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Colombia: sorpresas y sobresaltos de la paz

Tanto Uribe como el mismo Santos han sostenido una dura pulseada de legitimidad ante la opinión nacional e internacional. Ninguno de los dos puede aparecer como el obstáculo a la paz o a la reconciliación nacional. Uribe se muestra como promotor de un gran Pacto Nacional, pero debe cuidarse mucho para no ser identificado como «el obstáculo a la paz»2, tan anhelada hoy por casi todos los colombianos. De hecho, tomó diversas iniciativas de diálogo, algunas bastante ambiguas y otras para usar la renegociación con otros propósitos. El ex-presidente solicitó la integración de una «mesa técnica» conformada por el gobierno, su partido (el Centro Democrático, cd) y las farc –mesa que, en cierta medida, desplazaría a la de La Habana–, y se mostró dispuesto a reunirse con el abogado español de las farc. Estas rechazaron ambas proposiciones. Y puesto que otros sectores del «No» –en particular, los vinculados al Partido Conservador– fueron precisando sus posibles fórmulas de acuerdo, Uribe los reagrupó y se convirtió en su vocero. Al mismo tiempo, recurrió a la Conferencia Episcopal para solicitarle que sirviera de intermediaria con el gobierno para lograr «cambios de fondo» al acuerdo.

Por su parte, Santos continuó promoviendo con decisión los acuerdos de paz, a lo que lo obliga su condición de presidente, flamante Premio Nobel de la Paz y Premio La Lámpara de la Paz, otorgado por la Iglesia católica desde Roma. Al mismo tiempo, el presidente busca la reconciliación nacional. Al día siguiente de la derrota plebiscitaria, Santos prorrogó el cese bilateral del fuego hasta el 31 de diciembre de 2016, e invitó al Palacio y escuchó a todas las corrientes del «No», Uribe incluido. A lo largo del mes de octubre se realizaron ocho sesiones en Bogotá, se clasificaron las propuestas recibidas y se hicieron aclaraciones y precisiones sobre algunos malentendidos, ambigüedades en la redacción o pequeñas diferencias que están siendo ajustadas. También se debatieron asuntos que apuntan al corazón del acuerdo. Finalmente, el 12 de noviembre pasado, el presidente anunció al país que se acababa de firmar un nuevo acuerdo con las farc, en el que se incluían las modificaciones contenidas en 56 de los 57 grandes temas en los que el gobierno había clasificado las numerosas propuestas recibidas.

Eran cuatro los puntos más sensibles compartidos por los opositores: la justicia transicional, la posibilidad de que líderes de las farc se presenten a cargos electivos, el problema agrario y la consideración del narcotráfico como delito conexo con la rebelión. Sobre estos y otros puntos participaron en las reuniones con el gobierno el ex-presidente Andrés Pastrana o su asesor, Camilo Gómez, la ex-candidata presidencial y ex-ministra Marta Lucía Ramírez, así como el ex-procurador conservador Alejandro Ordóñez. Si Uribe no interfiere, con Pastrana y Ramírez el gobierno tendría la posibilidad de llegar a acuerdos sobre modificaciones sustanciales pero viables y ganar a parte del «No» para la paz. En dos ocasiones, Santos envió a los negociadores a discutir las propuestas con las farc hasta lograr un acuerdo.

De cualquier modo, es probable que el presidente termine enfrentado a un difícil dilema. Si acepta las exigencias básicas de Uribe –no elegibilidad política de los jefes de las farc ni normalización agraria–, el acuerdo se haría imposible, pero si rechaza esas condiciones –como tendrá que hacerlo–, es probable que el ex-presidente lo estigmatice como el enemigo de la reconciliación nacional, lo que allanará de paso el camino de su partido hacia las elecciones de 2018.

El «No» triunfó y ese resultado obliga a todos los colombianos. Pero esto no quiere decir que no se deba acotar el alcance político de las negociaciones. Ante todo, no significa que Santos esté obligado a acoger las más de 400 propuestas presentadas por los críticos. El presidente conserva la responsabilidad constitucional de definir cuáles deben ser acogidas para negociar. Si bien la validez de los acuerdos ya firmados quedó en cuestión, no se los podía ignorar. Para confirmarlo, basta con recordar tres puntos. En primer lugar, de una votación total de 12.808.858 colombianos, el «No» obtuvo una ventaja de solo 55.651 votos, que equivalen a 0,43% del total. Esto quiere decir que casi la mitad de los colombianos votantes se decantó por el «Sí» y esa mitad exige también el respeto del gobierno y de la oposición. De lo contrario, caeríamos en un nuevo impasse invertido. Además, y esta es la segunda razón que debilita la fuerza del «No», la promoción del voto estuvo muy basada en falacias como las que hemos recordado. Así lo confesó el mismo gerente de la campaña del cd y se ha hecho evidente en muchos rincones del país3. Finalmente, los jefes del «No» recurrieron a la tergiversación del «enfoque de género» y al interesado rechazo de numerosas iglesias cristianas, cuyo voto fue decisivo en el resultado. Así, pues, los abanderados del «No» estaban obligados a ceñir sus aspiraciones a la realidad política del país.

Las farc han enfrentado la situación con altura, han mantenido sus compromisos y han recibido a distintas iglesias y organizaciones ciudadanas. Amplios sectores de esa organización han esperado en lugares transitorios el pronto desempantanamiento del proceso para dirigirse enseguida a las zonas veredales transitorias de normalización (zvtn)4 con el fin de cumplir allí el cronograma de entrega de armas a la Organización de las Naciones Unidas (onu) y de capacitación para su paso a la vida civil. La provisionalidad no podía ser indefinida. Sectores guerrilleros desalentados y temerosos podían ir incorporándose a la ilegalidad y la criminalidad. El presidente había dicho que el nuevo acuerdo no debería pasar del mes de noviembre para considerar en diciembre el tipo de refrendación. Se logró a mediados de noviembre. Santos le pidió cita a Uribe y se desplazó a la población donde está ubicada su casa de campo para presentarle el nuevo acuerdo y dialogar con él. Más tarde, Uribe le solicitó por televisión al presidente que el nuevo texto no fuera considerado como definitivo y pudiera ser revisado por los líderes del «No» y las víctimas, con el fin hacerle las observaciones pertinentes en un corto lapso. Con ello, deja la puerta abierta para sus futuros reclamos.El nuevo acuerdo no podrá satisfacer todas las expectativas. Eso no es posible en ningún pacto de paz. Su forma jurídica podría tomar varias vías. Una riesgosa Asamblea Constituyente –que tomaría mínimo un año, aun si su competencia se limitara a debatir el acuerdo– parece descartada. Otra posibilidad la ofrece el Congreso, fórmula que tiene amplia acogida incluso por parte de Uribe, quien como senador dijo estar dispuesto a tramitar la implementación del acuerdo si en él se consignan sus «cambios profundos», pero propone hacerlo por la vía ordinaria, lo que llevaría muchos meses. Algunos congresistas quisieran el mecanismo de fast track previsto para las leyes de implementación de los acuerdos, pero esta sería una vía riesgosa porque podría ser percibida como un desconocimiento de los resultados del plebiscito. Y está la posibilidad de una nueva consulta popular, a la que el presidente dice estar abierto. En todo caso, si no se produjera una amplia legitimación política del nuevo acuerdo, su resultado se vería expuesto a un nuevo y peligroso rechazo de sectores del «No». A este panorama se suma ahora un posible inicio de conversaciones –nuevamente aplazado al escribir este artículo– con el Ejército de Liberación Nacional (eln) en Ecuador, un grupo menos orgánico que las farc y con el que resulta más difícil precisar los acuerdos, pero que, sin embargo, parece dar muestras de una mayor voluntad de paz que en el pasado.