El 1 de septiembre Venezuela fue escenario de una de las manifestaciones más grandes de las que se tenga noticia en América Latina. Alrededor de un millón de personas –estimaciones más conservadoras hablan de unas 700.000– salieron a las calles de Caracas para exigir la realización de un referéndum revocatorio del mandato de Nicolás Maduro. A pesar de algunas amenazas de voceros gubernamentales y de la negativa a autorizar las protestas por parte de uno de los alcaldes del área metropolitana de la capital, la población se desbordó de tal manera que no hubo más remedio que dejarla marchar. En contraste, el mitin convocado por el gobierno en una de las principales avenidas de la ciudad, no logró ser la réplica contundente que este esperaba. Si no hubiera otras pruebas de lo que indican las encuestas (un rechazo al presidente de alrededor de 80% y un deseo de revocarlo de 70%), esta bastaría para retratar la situación.

Al día siguiente de la manifestación, el presidente sufrió los abucheos y cacerolazos de los vecinos de Villa Rosa, una zona popular de la Isla de Margarita, durante un acto de entrega de viviendas. Exasperado increpó a algunos de ellos pero, al final, tuvo que refugiarse en una casa. El episodio, que fue grabado, se viralizó rápidamente en las redes sociales. Estos acontecimientos, sumados al reconocimiento por parte de voceros de la oposición y del gobierno sobre unas negociaciones cuyos contenidos se han mantenido más o menos en secreto, hicieron que la palabra «transición» comenzara a ganar espacio en todos los rincones del país. Pero pronto –y no sabemos si en alguna jugada dentro del marco de las conversaciones– el gobierno empezó a dar signos de lo contrario. El 21 de septiembre, las rectoras del Consejo Nacional Electoral anunciaron las fechas y las condiciones para recoger las firmas para activar el referéndum, estipulando un lapso (¡apenas tres días para unas cuatro millones de firmas, 20% de electorado!) y una distribución de los centros, que hacen muy cuesta arriba alcanzar la meta. Incluso de alcanzarse, el referéndum se realizaría en 2017, con Maduro sobrepasando la mitad de su mandato, lo cual, dada la legislación actual, llevaría a su sucesión por parte del vicepresidente sin necesidad de convocar a elecciones. Hasta ahora las rectoras han guardado silencio con respecto a las elecciones de alcaldes y gobernadores que deberían realizarse este año (y que todos los sondeos pronostican como un varapalo para el gobierno), mientras que algunos voceros señalan que si persiste la crisis económica no podrán realizarse los comicios. Se trata, en suma, de una especie se suspensión sine die de uno de los elementos fundamentales de cualquier democracia. No en vano algunos comienzan a hablar de la puesta en marcha del «madurazo».

En una especie de «fujimorazo» pero sin apoyo popular, los pasos para la ruptura institucional han sido constantes. Primero, el nombramiento de magistrados para el Tribunal Supremo por la Asamblea Nacional saliente, justo antes de que el enorme triunfo en las elecciones del 6 de diciembre de 2015 pusiera a la entrante en manos de la oposición. Después, la sistemática invalidación por parte de ese nuevo Tribunal de todo cuanto ha hecho la Asamblea que se instaló en enero de 2016 (van 27 sentencias en ese sentido; una de las cuales fue la suspensión de los diputados electos del estado Amazonas por una denuncia por parte del chavismo). Como la Asamblea Nacional decidió incorporarlos de todas formas, el Tribunal ha dicho que el desacato la ha puesto fuera de la ley y que todos sus actos son nulos. Por ello, en contra de lo prescrito por la Constitución, el presidente Maduro ha presentado su proyecto de presupuesto para 2017 ante el Tribunal. Esto significa que, simplemente, desconoce a la Asamblea. Por si fuera poco, se ha planteado abrir un juicio contra Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea y, en este momento, favorito en algunos sondeos electorales. Con la lista de presos políticos que encabeza Leopoldo López, pero a la que se suman muchos otros opositores (en especial de su partido Voluntad Popular), hay razones para pensar que la amenaza contra Ramos Allup podría ir en serio. En este contexto, no resulta casual que el periodista Braulio Jatar, que filtró el video de las rechiflas a Maduro, acabase imputado por lavado de dinero y, finalmente, fuese encarcelado.

En 1914 Juan Vicente Gómez, quien gobernaba Venezuela desde hacía seis años y que lo seguiría haciendo como amo absoluto por 21 más, alegó una situación de peligro por una supuesta rebelión, para suspender las elecciones y encarcelar a los opositores. Aunque no dejó de organizar elecciones cada vez que tocaba e incluso prohijó la administración de dos presidentes civiles, todos sabían de antemano quienes serían los ganadores. Nunca apareció nadie dispuesto a hacerle oposición legal. Esperemos que, a 100 años, el guion no se repita. De producirse, el «madurazo» sería el golpe de un grupo enquistado en el poder contra el pueblo, incluyendo, según todos los sondeos, a numerosos chavistas que siguen apoyando el proyecto de Hugo Chávez, pero con reformas de fondo y contenido. Los chavistas disidentes alegan que Chávez siempre respetó los resultados electorales, como se demostró en el referéndum de 2007 (aunque la contrarréplica es que jamás tuvo que vérselas con una situación tan adversa, y cuando Antonio Ledezma, hoy también preso político, ganó la Alcaldía Mayor de Caracas en 2009, simplemente nombró por encima a una gobernadora a la que le transfirió todos los recursos).

Las conversaciones continúan. El secretismo genera desconfianza en los electores de uno y otro bando. Ambos temen que a cambio de porciones de poder (que en Venezuela significa la aún jugosa renta petrolera) se estén negociando destinos políticos o comprando impunidad. Otros piensan que el gobierno solo espera ganar tiempo para después terminar de dar un zarpazo como el de 1914. La mediación de José Luis Rodríguez Zapatero, que siempre ha sido visto como cercano al chavismo, no genera confianza entre los opositores; pero también participan Martín Torrijos y Lionel Fernández, lo que hace pensar en un algún tipo de apoyo de la Internacional Socialista (de la que Ramos Allup es vicepresidente y de la que Leopoldo López y su partido forman parte). También participa Estados Unidos –aunque no se sabe bien con qué alcance y coordinación con Rodríguez Zapatero– a través de su consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon. El Vaticano, que ha tenido una participación discreta, probablemente se incorpore como valedor de los acuerdos cuando estén listos (hay que recordar el papel del papa Francisco en el restablecimiento de las relaciones entre EEUU y Cuba). Ernesto Samper, secretario general de Unasur, también considerado filochavista por la oposición, no es visto como un interlocutor válido por muchos sectores y, después de la derrota de Venezuela para alcanzar la presidencia del Mercosur, se convierte en un jugador de otra índole. Tampoco hay que olvidar la propuesta de Pedro Pablo Kuczynski de crear un grupo de apoyo internacional para atender el caso venezolano, que el gobierno de Maduro consideró un llamado franco al intervencionismo. Mientras Chávez gobernó rodeado de aliados, Maduro lo hace con críticos en casi toda Sudamérica.

El «madurazo» avanza. Las condiciones para la recolección de las firmas lograron una inesperada respuesta unitaria por parte de toda la oposición e incluso del chavismo disidente, que opta también por el referéndum. El escaso apoyo popular, una economía que no despega y un entorno internacional cada vez más crítico hacen complicado aunque no imposible el proyecto de Maduro. Los siguientes meses serán cruciales para el futuro de la democracia venezolana. Lo que decida cada uno de los definirá el tipo de desenlace que se avecina.