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NUSO Nº 222 / Julio - Agosto 2009

Caja negra electoral

Una vez más, Panamá es una caja negra1 electoral. Los resultados de las elecciones generales del 3 de mayo de 2009, en las que se impuso el candidato opositor Ricardo Martinelli, reafirman la tendencia de los últimos 20 años al voto reactivo y la alternancia, en el marco de un sistema político electoral plutocratizado y todavía muy hermético. La diferencia estriba en que el buque insignia de la oposición no pertenecía a uno de los grandes partidos tradicionales sino a una formación nueva, mientras que el prd, el partido más grande, sufrió un serio revés electoral. El nuevo gobierno es una expresión del acceso directo de los empresarios a la conducción del poder político, sin intermediación, en un momento en el que se ciernen sobre el país los nubarrones de la crisis.

Caja negra electoral

Todavía la bandera tricolor del Partido Revolucionario Democrático (PRD) tiene estampado en su centro el número 11. El símbolo conmemora los acontecimientos de 40 años atrás, cuando, un 11 de octubre, el joven militar Omar Torrijos y otros oficiales de la Guardia Nacional derrocaron al presidente y caudillo Arnulfo Arias Madrid, a solo 11 días de asumir el gobierno. En los siguientes 13 años, bajo el mando del general Torrijos, se instauró un contradictorio proceso que, en su primera década, desmanteló el sistema de partidos, reemplazó el órgano legislativo por una asamblea de líderes locales y reprimió o neutralizó a la oposición, pero que también emprendió reformas sociales, especialmente en el campo laboral y de la salud pública. A la par, mientras el país se convertía en una plataforma de servicios transnacionales, Torrijos convocó a la unidad nacional que permitió la negociación y firma de los Tratados con Estados Unidos de 1977, que pusieron fecha definitiva a la recuperación del canal interoceánico y a la salida de las bases militares estadounidense: el 31 de diciembre de 1999 a las 12 del día.

Pero el esquema de unidad nacional se extinguió con la firma de los Tratados, lo que abrió el paso a una serie de conflictos sociales relegados por mucho tiempo. Se inició así un proceso regresivo en lo social y en lo económico, que algunos llamaron «destorrijización», acentuado con la desaparición física de Torrijos, en 1981, que marcó el inicio del incipiente proceso de transición a la democracia con el sello de la inestabilidad.

Esto se expresó, en la década del 80, en los sucesivos cambios de presidentes (hubo siete mandatarios entre 1981 y 1989) dirigidos desde los cuarteles, así como en la rápida sucesión de comandantes castrenses. El tercero en asumir el mando, el 12 de agosto de 1983, fue el general Manuel Antonio Noriega, quien durante sus cinco años de mandato acentuó el autoritarismo militar, hasta que fue derrocado y detenido por la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989.

La invasión dejó el país devastado económicamente y con una estela de miles de muertos y heridos. No solo cayó Noriega; con él se derrumbó la Guardia Nacional, que luego desapareció legalmente en virtud de una reforma constitucional. EEUU reconoció como presidente a Guillermo Endara, perteneciente al Partido Panameñista (PP) e integrante de la Cruzada Civilista antimilitarista, como triunfador de las elecciones de 1989, desconocidas por los militares.

En los 20 años que siguieron a la invasión norteamericana, las dos fuerzas políticas principales se enfrentaron una y otra vez: el PP y sus aliados, que ganaron las elecciones de 1989 y 1999, y el PRD, que obtuvo el triunfo en 1994 y 2004. Ambos partidos invocan a sus mentores históricos ya desaparecidos: Arnulfo Arias Madrid y Omar Torrijos, respectivamente.

El voto reactivo pendular

En estos 20 años se realizaron elecciones y referendos libres y transparentes y se confirmó una y otra vez la alternancia pacífica en el poder. Los electores utilizaron reiteradamente el voto para cambiar pendularmente de gobernantes, siempre con una asistencia superior a 70%.

Con la transición democrática, la población revalorizó el poder del voto, lo que explica la alta participación electoral y la posibilidad de darle al resultado de las urnas un valor de cambio. Este voto reactivo no es inagotable, pues depende de la credibilidad en la democracia existente, y puede desgastarse en la medida que los sucesivos recambios no den respuestas a las demandas de la sociedad.

Por otra parte, el énfasis en el voto reactivo y de castigo demuestra que los gobiernos de turno no logran convencer y asegurar una propuesta de continuidad, lo que es producto de la debilidad de las instituciones y de la falta de visión de Estado. Esto se produce en el marco de una polarización entre los dos grandes partidos tradicionales, resultado de un sistema cuasi hermético que promueve la concentración de poder en un menú limitado de opciones y que excluye nuevas alternativas o espacios independientes. En este contexto, no hay terceras opciones con capacidad de acumular fuerzas y ganar más presencia en el escenario político.

El escenario electoral

En las elecciones generales del 3 de mayo de 2009 se produjo el recambio político acostumbrado, pero con una diferencia fundamental. El buque insignia de la flota opositora no fue el tradicional PP (o Partido Arnulfista, como se llamó por un tiempo) sino el partido Cambio Democrático (CD), fundado y sustentado por el multimillonario Ricardo Martinelli, que logró liderar la Alianza para el Cambio (AC), un frente que agrupa a diferentes partidos, incluido el PP. Martinelli obtuvo un triunfo sin precedentes, ya que casi duplicó los votos del oficialista PRD. Pero la cosa no pintaba así ocho meses atrás. En ese entonces, la candidata del PRD, Balbina Herrera, superaba a sus contrincantes, y el PP tenía un candidato presidencial propio en la persona de Juan Carlos Varela. ¿Qué sucedió?

Al presidente Martín Torrijos le tocó un periodo en el cual la economía panameña fue una de las de mayor crecimiento del continente; logró disminuir el desempleo, impulsar grandes obras de infraestructura (como el inicio de la ampliación del Canal) y con ello consiguió un nivel aceptable de aprobación pública. Sin embargo, para una parte sustantiva de la población pesaron más los faltantes y las carencias que los logros del gobierno. Se destacaron, sobre todo, el agravamiento del deficiente funcionamiento del transporte colectivo urbano, la crisis educativa, el creciente costo de vida, la degradación ambiental, la inseguridad pública y la corrupción.

El gran error oficial consistió en pensar que el crecimiento económico era satisfactorio para la mayoría de la población, sin advertir, por un lado, que no se había redistribuido eficazmente la riqueza generada, y, por otro, que incluso aquellos que gozaban de un empleo o un subsidio percibían que la calidad de vida se deterioraba en otros aspectos básicos, como los ya mencionados. En suma, la población sintió que, incluso con el alto crecimiento, con el PRD no le iba mejor.

Un antecedente digno de recordar es el gobierno perredista de Ernesto Pérez Balladares. Durante su mandato, la gestión gubernamental se centró en la dinámica ejecución del ajuste y la modernización en obras de infraestructura, lo que le otorgó al presidente un buen nivel de aceptación. Pérez Balladares –tildado de arrogante por muchos– aprovechó la ola de apoyo y convocó a un referéndum, realizado el 30 de agosto de 1998, para habilitar constitucionalmente la reelección presidencial inmediata, pero inesperadamente el voto le fue adverso por un margen de dos a uno, producto del temor ciudadano a avalar el advenimiento de un autoritarismo civil.

Pero además, más allá del crecimiento económico, lo cierto es que las cosas no marcharon bien dentro del PRD. El partido más grande y con más afiliados del país –casi 700.000 adherentes de un total de dos millones de electores– resquebrajó su necesaria unidad interna. Las primarias del PRD, realizadas en septiembre de 2008, se convirtieron en un campo de batalla que evidenció las pugnas internas, más caudillistas que ideológicas, en las que triunfó –pírricamente– Balbina Herrera por escaso margen sobre Juan Carlos Navarro. Las heridas dejadas por la contienda no tuvieron tiempo de sanar, a pesar de que Navarro consiguió su designación como candidato a vicepresidente.

El resultado electoral fue revelador. El PRD, un partido organizado, que reivindicó la adhesión incondicional y militante de sus miembros, consiguió solo medio millón de votos para presidente. La candidatura de Herrera no solo no logró atraer nuevos votantes, sino que perdió una cantidad apreciable de los suyos. Pero en los partidos opositores también se dieron resultados poco tradicionales. El PP pasó a un tercer lugar, con votos casi similares a sus adherentes, y el CD, que tenía un número reducido de adherentes, ascendió en votos hasta casi empatar al PRD. Estos datos se incluyen en el cuadro de la página siguiente. En la suma total, Martinelli obtuvo 60% de los votos (sumatoria de los votos de los distintos partidos que integran la AC), mientras que Balbina Herrera (candidata del PRD y aliados), apenas 37%.

Los problemas internos no fueron el único signo adverso para el PRD. La campaña electoral de Herrera adquirió un subido color oficialista, lo que facilitó el voto reactivo. Ex-ministra de Vivienda del gobierno de Torrijos, Herrera proyectó el continuismo y no logró establecer la agenda proyectiva de cambio a la que aspiraba la población. Por temor a ser tildada de izquierdista, se cuidó de presentar un programa de gobierno que fuera más allá de lo establecido; es decir, no definió una propuesta popular de clara opción por los excluidos, aspectos que sí recogió, pero a su manera, la AC. El PRD, en suma, se dejó arrebatar a los pobres.

Pero además una variable inesperada apareció en forma devastadora como un rayo en un día despejado. El empresario colombiano David Murcia, dueño del imperio financiero DMG, fue arrestado en Panamá, donde radicaba, y deportado a su país acusado de lavado de dinero del narcotráfico. Desde la cárcel La Picota, en Bogotá, Murcia declaró enfáticamente que había financiado con seis millones de dólares las campañas electorales de Herrera y de Roberto Velásquez, candidato del PRD a la alcaldía de la capital y primerísimo en las encuestas. Ambos perdieron las elecciones. A contrario sensu, Martinelli –que había quedado en el último lugar, con solo 5,3% de los votos, en las elecciones de 2004– tejió la urdimbre opositora con una combinación de zanahorias y garrotes. El empresario fue candidato único en las apacibles primarias de CD, un partido plano desprovisto de tendencias o disidencias visibles. Más tarde unificó en torno de sí a los pequeños partidos de oposición con relativa facilidad. Pero el gran desafío era el partido mayor, el PP, y su candidato, Juan Carlos Varela, que no declinaba sus aspiraciones de ser cabeza de la alianza sobre la base de la convicción de que la tradición política le garantizaba ese lugar a su partido y que, en caso de no lograrlo, de todos modos mantendría su candidatura presidencial, fragmentando así el voto opositor.

Para capitalizar la unidad de las fuerzas de oposición, Martinelli emprendió una intensa secuencia de presiones, y apuntó una millonaria campaña mediática contra Varela, al que acusó de corrupto y aliado del gobierno, con epítetos muy ofensivos. Con las encuestas inclinándose a su favor, Martinelli logró sentar a Varela en una recepción de la embajada norteamericana y fraguó la alianza. Varela aceptó acompañarlo como candidato a vicepresidente y, con la decisión, terminó de unificar el frente opositor. Ante ello, en el PP se produjeron posiciones encontradas: un sector del partido celebró la alianza al considerar que era la única opción para llegar al gobierno, mientras que otra parte sintió que el partido perdió su rol protagónico y lesionó su futuro político.

En cuanto al tono de la campaña, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) afirmó certeramente: «Las campañas negativas oscurecieron el debate sobre las propuestas de gobierno de los contendientes». La oposición impulsó una campaña mediática más anti que pro, más de denuncias que de propuestas, con un arsenal de recursos económicos ilimitados destinados a socavar a sus adversarios, con una generalizada batería de mensajes negativos.

La campaña de la AC se centró en el cambio como piedra de toque frente a las falencias del gobierno y el continuismo propuesto por la candidata del PRD. Un eje fundamental fue el discurso antipolítico, que achacó a los partidos y a la política la responsabilidad principal por los problemas nacionales e insistió con la idea de que muchos llegaban pobres al poder y salían millonarios. Pero es interesante subrayar que tanto Martinelli como sus aliados han sido y son parte constitutiva de la «clase política», pues el candidato opositor fue un alto funcionario en dos gobiernos anteriores, mientras que el PP y otros partidos que integran la AC gobernaron el país durante dos quinquenios.

Los ataques se concentraron en la candidata oficialista; abundaron los argumentos negativos centrados en su biografía, que enfatizaban su relación con Noriega, Torrijos, el empresario colombiano Murcia y, en menor grado, con Fidel Castro y Hugo Chávez. En una astuta campaña, Martinelli logró invertir las identidades a partir de la idea del millonario que «se puso los zapatos del pueblo», y colocó a los excluidos como centro de una propuesta asistencial. En cambio, vació la extracción popular de «la chola» Balbina Herrera con acusaciones de corrupción e insistiendo en la idea de que tenía «corazón de millonaria». En general, sin embargo, la campaña no incluyó prácticamente ningún argumento ideológico, y no era necesario: el PRD no se ubica ni es visto por el electorado en el espacio de la izquierda; es un partido creado por Omar Torrijos desde el poder, parecido al Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano. La contienda, entonces, se organizó entre un polo oficialista de centro derecha y un polo triunfante de extrema derecha.

Hermetismo y financiación

La democracia de baja calidad fue el contexto político electoral de 2009. En efecto, Panamá es un país con una débil institucionalidad democrática, con espacios políticos reducidos, una sociedad civil débil, una cultura política degradada y fuerzas electorales plutocratizadas. Como señala Adam Przeworski:

Cuando el dinero ingresa en la política, el poder económico se transforma en poder político y este a su vez se vuelve instrumento del poder económico. Esto es lo que estamos viendo en muchos países. Si tuviera que medir la calidad de la democracia, allí donde me fijaría primero es en todas las reglas y prácticas que regulan el ingreso de dinero en la política. Calidad democrática es evitar que el dinero controle a la política.

En Panamá, inscribir partidos, postularse como candidato, publicitarse –en otras palabras, lanzarse decisivamente al campo político– pasa por las cifras de las cuentas bancarias, y esto es, en esencia, antidemocrático. Dinero y política deberían divorciarse, pues la esencia de la democracia no es solo votar, sino también ampliar las oportunidades de oxigenar los espacios públicos con una mejor y más efectiva participación. Sean ciertas o no las graves acusaciones de Murcia, el tema del financiamiento partidario y electoral está ahora en el ojo de la tormenta, y debe ser resuelto. La decisión de los políticos de no aceptar las recomendaciones de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Reformas Electorales de 2005, y la actuación posterior de los diputados negando reformas políticas fundamentales, crearon las bases para los acontecimientos acaecidos en el proceso electoral de 2009.

Para muchos de los grandes aportadores de las campañas, el dinero no es una donación sino una inversión (así lo dijo Murcia), sobre la cual se logra un plus o ganancia, lo que implica supeditar el bien público a los intereses creados. La prevención de la corrupción en el financiamiento de los partidos y campañas es un factor crucial en la calidad de la democracia. El soborno electoral y la conducta política contraria a la ética, la «captura» de la política por intereses financieros, comerciales o criminales, dañan profundamente el proceso democrático.

En este contexto, un elemento importante es el incremento de los costos de las elecciones y las campañas, lo que se explica en parte por la corrupción en el financiamiento de los partidos. Hasta que no se tomen las medidas necesarias para controlar la demanda y el flujo de dinero, especialmente en el costo de los medios privados y el clientelismo, será difícil regular su uso corrupto.

En las elecciones panameñas de 2009 imperó la exclusión política y legal, por lo que el proceso electoral fue parcialmente hermético. El menú electoral fue limitado. El Código Electoral panameño exige una cantidad demasiado elevada de adherentes para inscribir un nuevo partido y establece procedimientos complicadísimos, lo que ahoga el florecimiento de nuevas opciones y limita la participación ciudadana, en especial de los sectores menos pudientes.

Algo similar ocurrió con la libre postulación. Tardíamente, solo tres días antes de las elecciones, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el artículo 233 del Código Electoral y permitió la postulación de candidatos independientes a la Presidencia, a partir de una demanda del economista Juan Jované. Esta demanda había sido rechazada previamente por el Tribunal Electoral con el argumento de que solo los partidos pueden postular candidatos a presidente. ¿Cómo hubiesen sido las elecciones sin estas limitaciones? Seguramente distintas, por la presencia de otras voces y opciones –tanto partidarias como ciudadanas– que le podrían haber impreso al torneo cívico los colores del arco iris. La Misión de Observación Electoral de la OEA añadió en su informe:

Existe un amplio consenso sobre la necesidad de una regulación que establezca el acceso a información relativa al financiamiento privado de los partidos y campañas políticas. La Misión ha observado opacidad y falta de transparencia en relación con este tema, lo cual no está a la altura de la cultura política y calidad de las instituciones electorales del Estado y la sociedad civil panameña.

En este marco, se impone la necesidad de encarar urgentes reformas: el establecimiento de montos máximos a las campañas con el debido registro y transparencia contable; la prohibición de donaciones o «inversiones» de empresas o personas extranjeras; la eliminación de los subsidios estatales para los partidos o candidatos si existen donaciones privadas; el impulso a la cotización de la membresía partidaria y la generación de actividades de autofinanciamiento con igual transparencia; la configuración de otro clima preelectoral y electoral a través de la firma de pactos éticos entre partidos y medios de comunicación; y la reducción de los costos electorales mediante una restricción del tiempo de campaña y el costo de la publicidad política. Junto con estos cambios, el Tribunal Electoral debería ofrecer espacios iguales en los medios públicos y privados para la difusión de las propuestas y planes de los partidos y candidatos; también debería disminuir la cantidad de adherentes necesarios para la inscripción de partidos, de modo de permitir nuevas opciones y el acceso de los independientes, y avanzar en un control efectivo del clientelismo y patrimonialismo político.

Desafíos del futuro próximo

El fin de la bonanza, sacudida por la tormenta perfecta de la crisis mundial, se cierne sobre Panamá. A pesar de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica un crecimiento de 3% en 2009, se insinúa ya una reducción de los servicios de exportación de las toneladas netas que transitan por el Canal, al igual que de las exportaciones de la zona libre. «Lo que la crisis internacional está poniendo en duda es el propio modelo de crecimiento que sirvió de base a la reciente expansión de la economía panameña.»

La inminencia de los efectos de la crisis hizo que el empresariado favorecido por las buenas ganancias decidiera asumir un nuevo rol:

Durante 40 años el capital delegó en las mejores fuerzas políticas la administración de los conflictos sociales y las transiciones que periódicamente emplea el sistema para reciclarse. Esta vez es distinto. No confía en que la propuesta del PRD trabaje a su favor. Ha eliminado por el momento la intermediación y es él, el mundo empresarial, el que busca directamente su cuartel de invierno.

El proceso electoral fue largo y agotador, tanto para los actores políticos como para la ciudadanía. La situación no será fácil para el nuevo gobierno. La población no firmó un cheque en blanco: las expectativas y las demandas de cambio son altísimas. La sociedad espera una suerte de revolución pacífica y ética, una marea de cambios que transforme su condición. Esto puede acercarse a una situación límite:

Los actores se desempeñaron como si el triunfo ya fuera de ellos y la propaganda hizo su trabajo envolvente. La conquista del poder con artificios es el más peligroso riesgo de los gobiernos, si en la práctica los proyectos carecen de un fondo de realidad. [El] gran riesgo es perder la confianza ganada. Si la pierde, el gobernante no regresa, y a veces tampoco el partido regresa al poder. Ahora se acerca el tiempo de poner a prueba las propuestas. En cuánto tiempo, de qué manera y en qué medida se empezará a ver la aurora prometida.

La responsabilidad del nuevo gobierno es enorme, ya que tiene en sus manos el bono de un inédito apoyo electoral, reflejado en el control tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Llega al gobierno un poderoso sector empresarial que prometió atacar la pobreza y la corrupción. ¿Logrará poner los intereses del pueblo por encima de sus intereses? ¿Logrará un cambio real en relación con las falencias y los errores heredados del gobierno anterior? ¿Tendrá la visión de Estado necesaria para conservar los aspectos positivos de las gestiones predecentes? Y finalmente: ¿tendrá la capacidad de innovar y dinamizar en un país que debe superar la crisis y desarrollarse integralmente (y no solo crecer económicamente)?

Las respuestas a estas preguntas definirán un escenario en el que prevalecerá o no la subordinación de las políticas sociales a las políticas económicas neoliberales y la prevalencia de los intereses del mercado; un escenario en el que se impondrá la preferencia por acciones puntuales, asistencialistas o clientelistas, o la construcción de políticas públicas de manera participativa y blindadas contra la corrupción, en el marco de un proyecto nacional integral, justo y ambientalmente sostenible.

Retos ciudadanos

El 53% de los panameños consultados en un estudio manifestó su apoyo a la democracia; el resto, sin embargo, manifiesta otra opinión, lo que ubica a Panamá en el penúltimo lugar de la región en cuanto al índice de respaldo al sistema democrático. En general, se registra una reducción del apoyo a las instituciones políticas y al sistema político en general y una baja de los niveles de tolerancia política.

Curiosamente, Panamá es uno de los países latinoamericanos con mayor porcentaje de afiliación a partidos políticos. Sin embargo, 78% de la población no confía en ellos ni advierte una clara diferenciación ideológica entre uno y otro; de hecho, una amplia mayoría los ubica entre las entidades más corruptas de la sociedad. Al mismo tiempo, 81% de los encuestados afirma que se inscribe en partidos políticos «para obtener beneficios personales» o «un empleo», y solo 6,3% «para seguir ideales». De acuerdo con los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), «esto nos demuestra que el clientelismo político es una relación de dos vías que se retroalimentan mutuamente, tanto desde los candidatos que ofrecen favores a cambio de votos y apoyo, como de los ciudadanos que tienen como expectativa obtener beneficios personales de su apoyo a candidatos o su participación en política».

En Panamá, los partidos no son permeables a las demandas ciudadanas; funcionan como maquinarias electorales eventuales, sin programas consistentes y desconectados de las demandas sociales, al tiempo que los poderes económicos ejercen influencias determinantes. Y si el porcentaje de afiliación a los partidos es alto, los niveles de participación en organizaciones de la sociedad civil están por debajo del promedio, los niveles de confianza interpersonal son relativamente bajos y la participación y el apoyo a los gobiernos locales son muy reducidos (la mayoría no apoya la opción de otorgar más recursos, impuestos y responsabilidades a los gobiernos locales).

En el balance, la profundización de la intolerancia y el bajo apoyo a la institucionalidad, junto con otros factores, acercan al país a la posibilidad de una ruptura del orden democrático, si no se avanza en los cambios necesarios. El reto del desarrollo social, político, económico y ambiental exige otras y nuevas maneras de hacer política. Se trata de incrementar la participación, la equidad y la eficacia en el desarrollo y la democracia en todos los niveles. Frente a la cultura patrimonialista prevaleciente, es importante transparentar y democratizar la democracia, promover, a través de la educación, cambios en las pautas de comportamiento individual y colectivo, asumiendo la democracia como una determinada forma de pensar, sentir y hacer las cosas. Instalar la ética en la política en el marco de una democracia más fuerte y proporcionar a la política la capacidad de orientar a la sociedad, con una visión no solo de gobierno sino de Estado, constituyen las claves para el futuro de Panamá.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 222, Julio - Agosto 2009, ISSN: 0251-3552


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