Coyuntura

Brasil: las cárceles de la droga y de la miseria

Considerando entonces el delito de tráfico como el que más encarcelamientos genera, se debe destacar que el perfil encontrado en Río de Janeiro, bastante semejante a datos de otros estados, es de pequeños traficantes detenidos mientras actuaban solos (60,8%), arrestados en delito flagrante (91,9%), lo que sugiere casualidad en el encuentro de la droga más que investigación; 65,4% responde solamente a tráfico y 66,4% a primeras detenciones. En los Juzgados Criminales de Río de Janeiro, solo 15,8% fue condenado también por asociación y 14,1% en concurso con posesión de arma; el porcentaje restante estaba desarmado. Del total de las sentencias, 41,6% de los reos recibió penas por debajo del mínimo. En Brasilia, los datos son semejantes pero solo 0,6% fue condenado por tráfico en concurso con posesión de armas y 72,2% responde solo por tráfico, siendo la mayoría de las condenas (50,3%) por más de cinco años. La selectividad del sistema penal se confirma en las dos ciudades22.

Una investigación más reciente de Julita Lemgruber y Marcia Fernandes, realizada en Río de Janeiro y con foco en delitos flagrantes, verificó que

dos tercios de las personas presas por delito flagrante de tráfico en 2013 portaban pequeñas cantidades de drogas (hasta 50 gramos) y que la mitad de los reos fue detenida con una única especie de sustancia. En gran parte de esos casos, por lo tanto, (…) las informaciones probablemente llevarían a la imputación de posesión para consumo propio, más que a la de transporte para comercialización.23

Además, en 85,5% de los procesos, los detenidos llevaban solo la droga en el momento del delito flagrante, «sin ningún otro objeto capaz de sugerir actividades de comercialización o práctica de delitos conexos». De hecho, la regla en Brasil es tener la «investigación criminal como excepción y no la regla en la justicia criminal. En líneas generales, el sistema prácticamente solo actúa en relación con los casos de detención en flagrante, o en aquellos en que ya existen elementos de prueba previos para la conclusión de la investigación (detenido identificado, testigos disponibles y otras pruebas)»24.En resumen, los principales factores que explican el sobreencarcelamiento en Brasil y que refuerzan el proceso de criminalización de la pobreza son: a) el aumento de presos por tráfico de drogas, especialmente a partir de la nueva ley (No 11343/06), en su mayoría jóvenes, vulnerables, pobres, negros y mujeres, que ocupan posiciones subalternas en el tráfico, posiblemente usuarios, portadores de pequeñas cantidades de drogas, en su mayoría no reincidentes; b) la opción represiva prevaleciente, que opta por la prisión preventiva, encubierta por los tribunales brasileños que niegan la libertad provisional a la mayoría de los presos de delito flagrante, especialmente en el caso del tráfico; y c) la poca aplicación de penas alternativas a la prisión, a pesar de que existen leyes vigentes que deberían llevar a una interpretación de que la prisión preventiva sería aplicable solo en casos excepcionales.

Por lo tanto, frente a este panorama, para entender los recientes acontecimientos en las cárceles brasileñas, debemos tener en mente no solo el aumento del encarcelamiento sino también la mayor representatividad de traficantes de drogas presos, lo que fortalece a las organizaciones criminales y sus relaciones con el tráfico internacional fuera de las prisiones.

Estos factores fueron los responsables por la tragedia que ocurrió el día 1o de enero de 2017 en el Complejo Anísio Jobim (Compaj), del estado de Amazonas, cuando 17 horas de rebelión terminaron con 56 muertos (parte de ellos, decapitados) y más de 200 fugitivos, en la que fue considerada la mayor masacre del sistema penitenciario del estado y una de las mayores registradas en el país en todos los tiempos. Algunos días después, otros cuatro presos fueron ejecutados en el presidio al que fueron transferidos los sobrevivientes, situado en la misma ciudad, lo que llevó el total de muertos a 60. Los administradores privados del presidio, incluso teniendo noticias de que algo iba a ocurrir, no tomaron las precauciones necesarias para impedir la masacre, atribuida a disputas originadas en el fin de la alianza de casi 20 años entre dos de las mayores agrupaciones criminales del país: el Comando Vermelho, de Río de Janeiro, aliado a una facción que actúa en el norte del país, la «Familia del Norte», y el Primer Comando de la Capital (pcc), originario de San Pablo, que disputan el lucrativo mercado del tráfico y la zona de influencia en los presidios25. Los dos grupos principales tienen una estrategia de expansión nacional, y llega un momento en ese proyecto en que uno comienza a estorbar al otro26, y esa dinámica fue la que motivó la masacre. En Amazonas, la mayoría de los muertos estaba ligada al pcc.

Algunos días después, en otros dos estados, ocurrieron más masacres: 33 decapitados y descuartizados en Roraima y posteriormente un motín en la Penitenciaría Estatal de Alcaçuz, en Río Grande del Norte, que dejó 27 muertos y unos diez heridos. Todos estos hechos se deben a ajustes de cuentas y disputas entre los grupos criminales que actúan en el tráfico de drogas y se organizan dentro de los presidios. Nótese que la región norte de Brasil es ruta de tráfico internacional por ser frontera con los países productores de cocaína. La disputa por el control de las cárceles es una estrategia de fortalecimiento de las organizaciones criminales en sus actividades ilegales27.

Por lo tanto, fueron justamente las disputas alrededor del control de las redes internacionales de tráfico las que llevaron al fin de la alianza entre esas dos principales facciones criminales del país, las cuales, hasta entonces, lograban mantener el orden y la convivencia pacífica en los presidios y fuera de ellos por medio de acuerdos. Una vez rotos esos acuerdos, lo que se vio fue la absoluta falta de control sobre esas disputas dentro de las prisiones y la pelea por el lucrativo mercado del tráfico.

Se considera que el sistema penal brasileño puede transformarse a partir del reconocimiento y la efectivización de derechos y garantías individuales de los presos y acusados, así como por medio de la interpretación legalista y humanitaria de las leyes vigentes. Pero en verdad, solo se conseguirá reducir el nivel de encarcelamiento en Brasil a partir de la amplia reforma de la represiva e ineficaz política de drogas hoy vigente, que no alcanza su principal objetivo declarado –la protección de la salud pública– pero ha sido bastante eficiente para aumentar el número de encarcelamientos y el control social de la pobreza, su objetivo real pero no explicitado. No son los grandes traficantes los que están presos, son los menos importantes pero que resultan piezas claves en la estructuración del tráfico altamente lucrativo.

El sistema penitenciario brasileño es hoy un polvorín: superpoblado, insalubre, totalmente inadecuado, listo para explotar en cualquier momento; por lo tanto, no hay que hablar de «crisis actual». Esta crisis es permanente, y mantener a las personas pobres y negras en nuestras prisiones es un proyecto estructural que tiene como objetivo mantener el control social punitivo sobre las clases bajas, con la justificación de «combatir el narcotráfico». En tiempos de crisis y de ajuste fiscal, si se mantiene la misma estrategia punitiva –como parece ser el caso–, la situación se tornará aún más grave y volveremos a ser testigos de nuevas matanzas. La resistencia a este modelo se muestra más que nunca urgente y necesaria.

  • 22.

    L. Boiteux y E. Wiecko: ob. cit.

  • 23.

    J. Lemgruber y M. Fernandes: Tráfico de drogas na cidade do Rio de Janeiro: Prisão provisória e direito de defesa, CESEC, Río de Janeiro, 2015, disponible en <www.ucamcesec.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/Boletim-Traficode-drogas-epresos-provisórios.pdf>.

  • 24.

    Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA): «A aplicação de penas e medidas alternativas. Relatório de pesquisa», IPEA, Río de Janeiro, 2015, p. 87.

  • 25.

    Se afirma que en los últimos años el PCC fortaleció su presencia en algunas de las rutas más importantes del tráfico internacional de drogas y armas, siendo responsable por los principales cargamentos de cocaína llegados de Colombia y Bolivia y marihuana de Paraguay. El Comando Vermelho, a su vez, fue perdiendo importancia en estas rutas después de la detención en Colombia de Luiz Fernando da Costa, conocido como Fernandinho Beira-Mar, en 2001. En esta disputa, la ruptura definitiva se habría dado el 22 de junio de 2016, cuando el PCC, en una operación cinematográfica, ejecutó en Paraguay al traficante Jorge Rafaat Toumani, que era considerado «el rey del tráfico». La acción habría contado con más de 100 mercenarios que tenían armamento pesado, incluyendo una ametralladora calibre 50 –capaz de derrumbar helicópteros–, para fusilar al traficante en medio de la calle. Alfonso Benites: «Assassinato do ‘rei do tráfico’ na fronteira deixa em alerta autoridades brasileiras» en El País Brasil, 22/6/2016.

  • 26.

    Gil Alessi: «Rebeliões sinalizam fim de pacto entre PCC e CV e espalham tensão em presídios» en El País Brasil, 20/8/2016.

  • 27.

    G. Alessi: «Massacre em presídio de Manaus deixa 56 detentos mortos» en El País Brasil, 2/1/2017.