Se considera a menudo evidente la relación entre economía y política, en el sentido de que el voto y las actitudes políticas vienen determinados por la posición y los intereses económicos de las personas. Sin embargo, no es fácil hacer operativa una idea tan sugerente, sobre todo si se considera la economía como una realidad dinámica. En ese sentido, se ha distinguido entre voto económico retrospectivo –en el que los electores deciden su voto en función de la marcha de la economía en el periodo inmediato anterior– y voto prospectivo –en el que la clave serían las expectativas sobre el futuro de la economía según el signo de los gobiernos–.
Para complicar más las cosas, no es evidente que los ciudadanos juzguen siempre la marcha de la economía por su situación personal (lo que se denomina voto egotrópico), sino que es frecuente que den mayor importancia a la situación económica y social global (voto sociotrópico), apoyando por ejemplo a un gobierno que ha mejorado esta situación aunque no haya resuelto los problemas particulares del elector.
Las complejidades son aún mayores cuando se pretende prever o al menos explicar el comportamiento político de las clases medias. La razón es muy obvia: bajo esa etiqueta se engloban posiciones estructurales distintas –asalariados, profesionales independientes y pequeños empleadores– que a menudo solo tienen en común el tramo al que pertenecen en la escala de ingresos, por lo que sería más prudente hablar de «capas medias» y no de «clases medias»1.
Sin embargo, en este momento las clases medias tienen una nueva actualidad en América Latina a causa de varios factores. En primer lugar, la percepción generalizada de que su tamaño está creciendo en la región2, aunque las grandes diferencias entre países y los diferentes criterios de cuantificación hagan difícil objetivar el fenómeno. La emergencia de nuevas clases medias bajas, resultado de las políticas de transferencias monetarias directas y de otras políticas de redistribución, se suma a un periodo de crecimiento económico de casi una década y que, pese a la crisis de 2009, ha invertido el pronóstico pesimista de los años 90, según el cual el nuevo modelo económico hacía inevitable una crisis de las clases medias y la caída de una buena parte de estas en la «nueva pobreza»3. En Argentina, siete millones de personas, 20% de la población, dejaron de ser clase media en la década de los 90 para transformarse en pobres4. En segundo lugar, las clases medias han adquirido cierto protagonismo político en varios países de la región, al menos si aceptamos las interpretaciones de los medios. Las clases medias urbanas serían claves en la oposición a Hugo Chávez en Venezuela y a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Las movilizaciones contra las retenciones a las exportaciones decididas por el gobierno argentino habrían unido a las clases medias urbanas y a las nuevas clases medias rurales que anteriormente habían apoyado a Néstor Kirchner. Las clases medias urbanas se habrían rebelado contra la manipulación del Poder Judicial en Ecuador y su movilización –los llamados «forajidos»– habría provocado la caída del presidente Lucio Gutiérrez en abril de 2005.
Curiosamente, este protagonismo político aparece en gran medida ligado a actividades de oposición y a movilizaciones «desestabilizadoras», frente a la tradicional visión de las clases medias como fuentes de estabilidad política. Existen sin embargo experiencias previas en la región que muestran que no se puede contar con que el comportamiento político de las clases medias sea «naturalmente» estabilizador y democrático. En el pasado, y especialmente en el Cono Sur y Brasil, amplios sectores de las clases medias respaldaron a los regímenes militares como alternativa a una situación de desorden político y social.
La idea de que las clases medias pueden jugar un papel estabilizador –que viene al menos de Aristóteles en su Política– se basa en que, al ser independientes de las clases altas para su sustento y estatus social, que derivan de la pequeña propiedad o de su nivel educativo, tienen razones para frenar los proyectos expansivos de esas clases que puedan poner en peligro sus propios intereses. En otras palabras, las clases medias pueden asumir un comportamiento democrático en la medida en que sus intereses son «antioligárquicos».
Sin embargo, cabe imaginar que si la movilización de las «clases bajas» pone en peligro sus intereses, las clases medias pueden aliarse con las clases altas para frenar la insurgencia popular. Esta es la explicación que a menudo se ha dado para el apoyo a los golpes y a los regímenes militares en América Latina. Pero esta explicación puede ser demasiado simple, porque confunde la amenaza de una revolución social con una situación prolongada de desorden social y político.
Las guerras civiles en Centroamérica podían representar una amenaza revolucionaria real, como se comprobó en el caso nicaragüense. Por su parte, el proceso abierto por el gobierno de la Unidad Popular en Chile pudo pensarse que desembocaría en una transformación social radical. Sin embargo, en general los golpes militares, aunque se justificaran como respuestas a la amenaza revolucionaria, obtuvieron apoyo de las clases medias a causa de una situación de desorden social y político.
En Brasil, en 1964, no existía ninguna amenaza revolucionaria real, aunque se invocara el recuerdo de la aún reciente Revolución Cubana de 1959 para justificar el golpe. Puede que en 1973 (Uruguay) y 1976 (Argentina) estuviera presente la crisis chilena, pero probablemente lo estuvo sobre todo porque los militares se sentían tentados a emular a sus homólogos chilenos, así como el golpe brasileño de 1964 había influido sobre los autores del golpe argentino de 1966. Independientemente de los argumentos de los golpistas, el apoyo de las clases medias puede haber estado determinado por la situación de desorden, con el razonamiento que Marx atribuyó a la burguesía francesa ante el golpe de Luis Napoleón Bonaparte: «Mejor un final terrible que un terror sin fin».
Por otra parte, la idea de que las clases medias pueden tener intereses propios, distintos de los de las clases altas, no considera la heterogeneidad estructural de aquellas. Esto es lo que se ha puesto de relieve con el cambio de modelo económico en América Latina en los años 90, con el paso del dinamismo económico al sector globalizado de la economía. Mientras que los empleados públicos, profesionales y pequeños empresarios vinculados al mercado interno se convirtieron en perdedores, los empleados y profesionales vinculados al sector competitivo resultaron ganadores con el nuevo modelo.
Lo que ha cambiado en la última década es que el crecimiento económico estable ha producido un repunte del empleo formal, incluyendo en muchos países el empleo público. Esto se ha traducido en una recuperación de las clases medias-medias, a la vez que ha emergido una nueva clase media-baja como fruto de las políticas redistributivas y del aumento de las oportunidades de empleo. Así, puede hablarse de un crecimiento de las clases medias por la combinación del «regreso del Estado» y de los buenos resultados que ha ofrecido el nuevo modelo económico, gracias al aumento en volumen y el precio de las exportaciones primarias. El comienzo de la crisis global en 2008 hizo temer que se produjera una nueva interrupción del crecimiento económico de la región, como en tantas ocasiones anteriores. Pero no ha sido así, en parte porque los precios de las materias primas no han caído por debajo de la media histórica y gracias al impulso de la economía china han vuelto a subir, aunque no hayan alcanzado aún los niveles de la primera mitad de 2008. Además, probablemente por el asentamiento de políticas económicas prudentes, los gobiernos han tenido margen para impulsar medidas anticíclicas. Así, aunque la economía regional cayó 1,9% en 2009, se espera que crezca 5,2% este año5.
Si no se produce una recaída en la recesión global –a causa por ejemplo del actual ajuste de los déficits en los países de la Unión Europea, que puede revelarse demasiado precipitado–, cabe pensar que en 2011 se mantendrán las tendencias que han favorecido la expansión de las clases medias en la pasada década. Sin embargo, dentro del contexto económico regional existen diferencias significativas entre países, en especial entre los de América del Sur y los de Centroamérica y México, más vinculados, en términos de comercio y de remesas de los inmigrantes, al aún débil mercado de Estados Unidos.
Por otro lado, la realidad de las clases medias varía bastante entre países, en parte a causa de sus patrones históricos de desarrollo y en parte como consecuencia de la especificidad de sus crisis políticas y económicas. Para explicar –y en la medida de lo posible prever– la futura actuación política de las clases medias, habrá que considerar, por lo tanto, varios factores, en particular su tamaño, sus expectativas y –para valorar estas– sus experiencias previas.
Las nuevas clases medias bajas
El factor más significativo de la última década es el impacto que han tenido las políticas redistributivas y el crecimiento económico en la formación de nuevas clases medias bajas, y no solo en la reducción de la pobreza. Para calibrar este fenómeno pueden compararse las experiencias de Brasil y Venezuela.
En Venezuela, aunque las cifras sean polémicas, el fuerte dinamismo económico que se produjo entre 2004 y 2008, sumado a las políticas sociales (las «misiones»), parece haber conducido a una fuerte reducción de la pobreza y de la extrema pobreza: el porcentaje de hogares pobres había bajado a 31,6% en el primer semestre de 2009, frente a 49,99% del primer semestre de 1999, y la pobreza extrema había pasado de 19,86% a 8,70% durante el mismo periodo, según cifras del Instituto Nacional de Estadística6.
Sin embargo, la estructura social no parece haber cambiado sustancialmente entre 1998 y 2007, según los estudios de Datanálisis citados por Hidalgo. El estrato C (clase media) habría pasado de 18% a 18,3%, y la caída en más de cinco puntos del estrato D (clase baja, equivalente a 33,6% en 2007) se vería compensada por el incremento del estrato E (45,7% en 2007). Dentro del estrato C, las mejoras salariales en el sector público habrían beneficiado al subgrupo C-, en el que se incluirían funcionarios y Fuerzas Armadas, y especialmente a los altos cuadros y empresarios vinculados al gobierno.
Se ha argumentado que la política social de Chávez era muy poco eficiente en su relación entre gasto y resultados7, y es indudable que la alta inflación y la mala gestión de los servicios públicos y de infraestructuras perjudican sobre todo a los sectores de renta más baja. Pero aun así llama la atención la inmovilidad de la estructura social y el deterioro que revela el crecimiento del estrato E, sin que se perciba la emergencia de nuevas clases medias bajas.
El cuadro en Brasil es muy distinto. Entre 2004 y 2007, a consecuencia de la expansión económica y de las políticas públicas, la «clase C» pasó de 39,85% a 47,6%. Tavares y Nunes sostienen que
no solo hubo una significativa expansión de la capa media baja, como en Recife y Salvador, capitales de estados en los cuales hay una gran incidencia de pobreza. En las capitales más importantes del país, desde el punto de vista político –Río de Janeiro, São Paulo y Belo Horizonte– la «Clase C» ya es mayoría de la población (…) Entre 2007 y 2008 hubo un desplazamiento de alrededor de 30% de los brasileños de la clase D a la clase C.8
Este crecimiento del estrato medio en términos de ingreso explica el clima general de euforia que existe en la opinión pública brasileña y el fuerte apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva, cuya gestión se identifica no solo con las políticas de redistribución (las transferencias directas a las familias) sino con la marcha positiva de la economía, aunque esta sea en buena parte atribuible al contexto económico global: virtù e fortuna.
La clase C no solo apoya a Lula (en 2008, 63,5% consideraba su gestión buena o muy buena), sino que muestra un alto nivel de identificación con el Partido de los Trabajadores (PT): 47,4% de los integrantes de esta clase declaran preferencia por algún partido, y casi la mitad de ellos se identifican con la fuerza política oficial. Por otro lado, la clase C muestra actitudes democráticas pese al obvio descrédito del Poder Legislativo y de la «clase política». Esto parece indicar que para este sector son decisivos lo que podemos llamar los «resultados» de la democracia, incluido no solo su ascenso social sino también –y quizá sobre todo– las expectativas positivas sobre el futuro a partir de su muy positiva experiencia de años pasados.
En contraste, en Venezuela, según datos de 2009, solo 20% del estrato medio apoyaba a Chávez, mientras que 40% se declaraba opositor y otro 40% «neutral», lo que resulta más llamativo teniendo en cuenta que al comienzo de su gestión Chávez contaba con una alta popularidad entre la clase media (91,4% en 1999). El análisis de Hidalgo muestra cómo su actuación en el periodo posterior a 2010 llevó a sectores mayoritarios de la clase media a sentir que el gobierno ha puesto un cerco a su estilo de vida9, algo que evidentemente no ha sucedido en Brasil.
Pero existe otra diferencia que desde el punto de vista comparativo tiene también relevancia: en Venezuela el estrato medio no ha crecido por ascenso social desde el estrato bajo. Chávez mantiene su apoyo en los sectores populares, pero bajo su gobierno no se ha expandido la clase media. La desconfianza u hostilidad de la clase media «acosada» no tiene el posible contrapeso de una nueva clase media baja emergente.
Expectativas negativas y estilos de gobierno
Es importante recordar el fuerte apoyo inicial recibido por Chávez entre la clase media. La quiebra de los partidos políticos y la desafección ante la política tradicional fueron el caldo de cultivo del que desde 1998 surgieron nuevos estilos de liderazgo, caracterizados con frecuencia como populistas y plebiscitarios; de ese clima de opinión han participado quizá de forma especial las clases medias.
¿Cuándo se produce el distanciamiento de las clases medias respecto de los nuevos gobernantes? La clave podría pasar simplemente por los resultados económicos cuando estos defraudan las expectativas de los estratos medios. La mayor disponibilidad de crédito o el consumo subsidiado podrían ser insuficientes si la presión inflacionaria o las intervenciones del gobierno en la vida económica y social se perciben como amenazas a un «estilo de vida» que, más allá del nivel de ingreso y consumo, definiría la identidad de la clase media.
Dentro de ese estilo de vida podría incluirse el respeto a los valores de la democracia liberal. La revuelta contra Lucio Gutiérrez en Ecuador en 2005 fue una respuesta al intento del gobierno de manipular el Poder Judicial para cumplir con el ex-presidente Abdalá Bucaram. Igualmente se podría considerar que la oposición de las clases medias de Buenos Aires a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner es en buena medida consecuencia de su forma de gobernar, de su permanente intento de controlar al Legislativo, pese a que en los comienzos de su Presidencia habían dado pasos creíbles y positivos para restaurar la autonomía del Poder Judicial.
Pero también se podría pensar que no es solo la forma sino el estilo y el discurso de los gobiernos plebiscitarios lo que provoca el rechazo de las clases medias. Estas tenderían a rechazar a los gobiernos «plebeyos», desde sus mayores niveles de educación e información política, por las mismas razones que hacen que los sectores populares se identifiquen con ellos. El problema de este tipo de razonamiento es que no explicaría la aceptación que encontró Carlos Menem entre las clases medias durante los años buenos de la convertibilidad, ya que ni el discurso ni el estilo menemista eran precisamente ilustrados. Se puede pensar entonces que son las actuaciones de los gobiernos, especialmente las económicas, las que determinan la respuesta de las clases medias. El proyecto de Ley de Educación de Chávez provocó en 2001 una movilización de las clases medias, que interpretaron la ley como una amenaza a la educación privada que consideran garantía de reproducción de su posición social10.
¿Por qué se producen también enfrentamientos cuando ni el estatus ni el nivel de ingresos de las clases medias están en peligro? Es fácil entender la oposición de las clases medias rurales argentinas a la elevación de las retenciones, pero no es tan obvia la razón de la oposición a los Kirchner en la ciudad de Buenos Aires. Una posible explicación, más allá de los valores democráticos o del rechazo al discurso plebeyo del poder, serían la inflación y su manipulación por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que perjudican a las clases medias como consumidores y como ahorradores y pensionistas.
Pero hay otra hipótesis que puede tener más alcance: las expectativas negativas a partir de experiencias anteriores. En Argentina, es un lugar común afirmar que los momentos dulces de la economía vienen siempre seguidos de nuevas crisis, como sucedió con el derrumbe de la convertibilidad. Estas expectativas negativas se incrementan, en buena lógica, cuanto mayor es la percepción de un manejo heterodoxo de la economía que se entiende pueda conducir a una nueva crisis.
A pesar de la coyuntura económica favorable y de políticas destinadas a neutralizar los efectos de la inflación sobre el bolsillo de las clases medias de las grandes ciudades, en las elecciones presidenciales de octubre de 2007 estas se mostraron reacias a votar por Cristina Kirchner y prefirieron hacerlo por una oposición fragmentada e incapaz de convertirse en alternativa al oficialismo. La demanda de transparencia en la gestión pública, los escándalos de corrupción, la frustrada modernización política, la manipulación de las estadísticas oficiales y la precariedad de un tipo de crecimiento más orientado a construir el poder personal que a sentar las bases de un desarrollo sostenido, militaron en contra de la fórmula oficialista11.
En este sentido, la clase media se distingue de las clases populares por poseer un proyecto de futuro que va más allá de la supervivencia y del consumo inmediato. Aspira a prolongar su estatus, su nivel social, para ella y para sus hijos, y esa continuidad puede verse en riesgo, incluso si el presente económico es favorable, por políticas que provoquen desequilibrios o puedan provocarlos en un futuro próximo. La memoria viva de crisis que han amenazado seriamente su posición social, y no solo sus ingresos, puede ser así el factor decisivo para explicar la desconfianza de las clases medias hacia el gobierno o sus enfrentamientos con él.
Cierres y privilegios
El temor a los riesgos futuros puede ser también la explicación del inmovilismo de las clases medias en situaciones sociales que parecen exigir un cambio radical de políticas públicas. Este temor puede venir de experiencias anteriores o de un sentimiento de fragilidad a causa de la excesiva distancia que separa a la clase media de las clases populares y de las pocas posibilidades de ascenso de estas, especialmente si las expectativas económicas del país son bajas.
Para comenzar, hay que distinguir los casos en que las clases medias son minoritarias en un contexto de altos niveles de pobreza: ese sería el caso en Centroamérica de Nicaragua, Honduras y Guatemala. Es probable que el temor a los cambios sea mayor cuanto más reducidos son los grupos medios, que pueden sentirse amenazados en su estatus y en su nivel de ingresos por cualquier política pública o medida fiscal de finalidad redistributiva, no digamos ya por una transformación radical del orden social.
Si los sectores medios se sienten más próximos a la clase alta en sus intereses, solo un serio conflicto dentro de esta o con esta puede llevarlos mayoritariamente a la oposición. Esto es lo que sucedió en Nicaragua en 1978, cuando el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro por Anastasio Somoza llevó a acompañar a la insurgencia sandinista a amplios sectores de las clases medias y altas no dependientes directamente del régimen y que se sintieron amenazadas por la actuación del cleptócrata. Y esto es lo que puede estar sucediendo ahora, con la creciente deriva del segundo gobierno de Daniel Ortega hacia la alegalidad. Por otro lado, junto con el peso relativo de la clase media en la estructura social, es necesario distinguir entre ganadores y perdedores de las transformaciones económicas de los años 90. Los trabajadores del sector público y los pequeños propietarios que trabajan para el mercado interno, no competitivos, tenderán a oponerse a las reformas liberalizadoras de la economía, que privilegian al sector privado competitivo. En cambio, las clases medias insertas en este sector «moderno», como trabajadores cualificados, directivos o profesionales cuya clientela procede de aquel, favorecerán los cambios, aunque pueden oponerse a las políticas públicas o a medidas fiscales de redistribución.
El panorama de las clases medias en Costa Rica, el país centroamericano en el que estas alcanzaron mayor importancia en la segunda mitad del siglo, apunta a esta escisión de las clases medias entre ganadores y perdedores:
las transformaciones en curso han desencadenado un proceso de fragmentación de los sectores medios (…) Ha habido sectores medios «ganadores», normalmente asociados al mercado, y sectores medios «perdedores», normalmente asociados al Estado. Pero, por otro lado, la fragmentación es fruto de la imposición de dinámicas de individualización, inducidas por el riesgo que resulta de la volatilidad de los mercados globales. Son, justamente, los sectores medios los más afectados por este fenómeno del riesgo ya que las elites tienen recursos suficientes para afrontar la globalización y su incertidumbre.12
Pero al mismo tiempo la clase alta se habría distanciado de la clase media alta (ganadores), y la distancia de las clases medias respecto a los estratos inferiores habría aumentado. Según otro análisis, las clases medias altas se habrían «elitizado» y, aunque las clases medias podrían haber crecido, su percepción sería la opuesta: la de un decrecimiento y una crisis reforzada por el sentimiento de inseguridad (pública). Una de las consecuencias podría ser la erosión del voto de clase media a los partidos tradicionales (el Partido de Liberación Nacional –PLN– y el Partido Unidad Social Cristiana)13.
En México, la situación se complica adicionalmente por el efecto acumulativo de las crisis financieras identificadas como «maldición del sexenio», y en particular con los desastrosos finales de los gobiernos de José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari. El costo de estas crisis, y de las reformas efectuadas por Salinas, parece haber creado expectativas muy negativas en las clases medias ante posibles cambios sustanciales en las políticas públicas, a la vez que apostaban claramente por la democratización, no solo por convicción sino también para reducir la discrecionalidad de los gobiernos.
Al cabo de este periodo de reformas, la concentración del ingreso es mayor, la estructura social ha ganado en rigidez y se mantiene la desigualdad. En este contexto, y contrariamente a lo que pudiera esperarse en condiciones económicas tan adversas, las clases medias no solo no se redujeron, sino que se consolidaron y afianzaron su capacidad de influencia (…) La democratización fue impulsada por una alianza entre clases medias y elites políticas, que logró desmantelar la hegemonía del PRI [Partido Revolucionario Institucional]. Una vez alcanzados los cambios políticos, esta alianza se mantuvo aunque variaron los objetivos: la estabilidad y la continuidad se impusieron como prioridad de este acuerdo.14
Falta de representación política
Uno de los problemas evidentes que surgen de esta enumeración de comportamientos políticos de las clases medias es la ausencia de partidos a través de los cuales se puedan sentir políticamente representadas. Desde el momento en que las clases medias son más un conjunto de estratos en función del ingreso que una clase en el sentido estructural del término, es decir, desde el momento en que son ocupacionalmente heterogéneas, cabe pensar que no pueden tener una voz política definida.
Históricamente, sin embargo, es indudable que la Unión Cívica Radical (UCR) argentina o el PLN costarricense contaron en su momento con el respaldo de sectores importantes de las clases medias. Lo que ha cambiado es la escisión de las clases medias en ganadores y perdedores con las reformas de los años 90. Los «nuevos pobres» y los sectores de las clases medias que se sienten amenazados por la liberalización y globalización de la economía difícilmente pueden coincidir en la definición de sus intereses, y por tanto en sus opciones políticas, con las capas medias ganadoras.
Pero la experiencia de la Alianza entre la UCR y el Frepaso en Argentina mostró que no es imposible la coincidencia en un programa que trate de conciliar la defensa de los sectores «perdedores» con el bienestar de los «ganadores». El desastroso final del gobierno de Fernando de la Rúa se explica porque la clave de ese programa –el mantenimiento de la convertibilidad– resultó inviable. Sin embargo, debería ser posible definir programas realistas que aúnen los intereses de las distintas clases medias y los de la mayoría social.
Eso es lo que se puede llamar «programas socialdemócratas». Tras la crisis global de 2009, América Latina parece estar en condiciones de afrontar la tarea histórica de romper la cadena de transmisión de la desigualdad15, y no solo de reducir la pobreza gracias a un contexto global favorable. Existen las bases para un nuevo consenso político y social en torno de la necesidad de conciliar el crecimiento económico con la cohesión social, y hay un nuevo concepto sobre las tareas del Estado y las políticas que va más allá del Consenso de Washington y de las «reformas de segunda generación».
El problema es que la definición de un programa capaz de agrupar a las clases medias, a los trabajadores y a los sectores marginados no es una tarea simple. En muy pocos países existen fórmulas políticas creíbles que puedan desarrollar un programa socialdemócrata. La competencia de las propuestas personalistas y plebiscitarias complica aún más la situación, aunque solo sea porque ofrece argumentos a los sectores conservadores para intentar poner de su lado a las clases medias, presentando como una amenaza «populista» cualquier propuesta de redistribución y de mayor (y mejor) intervención del Estado.
Parece evidente, sin embargo, que se dan las circunstancias favorables para que una nueva generación de políticos latinoamericanos trate de presentar a los ciudadanos programas que, más allá de las etiquetas, busquen el interés general y la creación de una sociedad cohesionada, una sociedad en la que las clases medias dejen de estar escindidas entre ganadores y perdedores o amenazadas por la nueva pobreza.
