Coyuntura

Brasil: las cárceles de la droga y de la miseria

El cuadro es grave; la cuestión penitenciaria en Brasil nunca fue tomada en serio, a pesar de las leyes, los principios y las regulaciones que reconocen los derechos humanos de los presos y determinan las condiciones dignas de encarcelamiento. Los políticos conservadores son elegidos por una política del miedo y defienden banderas populistas de endurecimiento de penas ya absurdamente altas. En la política brasileña, defender los derechos humanos es defender a «bandidos», a pesar de la ausencia de garantía de derechos para los presos. El resultado es el que se ve en la práctica cotidiana de casi todas las penitenciarías brasileñas: condiciones indignas, corrupción, violencia, tortura y muerte, a pesar de lo que determina la letra de la ley. De acuerdo con los datos oficiales8, incluso habiéndose casi triplicado el número de plazas ofrecidas, el déficit penitenciario brasileño aumentó más del doble, lo que significa que la población penitenciaria ha crecido muy por encima de la capacidad instalada, incluso si aumentó (aunque de manera insuficiente) el gasto en construcción de prisiones. Según la misma fuente, el número de presos es superior al número de plazas en los presidios: la tasa media de ocupación en las penitenciarías brasileñas es de 167%, con porcentajes bastante más altos en estados como Rondônia (292%), Pernambuco (237%) y Alagoas (228%), además del ya citado Amazonas (259%)9, que fuera escenario de la primera masacre de este año.

Esta situación de crisis en las cárceles brasileñas ya era denunciada incluso antes de los últimos hechos de violencia. De acuerdo con datos oficiales, el número de muertes intencionales en el sistema penitenciario fue seis veces mayor que la tasa de crímenes letales intencionales verificada en Brasil en 201310. Amnistía Internacional ya venía denunciando esta gravísima situación de violencia penitenciaria todos los años en su informe anual, además de la continuidad de las prácticas cotidianas de tortura en el sistema penitenciario. En las penitenciarías y delegaciones de policía, torturas y malos tratos, como electroshock, asfixia por ahogamiento, golpizas y quemaduras por cigarrillo, son prácticas ampliamente difundidas11. Para Amnistía Internacional, «superpoblación extrema, condiciones degradantes, tortura y violencia siguieron siendo problemas endémicos en las prisiones brasileñas» luego de la redemocratización del país12; estos problemas ya fueron denunciados a los organismos internacionales de derechos humanos, principalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh).

Esta situación, que se registra cotidianamente en todo el país, termina llamando la atención de los medios cuando alcanza niveles de tragedia, y entonces llega a las instancias internacionales en razón de la ineficiencia del Estado brasileño para impedir las muertes y las torturas, o incluso procesar o condenar a los culpables, como ocurrió en los presidios Aníbal Bruno, en Pernambuco13, y Urso Branco14, en Rondônia, denunciados en 2000 frente a la Corte idh, e incluso el Presidio Central de Porto Alegre, considerado uno de los peores de Brasil. Más recientemente, el Complejo Penitenciario de Pedrinhas, en el estado de Maranhão, también obtuvo repercusión nacional por el gran número de muertes y las escenas filmadas de decapitación de presos en una rebelión15. Sin embargo, uno de los casos más dramáticos pasó a la historia como la Matanza de Carandiru, cuando 111 presos fueron ejecutados por la Policía Militar de San Pablo en 199216. Este caso es aún más emblemático pues se había logrado castigar en primera instancia a algunos de los mandantes y ejecutores de esa matanza. Aun así, recientemente, el Tribunal de Justicia de San Pablo anuló el juicio en medio de cuestionamientos17.

Frente a este macabro historial de violaciones de derechos humanos y de superpoblación carcelaria, estos últimos diez años de vigencia de la referida Ley de Drogas dejaron ver un agravamiento del cuadro. Brasil tiene un alto porcentaje de prisión preventiva (una media de 40%) y un Poder Judicial represivo y conservador –además de lento–, que a pesar de ser especializado y estar muy bien remunerado y estructurado no actúa como garantía de derechos; por el contrario, la mayoría de sus miembros se concibe como agente de seguridad pública. Hoy no hay cómo debatir el encarcelamiento en masa en Brasil sin apuntar al Poder Judicial como uno de los grandes responsables, cuando este deja de aplicar las normas limitadoras del poder punitivo, legitima la violencia policial e ignora la tortura, además de flexibilizar el principio de presunción de inocencia previsto en la Constitución.

Pero ¿quiénes son los presos que sufren esta violencia institucional en Brasil? El perfil general de los encarcelados proviene directamente de la estructura vertical, punitiva y selectiva del sistema penal en un país atravesado por la desigualdad, el racismo, la exclusión social y la negación de derechos y que toma la opción represiva penitenciaria como forma de control social de la pobreza. Según datos de diciembre de 201418, son jóvenes (hasta 24 años), afrodescendientes, con baja escolaridad (no poseen la primaria completa) y pobres, con el delito del tráfico de drogas como el más frecuente (28%), tanto entre hombres como entre mujeres, aunque el porcentaje de las presas por ese delito sea mucho más elevado: cerca de 58%. Las penitenciarías tienen color: la raza es un recorte esencial para comprender el sistema penitenciario brasileño. Datos de Infopen 2014 señalan que dos de cada tres personas presas son negras19. Esto significa que más de 61% de la población carcelaria es negra, mientras que en la población brasileña en general la proporción de negros es de alrededor de 53%.

Además, en razón del número tan elevado de hombres presos, la situación de extrema vulnerabilidad de las mujeres encarceladas acaba siendo invisibilizada. Aunque el número de presas en Brasil sea significativamente más bajo que el masculino en términos absolutos (en la actualidad son 33.793, es decir, 5,8% del total), debe destacarse que el ritmo de crecimiento de la tasa de encarcelamiento de mujeres es aún más alto que el de hombres (Brasil es el quinto país en números absolutos de presas)20. De 2000 a 2014, el número de presas por cada 100.000 habitantes saltó de 5,8 a 35,4, lo que significa un aumento de 567% en 15 años21, mientras que el de hombres creció 267%.

  • 8.

    Ministerio de Justicia de Brasil: Infopen 2014.

  • 9.

    Esto sin contar que la mayor parte de los establecimientos penales tampoco está preparado para recibir poblaciones específicas como LGBT, ancianos y discapacitados.

  • 10.

    Ministerio de Justicia de Brasil: Infopen 2015.


  • 11.

    Amnistía Internacional: «Brasil. ‘Eles nos tratam como animais’. Tortura e maus-tratos no Brasil: desumanização e impunidade no sistema da Justica Criminal», 2001, disponible en <https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2014/09/Br-Nos-tratam-como-animais-Tortura-e-legado-da-ditadura-militar.pdf>.


  • 12.

    Amnistía Internacional: «O estado dos dereitos humanos no mundo 2014-2015», disponible en <https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2015/02/Web-Informe-2015-03-06-final.pdf>.

  • 13.

    Amnistía Internacional: «O estado dos dereitos humanos no mundo 2014-2015», disponible en <https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2015/02/Web-Informe-2015-03-06-final.pdf>.

  • 14.

    El caso del presidio Urso Branco fue el primero en Brasil en recibir una medida cautelar de la CIDH. En 2002, una rebelión dio como resultado la muerte de por lo menos 27 personas. Pero este no fue un caso aislado: entre los años 2000 y 2010 se contabilizaron más de 100 muertes en este presidio, como señaló la ONG Justicia Global.

  • 15.

    El presidio de Pedrinhas fue conocido nacionalmente en razón de las 62 muertes de detenidos practicadas por otros presos de forma cruel, a comienzos de 2014, y que se difundieron en videos con escenas de decapitaciones que fueron exhibidos por los medios de comunicación. Tales muertes ocurrieron en un contexto de superpoblación carcelaria en el estado brasileño que posee el segundo peor índice de desarrollo humano (IDH), la menor expectativa de vida y las tasas más altas de mortalidad infantil del país.

  • 16.

    En 1992, 340 policías militares invadieron el presidio y permanecieron durante cerca de media hora supuestamente para contener una rebelión: el resultado fue la muerte de 111 detenidos, 102 de los cuales fueron asesinados a tiros, cuando ninguno de ellos portaba armas de fuego. Puede encontrarse un informe fotográfico en O Globo, <http://oglobo.globo.com/brasil/relembre-em-imagens-massacre-docarandiru-8056011>.

  • 17.

    Marina Novaes: «Justiça de São Paulo anula julgamentos de PMS pelo massacre do Carandiru» en El País Brasil, 29/9/2016.

  • 18.

    Ministerio de Justicia: Infopen 2014, cit.

  • 19.

    Información brindada por los estados brasileños consolidada en el Infopen con datos referentes a diciembre de 2014.

  • 20.

    Ministerio de Justicia: Levantamento nacional de informações penitenciárias. Infopen Mulheres, junio de 2014, disponible en http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-p.... Por primera vez en su historia, el Departamento Penitenciario Nacional lanzó el Infopen Mujeres, con datos referentes a junio de 2014, y reconoció así la importancia de destacar el recorte de género de la población penitenciaria femenina. Estos datos se refieren a 2013 y son los que fueron contabilizados a partir de la variable «género», pues parte del total de los presos informados no hacía esa distinción.

  • 21.

    Ibíd.