
La afirmación de que la mayoría de los asesinatos eran cometidos por las pandillas cobraría mayor fuerza a partir de la nueva estrategia: una tregua entre las principales pandillas que desplomó en más de 50% la tasa de homicidios registrados en todo el país.
La respuesta al enemigo
En octubre de 2011 se había visibilizado un nuevo rasgo atribuido a las pandillas: su formación militar. La Prensa Gráfica publicó una nota en la que se afirmaba que las pandillas que operan en El Salvador tienen nexos con carteles mexicanos (Cartel de Sinaloa, La Familia Michoacana y Los Zetas) y están vinculadas, en Estados Unidos, al tráfico y la trata de personas. La nota mencionaba también el informe de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) y del Centro Nacional de Inteligencia sobre Pandillas, donde se aseguraba que miembros de las principales pandillas que operan en El Salvador habían ingresado en el Ejército, la Marina y el cuerpo de Marines de EEUU. Estos «miembros de pandillas con formación militar representan una amenaza única para las fuerzas del orden a causa de sus armas distintivas y entrenamiento de combate, habilidades que pueden transferir a sus compañeros de pandilla», destaca la nota a partir del documento mencionado15.
En el mes de noviembre de 2011, tanto La Prensa Gráfica como El Mundo, El Diario de Hoy y El Faro dieron cuenta de homicidios, extorsiones, secuestros, riñas dentro de penales, tráfico de drogas y tenencia de armas vinculados a «supuestos» o «presuntos pandilleros». Las notas editoriales y columnas de opinión destacaron también el grave problema que los jóvenes de las pandillas representaban para la sociedad salvadoreña. La cobertura periodística reforzó la visión que ya se ha encontrado en otros estudios16: una serie de noticias que visibilizan la violencia como vinculada exclusivamente a las pandillas, sin mostrar las falencias de la misma investigación policial que no logra resolver los crímenes.
Al 2 de noviembre, una nota de El Mundo reportaba que el mes de octubre había cerrado con 382 crímenes cuyos victimarios y víctimas eran «en su mayoría miembros de pandillas». En algunos casos, incluso, no se menciona una fuente, y las notas hablan de «presuntos pandilleros», «al parecer vinculados a la pandilla», «la zona es peligrosa por la presencia de pandilleros». El cuadro de la página siguiente muestra algunos de los titulares publicados en noviembre de 2011.
Como es posible observar, la forma como se cubre el accionar de las pandillas se mantiene igual que en estudios sobre prensa escrita llevados a cabo en 2006, 2007 y 2009: los titulares destacan las acciones violentas llevadas a cabo por pandilleros y la fuente principal para ello es la policial. No hay una distinción entre un pandillero supuesto y uno comprobado, como tampoco se diferencia si el implicado ha tenido ya un juicio o la información viene de una suposición inicial de la fuente. Las notas periodísticas construyen a las víctimas de manera respetable: son niñas, estudiantes, madres, minusválidos, investigadores. Los pandilleros –cuando son asesinados– no son presentados como parte de las víctimas y más bien se señala que la muerte de aquellos se debe a «purgas».
El Faro se destaca por mantener una sección dedicada exclusivamente a la cobertura de procesos de violencia en la región centroamericana: es el proyecto «Sala Negra». En la muestra, la cobertura difiere de las de los demás medios –se privilegian la crónica, el reportaje y la entrevista sobre otros géneros–. Las fuentes que se utilizan parecen responder a la fórmula de más ciudadanos comunes y menos fuentes oficiales.
Titulares vinculados a pandillas en noviembre de 2011 (selección)17
Como señala uno de los titulares de Diario Co Latino, el 29 de noviembre de 2011, el recién nombrado ministro de Seguridad y Justicia declaró una «guerra contra las maras»18 y prometió que su estrategia conseguiría que los homicidios descendieran en 30% al finalizar los tres primeros meses de su gestión. Esa baja se hizo evidente en marzo de 2012, a raíz del anuncio de la tregua.
El 14 de marzo de 2012, El Faro publicó una nota titulada «Gobierno negoció con pandillas reducción de homicidios»19. En ella señalaba la salida de 30 líderes pandilleros de las cárceles de máxima seguridad a otros centros penitenciarios. El 20 de marzo, las versiones de la cobertura aparecen más elaboradas. El obispo castrense, Fabio Colindres, dijo a los medios que el pacto se debía «a intervención divina»20. Tres días después, El Diario de Hoy publicó una nota titulada «Hablan las maras. Cabecillas reafirman pacto entre sí». En la nota se señala que «a este periódico fue entregado el miércoles 21 de marzo un documento en el cual los voceros nacionales de Mara Salvatrucha MS13 y Pandilla 18 explican el proceso que ha llevado a ambas organizaciones a decretar un cese de hostilidades en la guerra entre ellos»21.
El debate sobre la credibilidad de la tregua estuvo matizado por las imágenes y opiniones que señalaban el proceso como «un milagro», una verdadera «conversión», una «intervención divina». La prensa escrita reprodujo datos en los que los homicidios seguían a la baja mientras que las extorsiones, los robos, las violaciones y otros delitos subían o bajaban a voluntad según la fuente consultada. El balance sobre el proceso no tuvo un consenso en la cobertura.
La presentación de nuevos análisis no cambió mucho hasta que en noviembre de 2012 el gobierno anunció la creación de municipios «santuario» en donde el proceso de pacificación se concretaría en territorios específicos. A partir de ese momento, la discusión sobre la tregua se mantuvo en un segundo plano y la cobertura sobre hechos de violencia y delincuencia continuó en aumento.
Primeras reflexiones
La tregua ha sido cuestionada desde diversos sectores de la sociedad como una estrategia poco exitosa, que ha servido como un proceso de rearme y negociación entre los mismos grupos criminales. Las cifras de desaparecidos, el hallazgo de nuevos cementerios clandestinos y el incremento de denuncias por violación y homicidios con armas blancas y objetos contundentes han relativizado el éxito de la tregua salvadoreña. Esta reconstrucción hace posible señalar algunas constataciones.
La primera, que el trabajo periodístico construyó una cobertura positiva del ejercicio de Munguía Payés en ambos ministerios y de la tregua como posibilidad de pacificación. Este discurso se ancló en el imaginario de las pandillas como enemigo único de la seguridad pública en el país.
La segunda, que la cobertura periodística que se llevó a cabo durante el periodo estudiado ha reproducido lo que las fuentes oficiales han señalado, sin preguntarse por la presencia y el incremento del crimen organizado regional, el tráfico y la trata de personas en territorio salvadoreño. En relación con la tregua, los medios han llevado a cabo una batalla mediática en la cual cada uno tiene sus propias fuentes y datos contradictorios entre sí.
La tercera, que la cobertura periodística ha mantenido una imagen más bien positiva del incremento de efectivos militares en el ámbito de la seguridad pública y ha tendido en la mayoría de los casos a reproducir el discurso que sitúa la necesidad de la presencia militar como una estrategia para minar el control territorial de las pandillas.
Este estudio exploratorio permitió constatar que el periodismo reprodujo el discurso oficialista que construyó a las pandillas como el gran enemigo de la seguridad pública en El Salvador. Este discurso se ha mantenido a lo largo de los últimos tres gobiernos y no ha cambiado. De esta forma, se dejan fuera temas como el narcotráfico, la violencia doméstica, la precariedad en salud y educación y en oportunidades de empleo. Lo que se está jugando en estas narrativas es el imaginario del miedo que se alimenta de los medios, mientras los medios se alimentan del miedo en un círculo vicioso que, esperamos, sea posible romper a través de un ejercicio de reflexividad crítica.
