El consumo de energía en América Latina ha experimentado considerables aumentos a raíz de los diversos procesos de crecimiento económicos desarrollados en la región. La relación entre un fenómeno y el otro resulta ineludible, ya sea como causa (insumo para la producción) o como consecuencia (aumento del consumo). La producción de energía también ha manifestado un evidente crecimiento, en parte para el abastecimiento interno, pero también debido a la exportación, particularmente de petróleo y gas natural.

En los últimos 15 años el consumo de energía en la región ha aumentado 50%: de 468 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mteps) en el año 2000 a 700 Mteps en 2015. En este último año, 74% de esa energía provino de combustibles fósiles: petróleo, gas y carbón.

En ese contexto de crecimiento de la oferta y la demanda energética, las energías renovables juegan un papel marginal. Exceptuando la hidroelectricidad, que desde mediados del siglo pasado ha sido una fuente primordial en la región, el resto de las modernas fuentes energéticas como la solar o eólica apenas alcanzan 3% de la matriz energética latinoamericana. Los biocombustibles también tienen una larga tradición en la región, iniciada por Brasil en la década de 1970. 10% de toda la energía que se utiliza en el transporte de América Latina proviene de los biocombustibles. La región abastece, además, 30% del mercado mundial de estos productos.

Las perspectivas a futuro indican que la producción y consumo de energía continuarán creciendo y los combustibles fósiles seguirán siendo la principal fuente de abastecimiento. Según las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía, hacia el 2035 se espera que la región sobrepase los 1000 Mteps de consumo anual y al menos dos tercios de la energía aún provengan de fuentes fósiles. Por otra parte, los países latinoamericanos que son productores de hidrocarburos están expandiendo sus fronteras de recuperación incorporando nuevas reservas y adentrándose en las tecnologías de explotación de los hidrocarburos no convencionales, particularmente el gas de esquisto (shale gas). Para muchos de ellos, este es uno de los principales rubros de exportación y la fuente de ingresos fiscales más significativa.

Cambio climático

Desde el punto de vista de los objetivos climáticos estas no son buenas noticias. Por un lado se espera que los países latinoamericanos aumenten su consumo de combustibles fósiles (y consecuentemente aumenten sus emisiones de gases de efecto invernadero) y por otro es también esperable que aumente la corriente exportadora de estos combustibles hacia el resto del mundo, contribuyendo al aumento de las emisiones en las demás regiones del planeta.

En diciembre de año pasado se firmó el Acuerdo de París con la intención de que entre en vigor a más tardar en 2020. Su objetivo principal es que el aumento de la temperatura media del planeta no supere los 2º C respecto a la media preindustrial. Sin embargo no traduce este objetivo a metas de emisiones y mucho menos establece límites de emisiones individualmente a los países. En consecuencia resulta difícil definir o siquiera estimar cuál debería ser el objetivo de emisiones de los países latinoamericanos alineado con los objetivos de París.

Para algunos, la responsabilidad histórica del cambio climático corresponde a los países desarrollados de acuerdo con el Principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas aprobado en la Declaración de Río de 1992 y adoptado como principio fundamental de la Convención de Cambio Climático. Para quienes abrazan esta línea de pensamiento, los países de la región deben ampararse en su derecho al desarrollo y en consecuencia no deben limitarse en sus emisiones, sino que todo el esfuerzo debe recaer en los países responsables. Para otros, el espacio político de negociación es más estrecho y entienden que si no hay una sustantiva reducción de las emisiones también en los países en desarrollo, el objetivo de mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2º C es imposible de alcanzar.

Lo cierto es que el cambio climático ya está entre nosotros –como lo atestiguan los informes de la Organización Meteorológica Mundial– y las perspectivas actuales de alcanzar el objetivo del Acuerdo de París son muy escasas. El derecho al desarrollo apunta a un objetivo de equidad, donde todos los países puedan alcanzar el mismo nivel de desarrollo. Por un lado esto aparece como una reivindicación de justicia, pero por otro lado evidencia la contradicción de alcanzar un estado de desarrollo que es el mismo que generó el problema. En cierto sentido estaríamos profetizando nuestra propia responsabilidad futura sobre el cambio climático.

La Convención de Cambio Climático parece tener tres objetivos difíciles de conciliar entre sí: la estabilización de los gases de efecto invernadero, el crecimiento económico y la equidad. Si todos los países van a tener el nivel de desarrollo de los países industrializados no será posible contener las emisiones. Si se quiere conservar el equilibrio climático con equidad, necesariamente habrá que apuntar al decrecimiento en el norte y a economías estacionarias en el sur.

Más tarde o más temprano, el mundo transitará hacia un abastecimiento energético cada vez más renovable, con menor consumo de combustibles fósiles. Esto requerirá un tiempo de transición relativamente extenso ya que los cambios en las matrices energéticas requieren de plazos largos de planificación e implementación. También les insumirá tiempo a los países exportadores de hidrocarburos diversificar sus economías para hacerlas menos dependientes de los ingresos derivados de este tipo de productos.

La insistencia en profundizar una matriz energética y productiva dependiente de los combustibles fósiles constituye, por tanto, una perdida de tiempo y de unos recursos preciosos para iniciar una transición que es inevitable. Puede parecer que es costoso. Pero en el mediano plazo los costos serán superiores pues los impactos del cambio climático tendrán efectos aún mayores sobre las economías latinoamericanas, como lo han señalado, entre otros, el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático) y la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Adicionalmente, si los países de la región hicieran una contabilidad total de sus economías, incluyendo las externalidades, los subsidios directos e indirectos y los pasivos ambientales de la producción y uso de hidrocarburos verían que el costo de la transición no es tan elevado como parece.

El Acuerdo de París no ha fijado metas, solo ha señalado un rumbo. Pero si no existe la voluntad de transitarlo, más allá de los resultados de la negociación, no evitaremos el cambio climático. Y ese cambio sí que será costoso.