Aun cuando todo haya terminado en un armisticio, un análisis frío de la crisis que tocó la médula del Senado brasileño y se diseminó por el Planalto sugiere que esta se encuentra solo momentáneamente suspendida; que, lejos de resolverse, está adormecida. Sus términos y sus protagonistas, así como los diversos factores institucionales que le dieron impulso, continúan iguales, y no hay indicios que indiquen que en un futuro próximo pueda sobrevenir una fase virtuosa, cualitativamente distinta de la que dio origen a la crisis.

La situación es paradójica.

Al menos en el corto plazo, parece difícil que surja una solución con potencia suficiente para expulsar completamente las toxinas que contaminan el sistema político brasileño, algunas de las cuales se consolidaron a lo largo del tiempo y, por lo tanto, se encuentran enraizadas en lo más profundo de la experiencia social y de las prácticas políticas. Ni siquiera parece haber espacio para que un eventual «grupo parlamentario del bien» –cuya existencia, además, todavía se debe explicar– imponga un resurgimiento ético, político e institucional en el corto plazo.

Pero, por otra parte, el desgaste del Senado –y por extensión del Legislativo, el Ejecutivo, los parlamentarios y los partidos– mostró ser tan profundo y llegó tan cerca del hueso que terminó saturando y creando un punto de inflexión. Aunque no se disponga de todas las evidencias, es posible que surja una nueva agenda de entre los escombros acumulados.

Como se sabe, muchas veces las sociedades necesitan llegar al borde del precipicio para juntar fuerzas, curar sus heridas y reconstruir el futuro. La historia brasileña reciente es bastante elocuente al respecto. Por ejemplo, fue necesario que la dictadura de 1964 llegara a los extremos salvajes y arbitrarios de 1975 para que se comenzara a hablar de apertura y para que la redemocratización fuera contagiando poco a poco a la sociedad. Fue preciso alcanzar el 230% de inflación anual en 1985 para que se iniciara, con el Plan Cruzado, un esfuerzo técnico y político orientado a estabilizar la moneda, que finalmente alcanzaría el éxito algunos años más tarde. Y fue preciso que el barro de la corrupción, los negociados y las camarillas se escurriera por las grietas del Planalto para que se allanara el camino del impeachment al presidente de la República en 1992, punto de partida para la inauguración de un nuevo ciclo político en el país.

Reconocer estos antecedentes no implica postular la existencia de una ley férrea, objetiva y que se manifestaría de manera inflexible. Se trata solamente de admitir una tendencia inscripta en la lógica de los hechos, una probabilidad. Como ya sabemos, hubo algunos momentos muy graves de la historia reciente que no dieron paso a una instancia de superación. Por ejemplo, la crisis del «mensalão»¹ de 2005, aunque hizo temblar las estructuras del sistema político, no impidió que Luiz Inácio Lula da Silva fuera reelegido en 2006 ni posibilitó la eliminación de los malos hábitos que impregnan las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero tampoco se salió con las manos limpias: cierta magia se deshizo y el PT tuvo que dirigirse por un camino más arduo y desgastante para intentar reencontrarse con su propia historia.

En el futuro seguramente veremos el 2009 como un año pródigo en la reiteración de tendencias anteriores. Lula ofreció una continuidad ampliada del estilo que le garantizó altos índices de aprobación popular, que a inicios de año alcanzaron un impresionante 84%. Su estrategia de dirigirse de manera directa a las masas, su preocupación por crear puentes entre el gobierno federal y los gobiernos subnacionales (tanto para posibilitar políticas públicas consideradas estratégicas como para allanar el terreno para la sucesión presidencial), junto con el lenguaje seductor y paternal y la sagacidad política, se volvieron una marca registrada de sus dos mandatos. Aunque el estilo no estuvo desprovisto de un cierto sabor populista, no dejó de generar vida institucional y rutinas gubernamentales, elementos vitales en un país tan carente de articulaciones y de instrumentos de coordinación como Brasil. En buena medida, la forma de hacer política de Lula tiene la cara de Brasil: retrata y reproduce un patrón de conducta política bastante arraigado en la experiencia histórico-social del país. Como suele mencionar el cientista político Luiz Werneck Vianna, se trata de una especie de actualización del elemento de «cordialidad» que tanta importancia tuvo y tiene en la construcción del Estado nacional en Brasil².

En el transcurso de 2009, la oposición (básicamente, el Partido de la Social Democracia Brasileña [PSDB] y el Partido Político de los Demócratas [DEM]) intentó cercar y denunciar todo aquello que consideró un anticipo de la campaña electoral de 2010. Eligió estos temas como eje de su actuación, pero fue inexperta e ineficiente, reiterando así su desgracia: en efecto, exigir que un gobernante deje de hacer política y de intentar sacar ventaja electoral de sus actos tiene poco sentido. La denuncia fue solo una demostración adicional del miedo y la preocupación por los movimientos de Lula y, quién sabe, un reflejo de la necesidad de los opositores de ganar tiempo para poner su propia casa en orden. Tanto el estilo Lula como la fragilidad de la oposición revelan la dificultad que enfrenta la sociedad brasileña para ingresar en un ciclo virtuoso de vida democrática, reformismo y reorganización social. La mala imagen pública del Congreso y sus funciones es el reflejo de un proceso impulsado por el esfuerzo compulsivo de políticos y partidos de maximizar sus intereses de corto plazo. La popularización de la Presidencia gana fuerza en la figura carismática de Lula. Y el hecho de que no surjan nuevos liderazgos revela la ausencia de una oposición democrática suficientemente lúcida, unida y con coraje para ceder ganancias inmediatas y presentarse como una opción ante la sociedad.

No sería una exageración afirmar que Brasil vive actualmente una situación compleja, cruzada por dilemas, paradojas e interrogantes, en la que no existe ningún príncipe (un estadista) al estilo de Maquiavelo y en la que se han debilitado los príncipes modernos de los cuales hablaba Antonio Gramsci, los partidos políticos, dedicados a organizar ideas e intereses en torno de un proyecto de sociedad. La crisis del Senado es tan solo una expresión de esta situación: un detalle, ciertamente importante y emblemático, pero un detalle.

El realismo en cuestión

Un rasgo sobresaliente de la crisis actual es la pasividad con la cual los políticos brasileños la están enfrentando. Por momentos indiferentes a sus efectos, por momentos sordos a las expectativas de la población, actúan como si hubieran sido contaminados por una especie de corporativismo parlamentario. En los márgenes del cuadro hay algunos espasmos sueltos de indignación y vehemencia, pero no mucho más.

¿Cómo se puede entender que el Senado, que se considera la llave de oro del sistema político brasileño, sobreviva «a baño maría», sangrando a cielo abierto, librado a su propia suerte? ¿Habrá perdido el Senado su importancia a punto tal que las turbulencias que lo afectan ni siquiera alteran la rutina política y gubernamental? ¿Por dónde andará la autoestima de los senadores, a quienes parece no importarles la pérdida de prestigio de la institución y, consecuentemente, de sus propios lugares?La crisis del Senado es visible pero no se limita solo a él. Debemos calibrar rigurosamente su amplitud para no forzar demasiado la palabra «crisis». No estamos frente a una situación terminal ni, mucho menos, en la antesala de una bancarrota política. Tampoco estamos en presencia de una «crisis orgánica», que afectaría al Estado en su conjunto, o de una «crisis de hegemonía», a partir de la cual no habría preponderancia de ninguna orientación o concepción moral.

Sin embargo, se justifica hablar de crisis porque las instituciones no están respondiendo a lo que la sociedad espera de ellas, a tal punto que comienzan a convertirse en una caricatura de sí mismas. No se trata de un problema del senador Sarney, de tal o cual partido, ni siquiera del Poder Legislativo. El Poder Judicial también busca desde hace tiempo su reforma. Y ni siquiera la Presidencia funciona satisfactoriamente.

Si deseamos evitar el peso negativo de la palabra «crisis», tal vez podamos decir que lo que existe actualmente es un grave malestar político e institucional. Esto ocurre no solo porque el presidente del Senado se enredó en una trampa que dilapida el patrimonio político que había acumulado a lo largo de décadas de trabajo. No se trata ni siquiera de un problema limitado a la corrupción, la malversación de fondos públicos o el nepotismo, aun cuando todo eso ayuda a componer el cuadro de situación. La disolución de la autoridad moral de la presidencia del Senado arrastra a la totalidad de la Cámara y salpica a las demás instituciones políticas, desde el Legislativo hasta el Ejecutivo.

La crisis, que en una primera impresión parece estancada, se revela de cuerpo entero, impregnando la estructura institucional y los cuadros políticos. De no ser así, el sistema habría reaccionado y no estaría, como está, contemplando pasivamente su propio debilitamiento. El escenario es preocupante: si el sistema político no reacciona, ¿no será que el país ya no lo necesita y no se reconoce en él? Es decir, para que las cosas no continúen como están, en esa parálisis irritante, sería necesario que las instituciones funcionaran bien. No caemos en el precipicio pero tampoco avanzamos. ¿No se habrán convertido las instituciones en algo irritantemente «funcional», inofensivo hasta para mantener el sistema político en acción? El Senado cumple una función importante en la ingeniería institucional brasileña. Se le atribuye el papel de amortiguar eventuales fallas o «arrebatos» de la Cámara de Diputados, equilibrar la representación y engrandecer la República. No ha hecho ni una cosa ni la otra. Y si no funciona, o funciona mal, la institucionalidad queda manca y agrava sus ya de por sí abundantes deficiencias. Al fallar la institucionalidad, emergen la mediocridad y el vacío.

En este contexto, un interrogante pende sobre la cabeza del Poder Ejecutivo y del PT, el principal partido de apoyo del presidente: ¿por qué se decidió blindar al presidente del Senado y minimizar la crisis? La respuesta fácil, fiel al realismo político que se ha intentado atribuir a las acciones de la Presidencia, es que era necesario hacerlo para mantener la alianza con el PMDB y evitar que la oposición se apoderara de la conducción del Senado. Pero esta respuesta prolonga el sufrimiento del Senado e inyecta turbulencias en la vida política nacional. No tranquiliza, no mejora la situación, no soluciona ninguno de los problemas políticos del país. No ayuda al gobierno ni mejora la posición de su candidata para las elecciones de 2010.

El realismo es un bien precioso en la política. En ese universo no todo lo que brilla es oro, y no siempre las cosas correctas se hacen a través de las mejores personas, ni el mal deriva del mal. Max Weber dijo esto en su famoso ensayo sobre la política como vocación. Y todos saben que en política las evidencias no corresponden necesariamente a los hechos. Es obvio que, detrás de la carga contra Sarney, estaban las ambiciones de la oposición. Que la oposición se terminaría beneficiando con su eventual alejamiento era algo igualmente esperado, dado el pacto de sangre que la Presidencia selló con el senador y su partido. Pero un poco de oposición es todo lo que un gobierno democrático necesita para no sentirse excesivamente cómodo o para no pensar que manda solo. ¿La oposición quiere usar la crisis del Senado para crecer electoralmente y mejorar su desempeño en 2010? Y si lo hace, ¿cuál es el problema? Lo que no se puede aceptar es que el gobierno crea que saldrá ileso del blindaje ofrecido al Senado.

Ningún realismo puede chocar con las tradiciones que dan carácter a los partidos y a los políticos, bajo pena de destrozarlas. Nuestra época no es muy favorable a las identidades doctrinarias, a lealtades o fidelidades. Sin embargo, los partidos y los políticos que se sienten coherentes necesitan luchar contra eso. Mínimamente, para mantener atados los hilos que los unen a su propia historia y, con ello, proporcionar cierto vigor ético a la política. Además, ningún realismo puede ir contra las expectativas de la opinión pública, el sentido común o la voz de la calle. Claro que no debe obedecerlos de manera servil, pero no puede ignorarlos, bajo pena de dejar de ser realismo. Es, en el fondo, una cuestión de sintonía.

El cerco al Parlamento

Se puede agregar una segunda paradoja a la antes mencionada, igual de intrigante y preocupante. La democracia no puede funcionar sin un Poder Legislativo fuerte y activo, pero la fuerza del Poder Ejecutivo y el decisionismo crecen en simultáneo con el aumento de las presiones en favor de la participación, de la democracia directa y del libre movimiento social. En este momento, los Parlamentos parecen haber perdido su eje, comprimidos entre el decisionismo gubernamental y la espontaneidad social³.

Existe una razón de base para tal hecho. Los Parlamentos modernos son instituciones del Estado-nación, inherentes a la construcción de sistemas políticos nacionales en sociedades de mediana complejidad. Y el mundo actual –globalizado, transnacional, hipercapitalista, superconectado– está conformándose tanto como un sistema que supera a los Estados nacionales (sin eliminarlos), como una sociedad mundial que no se refleja en un Estado mundial y que se combina con el surgimiento de sociedades de «alta» complejidad. Los sistemas políticos (Parlamentos, partidos, clase política, gobiernos) entran en crisis al sufrir los efectos de la globalización y de la reducción de la soberanía de los Estados nacionales. Se vuelven incapaces de interactuar de forma virtuosa con la cultura y las estructuras sociales derivadas de los nuevos términos de la vida globalizada, es decir, con sociedades plurales, fragmentadas, reflexivas, veloces y explosivas. Todos los centros tienden a perder capacidad de dirección en condiciones de alta complejidad⁴.

Se trata de una tendencia mundial que, sin embargo, se acentúa en los países latinoamericanos, que radicalizan su modernidad sin calmar los dolores de su condición periférica. Tales países son hipermodernos y periféricos: comparten los problemas de las dos condiciones existenciales. Al hipermodernizarse, se cargan de tecnología, información, mercado y competencia, y se convierten en países veloces, plurales y fragmentados. Pero siguen siendo dependientes, desiguales, internamente fragmentados. Se caracterizan tanto por una ciudadanía imperfecta como por una democracia que no puede completarse y que no dispone de una cultura política democrática en todos los canales de la vida social.

Como consecuencia de ese proceso, la imagen que la opinión pública tiene del Parlamento y de los parlamentarios se vuelve predominantemente negativa. El ciudadano tiende hoy a sustituir el compromiso político (la lealtad partidaria, la legitimación de los gobiernos, la emoción electoral) por la indignación ética como una reacción a la hiperfuncionalidad del sistema político. La política como tal (instituida y sistémica) cambia su forma y deja de constituir la inversión prioritaria de las personas.

El decisionismo, al manifestarse como una reacción al exceso de demandas sociales y a la lentitud del sistema político, agrava la situación, empeorando aún más los efectos de las irracionalidades existentes en el sistema de representación (especialmente en su dimensión electoral), de la fragilidad y de la falta de preparación técnica de la clase política, de la espectacularización que vacía la política de sentido cívico. El Poder Legislativo, en tanto, se ve sometido a un complejo conjunto de presiones y desafíos provenientes del propio proceso de reorganización de la vida contemporánea y, sobre todo, de su traducción en las diferentes sociedades concretas. El Poder Legislativo se volvió también un «ambiente» cargado de demandas y envuelto en complicados problemas de organización, funcionamiento y desempeño. En términos generales, es hoy una institución cercada.

El Poder Legislativo necesita una nueva inserción en la realidad democrática y social actual. Aunque continúe cumpliendo con sus funciones fundamentales, no podrá adaptarse plenamente a los profundos cambios sociales y a las transformaciones de la democracia generadas por la globalización y la sociedad de la información. Si la modernidad dejó de ser «sólida» y se volvió «líquida» (Bauman), si los «flujos del poder» se volvieron menos importantes que el «poder de los flujos» (Castells), si la sociedad se volvió compleja y reflexiva (Giddens⁵), entonces no hay por qué sorprenderse con una crisis de legitimidad de las instituciones políticas, ni hay que asombrarse por su mal funcionamiento.El Poder Legislativo está acosado por las demandas provenientes de la sociedad, de la sociedad civil, del mercado y del Estado. Tiene dificultades para adaptarse y responder a las crecientes presiones, demandas y reivindicaciones. Parece infartarse cuando se enfrenta a temas polémicos y estratégicos. No deja de funcionar ni de cumplir con un papel relevante, pero, al hacerlo, sufre. El desgaste y el malestar del Legislativo derivan tanto de los profundos cambios sociales, que incrementan las diferencias sociales y exacerban los intereses de cada sector, como de las transformaciones de la democracia contemporánea. De una democracia representativa clásica, basada en partidos y vínculos de lealtad, transitamos a un nuevo tipo de democracia representativa, en la cual el «público» es el protagonista⁶: la centralidad del individuo es reemplazada por la centralidad de la «multitud». Los representantes (los parlamentarios) están condicionados por mecanismos participativos, por presiones corporativas y por los medios de comunicación. A su vez, los electores están más informados, son más inestables, cambian de opinión rápidamente: son menos leales a los políticos. El Poder Legislativo tiende a distanciarse de la sociedad y no siempre puede operar en sintonía con ella.

¿Cómo hacer, entonces, para reducir la distancia entre la imagen pública negativa del Parlamento y de los parlamentarios y la función positiva de las instituciones legislativas? ¿Cómo jerarquizar la función política positiva del Parlamento?

La democracia no puede dejar de considerar las condiciones en las cuales se realiza el trabajo legislativo, sea en términos de procedimientos típicos (relación con el Ejecutivo, formas de organización interna, procedimientos reglamentarios, etc.), sea en términos de calificación de sus recursos humanos. Es necesario que la propia figura del parlamentario, así como la de sus asesores, sea concebida de otra manera: ellos también necesitan reeducarse. Así, es posible pensar en dos medidas generales fundamentales para cualquier reforma institucional que se quiera pensar. La primera es ampliar y acelerar la calificación técnica, intelectual y ético-política de los cuadros legislativos, tanto parlamentarios como asesores. Esto permitiría no solo actualizar los conocimientos necesarios del trabajo legislativo, sino también organizar mejor las informaciones y los propios recursos humanos. Al final, para que el Legislativo desempeñe correctamente sus funciones, son tan necesarios una buena y competente «clase política» como un consistente y bien preparado conjunto de profesionales dedicados a suministrar el correspondiente soporte técnico y administrativo para el trabajo parlamentario. Esto implica calificar la función de los partidos como mecanismos de selección de cuadros.

En segundo lugar, la plena recuperación del Poder Legislativo depende de cómo se conciba y de cuánto avance la reforma del sistema político. Cuanto más democrática y juiciosa sea esa reforma, cuanto más se abra a la sociedad civil y a los intereses de la mayoría, el Legislativo será más valorado y se reposicionará activamente en la vida política. La recuperación de una estrategia consistente de reforma del Estado –no solo del aparato del Estado– seguramente jugará un papel importante. Porque al final no es solo un problema del Legislativo: involucra al Estado como un todo.

Un buen Parlamento depende de buena información y de buenos conocimientos, es decir, de producción y organización de datos tanto como de análisis y diagnósticos a partir de los cuales deliberar. Necesita operaciones técnicas e intelectuales que promuevan la autocomprensión de las sociedades y garanticen la información de los ciudadanos. Y esto puede obtenerse mediante una mayor incorporación de pensamiento crítico a los sistemas políticos, a través de una mayor claridad en términos de reforma institucional y de avances en términos de programas educativos para el Parlamento.

El vacío de los partidos

Los problemas que afectan al Poder Legislativo brasileño –y eventualmente al Parlamento moderno– encuentran una clara correspondencia en los partidos políticos. En marzo de 2009, cuando la crisis del Senado comenzaba a insinuarse, el Tribunal Superior Electoral (TSE) divulgó los datos de una encuesta sobre los partidos brasileños que merece atención. En enero de 2008, 90% del electorado brasileño no mantenía ningún vínculo formal con partido alguno. Un año después ese índice se había elevado a 91,6% (cerca de 119,7 millones de personas). La comparación llama aún más la atención si se observa que el padrón creció cerca de 2,9 millones en este periodo.La tendencia es consistente: afecta a todos los partidos y todas las unidades de la federación. La única excepción fue el Partido Republicano Brasileño (PRB), próximo a la Iglesia Universal del Reino de Dios, que consiguió pasar de los 121.000 a 157.000 afiliados. Solo el PMDB, el mayor partido del país, perdió 14% de sus adherentes (cerca de 300.000), un porcentaje próximo a los del PSDB, el DEM y el PT. Incluso micropartidos ideológicos, como el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) y el Partido de la Causa Obrera (PCO), retrocedieron cerca de 3%.

¿Cómo se explica este fenómeno? ¿Estarán los partidos decepcionando a los electores, o estos encontraron otra manera de plantear sus reivindicaciones? ¿El problema es institucional, puede resolverse con una legislación más justa y adecuada? ¿Será el problema de orden moral, derivado del «exceso de corrupción» y de los «altos sueldos» que desgastarían la imagen de los políticos entre la población, como alega una complicada corriente de opinión que va desde la derecha ultraconservadora a la extrema izquierda? ¿O necesitamos una buena teoría social crítica para alcanzar la comprensión total de esta tendencia?

No existen respuestas cabales. El debilitamiento de la relación entre partidos y electores es un indicio del debilitamiento de los lazos entre la sociedad y el sistema político. Puede ser que a los ciudadanos ya no les importe tanto el modo en que son gobernados y que prefieran distanciarse de la democracia representativa y de todas sus figuras. No obstante, sin los ciudadanos, la representación bosteza y termina bajo el monopolio de los partidos, que se vuelven sus únicos protagonistas, dueños de sus reglas y resultados. En este escenario, la política representativa se convierte en una actividad de profesionales, al margen de la sociedad.

La cuestión es delicada en sociedades complejas y multiétnicas como la nuestra. En un sistema democrático, el papel fundamental de operativizar la política, canalizar las reivindicaciones sociales y adoptar las decisiones de gobierno ha recaído en los partidos, que fueron inventados precisamente para eso. Los partidos organizan la llegada al gobierno o la oposición al gobierno. Se encargan de crear condiciones para impulsar los intereses parciales de una u otra clase social, para articularlos con los intereses parciales de otras clases y originar así un denominador común que represente al conjunto. Incluso las organizaciones de izquierda, que siempre se negaron a limitar su accionar al estricto plano del Parlamento, representan a grupos sociales, les dan voz a estos y pueden actuar como constructores de hegemonía y de nuevas orientaciones culturales. Son los partidos, y la lucha entre ellos, dentro y fuera del Parlamento, los que hacen posible el procesamiento democrático de las demandas y la estructuración de una agenda de políticas.

Si los ciudadanos los ignoran se enciende una señal de alarma, cuyo sonido es más alto si aceptamos que las probabilidades de que la sociedad se autorrepresente o resuelva sus problemas exclusivamente por la vía de la «participación directa» son escasas.

Para entender mejor la cuestión, es preciso observar nuestro modo de vida. El vaciamiento de los partidos está relacionado con un cambio profundo que desgasta el orden social. Algunos sociólogos, como Zygmunt Bauman, utilizan la metáfora de la «vida líquida» para referirse a esta cuestión, y destacan un proceso de derretimiento que estaría afectando todo aquello que existe como sólido e instituido⁷. En consecuencia, la incertidumbre y la inseguridad tenderían a mitigar el deseo de participación política de los ciudadanos. Otros autores, como Manuel Castells, hablan de una «sociedad red» y destacan las tecnologías de la información que, al volverse una experiencia cotidiana, alteran la comunicación, el trabajo y la formación de la conciencia de los individuos⁸. Al mezclar los flujos de decisión en una dinámica donde lo económico se impone a lo político, la sociedad red hace que los centros (los gobiernos, los Estados, los partidos) pierdan potencia y no puedan controlar ya a los espacios y personas.

Tales configuraciones se unen con la individuación y democratización típicas de nuestra época, que sueltan a los individuos de sus grupos de referencia y los incentivan a pensar con su propia cabeza, es decir, a actuar y decidir de manera autónoma, incluso siguiendo esquemas definidos por los medios, por grupos o por el mercado. Perversas y sutiles formas de control se generalizan en un ambiente donde todo parece fuera de control. La obsesión por controlar –desde a otras personas hasta la propia vida– convive paradójicamente con el deseo ilimitado de libertad. Pero siempre se busca el control porque de hecho no se puede controlar casi nada.

Las sociedades dejan de generar adhesiones y lealtades simples, automáticas, y convierten las identidades en algo tumultuoso, lo que a su vez impacta en la política. Por supuesto, no es necesario tomar estas hipótesis al pie de la letra, pues los cambios sociales son asimétricos, se diseminan a lo largo del largo tiempo y tardan en ser captados por las instituciones. Pero tales explicaciones nos advierten sobre lo que ocurre en los profundos ríos que mueven a las sociedades. Nos alertan de que las instituciones necesitan cambiar, de que las prácticas no pueden permanecer atadas a las mismas rutinas, de que el lenguaje político debe ser renovado todos los días, independientemente de credos, libros o héroes.

O la política democrática honra su compromiso con la secularización y abandona a los dioses que por ventura ya no hablan la lengua del tiempo, o se arriesga irremediablemente a perder valor.

La República en cuestión

Otro indicador de la extensión y la gravedad de la crisis política puede encontrarse en el II Pacto Republicano de Estado por un Sistema de Justicia Más Accesible, Ágil y Efectivo, firmado el 13 de marzo de 2009 por los representantes de los tres poderes de la República. Los presidentes del Supremo Tribunal Federal, de la Cámara de Diputados y del Senado, junto con el presidente Lula, se comprometieron a aunar esfuerzos para obtener la aprobación de proyectos sobre el acceso universal a la justicia, la agilidad en la prestación jurisdiccional y la protección de los derechos humanos fundamentales. Curiosamente, el tema no despertó emoción ni ingresó en la agenda política.

Un pacto es tanto una suspensión de litigios como un compromiso de defensa, algo que dos o más partes que no necesariamente piensan de la misma manera, o que no tienen los mismos intereses, se proponen hacer en nombre de una meta común y valiosa para todos que se encuentra amenazada. También exige cooperación y la resolución de mantenerse fiel a una causa, principio o institución.

Si se realiza un pacto republicano es porque se supone que la República está corriendo algún riesgo; no necesariamente riesgo de sucumbir, sino, por ejemplo, el riesgo de no estar siendo adecuadamente valorada o de estar produciendo demasiados inconvenientes. Si tal pacto tiene en su centro el sistema de justicia es porque el actual es malo, funciona mal o no cumple con lo que le ha prometido a la sociedad. Si el compromiso es volver el sistema más accesible, ágil y efectivo es porque se supone que no está al alcance de los ciudadanos, porque es lento y genera escasos resultados.

Si, como sugiere el documento, esto es así, entonces estamos ante una crisis complicada, que afecta los fundamentos éticos y la base institucional del Estado brasileño y amenaza el corazón del sistema republicano, que late, como se sabe, al ritmo de los derechos humanos fundamentales, de la ley y de una justicia igual para todos.

La lista de puntos que los firmantes del pacto establecieron como prioritarios es grave. Por ejemplo, incluye la preocupación por la legislación penal y otorga gran atención a la investigación criminal, los recursos, la prisión procesal, la libertad provisoria y los criterios de las intervenciones de teléfonos y el uso de la informática en las investigaciones. Todo esto para evitar excesos y proteger la dignidad de las personas. Asimismo, se prevén modificaciones en el Código Penal sobre crímenes perpetrados por grupos de exterminio o milicias privadas, al igual que en la legislación sobre crimen organizado y lavado de dinero. Se destaca también la preocupación por la cuestión del abuso de autoridad y por la responsabilidad de los agentes y servidores públicos en eventuales violaciones de derechos fundamentales. Se plantea la necesidad de perfeccionar el Programa de Protección a las Víctimas y Testigos del Ministerio de Justicia, así como la legislación laboral, con el propósito de ampliar la tutela de las relaciones laborales.

Si se considera el tenor del documento, la situación es calamitosa. En este caso, el compromiso entre los tres poderes estaría refrendando la tesis del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Gilmar Mendes, de que en Brasil existe un «Estado policíaco», que él asocia a los excesos que habría cometido la Policía Federal en operaciones como «Castillo de Arena» y «Satiagraha», y que involucraron a banqueros, empresarios, políticos y empleados públicos. Un escenario de horror.

Pactos de este tipo tienen una dimensión simbólica innegable. Se firman para sugerir o fundamentar una estrategia de acción, atraer aliados y, eventualmente, orientar un plan de acción. Hay en ellos mucho de efecto. En este caso, no sería absurdo ver el Pacto Republicano como el instrumento para un «ajuste de cuentas» entre las instancias superiores del Estado. Por ejemplo, podría ayudar a limar las asperezas en el interior de la Policía Federal o generar mejoras en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Se podría convertir en una trinchera para defender la supremacía de lo judicial sobre lo administrativo o lo político. Cosas que serían extrañas en una época en que conflictos, tensiones y divergencias políticas superan la esfera política para caer en el terreno del juicio espectacular, considerado riguroso e imparcial. Como se acostumbra decir, la judicialización de la política.

Otra manera de analizar el pacto es recordar que las operaciones destinadas a defender la República no pueden limitarse a los poderes. Un modo republicano de gobernar y organizar el Estado consiste en distinguir el interés público de los intereses de los particulares, donde predominan el derecho y la ley y los ciudadanos eligen libremente a sus dirigentes. Una república exige poderes atentos y legitimados, pero solo tiene sentido si cuenta con buenos políticos y está totalmente empapada de educación cívica. Poseen virtud republicana las comunidades organizadas y gobernadas por instituciones y hábitos públicos comprendidos y defendidos por los ciudadanos, que sepan valorar la reducción de los privilegios personales y de las posibilidades de que un grupo o clase se imponga sobre otros.

Los actos de corrupción, los abusos de autoridad o los defectos de la Justicia no solo pueden verse como problemas de jueces o políticos. No están asociados a una degradación de la moralidad –en lo referente al hombre que responde por sus actos considerando su propia conciencia individual–, sino a un patrón de eticidad, referida al hombre ético, que define sus actos teniendo en cuenta a las otras personas. Está más asociada a la vida intersubjetiva y la organización social que al carácter personal o la fuerza institucional.

Y al menos hasta donde se sabe, el pacto no repercutió en ese terreno ni tuvo mayores efectos. Cargado de buenas intenciones, sirvió básicamente como termómetro del estado de la República y de la indiferencia de los ciudadanos. En un contexto como este, sería extraño que la clase política y las instituciones representativas funcionaran bien, agradaran a la mayoría, generaran resultados y consiguieran erguir diques que las blindaran contra la corrupción.

Dilemas y desafíos

La crisis actual incluye ingredientes explosivos. El nivel de debate descendió tanto que es posible que una reacción fundada en el sentido común y en la inteligencia política se manifieste el día de mañana. Al final, el barco no está a la deriva, ni se puede decir que el país consumió todas sus reservas de iniciativa, lucidez y creatividad.

Sin embargo, no es este el factor más importante. El combustible está en otra parte. La crisis coincide con una aguda fase de desinterés social por la política tal como está organizada hoy. La sociedad está convencida de que la vida puede vivirse sin un sistema político activo. Observa el sistema actual y nota que, cuando funciona, solo lo hace para molestar y crear problemas, y que cuando no funciona no hace la más mínima diferencia. La sociedad cree que su vida podría incluso mejorar si existiera «un poco de Estado» que proveyera algunos servicios básicos de seguridad, salud y educación, especialmente para los más pobres, pero no mucho más.

Este sentimiento avanza. Peligrosamente, además, porque presiona en favor de una vida menos agradable y solidaria, más dependiente del esfuerzo y de la iniciativa de cada uno, incapaz de producir igualdad y garantizar los derechos de todos, dominada por lógicas administrativas «racionales», poco argumentativas y refractarias de lo contradictorio. Una vida donde habría gobernabilidad pero no democracia. Si la sociedad llega realmente a desengancharse de la política –es decir, si la política no hace nada para volver a dialogar de forma positiva con las personas y la opinión pública–, entonces las nubes oscurecerán los cielos del futuro.

La crisis actual coincide con una ampliación sin precedentes de la distancia entre la política y la sociedad, que amenaza con llegar al divorcio y la ruptura. Esta es la alarma, la luz roja que titila en Brasilia.

Este escenario no es razonable ni deseable. Pero así como los políticos pueden ser malos pero no queman dinero ni regalan votos, así como las personas que viven en sociedad necesitan la política y el sistema político como los cuerpos vivos necesitan oxígeno, es posible afirmar la hipótesis de un encuentro más beneficioso entre lo político y lo social.Claro que contra esa hipótesis pesa la ausencia de protagonistas, los sujetos de esa supuesta transformación, aquellos que le pondrían el cascabel al gato. Incluso si es una cuestión de tiempo, de maduración, de condiciones objetivas, el hecho de que estos protagonistas finalmente aparezcan es también una cuestión de voluntad política, de determinación, de empeño existencial, ingredientes raros y difíciles en los tiempos actuales, líquidos y veloces, en los que vivimos. Sin embargo, tenemos a favor el hecho de que es precisamente en estos tiempos cuando pueden irrumpir en escena articulaciones y movimientos sorprendentes, como si surgieran de la nada. Al final, son también tiempos conectados, de individuos activos e informados, que necesitan alguna comunidad política, tanto para seguir sus carreras solistas como para organizar nuevos y más sonoros conjuntos.

Bibliografía

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