Tema central

Chile: economía política del desgaste

El exceso de liberalización está produciendo consecuencias, pues en la población se ha instalado la sensación de abuso por parte del poder empresarial. El gran empresariado tiene varios procesos judiciales, sea por estafas piramidales, evasión de impuestos o financiamiento ilegal de la política de forma transversal a izquierda y derecha; algunas empresas son investigadas en el extranjero (Lan Chile en Estados Unidos y Argentina, Compañía de Papeles y Cartones en Colombia). A esto se suma un contexto de contracción de los mercados mundiales –particularmente el chino, principal destino de las exportaciones chilenas– y de enfrentamiento con un gobierno que empujó reformas estructurales en la tributación a las grandes ganancias, a la propiedad del sistema educacional y en las relaciones laborales.

La coyuntura económica está dejando en evidencia un agotamiento del modelo de desarrollo neoliberal impuesto en la dictadura y continuado en la democracia. Este agotamiento no implica una crisis terminal, pues el modelo extractivista se basó en una suerte de «acumulación originaria del capital» con sobreexplotación de la naturaleza (sobre todo, minería y explotación forestal), que descansa en la inversión extranjera y en los subsidios a las plantaciones forestales, junto con la contratación de fuerza de trabajo precaria (contratistas de la minería y de las empresas del papel y celulosa y salmoneras). Parte sustantiva de esa acumulación se hizo posible por el debilitamiento de los sindicatos y federaciones sindicales (que reúnen solo a 18% de la fuerza de trabajo), por la pasividad de partidos políticos que no tuvieron como propósito fortalecer los movimientos reivindicativos ni la formación política y por la fragilidad de las instituciones dedicadas al control ambiental de las inversiones extractivistas. El agotamiento de este ciclo económico converge con el «desnudamiento del rey mercado»: el abuso, la desigualdad, el lucro y la injusticia se hacen evidentes para la población, que desde distintas motivaciones y lugares toma la calle, e incluso algunos pueblos y territorios, y pone en evidencia tres cosas: a) que los privilegios son excesivos para unos pocos, sean empresarios, políticos, religiosos, militares o lobistas, los que se han aliado para mantener las cosas como están; b) que la elite ha perdido legitimidad ante la población, lo que provoca una fisura en la forma de dominación, y c) que se ha agudizado la crisis de representación de los partidos, pues las corrientes neoliberales eran en la práctica un «partido transversal», que operaba tanto en el interior de la centroizquierda como en la derecha política, como quedó comprobado con los escándalos de corrupción de políticos con dinero de los grandes empresarios.

El prestigio de la elite se ha deteriorado a punto tal que la pérdida de la confianza en la política y el Congreso por parte de la ciudadanía se expandió a la propia oligarquía empresarial. Su debilitamiento ha llevado a algunos intelectuales a diagnosticar la muerte de la elite3 y la apertura de una crisis de legitimidad para sostener el aparato institucional, aunque hasta ahora sin alternativas de recambio. El Estado –en términos más precisos, el régimen constituido–, como representación de la nación, deja de expresar un pacto social que suponía incluir a todos. Pero aún más: hace trizas un imaginario compartido asentado en el éxito del modelo económico y la disminución de la pobreza.

Esta situación es la que abrió en Chile un periodo de reordenamiento del poder, alentado por el gobierno reformista de Michelle Bachelet. La reacción de empresarios y políticos de diversas tendencias ante sus intentos de reformas expresa las profundas redes tejidas por la elite en el interior de los partidos que conformaron la Concertación y que hoy gobiernan junto con el Partido Comunista bajo el rótulo de Nueva Mayoría. Hoy la elite solo tiene como estrategia defender el modelo neoliberal, sostenido en los «éxitos pasados» y reivindicar la «democracia consonciativa» (llamada en Chile «democracia de los acuerdos»), que permite el veto de una minoría gracias a su sobrerrepresentación en diversos órganos del Estado (Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de Televisión, etc.) y en el sistema electoral. Sin embargo, esto es altamente insuficiente, pues diversos actores sociales han entrado en escena con sus reclamos polifónicos –locales o nacionales, políticos o gremiales–, que se politizan en la medida en que esa misma elite no logra comprenderlos ni procesarlos.

El movimiento estudiantil ya había mostrado su grado de coordinación y politización en 2006, cuando salió a la calle de forma masiva y persistente, para reclamar por el alto precio del pasaje escolar y exigir luego una reforma a la ley constitucional sobre educación que garantice la calidad educativa. La reacción de la izquierda en el gobierno fue consensuar un documento con el centro y la derecha, de manera «gatopardista», para modificar superficialmente la estructura educativa fundada en la estamentalidad de la calidad de la educación según los ingresos de la población. Este acuerdo prontamente fue desechado, ante la crítica estudiantil y de la sociedad.

Los estudiantes volvieron sobre sus demandas en 2011 –esta vez, bajo el primer gobierno de derecha tras el fin de la dictadura, el de Sebastián Piñera–. Lo hicieron de forma más estructurada, con las lecciones aprendidas, y el movimiento se extendió por todo el país, con un grado de legitimidad nunca visto desde 1990. Lo habían antecedido movilizaciones medioambientales, territoriales y por la identidad de género. La crítica al régimen político se hizo más consistente por la movilización y también por el despliegue de una nueva camada de intelectuales críticos que dotaban de fundamentos a las demandas transformando aspiraciones en objetivos políticos, la crítica en programas y la consigna en medidas posibles.

Los movimientos sociales profundizaron las movilizaciones regionalistas (Punta Arenas, Aysén, Calama), las medioambientales (represa Hidroaysén, Cajón del Maipo, Río Puelo) y las de diversidades sexuales (por el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto). La composición social de estos movimientos ha sido heterogénea y expresa una reactivación de la sociedad civil y de las demandas de participación, que enfrenta la clausura del régimen político a escuchar «la voz de la calle» y responder a sus exigencias. Estos movimientos han logrado poner en crisis la idea de la infalibilidad del modelo neoliberal y sus «soluciones» de más mercado. También han provocado una desnaturalización de las respuestas de tipo tecnocrático construidas sin participación y están siendo capaces de sostener la movilización social durante más de cinco años: la extensión de los abusos y lo limitado de las políticas públicas de protección social han permitido la rotación de sus protagonistas principales. En una coyuntura la llama es la educación, en otra es la salud, en otra el sistema de pensiones o los derechos de las mujeres (más de 50.000 personas se movilizaron en octubre pasado contra el femicidio).

  • 3.

    Alberto Mayol: Autopsia. ¿De qué se murió la elite chilena?, Catalonia, Santiago de Chile, 2016.