Tema central
NUSO Nº 238 / Marzo - Abril 2012

El otro rostro de América Latina En diálogo con «La emergencia indígena en América Latina», de José Bengoa

En las últimas décadas, los indígenas latinoamericanos irrumpieron en el campo político con renovada fuerza. En países como Bolivia o Ecuador han ocupado espacios tradicionalmente esquivos y han contribuido a expandir los estrechos límites en los que se concebía la identidad nacional. Sin embargo, la nueva agenda indígena pensada en términos de autonomía y autogestión no está exenta de contradicciones y a menudo deja fuera a las mayorías indígenas, que hoy ya no viven en pequeñas comunidades sino en grandes urbes como La Paz, El Alto, Lima o Buenos Aires.

El otro rostro de América Latina  En diálogo con «La emergencia indígena en América Latina», de José Bengoa

Durante los últimos años, los movimientos indígenas no solo han logrado introducir sus demandas en las agendas políticas; también participaron o participan de experiencias de gobierno (Ecuador y Bolivia) y, sobre todo, la intervención política a partir de identidades étnicas y culturales ha dado lugar a variadas polémicas académicas y políticas. En ese marco, La emergencia indígena en América Latina, de José Bengoa1, contribuye, sin duda, a estas discusiones necesarias para aprehender parte de los cambios operados en América Latina, que aún están en curso.La emergencia indígena en América Latina es, a diferencia del resto de sus trabajos, un intento por analizar el surgimiento de las demandas y organizaciones indígenas de los diversos países latinoamericanos a fines del siglo XX. Este libro es parte de una extensa bibliografía sobre movimientos indígenas en América Latina. Están, por ejemplo, los trabajos de Bartolomé Clavero2, Héctor Díaz Polanco3, Deborah Yashar4, Raquel Irigoyen5, Xavier Albó6, Donna Lee Van Cott7, Nancy Postero8, Willem Assies9 y Rachel Sieder10, entre varios otros. En el marco de esta profusa bibliografía, que tiende a especializarse cada vez más en algunos aspectos de los movimientos y demandas indígenas (los cambios en las constituciones, el pluralismo jurídico, la educación intercultural, la constitución de gobiernos locales, género y pueblos indígenas), el libro de Bengoa analiza los rasgos generales de este movimiento explorando sus orígenes en un permanente diálogo con las corrientes indigenistas de décadas pasadas. El libro está organizado en tres partes: en la primera, analiza la emergencia de las organizaciones y demandas indígenas desde fines de la década de 1980 hasta principios de 2000; en la segunda, describe el surgimiento de las ideas indigenistas en América Latina desde comienzos del siglo XX, un proceso protagonizado principalmente por ideólogos no indígenas; y en la tercera, detalla la irrupción y los avances de los derechos indígenas en la legislación internacional. Estos tres planos de análisis ayudan a entender las particularidades de los movimientos indígenas de la actualidad en contraste con las corrientes indigenistas del pasado, en términos de liderazgos, actores y demandas.

Bengoa señala que mientras en el pasado –especialmente las décadas de 1960 y 1970– los indígenas reivindicaban su identidad campesina y de clase, en el presente las organizaciones han puesto de relieve sus particularidades étnicas. Mientras que las demandas campesinas se enfocaron en la reforma agraria, hoy los indígenas rescatan esencialmente su derecho al reconocimiento y a la afirmación de su identidad. Mientras en la primera parte del siglo pasado los actores más activos políticamente y con mayor visibilidad en la escena nacional eran los campesinos que fueron sujetos al sistema gamonal de las haciendas, en los últimos años los indígenas que viven en lo que antes se pensaba como regiones aisladas y marginales han tomado la delantera en la agenda política pública11.

En el surgimiento de estos movimientos, el autor rescata el rol fundamental que jugaron la Iglesia católica y las organizaciones no gubernamentales (ONG) desde fines de la década de 1970. Bengoa apunta, por ejemplo, al papel que tuvieron los curas salesianos en Ecuador al iniciar un lento proceso educativo, principalmente a través del uso de las radioemisoras. Esta labor permitió a los shuar de la Amazonía ecuatoriana y peruana, que hasta comienzos de los años 70 vivían casi en aislamiento, conformar una de las primeras federaciones de indígenas de América Latina12. Con relación a organizaciones internacionales y ONG, habría que mencionar también el rol que jugaron la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), y organizaciones internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Indígena, Oxfam, etc.

Uno de los contrastes más llamativos con las organizaciones indígenas del pasado es el carácter ecologista que tienen hoy estas organizaciones. «Si se analiza el discurso indigenista de los años 50 o 60, la cuestión ecológica o medioambiental no existía. El discurso de los antiguos indios estaba concentrado en el lenguaje de la explotación», recuerda Bengoa. En la década de 1970 comenzó a desarrollarse un fuerte discurso medioambientalista en los países desarrollados, y «las externalidades no controladas del desarrollo capitalista comenzaron a preocupar a crecientes sectores de la sociedad en los países desarrollados». A partir de distintos foros internacionales, las demandas indígenas se acercaron a las propuestas ambientalistas y en 1992, en la Cumbre de la Tierra, se consolidó el encuentro entre estos dos discursos: «Los indígenas entrado el siglo XXI se han transformado en actores principales en la defensa del medio ambiente. La defensa de la tierra ha dejado de ser una lucha de corte agrarista para pasar a ser una lucha en sentido ecologista». Para Bengoa, la recreación de este culto a la naturaleza retrata bien lo que ha sido el comportamiento de los indígenas respecto al ambiente y refleja la conciencia y el respeto que han mostrado hacia la «madre tierra». Pero no cabe duda de que, al mismo tiempo, como apunta Bengoa, la articulación con el discurso ecologista les ha permitido a los movimientos indígenas establecer una sagaz alianza con los sectores posmodernos de la demanda social13.

Estas nuevas características permiten al autor hablar de un proceso de etnogénesis. Es decir, no se trata simplemente de la recuperación de rasgos que ya existían en el pasado, sino de una «relectura urbana de la tradición indígena realizada por los propios indígenas en función de los intereses y objetivos indígenas. No cabe duda de que muchos elementos de la visión indígena del pasado existían previamente, pero tampoco puede caberle duda al observador desapasionado de que muchos de esos elementos constituyen una idealización del pasado». En efecto, se ha ido construyendo una nueva discursividad de carácter híbrido, una cultura indígena pastiche en el marco de la cual se reinventan ritos y ceremonias.14 Se ha producido también un proceso de etnogénesis en el sentido en que apunta Christian Gross, quien describe cómo en Colombia se produjo una resurrección de los indígenas kankuamo de la sierra de Santa Marta en la década de 1990, en una región que se había reconocido largamente como mestiza15.

Ciertamente, en la primera parte del siglo XX emergieron corrientes indigenistas en los diversos países de América Latina. Bengoa rescata las figuras de Cândido Mariano da Silva Rondon en Brasil, quien defendió el derecho de las comunidades indígenas a conservar sus tierras y sus creencias; de Manuel Gamio, discípulo de Franz Boas en México, quien dirigió el Instituto Indigenista Interamericano y, finalmente, de José Carlos Mariátegui, quien desde el marxismo indigenista reivindicó que el problema del indio era el problema de la tierra. A su vez, el autor chileno recupera también el rol de intelectuales y artistas progresistas como Diego Rivera, Osvaldo Guayasamín, Rosario Castellanos y José María Arguedas, quienes denunciaron el maltrato, la exclusión y la explotación que sufrían los indígenas.

En este movimiento indigenista, sin embargo, participaron muy pocos indígenas, y sus líderes eran especialistas y estudiosos provenientes de la antropología, el arte, la educación, la literatura o la política, sin duda sensibilizados con la situación de exclusión, pobreza y discriminación que sufrían las comunidades. Se trató, en general, del impulso de políticas de tendencia integracionista, que buscaban el acercamiento de las comunidades a la «civilización» fundamentalmente a partir de la educación, el mejoramiento de la agricultura y la implementación de variados programas de reforma agraria16.

Aunque este periodo indigenista sirvió para dar impulso a las primeras organizaciones indígenas o campesino-indígenas, fue recién en los 70 y 80 cuando se empezó a romper el «silencio del indio» y se desafió a los discursos marxistas y nacionalistas del pasado, ciegos al carácter indígena del campesinado. Así, en palabras de Bengoa,

Los líderes indígenas se hacen presentes y expresan con claridad su decisión de protagonismo (…) el silencio del indio comienza a romperse (…) Durante la colonia al inicio estuvo sometido al silencio racial, en las repúblicas criollas fue sometido a la servidumbre, en el siglo XX hablaron por él los intelectuales, poetas y artistas. A fines del siglo comienza a escucharse al principio tímida su voz y poco a poco se va fortaleciendo. Comienza la última década con el grito de Chiapas y se han sucedido una tras otra las «voces de la tierra» que sorprenden a las sociedades criollas latinoamericanas.17

Esta lectura del movimiento indígena contemporáneo, aunque poderosa, no deja de ser problemática. La idea de la «ruptura del silencio» oscurece la capacidad que han tenido los indígenas para actuar políticamente antes de la «emergencia indígena». La historiografía latinoamericana de las últimas décadas ha hecho énfasis precisamente en la capacidad de los sectores indígenas, en particular, y de los sectores subalternos en general, no solo de resistir, sino también de negociar, disputar y reformular los discursos provenientes de las elites y las clases dominantes en un intento de consolidar demandas y objetivos propios.

La lista de historiadores latinoamericanistas que han trabajado en este sentido es extensa y me remito como ejemplo al caso boliviano, en que conviene rescatar los trabajos del Taller de Historia Oral (THOA), que desde la década de 1970 han rescatado las estrategias legales y políticas de las comunidades indígenas de fines del siglo XIX y principios del XX en la recuperación de las tierras de su comunidad. Son fundamentales también los aportes de Ramiro Condarco18, Teresa Gisbert19, Silvia Rivera20, Tristan Platt21, Rossana Barragán22, Roberto Choque23, Brooke Larson24, Erick Langer25, Silvia Arze y Ximena Medinacelli26, Herbert Klein27, Brooke Larson, Olivia Harris y Enrique Tandeter28, Sinclair Thomson29, Sergio Serulnikov30, Laura Gotkowitz31 y Pilar Mendieta32.Hablar de la emergencia indígena tout court no solo acarrea el peligro de opacar la agencia de los indígenas en el pasado y desconocer sus estrategias de resistencia, acción y negociación para lidiar, reinventar y reapropiarse de los proyectos que provenían de las elites, sino que además se corre el peligro de pensar las antiguas identidades (de clase, étnicas, nacionales) como meramente impuestas y sojuzgadoras, en tanto que las actuales serían autoasignadas y liberadoras. Esta mirada despolitiza el proceso de creación y emergencia de las identidades y su agenda actual. En este sentido, parece necesaria una valoración más crítica de la emergencia de identidades de ayer y hoy, y es preciso repensar lo que afirma y lo que olvida cada una de ellas. ¿Qué proyectos políticos y qué tipo de sociedades fueron imaginados a partir de diferentes perspectivas? ¿Quiénes están incluidos y quiénes excluidos? ¿Cómo se incluyen las personas y las comunidades en estos proyectos?

Esta problemática está particularmente ausente en la tercera parte del libro de Bengoa, quien al analizar la evolución del reconocimiento de las poblaciones indígenas en la legislación internacional se enfoca en la elaboración de una síntesis de los convenios internacionales y de los derechos que se reconocen en favor de los indígenas. Pero el resultado es una narración sin política, sin actores, sin agendas, sin ideologías… sin relaciones de poder.

Uno de los aspectos que requiere aún mayor discusión es el carácter actual de las demandas indígenas. Bengoa contrasta las reivindicaciones de las comunidades rurales en los 60 –que se concentraban en demandas de desarrollo, construcción de caminos, escuelas e integración a la sociedad global33– con las de la actualidad. Estas últimas, en sus facetas política, social, cultural y económica, apuntarían más bien al reconocimiento de las diferencias, la autogestión de los recursos y el ejercicio de la libre autodeterminación y autonomía en las políticas y normas que rigen dentro de la comunidad.

Un primer aspecto que conviene resaltar en el carácter de estas demandas es el rol que se atribuye al Estado. Mientras que en el pasado gran parte de las reivindicaciones involucraban el compromiso del Estado para intervenir con sus recursos y políticas, las actuales demandas parecen, por el contrario, pedir menos participación estatal. Al referirse a la agenda indígena, por ejemplo, Bengoa anota en el aspecto económico la defensa de la capacidad de autogestión, el fortalecimiento de las economías indígenas y la capacidad de autosostenerse; y en lo social: la autosuficiencia alimentaria, una estructura comunitaria organizacional y la administración de justicia de acuerdo con los sistemas normativos tradicionales.

Un segundo elemento que llama la atención es que estas reivindicaciones están pensadas para ser implementadas en comunidades indígenas que se conciben como diferenciadas (separadas) respecto de las poblaciones no indígenas. Aunque Bengoa señala en numerosas oportunidades que la mayoritaria población indígena es actualmente urbana y vive en populosas ciudades como El Alto, Lima o Buenos Aires, no repara en la contradicción entre una agenda que hace énfasis en políticas centradas en la afirmación de la autonomía y poblaciones que mayoritariamente discurren sus vidas en interacción con personas, instituciones y organizaciones que no pertenecen a su comunidad34. No obstante, esta disociación entre las características de la población indígena y el discurso político del movimiento indígena está lejos de ser un elemento particular del trabajo de Bengoa; es, por el contrario, una característica recurrente entre los líderes indígenas, los ideólogos y los especialistas de la temática étnica.

Finalmente, conviene volver a analizar lo que parece una contradicción entre el carácter local de la agenda indígena y el carácter transnacional de los conflictos que las demandas indígenas implican. Cuando hablamos de la implementación de las demandas indígenas hablamos, al menos, de dos tipos de problemáticas: por una parte, la cuestión de la autodeterminación y la autogestión refiere específicamente al derecho de las comunidades indígenas a regirse por «usos y costumbres» que norman la conducta entre sus miembros. La implementación de estos derechos ha generado ya numerosos debates en los diversos países de América Latina. Una de las controversias se ha centrado en los límites de la aplicación de justicia en los marcos de las comunidades indígenas: ¿cuáles son el alcance y los límites de la justicia comunitaria?, ¿en qué tipo de delitos debería intervenir la justicia estatal?, ¿habría que apuntar a una positivización de la justicia comunal?, ¿qué ocurre cuando esta justicia debe lidiar, en disputas entre miembros de la comunidad, con personas ajenas a la comunidad? Todos estos temas se discuten por ejemplo en Bolivia, en el marco de la elaboración de la Ley de Deslinde Jurisdiccional. Por otra parte, los derechos que puedan tener los pueblos indígenas tienen una faceta aún más espinosa, pues muchos de sus territorios son de crucial interés nacional y transnacional sea por su biodiversidad, por su riqueza forestal, o por las riquezas mineras o petroleras. Así, los conceptos de autodeterminación, gestión y autogobierno no solo tienen efectos en los miembros de esa comunidad sino implicaciones fundamentales también para las poblaciones no indígenas, y son de interés estratégico para los Estados nacionales y las inversiones extranjeras privadas (más allá de los conflictos que también existen entre comunidades).

Esta problemática ha estado llamativamente ausente en la mayor parte de los autores que han trabajado el tema de los derechos de los pueblos indígenas. En la agenda que de manera tan detallada describe Bengoa, en la que se explicitan los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de los pueblos indígenas, este aspecto está ausente. Miremos una vez más en detalle las demandas que Bengoa resume, en su aspecto económico, en: a) planes y programas de desarrollo; b) mecanismos de financiación; c) capacidad de autogestión; d) fortalecimiento de economías indígenas; e) autosostenibilidad; f) impacto ambiental; g) preservación y aprovechamiento de recursos naturales; h) procesos y mecanismos de fiscalización y administración; i) estructuras administrativas y de control35.

Todos los aspectos arriba mencionados dan la imagen de que estamos hablando de políticas que tienen efectos única y exclusivamente sobre las comunidades indígenas. Esta omisión ha sido una tendencia generalizada tanto de los discursos de líderes indígenas como de la literatura sobre el tema durante los años 90 y gran parte de esta última década36.

Pero la realidad no se ha hecho eco de este notable silencio. En los últimos tiempos, las disputas por la explotación de recursos naturales en zonas reconocidas como territorios indígenas están a la orden del día. Esta nueva faceta del conflicto se ha expresado en los diversos países de América Latina en el derecho a la consulta previa.

Por su parte los gobiernos, lejos de un debate abierto que exponga de manera clara los intereses, las consecuencias ambientales y los réditos de determinada explotación minera, petrolera o forestal, han jugado un rol esquivo. Aunque la mayor parte de los gobiernos a lo largo de la década de 1990 ha aprobado como parte de la legislación nacional el Convenio 169 de la OIT que reconoce el derecho de consulta previa a los pueblos indígenas, resultan notablemente «ocurrentes» los mecanismos legales implementados para limitar el derecho de estos. Bartolomé Clavero ha denunciado que en Colombia la última norma sobre consulta indígena, con excusa de ofrecer garantía del derecho fundamental a la consulta previa de los grupos étnicos nacionales, dejaba prácticamente el procedimiento a disposición de las empresas interesadas en el acceso expedito a recursos naturales de territorios indígenas37.

En Perú, Clavero denunció que tras la elección como presidente de Ollanta Humala, el congresista opositor Kenji Fujimori presentó un proyecto de ley que establece la participación de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas y nativas en los beneficios económicos que reportan las actividades extractivas de recursos naturales, eludiendo el proceso de consulta previa al que deberían someterse esos proyectos antes de su realización38.

En Bolivia, por su parte, el proyecto de construcción de la carretera a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) ha enfrentado y todavía enfrenta al gobierno de Evo Morales con las poblaciones indígenas yukis y yuracarés que habitan en el parque. Las comunidades indígenas han denunciado la violación del derecho de consulta previa garantizado en la nueva constitución aprobada por el propio gobierno de Morales39. Pero el proyecto también ha enfrentado a campesinos cocaleros e indígenas y a comunidades contra comunidades, en favor y en contra, lo que deja ver que a menudo no existe una única cosmovisión originaria y que hay una pluralidad de intereses según diversos posicionamientos (geográficos, identitarios, ecológicos, productivos) de los distintos pueblos englobados genéricamente bajo el paraguas de la identidad indígena.

Pero el debate no solamente opone a líderes y defensores de los pueblos indígenas contra gobiernos o empresas privadas que pretenden imponer proyectos de explotación de los recursos naturales por encima de estas poblaciones. La discusión también incluye otra posición, que denuncia que empresas privadas altamente interesadas en la explotación de los recursos mineros, petroleros y forestales a menudo exacerban los derechos de autonomía y autogestión de las poblaciones indígenas con el objeto de desafiar la capacidad estatal de control territorial.

Aparecen en el escenario, por tanto, dos tendencias enfrentadas: quienes denuncian las demandas de autonomía indígena como una nueva forma de penetración de las transnacionales (desde perspectivas nacionalistas), y quienes igualan las acciones de los gobiernos y las acciones de empresas transnacionales como atentatorias contra la autonomía indígena (posiciones defensoras de Estados plurinacionales). Con todo, aunque cada uno tiene su cuota de verdad, ambos análisis se vuelven problemáticos si los aplicamos como una categoría general y sin matices para el conjunto de América Latina. La relación de cada uno de los Estados con las inversiones privadas ha sido y es diferente; como diferentes son la relación, la historia, las características demográficas y la situación de cada uno de los pueblos indígenas en cada uno de estos países. Son desafíos de diferente orden, por ejemplo, tratar de aplicar las mismas agendas en territorios tan distintos como Colombia y Bolivia, donde el porcentaje que se reconoce como indígena en el primer caso es de 5% frente a más de 60% en el segundo. ¿Qué significa y qué repercusiones tendría en cada uno de estos casos reconocer el derecho a la autonomía, a la justicia comunitaria y a la autodeterminación?

En el balance de más de dos décadas de emergencia del movimiento indígena, indudablemente hay que subrayar su capacidad para cuestionar los límites y los términos en los cuales se planteaba la política nacional. Las organizaciones indígenas han logrado interpelar de manera radical las políticas que se asumían «en beneficio de todos» sacrificando los «derechos de unos cuantos», y han denunciado los límites estrechos de una identidad nacional cuya pretendida homogeneidad encubría la discriminación y el colonialismo interno. Aunque este movimiento, como afirma Bengoa, ha tenido la capacidad, como nunca antes, de articular un movimiento «panindigenista» a lo largo de América Latina, su agenda no carece de problemas en tanto a menudo se piensa en comunidades indígenas «modelo», sujetos de identidades fijas, estancas, ahistóricas; se ensalzan los derechos de autogestión y autonomía, pero con ausencia de políticas y propuestas para la mayoritaria población indígena que habita en las urbes; se subraya el derecho de autodeterminación sin prestar suficiente atención a los intereses nacionales e internacionales que lo atraviesan.

  • 1.

    Carmen Soliz: historiadora boliviana, doctoranda en la New York University (nyu). Actualmente prepara una tesis sobre la reforma agraria en Bolivia.Palabras claves: indígenas, autonomía, Estado, recursos naturales, José Bengoa, La emergencia indígena en América Latina.. Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile, 2000. Bengoa es un prolífico antropólogo e historiador chileno especialmente conocido por sus trabajos sobre la historia del pueblo mapuche. Es también miembro del Grupo de Trabajo de Minorías de la Organización de las Naciones Unidas (onu). Como él mismo señala, su trabajo ha sido particularmente relevante en Chile, un «país que se ha empeñado en construir su identidad a partir de la homogeneidad» y en subirse al carro de la «civilización» calificando como barbarie cualquier disidencia al modelo hegemónico. Teresa Nuevo España: «José Bengoa: ‘Los indígenas de Latinoamérica han logrado poner su cultura a la altura de los tiempos actuales’», entrevista, en Antropólogos Iberoamericanos en Red, s./f., www.aibr.org/antropologia/boant/entrevistas/jun0201.html.

  • 2.

    Derecho indígena y cultura constitucional en América, Siglo xxi Editores, México, df, 1994 e Indigenous Peoples, Constitutional States and Treaties or Other Constructive Arrangements between Indigenous Peoples and States, Martinus Nijhoff, Leiden, 2005.

  • 3.

    La cuestión étnico-nacional, Línea, México, df, 1985; Autonomía regional. La autodeterminación de los pueblos indios, Siglo xxi editores, México, df, 1991 e Indigenous Peoples in Latin America. The Quest for Self-Determination, Westview; Colorado, 1997.

  • 4.

    Indigenous Politics and Democracy: Contesting Citizenship in Latin America, wp No 238, Helen Kellog Institute for International Studies, University of Notre Dame, Notre Dame, 1997.

  • 5.

    Pautas de coordinación entre el derecho indígena y el derecho estatal, Fundación Myrna Mack, Guatemala, 1999.

  • 6.

    Raíces de América. El mundo Aymara, Alianza, Madrid, 1988; Movimientos y poder indígena en Bolivia, Ecuador y Perú, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, La Paz, 2008; X. Albó y Carlos Romero: Autonomías indígenas en la realidad boliviana y su nueva constitución, Vicepresidencia de la República, La Paz, 2009.

  • 7.

    Indigenous Peoples and Democracy in Latin America, St. Martin’s Press / Inter-American Dialogue, Nueva York, 1994; The Friendly Liquidation of the Past: The Politics of Diversity in Latin America, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 2000; y From Movements to Parties in Latin America: The Evolution of Ethnic Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

  • 8.

    N. Grey Postero y León Zamosc: The Struggle for Indigenous Rights in Latin America, Sussex Academic Press, Brighton, 2004.

  • 9.

    W. Assies, Gemma van der Haar y André Hoekema (eds.): El reto de la diversidad: pueblos indígenas y reforma del Estado en América Latina, El Colegio de Michoacán, México, df, 1999; y W. Assies y Hans Gundermann (eds.): Movimientos indígenas y gobiernos locales en América Latina, iiam, Santiago de Chile, 2007.

  • 10.

    Multiculturalism in Latin America: Indigenous Rights, Diversity, and Democracy, Palgrave Macmillan, Houndmills, 2002.

  • 11.

    J. Bengoa: ob. cit., p. 62.

  • 12.

    íbid., p. 64.

  • 13.

    Ibíd., pp. 71-74, 134.

  • 14.

    Ibíd., pp. 128-129, 132.

  • 15.

    Cit. íbid., p. 68.

  • 16.

    Ibíd., p. 206.

  • 17.

    Ibíd., pp. 251 y 253.

  • 18.

    Zárate, el temible Willka: Historia de la rebelión indígena de 1899, Talleres Gráficos Bolivianos, La Paz, 1966.

  • 19.

    T. Gisbert y José de Mesa: Arquitectura andina 1530-1830, Embajada de España en Bolivia, La Paz, 1985.

  • 20.

    Oprimidos pero no vencidos: luchas del campesinado aymara y qhechwa de Bolivia, 1900-1980, Hisbol / csutcb, La Paz, 1984; S. Rivera y Rossana Barragán (comps.): Debates post coloniales: una introducción a los estudios de la subalternidad, Historias / Aruwiyiri / Sephis, La Paz, 1997.

  • 21.

    Estado boliviano y ayllu andino: tierra y tributo en el norte de Potosí, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1982.

  • 22.

    «Identidades indias y mestizas: Una intervención al debate» en Autodeterminacion No 10, 1992, pp. 17-44.

  • 23.

    R. Choque Canqui y Esteban Ticona Alejo: Jesús de Machaqa: La marka rebelde, Cedoin, La Paz, 1996.

  • 24.

    Colonialism and Agrarian Transformation in Bolivia: Cochabamba, 1550-1900, Princeton University Press, Princeton, 1988.

  • 25.

    Economic Change and Rural Resistance in Southern Bolivia, 1880-1930, Stanford University Press, Stanford, 1989.

  • 26.

    R. Barragán, L. Escobari, X. Medinacelli y S. Arze: Etnicidad, economía y simbolismo en los Andes: ii Congreso Internacional de Etnohistoria, Coroico, Hisbol / ifea / sbh / Asur, La Paz, 1992.

  • 27.

    Haciendas y ayllus en Bolivia. La región de La Paz, ss. xviii y xix, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1995.

  • 28.

    La participación indígena en los mercados surandinos: Estrategias y reproducción social siglos xvi a xx, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, La Paz, 1987.

  • 29.

    We Alone Will Rule: Native Andean Politics in the Age of Insurgency, University of Wisconsin Press, Madison, 2002.

  • 30.

    Subverting Colonial Authority: Challenges to Spanish Rule in Eighteenth-Century Southern Andes, Duke University Press, Durham, 2003.

  • 31.

    A Revolution for Our Rights: Indigenous Struggles for Land and Justice in Bolivia, 1880-1952, Duke University Press, Durham, 2008.

  • 32.

    Entre la alianza y la confrontación: Pablo Zárate Willka y la rebelión indígena de 1899 en Bolivia, Plural, La Paz, 2010.

  • 33.

    Ibíd., p. 145.

  • 34.

    Esta contradicción entre propuestas políticas y discursivas que piensan en los indígenas como un modelo que vive aislado en comunidades rurales, y poblaciones indígenas reales que viven en las ciudades, ya fue anotada por Barragán y Soliz para el caso de Bolivia. V. «Identidades urbanas: el caso de los aymaras en la ciudad de La Paz y El Alto» en Denise Y. Arnold (ed. y comp.): ¿Indígenas u obreros? La construcción política de identidades en el Altiplano boliviano, unir, La Paz, 2009.

  • 35.

    Ibíd., p. 141.

  • 36.

    X. Albó y C. Romero: ob. cit.; B. Clavero: Derecho indígena y cultura constitucional en América, cit.; D. Van Cott: Indigenous Peoples and Democracy in Latin America, cit. y From Movements to Parties in Latin America, cit.; R. Sieder: ob. cit.; D. Yashar: ob. cit.

  • 37.

    B. Clavero: «Colombia: proyecto entreguista de ley de consulta» en Bartolomé Clavero. Ensayos, opiniones y actualidad, 28/11/2011, http://clavero.derechosindigenas.org/?p=10724.

  • 38.

    B. Clavero: «Perú: ataque cruzado a la Ley de Consulta desde el Congreso y el Gobierno», en Bartolomé Clavero. Ensayos, opiniones y actualidad, 13/12/2011, http://clavero.derechosindigenas.org/?p=10829.

  • 39.

    Más tarde, luego de una marcha que frenó el proyecto carretero, el gobierno aprobó la Ley de Consulta, que varias organizaciones consideraron tardía e ilegal.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 238, Marzo - Abril 2012, ISSN: 0251-3552


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