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Colombia: la guerra de los otros

«Existe un país al que le importan un carajo el campo y la gente que está padeciendo la guerra. Esa es la sensación que tenemos», dijo el sacerdote Antún Ramos tras conocerse el triunfo del «No» en el plebiscito. Sus declaraciones dejaron ver los sentimientos –de frustración y desconcierto– de los partidarios del acuerdo de paz, pero al mismo tiempo revelaron una realidad: para los sectores urbanos, la guerra ocurre en escenarios alejados de sus vidas. Hoy Colombia vive una nueva encrucijada, mientras muchos sectores sociales luchan para que la guerra llegue a su final.

Noviembre - Diciembre 2016
Colombia: la guerra de los otros

Hace tan solo un mes –al momento de escribir este artículo–, se llevó a cabo un plebiscito que buscaba que los colombianos refrendaran los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep). El triunfo del «No», por la exigua diferencia de 0,5%, resultó sorpresivo y desconcertante, pero también reveló situaciones desconocidas o subestimadas de la realidad del país, que hacen preciso su análisis y, desde luego, llaman a la búsqueda de acciones para construir en el corto y mediano plazos condiciones que favorezcan una salida negociada a la confrontación armada que hoy seguimos padeciendo.

El triunfo del «No» se produce en el contexto de un conflicto armado interno librado durante más de medio siglo. Las acciones bélicas y las modalidades de guerra desplegadas por los actores confrontados han dejado un doloroso recuento de víctimas. Más de 220.000 muertos, cerca de 30.000 secuestrados, más de 60.000 desaparecidos forzados1. Un registro superior a los ocho millones de víctimas, de los cuales más de siete millones han sido desplazados internos y otros miles corresponden a víctimas de torturas, de violencia sexual, de reclutamientos forzados, de minas antipersonas y de otras atrocidades.

Una guerra larga, costosa y degradante

Las cifras, a pesar de lo aterradoras, solo representan una aproximación a la dimensión de lo sucedido, pues muestran lo que ha sido posible documentar en un país donde aún persisten la confrontación y las amenazas, dinámicas que impiden que miles de personas denuncien los hechos y que se puedan desplegar acciones de investigación que permitan esclarecer lo ocurrido. Las verdaderas cifras de la violencia están aún por conocerse; lo que ha sucedido en el país es de una dimensión muchísimo mayor a la vivida en los países latinoamericanos, incluso en las peores épocas de las dictaduras militares.

Detrás de estas cifras están las historias de padecimiento y sufrimiento de miles de mujeres que han perdido a sus esposos, de madres y padres que vieron fallecer a sus hijos e hijas, de niños y niñas que crecieron sin los seres encargados de cuidarlos y protegerlos. Detrás de los datos se encuentran miles de personas que afrontan duelos y traumas y que portan en sus cuerpos mutilados y marcados las huellas de la guerra, comunidades enteras que han sido obligadas a abandonar sus lugares de vida y de trabajo y que se han visto forzadas a habitar los hostiles espacios de pueblos y vecindades ajenos. Están también los más de 450.000 colombianos que debieron abandonar su país. Están, en fin, las víctimas vulneradas no solo en sus derechos, sino en su dignidad. Víctimas que hoy reclaman verdad, justicia y reparación, y que sobre todo claman el fin de la guerra como requisito indispensable para avanzar hacia las garantías de no repetición.

Los costos de la guerra se expresan además en la destrucción material y en el daño ambiental que han causado las incursiones y tomas armadas de pueblos y veredas, los atentados contra la infraestructura petrolera y energética, y el despojo y los cambios de uso de más de ocho millones de hectáreas de tierra. Se expresan también en los daños socioculturales que resultan de la prohibición y regulación de prácticas sociales, de rituales, celebraciones y conmemoraciones. Los controles de los grupos armados han afectado la comunicación, el intercambio, la trasmisión de saberes y la realización de actividades sobre las que se cimientan creencias, costumbres y prácticas que construyen y sostienen la cultura y la identidad.

La guerra, además, ha debilitado e incluso exterminado proyectos colectivos, políticos, económicos y culturales que han apostado a construir otros órdenes sociales, más justos, sostenibles y respetuosos o simplemente distintos de los establecidos como hegemónicos, y ha dado paso a la instauración del autoritarismo, la exclusión, la intolerancia y la apatía.

¿Y seguimos optando por la guerra?

A pesar de este doloroso y costoso inventario, los resultados del plebiscito realizado el 2 de octubre pasado, que pretendía validar la salida negociada al conflicto armado con uno de los principales protagonistas de esta guerra, las farc, pusieron de manifiesto, entre otras cosas, que la guerra no afecta por igual a todas las personas que habitan este país. Estas razones pueden, en parte, explicar la resistencia u oposición de más de seis millones de personas a optar por otros caminos distintos de los militares y de los punitivos para superar el conflicto armado.

Que la guerra no afecta a todos por igual puede explicarse por varias razones. Las acciones de los grupos armados se han realizado en su gran mayoría en las zonas rurales del país. Las masacres, las incursiones armadas, la siembra de minas antipersonas y los controles territoriales se han desplegado, con algunas excepciones, en veredas, corregimientos y pueblos alejados de los grandes centros urbanos y han afectado especialmente a pobladores campesinos, indígenas y afrodescendientes, quienes han puesto más de 70% de las víctimas en un país mayoritariamente urbano.

La guerra no ha tocado de manera directa a millones de habitantes citadinos, por lo que es vista por muchos como un asunto lejano, como un problema de «otros», como un fenómeno con el que se puede vivir sin ser afectados de manera sustancial. Paradójicamente, es en las ciudades donde se toman las decisiones con respecto al curso de la guerra. Por esta razón, líderes sociales como Leyner Palacios, perteneciente una comunidad afrocolombiana víctima de la guerra, expresa en relación con la derrota del «Sí»: «Sentimos que el país urbano no comprendió la realidad y la necesidad de terminar este conflicto. Era una oportunidad grandísima que teníamos y se desaprovechó»2. En el mismo sentido se manifiesta el sacerdote Antún Ramos, miembro de la misma comunidad: «Existe un país al que le importan un carajo el campo y la gente que está padeciendo la guerra. Esa es la sensación que tenemos. Las cuentas dan para que ganen siempre los del centro y que el campo vea cómo subsiste a los embates de la guerra»3.

Por otra parte, la guerra tiene un marcado impacto de clase. Las víctimas mortales son en su inmensa mayoría hombres y mujeres de escasos recursos, que perdieron su vida como combatientes en las confrontaciones armadas o como víctimas de las acciones desplegadas por los actores armados sobre la población civil inerme, que ha puesto cerca de 81,5% de los muertos que ha dejado el conflicto. Las víctimas son en gran número personas humildes y anónimas, que no fueron noticia, que no causaron conmoción ni indignación al país, porque no portaban el rango o el estatus de los personajes que logran movilizar a los medios, a la clase política o a la justicia. Se puede decir que, lastimosamente, las víctimas les han dolido a sus familias, allegados y comunidades, pero no al país. Al respecto, resulta muy ilustrativo que el cese del fuego bilateral pactado entre el gobierno y las farc, que logró reducir significativamente la violencia política y disminuir el número de víctimas a su mínima expresión, no fuera suficiente motivo para respaldar el acuerdo y de esta manera sostener el cese de hostilidades. Esta realidad llevó a muchas organizaciones de derechos humanos y de víctimas a afirmar que a una gran parte de la sociedad, y en especial a las elites colombianas, no les interesa parar una guerra en la que ellos no ponen los muertos. En ese mismo sentido, se afirmó en distintas voces y por diversos medios que «es muy fácil seguir en una guerra que se hace con hijos ajenos».

Los discursos que justifican la guerra

Ahora bien, en muchos casos, las víctimas no solo no han importado, sino que su muerte y persecución son toleradas y justificadas, gracias a la estigmatización de la que han sido objeto por cuenta de los actores armados y de sus financiadores, quienes se han encargado de señalarlas como colaboradores y cómplices de las guerrillas, como transgresores, anormales e indeseables. Así, ha cundido la respuesta facilista y culpabilizadora de la sociedad, del «por algo será» o «el que nada debe nada teme». Los crímenes son leídos, en muchas ocasiones, como «males necesarios» para mantener un ideal de orden y de progreso social.

A esta «distancia» que la sociedad establece con las víctimas, que se traduce en indolencia y falta de solidaridad, se agrega el enorme desconocimiento que muchos colombianos tienen sobre los orígenes, las causas y las dinámicas de la guerra, desconocimiento explicado por la ausencia de una enseñanza rigurosa de la historia de nuestro país, pero sobre todo por la tergiversación que se ha hecho del conflicto armado en Colombia, especialmente a través de la manipulación mediática.

Por muchos años, a través de los medios de comunicación, se ha construido la idea de que las desgracias de nuestro país se deben a un único actor: las guerrillas. Desde esta perspectiva, ellas son la causa de la pobreza, de la falta de crecimiento, de la inseguridad, del desprestigio del país y del narcotráfico. Este discurso desconoce e incluso oculta el hecho de que, si bien es verdad que las guerrillas son responsables en buena medida de los males que aquejan a Colombia, también es cierto que no han sido las únicas y que incluso su existencia puede ser interpretada como la expresión o la consecuencia de estos problemas nacionales. Cuando las guerrillas son construidas en el imaginario social como la principal causa de la violencia, se logra invisibilizar y exculpar a otros actores armados y no armados que han promovido la guerra para obtener poder político y económico, o para mantener órdenes sociales afines a sus ideologías e intereses.

La construcción de las guerrillas, y particularmente de las farc, como el «chivo expiatorio» ha permitido deshumanizar a sus miembros, desconocer su origen y sus transformaciones, concebirlos como expresiones del mal y hacerlos así depositarios del rechazo y merecedores del odio social. Esto en parte podría explicar la oposición de miles de colombianos a negociar con «terroristas», su negación a hacerlos beneficiarios de algún tipo de concesión penal, de integrarlos a la vida social y más aún de permitirles participar en política.

De la construcción de las farc como chivo expiatorio da cuenta el reclamo de miles de promotores y votantes del «No» que exigen que caiga todo el peso de la ley contra los guerrilleros, pero que se muestran benévolos e incluso no mencionan la necesidad de castigo a otros actores armados y a personas o agrupaciones que han fungido como sus promotores, cómplices y aliados y que han incurrido en graves violaciones a los derechos humanos.

Frente a esta postura de parte de la sociedad colombiana, surgió la pregunta sobre qué hace posible que las víctimas, quienes han sufrido de manera directa la guerra y han padecido sus rigores, estén más dispuestas a perdonar que la sociedad no victimizada. A este respecto, familiares de víctimas reaccionaron decepcionadas e indignadas frente a los resultados del plebiscito y cuestionaron el contraste entre su capacidad de perdón y su disposición a la reconciliación, y el odio y el resentimiento promovidos por políticos, ciudadanos e incluso por religiosos.

Acostumbrados y resignados a la guerra

La distancia de la sociedad frente a las víctimas no se expresa solamente en quienes votaron por el «No», pues con seguridad está también presente en quienes se abstuvieron de votar, los que pueden ser nombrados como los «indiferentes» o «escépticos» frente a la negociación y al fin de la confrontación armada, que para estas elecciones fueron más de 30 millones de personas. En este caso, esta distancia puede ser leída como el resultado de la naturalización de la guerra debido a su larga duración.

Los más de 50 años de duración del conflicto armado han instalado una suerte de normalización de la existencia de actos violentos y de víctimas. La guerra forma parte de la vida cotidiana de por lo menos tres generaciones que nacieron y crecieron en medio de sus dinámicas. Las noticias sobre los asesinatos, los secuestros, las desapariciones y en general sobre los actos violentos son parte del diario vivir de los colombianos, que suelen asumirlos como hechos normales e inmodificables. Las frases «siempre ha sido así», «nada va a cambiar y si cambia será para empeorar», muy escuchadas en el país, expresan una postura resignada, desesperanzada y de impotencia, que suele incidir de manera poderosa en la inmovilización, la indolencia y la apatía.

Esta postura también ha sido cuestionada por algunas víctimas. Al respecto, dice Pastora Mira, una mujer que perdió a varios de sus familiares en la guerra, frente al resultado del plebiscito: «Se posicionó el engaño y la tergiversación. Por una parte, desde los medios de comunicación, también en la campaña sucia del ‘No’. Faltó pedagogía. Pero lo que más lamenta uno es la indiferencia de muchos colombianos. La indiferencia ganó»4. La indiferencia frente a la negociación del gobierno con los grupos armados, que llevó a muchos a la abstención, se explica también por la simultaneidad de violencias que azotan al país. La violencia vinculada al conflicto armado es una entre otras, aunque no es marginal, pues según los datos del cnmh, una de cada tres muertes en Colombia sucede en ese marco. Para muchos colombianos, las violencias de la delincuencia común, del narcotráfico, las bandas criminales o incluso la intrafamiliar resultan mucho más impactantes y necesarias de asumir. Desde esta perspectiva, el gobierno no debería invertir en la desmovilización y reintegración de los combatientes de los grupos armados, sino en atender los factores de pobreza sobre los que se sostienen estas violencias, e invertir también en hombres y armas que repriman la criminalidad y garanticen la seguridad. Este es un reclamo especialmente urbano y se vincula, desde luego, al hecho de que la violencia del conflicto armado, como ya se dijo, sucede especialmente en el espacio rural.

Finalmente, cabe señalar que muchos votantes del «No» esgrimieron motivos que, si bien no tenían una relación directa con los contenidos del acuerdo, sí revelaron posturas muy arraigadas y sensibles de la sociedad colombiana que aluden a asuntos de orden moral y religioso. El triunfo del «Sí», desde esta perspectiva, afectaría la concepción «normal y tradicional» de la familia, a la vez que introduciría peligrosamente la «ideología de género» en el país. Este argumento fue ampliamente utilizado por las iglesias católica y cristianas para manifestarse en contra del plebiscito e incidir en la votación de sus fieles. La gran movilización que lograron las iglesias para que la sociedad manifestara su rechazo a la reafirmación en los acuerdos de paz de los derechos de las mujeres y de las poblaciones lgbti dejó al descubierto que los derechos constitucionales que se consideran instalados y conquistados peligran y están lejos de alcanzarse.

Los argumentos aquí expuestos no pretenden abarcar las razones que explican el triunfo del «No», pues desde luego los resultados de las votaciones exigen avanzar en un análisis histórico y sociopolítico que permita entender el país que se desnudó con esta consulta. La derrota del «Sí» no solo ha dejado a Colombia en una terrible encrucijada e incertidumbre; también deja muchas preguntas. Mientras tanto, las apuestas por el fin de la guerra continúan, en medio de nuevas negociaciones en las que las elites parecen tener una renovada influencia, con consecuencias hacia el futuro.