A comienzos de marzo, Ethan Peña, un estudiante de Derecho en la universidad pública de Michoacán (oeste de México) de 22 años, emergió como el verdadero rostro de la relación entre el poder político y el criminal.

A diferencia de otros episodios habituales --en que las autoridades policiales, militares o de justicia utilizan a medios y periodistas para condenar en «tribunales paralelos» a personas que no han sido juzgadas--, esta vez Ethan se pinto solo al publicar en su Facebook una fotografía en la que posaba empuñando una metralleta Uzi.

No pasaría de un extravagancia --peligrosa y autoincriminante-- si no fuera porque entonces era candidato a diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), posición que perdió tras difundirse su foto rambesca, y ostentaba un historial de líder estudiantil golpeador y un ascenso a dicha candidatura no por méritos políticos sino por ser personero del diputado federal coterráneo, Carlos Torres Piña.

Michoacán es uno de los territorios donde el Estado mexicano se revela fallido al estar co-gobernado por la organización conocida como «la familia michoacana» o «los caballeros templarios», la segunda o tercera en importancia, y cuyos ingresos principales se asocian a la producción, venta, importación y exportación de drogas, el lavado de dinero, la extorsión y el despojo extensivos, y el terror.

Michoacano es también el empresario y político perredista Julio César Godoy Toscano, hermano de Leonel Godoy Rangel, gobernador de ese estado hasta febrero. Aún bajo la acusación penal de pertenecer a «la familia michoacana» como uno de sus conspicuos blanqueadores de dinero, asumió una diputación federal en septiembre de 2010 gracias a un amparo federal, en medio de una taurina recepción de sus correligionarios en la Cámara de Diputados, plena de vítores y abrazos.

Menos de tres meses más tarde, al formularle el gobierno federal nuevos cargos y estar en curso un proceso de desafuero en su contra en la propia Cámara, Godoy Toscano huyó, y hasta ahora continúa prófugo.

En el segundo semestre de 2011, nuevos sucesos permitieron dimensionar esta historia, constatando que la delincuencia incide de forma ostensible --aunque no medida por el gobierno-- en los procesos electorales, financiando o imponiendo candidatos, inhibiendo a políticos para postularse o asumir los cargos que ganaron en las urnas, y/o alentando o inhibiendo a los electores a votar de cierta forma.

Un día antes de las elecciones del 12 de noviembre, el diario a.m. del municipio de La Piedad publicó --según dijo, contra su voluntad-- un desplegado anónimo contra el presidente de México, Felipe Calderón, originario del mismo estado, llamando al electorado a abstenerse. Días antes se habían colocado en sitios públicos mensajes contra quienes exhibieran propaganda o votaran por candidatos del Partido Acción Nacional (PAN), cuya candidata a gobernadora era Luisa María Calderón, hermana del presidente y quien finalmente perdió, aunque encabezaba diversas encuestas.

Este escenario permite comprender el impune desparpajo de Ethan Peña, a quien le resultó de lo más natural compartir esa imagen, metralleta en mano, que le dio una fugaz celebridad.

Es seguro que aprendió a ser discreto pero, ¿qué lecciones ha tomado la sociedad mexicana? En «Balance regional: Financiamiento político en América Latina 2004-2010», Pablo Gutiérrez y Daniel Zovatto opinan que «si en Europa y Estados Unidos los escándalos cumplen una función de corrección periódica de los sistemas regulatorios, estos mismos escándalos constituyen radiografías de las fragilidades de la institucionalidad democrática latinoamericana» [p. 4].

Desde mediados de los 70, México ha tenido reformas electorales enfocadas en dotar de fondos públicos a los partidos políticos, disponer de órganos ciudadanos, y crear y perfeccionar mecanismos de contraloría y sanción a transgresiones legales, incluidas aquellas relativas a la captación de dinero privado.

Pero con todo, según advierten Kevin Casas y Daniel Zovatto en «Para llegar a tiempo: Apuntes sobre la regulación del financiamiento político en América Latina», «en el caso de América Latina el mayor peligro es la posibilidad de que el narcotráfico y, en general, el crimen organizado penetren las instancias políticas para comprar impunidad mediante el financiamiento de campañas», lo cual «presenta particulares riesgos en países como México, Colombia y Brasil» [pp. 20-21].

Los autores evidencian que la asociación criminal entre los poderes político y fáctico resulta de una combinación entre cultura de corrupción, y de fallas en la fiscalización gubernamental. O sea, no es privativa de políticos del PRD, que para las elecciones de este 1º de julio postuló como candidato presidencial a Andrés Manuel López Obrador, algunos de cuyos operadores cuando era jefe de Gobierno del Distrito Federal protagonizaron en marzo de 2004 los «video-escándalos», donde aparecían recibiendo del empresario argentino Carlos Ahumada sobornos destinados a campañas electorales.

En el proceso electoral de 2000 hubo un caso de corrupción que sería conocido como «Pemexgate» --los líderes del sindicato petrolero transfirieron fondos públicos a Francisco Labastida, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI)--, y otro de posibles operaciones de lavado de dinero a través de «Amigos de Fox», la estructura del panista y entonces futuro presidente Vicente Fox para captar fondos privados. Dichos partidos postularon en estas últimas elecciones a Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, quienes se ofertaron tranquilamente al electorado impregnados de esos tufos.

En mayo de 2012 se conoció que la Procuraduría General de la República investiga posibles relaciones con narcotraficantes de los ex gobernadores priistas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, de Tamaulipas, en el norte del país. Durante el gobierno de éste ultimo fueron asesinados dos candidatos.

En «Mexico´s 2012 vote is vulnerable to narco threat», Nick Miroff y William Booth, de The Washington Post, citan a funcionarios y especialistas según quienes «la delincuencia organizada» pretende imponer «candidatos títere». Resaltan las palabras del fiscal Juan Luis Vargas: «“El apetito de estos grupos criminales es infinito"… operan con una "lógica económica"… "quieren ciertas garantías de las autoridades: que sus monopolios serán protegidos…” […] "Ellos dicen: '¿Por qué iba yo a querer pagar a las autoridades si se les puede tener desde el principio?"».

Las referidas, y otras cientos de historias, corren en textos periodísticos y flotan en el ambiente. La más significativa atribuye el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, en marzo de 1994, a la colusión entre las élites de su partido, el PRI, y las del narcotráfico. Pero todo es incierto porque el gobierno del PAN no ha intentado siquiera medir la dimensión del problema ni mucho menos dar eficacia a las políticas e instituciones responsables de evitar y castigar la asociación electoral de políticos y criminales.

Abundan, en cambio, los debates entre los partidos políticos, que se culpan mutuamente, y las expresiones de picaresca como ésta de Leonardo Valdés Zurita, presidente del Instituto Federal Electoral: «Pienso yo, no es atractivo influir en la elección de un diputado federal o un senado, y mucho menos de un presidente de la República».

* Periodista mexicano. Escribe el blog Edad Medi@tica. Es editor de presunciondeinocencia.org.mx, y miembro del Consejo Consultivo de El Universal y del equipo latinoamericano que realiza el Worlds Journalism Study (Universidad de Munich).

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