El 27 y 29 de marzo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió las sentencias 155 y 156 que, entre otras cosas, declararon a la Asamblea Nacional en desacato. Además, retiró la inmunidad parlamentaria y ordenó que, «mientras persista la situación de desacato», esa misma sala ejerza las competencias parlamentarias. Estas decisiones fueron evaluadas tanto dentro del país como en el nivel internacional, particularmente a través de instituciones como la Organización de Estados Americanos (oea) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como un golpe de Estado judicial o un «autogolpe».Las sentencias se encuadraban en el enfrentamiento entre la Asamblea Nacional, elegida mediante el voto popular en 2015 y único poder del Estado bajo el control de la oposición, y el resto de las instituciones estatales controladas por el chavismo. Sin embargo, al día siguiente de la decisión del tribunal y de manera sorpresiva, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, otrora aliada del gobierno, se declaró en contra de ambas sentencias por considerar que representaban «una ruptura del orden constitucional», lo que develó una fisura importante dentro del espacio oficialista.

Las sentencias condujeron también a protestas a partir del 30 de marzo, a pesar de que el presidente Nicolás Maduro ofreció mediar ante lo que denominó como «un impasse» y convocó al Consejo de Defensa. Como respuesta, el 1o de abril, el Tribunal Supremo de Justicia (tsj) emitió en su página de internet una nota que «suprimía» los contenidos de las sentencias 155 y 156 referidos a la inmunidad parlamentaria y a la adjudicación a la sala constitucional de las competencias parlamentarias. No obstante, el 30 de marzo se produjeron manifestaciones de grupos estudiantiles frente a la sede del tsj, a los que se sumaron parlamentarios de oposición, y se registraron escaramuzas con la Guardia Nacional Bolivariana, lo que condujo a un ciclo de protestas que duró cuatro meses y que tuvo un saldo de muertos y heridos.

Antecedentes

Para comprender el estallido de 2017, es crucial entender las tensiones políticas heredadas del año anterior. En 2016 la oposición, representada por la Mesa de Unidad Democrática (mud), que para el momento reunía a 19 partidos políticos, se decantó luego de un debate más o menos amplio por presionar en favor de la realización del referéndum revocatorio. Este, según establece la Constitución, permite solicitar la revocatoria del presidente una vez pasada la mitad de su mandato. De hacerse la consulta, la salida de Maduro se daba por segura, dado que su rechazo, según las encuestas de opinión, rondaba el 80%¹. Por eso, el referéndum fue dilatado por el gobierno, que apeló a diferentes argucias para frenarlo en sus distintas fases, lo que impulsó a la oposición a convocar protestas masivas en las calles.

El 21 de septiembre de 2016 el Consejo Nacional Electoral (cne) finalmente aprobó la recolección de firmas para la activación definitiva del referéndum. Pero dado el tiempo que requería la auditoria por parte de este organismo, su propia presidenta, Tibisay Lucena, anunció que el referéndum no podría realizarse antes de comienzos de 2017². La oposición decidió comenzar la recolección de las firmas bajo protesta por las condiciones que consideró inconstitucionales. Sin embargo, ni siquiera se llegó a esa etapa, ya que el 20 de octubre cuatro tribunales estatales suspendieron el proceso. La medida avivó aún más las protestas callejeras, que incluyeron la denominada «gran toma de Venezuela», reportada por los medios internacionales como una manifestación de «cientos de miles» de personas³. Esa marcha dejó como saldo un fallecido y más de un centenar de heridos y detenidos.

El mismo día en que los tribunales suspendieron el referéndum revocatorio, Maduro salió de manera sorpresiva a una gira que culminó con una visita al Vaticano. Allí el gobierno solicitó al papa Francisco que fungiera, junto con los ex-presidentes de España, Panamá y República Dominicana, como mediador en una nueva ronda de diálogo con la oposición. Pese a un fuerte escepticismo, la oferta fue aceptada por esta última. Para dar inicio al diálogo, la mud accedió a suspender la marcha que se había convocado hacia el Palacio de Miraflores para el 2 de noviembre, lo que condujo a la desmovilización de una convocatoria ciudadana que había comenzado a cobrar fuerza.

A las pocas semanas, el Vaticano expresó dudas sobre la voluntad del gobierno de cumplir las promesas hechas en el diálogo y para mediados de enero de 2017 ya se había retirado de él, lo que dejó a la oposición con las manos vacías. La opinión pública declaró a Maduro victorioso por haber logrado, contra muchos pronósticos, mantenerse en el poder evitando el referéndum revocatorio y desmovilizando las protestas en la calle.

Todos estos hechos acrecentaron el escepticismo respecto a la posibilidad de salidas negociadas o electorales, así como la desconfianza tanto en el gobierno como en la oposición. Este recelo quedó evidenciado, por ejemplo, en la encuesta del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (lapop) de la Universidad de Vanderbilt. El relevamiento recogió datos en Venezuela entre octubre de 2016 y enero de 2017 y encontró, entre otras cosas, las percepciones más negativas de la economía del país en diez años: 90% de los encuestados respondió que la situación había empeorado y 66% opinó que Maduro debió haber dejado la Presidencia por vía de la renuncia o el referéndum revocatorio. También se registró la satisfacción más baja con la democracia reportada por la encuesta en diez años: la cifra se ubicó en 26,5%⁴. Todo esto corrió paralelo a una situación económica cada vez más apremiante: ante la falta de datos emitidos por el Banco Central de Venezuela (bcv), la Asamblea Nacional calculó la inflación anualizada hasta marzo de 2017 en 65,5%.

Las protestas de 2017

El 1o de abril de 2017, con motivo de las mencionadas sentencias del tsj, la mud volvió a convocar una marcha, cinco meses después de las realizadas el año anterior. Esta vez fueron los diputados, sobre todo los más jóvenes, quienes aparecieron liderando la movilización en las calles. De esta forma, la generación que surgió del movimiento estudiantil organizado en 2007 en torno del rechazo al cierre arbitrario del canal de televisión rctv fue diez años después protagonista en la calle, representada por jóvenes políticos como Freddy Guevara, Miguel Pizarro, Roberto Patiño, David Smolansky y Manuela Bolívar, entre otros.

La marcha se dirigió a las Defensoría del Pueblo, donde le exigió a su entonces titular, Tarek William Saab, un pronunciamiento en torno de los hechos recientes. En varios tramos los manifestantes se encontraron con barricadas de la Guardia Nacional y la Policía Bolivariana, y fueron finalmente dispersados con gas pimienta y perdigones. A partir del 4 de abril, las protestas comenzaron a convocarse a diario y se produjeron escaramuzas cada vez más intensas, que llegaron al asesinato, el 6 de abril, de Jairo Ortiz, de 19 años, por un disparo en el pecho realizado por un miembro de la Policía Nacional Bolivariana⁵. Las imágenes de la represión fueron contagiando la indignación y se reprodujeron las protestas a lo largo y ancho del país. Las redes sociales jugaron un papel relevante al registrar y transmitir muchos de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, que perpetraron actos vandálicos, robaron a manifestantes y asesinaron con disparos a corta distancia. En un contexto crítico, el 18 de abril Maduro ordenó la aplicación del Plan Estratégico Cívico-Militar Zamora, que entre otras cosas conllevó «un despliegue de fuerzas militares, fuerzas milicianas y fuerzas populares» frente a las protestas⁶. Dicho de otro modo, se oficializó la incorporación de grupos armados paraestatales a la represión. De manera reiterada se observó el uso de «colectivos» armados o grupos de civiles aliados al chavismo para intimidar a la oposición.

La mud declaró, a través de sus voceros, que se mantendría en la calle hasta el restablecimiento del orden constitucional, la apertura de un canal humanitario para atender a la crisis y la liberación de todos los presos políticos. Las protestas fueron continuas durante cuatro meses, hasta los primeros días de agosto. La fiscal general Ortega Díaz contabilizó que en ese tiempo se produjeron 121 muertes y casi 2.000 heridos. Fuentes periodísticas subieron la cifra de muertos a 157⁷, lo cual hablaría de casi dos personas asesinadas por día. En realidad, la letalidad de la represión fue incrementándose con el paso del tiempo y llegó, en días como el 30 de julio, a 12 muertos en distintas circunstancias. Asimismo, la ong Foro Penal contabilizó 5.092 arrestos, con 1.325 personas que permanecían en prisión a comienzos de agosto de 2017.

Como movimiento colectivo, las movilizaciones y este ciclo de protestas presentan muchas aristas. Un aspecto destacable es la masiva participación de la población juvenil, reflejada en el saldo de 77 fallecidos de 25 años o menos, de los cuales al menos 11 eran menores de edad⁸. Los jóvenes desarrollaron sus propios códigos y, en última instancia, sus propias lógicas de participación. En la plaza Altamira pude observar muchas de esas protestas a lo largo de los meses. Fueron evidentes el cruce de distintas perspectivas y el contagio emotivo que en un principio impulsó la dimensión y la intensidad de las protestas en el país. En la plaza se observó la variedad de movimientos: estudiantes universitarios, representantes de los partidos políticos, organizaciones civiles y una gran masa anónima, que incluyó a muchos jóvenes que fueron generando toda una «indumentaria de protesta» compuesta por máscaras de gas, escudos de madera pintados y bombas caseras.

La ciudadanía en general dio pie a múltiples expresiones que se conjugaron en la calle. Movimientos como el Laboratorio Ciudadano de Protesta No Violenta intentaron servir de plataforma para coordinar e impulsar distintas expresiones. Aparecieron protestas creativas, como «Dale Letra», que usaba pancartas y consignas originales e intentaba llegar al comienzo de las marchas, o «Canta el Pueblo» y «Las Piloneras», que usaron canciones para darle voz al reclamo. Los músicos, muchos de ellos miembros del Sistema de Orquestas Juveniles tantas veces utilizado por el gobierno como emblema, participaron activamente con sus instrumentos y se convirtieron tanto en víctimas como en símbolos de resistencia. La muerte de un joven violinista de 17 años integrante del Sistema llevó a que Gustavo Dudamel, director de orquesta mundialmente reconocido y que aparecía a menudo en actos oficiales, declarara su rechazo a la represión.

Muchas esferas de la sociedad se sumaron al reclamo. Por ejemplo, los deportistas, que en general han sido de los sectores menos involucrados en el conflicto político, reprodujeron videos con proclamas contra el gobierno. En los campos de fútbol, los jugadores de varios equipos profesionales solicitaron permiso para hacer un minuto de silencio en homenaje a los caídos, pero la petición fue rechazada por la Federación Venezolana de Fútbol. En respuesta, los jugadores se pusieron de acuerdo entre ellos en que, aunque el árbitro pitara el inicio del partido, se mantendrían inmóviles; de ese modo impusieron la protesta a pesar de las presiones de los dueños de los equipos, la federación y el canal de televisión, en una modalidad de desobediencia civil⁹. Por su parte, el hijo del defensor del pueblo publicó un video en el que se declaraba opositor al gobierno y le reprochaba a su padre la represión contra las protestas y los dos asesinatos del día declarando «pude haber sido yo»; expresiones similares de familiares de gobernantes se repitieron por esos días. Médicos y estudiantes de Medicina se organizaron en lo que llamaron la «Cruz Verde», que ofreció auxilio a los heridos durante las marchas¹⁰.En paralelo, también se fueron conformando grupos de protesta violenta. Comenzaron a ganar visibilidad encapuchados que se llamaban a sí mismos «guerreros» y que iban a la cabeza de las marchas, organizados en grupos de 10 o 15 jóvenes, dispuestos a devolver los gases lacrimógenos y lanzarle piedras y bombas molotov a la Guardia. Paulatinamente, este grupo heterogéneo de jóvenes sin rostro se fue identificando como la «Resistencia». En entrevistas concedidas a medios internacionales, algunos dijeron ser estudiantes universitarios, otros, trabajadores, y se conectaron a través de las redes sociales bajo anonimato para no ser perseguidos por el gobierno. No obstante, se mostraban cada vez más en desacuerdo tanto con los políticos de la oposición como con las expresiones de protesta no violenta¹¹.

En medio de las tensiones entre quienes argumentaban en favor de la protesta pacífica y quienes sostenían que con ella no se alcanzarían los objetivos de la movilización, el 27 de junio el funcionario de la Policía Científica Óscar Pérez robó un helicóptero, sobrevoló el tsj y lanzó una granada, además de enviar un video en el que llamaba a la rebelión. Pérez logró escapar y unos días después apareció sorpresivamente en una marcha. El llamado de Pérez no tuvo mayor eco dentro de las Fuerzas Armadas y fue difícil de interpretar para la mayoría de la población, que desconfió de la autenticidad del gesto. Meses después, en enero de 2018, su asesinato por parte de las fuerzas de seguridad del Estado dejó en evidencia que Pérez apeló a un grupo de la llamada Resistencia, que juntaron esfuerzos para intentar una insurrección violenta contra el gobierno.

Esta heterogeneidad efervescente, que al principio fue contagiosa, paulatinamente evidenció la ausencia de un liderazgo opositor claro que pudiese canalizarla. Los partidos nucleados en la mud, entre los que se destacan Primero Justicia (Henrique Capriles), Voluntad Popular (Leopoldo López), la tradicional Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo (Manuel Rosales), tuvieron graves dificultades para coordinar una estrategia común. A pesar de que en las primeras convocatorias pudo observarse con claridad el liderazgo de políticos de la oposición y de que la represión gubernamental generó una indignación que multiplicó las protestas, los especialistas advertían una suerte de «anarquización», el aumento de la violencia y la pérdida de fuerza del liderazgo opositor para conducirlas¹². De este modo, la mud, que había logrado un éxito importante en las elecciones legislativas de 2015, bajo la presión de las protestas se fue resquebrajando. En varias ocasiones distintos representantes de la Mesa dieron instrucciones contradictorias sobre los horarios y la modalidad de protestas convocadas, lo que generaba confusión. Además, la presión de los mismos manifestantes en la calle condujo a menudo las protestas en direcciones distintas, en rebelión a los mensajes de los políticos.

Mientras eso ocurría en las calles, multitud de acontecimientos políticos influyeron en el curso final de la crisis. El 27 de abril el gobierno comunicó su retiro de la oea. En una audaz maniobra, el 1o de mayo Maduro solicitó la realización de elecciones para conformar una Asamblea Nacional Constituyente (anc) con facultades plenipotenciarias para redactar una nueva Constitución, y se fijó la fecha de la elección para el 30 de julio. Al mismo tiempo, el conflicto entre el tsj y la Fiscalía continuó. El 27 de junio, el tsj le otorgó al defensor del pueblo competencias de la Fiscalía y el 4 de julio, el mismo tribunal pasó por encima de la Asamblea Nacional al designar una nueva vicefiscal general. Evidentemente rechazada dentro de la institución, en un episodio rocambolesco, la nueva funcionaria intentó tomar el cargo ingresando a la sede del instituto escondida en el maletero de un auto, pero fue descubierta y desalojada. Y como continuidad del conflicto entre el oficialismo y el Parlamento, el 5 de julio grupos chavistas armados irrumpieron en la Asamblea Nacional e hirieron a varios parlamentarios. Grabaciones de las comunicaciones entre los grupos de choque y la Guardia Nacional encargada de custodiar el Palacio Legislativo evidenciaron la coordinación entre grupos civiles y policiales¹³.

Como parte de los esfuerzos de Maduro para marcar la agenda, el 8 de julio Leopoldo López –el preso político más conocido a escala mundial, condenado a casi 14 años de cárcel luego de las protestas de 2014– fue sorpresivamente enviado a su domicilio a un régimen de casa por cárcel, lo que disparó todo tipo de rumores sobre negociaciones entre el gobierno y la oposición. Pero fue la elección e instalación de la anc lo que marcó de manera definitiva el curso de las protestas. La mud rechazó participar en esas elecciones por considerar que el presidente no tiene la facultad de convocar a una Constituyente y que las reglas de la votación contravenían el principio democrático de una persona/un voto, ya que el gobierno optó por un complejo y cuestionado sistema que combinaba la elección ciudadana con representantes «sectoriales» y «territoriales», en un claro sesgo a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela (psuv). Como expresión de rechazo, la mud realizó el 17 de julio su propio referendo sin concurso del cne, en el que consultó al país sobre la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Según los opositores, más de siete millones de votantes rechazaron la iniciativa de Maduro.

Nada detuvo, sin embargo, al gobierno. El 30 de julio se llevaron a cabo las elecciones y el 4 de agosto se instaló la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno afirmó haber superado los ocho millones de votantes, a pesar de que el mundo entero consideró que la elección fue fraudulenta, incluida la misma empresa encargada de contabilizar los votos¹⁴. A pesar de ello, la reacción de la oposición fue desarticulada y débil. Aprovechando su victoria política, el gobierno convocó inmediatamente a nuevas elecciones regionales y estatales –postergadas durante meses–, lo que generó un nuevo debate dentro de la oposición sobre la vieja cuestión de participar o boicotear los comicios, con los problemas implícitos en ambas opciones. En este marco, el mismo día en que se denunció el fraude, el presidente del partido Acción Democrática, Henry Ramos Allup, sin consultar con los otros partidos, anunció que el viejo partido de Rómulo Betancourt participaría de esas elecciones.

La elección de la Asamblea Nacional Constituyente desinfló definitivamente las protestas. Era claro que ni las calles ni la presión internacional habían conseguido evitar su instalación, como se había prometido. Tampoco había prosperado la apuesta a una fractura dentro del chavismo que parecía ampliarse con la ruptura de la fiscal Ortega Díaz¹⁵. Fue más bien la mud la que acabó seriamente herida y en desbandada, y el 8 de agosto, una de las líderes más críticas, María Corina Machado, y su partido Vente Venezuela anunciaron su retiro de la Unidad.

Consecuencias

Los meses de conflicto dejaron un saldo doloroso para el país, atravesado por los duelos por las pérdidas de personas queridas, más presos políticos, agudización de la fractura interna, pérdida de esperanza en encontrar salidas a la crisis y mayor presencia militar. Y se sumaba a todo esto la imposición de una instancia «plenipotenciaria» transformada en una suerte de gobierno de facto.

El chavismo logró sobrevivir y mantener el poder con fracturas menores. Los rumores sobre tensiones internas abundan, pero solo se han evidenciado en cruces de órdenes contradictorias en algunos actos públicos. De manera visible, la separación de la fiscal Ortega Díaz fue antecedida por órdenes de excarcelación emitidas por la Fiscalía que los cuerpos policiales se negaron a cumplir, en algunos casos durante meses. Asimismo, llamó la atención que la suspensión del referéndum revocatorio de 2016 fuera dictada por tribunales estatales en estados dirigidos por ex-militares (y no por el tsj), luego de que el cne hubiese fijado la fecha. Finalmente, en el operativo para arrestar al disidente Óscar Pérez y su grupo, se grabaron videos y audios que evidenciaron pugnas en la toma de decisiones, de manera notoria entre cuerpos policiales y militares. Otra muestra visible de la lucha interna surgió en noviembre de 2017, cuando el embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (onu), Rafael Ramírez, otrora cercano a Chávez y ex-presidente de Petróleos de Venezuela (pdvsa), fue destituido y posteriormente acusado de corrupción junto con un grupo cercano de colaboradores.

Ante la fragmentación interna, unida a la pérdida de apoyo popular y a la fuerte crisis económica, la militarización y la represión han ganado cada vez más terreno. Para 2016, las Fuerzas Armadas habían más que duplicado su número de efectivos en comparación con 2012; el porcentaje del pib dedicado a la defensa era más del doble de lo asignado en todos los demás países latinoamericanos salvo Cuba¹⁶, y la presencia de militares retirados o activos en el gabinete pasó de aproximadamente 20% en 2013 a 40% en 2018¹⁷. Quizás la consecuencia más visible en la población es la generalizada pérdida de confianza. Las encuestas, tanto nacionales como internacionales, ya evidenciaban los niveles más bajos de confianza en las instituciones para el año 2015¹⁸. A esto se le suman niveles muy altos de desconfianza interpersonal. Se ha perdido la fe en representantes, instituciones y la propia colectividad. Una muestra relevante de la desconfianza generalizada es la lucha interna y el desmembramiento de la oposición. Sectores de la población acusan a los políticos opositores de traicionar a los manifestantes que murieron en las calles. En la medida en que se acumulan muertes en los movimientos sociales, una parte de los afectados vive como traición la posibilidad de cualquier salida negociada¹⁹. Si bien la popularidad del gobierno ha continuado en caída, el apoyo a la mud no se ha incrementado. Para diciembre de 2017, en una encuesta nacional, 61% de la población evaluaba la gestión del gobierno nacional como mala. Esa misma encuesta²⁰ encontró que 57% de la población evaluaba negativamente la gestión de la Asamblea Nacional, y 74% expresaba lo mismo respecto de la Asamblea Nacional Constituyente. De manera que Venezuela es un país con dos asambleas, y ambas carecen de legitimidad para discutir y llevar adelante los grandes proyectos nacionales.

En resumen, hay poca fe en salidas negociadas o democráticas. Opciones como la mesa de diálogo instalada en República Dominicana, con mediadores internacionales, han sido recibidas con mucho escepticismo. Para que el diálogo funcione, debe haber un mínimo de certeza de que las partes cumplirán con lo prometido²¹. El gobierno ha demostrado de manera reiterada que rompe los acuerdos a pocas horas de haberse levantado de las mesas de negociación. De manera inquietante, expresiones de lucha armada van paulatinamente apareciendo en el panorama, como el asalto al Fuerte Militar Paramacay en agosto de 2017 y otro asalto al Fuerte San Pedro en diciembre del mismo año, realizado por el grupo de Oscar Pérez, que en el mes siguiente fue masacrado por fuerzas de seguridad. En paralelo, la emigración se ha multiplicado a niveles nunca antes vistos, lo que refleja la pérdida de la esperanza de gran parte de la población en una salida a la crisis. No se puede obviar que la situación económica expresada en la hiperinflación y el desabastecimiento de comida y medicinas se ha agudizado gravemente.

Todo apunta a una convivencia cada vez más precaria, con una población cada vez más vulnerable. Los niveles de sufrimiento percibidos son apabullantes. Los psicólogos han buscado formas de describir el sufrimiento colectivo como el que se observa en Venezuela. Ignacio Martín-Baró acuñó la expresión «trauma psicosocial» para referirse a las incontables heridas en los individuos, pero también en la convivencia, producidos por la violencia política crónica que vivió El Salvador²². La naturalización de la violencia como la opción evaluada por la mayoría como única posibilidad, la militarización de la vida cotidiana, la institucionalización de la mentira, la imposición de la fuerza como solución a los conflictos y el desprecio por la vida humana son marcas de ese trauma que los venezolanos estamos padeciendo. La expresión «dolor país», de la argentina Silvia Bleichmar, también resulta sugerente. En un libro con ese nombre, Bleichmar puso el foco en «la relación entre la cuota diaria de sufrimiento que se les demanda a sus habitantes y la insensibilidad profunda de quienes son responsables de buscar una salida menos cruenta»²³. Hoy, en Venezuela, el panorama inmediato para recuperar la convivencia y articular salidas políticas negociadas al conflicto es más bien desolador.