Coyuntura

Brasil: crónica de un impeachment anunciado Los colores de un país escindido

El 12 de mayo de 2016, la Cámara Alta del Congreso brasileño abrió el proceso de impeachment contra la presidenta brasileña. Esta crisis política tiene antecedentes inmediatos: desde la reelección de Dilma Rousseff por un pequeño margen de votos, en 2014, hasta las más grandes movilizaciones callejeras en su contra, los medios y la justicia han jugado un rol determinante en el movimiento por la destitución de la presidenta. Curiosamente, el Congreso no busca procesar a Rousseff por corrupción sino por «maquillar el déficit»; de hecho, una gran parte de quienes buscan destituirla están involucrados en el llamado «Lava Jato» y en otras serias irregularidades.

Mayo - Junio 2016
Brasil: crónica de un impeachment anunciado / Los colores de un país escindido

En los meses que antecedieron a la crisis política más aguda de Brasil en los últimos 20 años, no hacía falta sintonizar el televisor en la omnipresente Rede Globo para enterarse de que la presidenta de la República, Dilma Rousseff, estaba apareciendo en el Jornal Nacional. Las mediciones de audiencia demuestran que cada vez menos brasileños miran el influyente telediario nocturno, pero su alcance sigue siendo lo bastante grande como para que los vecinos a los que no les gustan la presidenta, su gobierno y su partido agarren cacerolas y vayan a las ventanas para participar en un ruidoso concierto de reproche político. Al escuchar las ollas metálicas resonando una monocorde indignación, cualquiera sabe que el rostro de Dilma está siendo transmitido a todo el país.Sin embargo, las muestras de descontento no dependen solo de la programación televisiva. También hay protestas silenciosas y permanentes: los ciudadanos que golpean utensilios domésticos son los mismos que colocaron la bandera brasileña en sus balcones, mostrando al mundo día y noche que quieren el impeachment de la presidenta. Mucho más que los símbolos de los tradicionales partidos de la oposición, prácticamente invisibles, son los colores nacionales los que representan a quienes quieren destituir al gobierno: se han vuelto el alter ego cromático del rojo, color con que se identifica al Partido de los Trabajadores (pt). Con 36 años de vida, esta fuerza lleva 13 a la cabeza del gobierno: ocho con Luiz Inácio «Lula» Da Silva, el presidente que tuvo la tasa de aprobación más alta de la historia, y cinco con Dilma, la que tiene la más baja.

Desde que sus niveles de popularidad empezaron a hundirse, en 2015, el verde y el amarillo inmortalizados por la selección de Pelé perdieron su inocencia deportiva de otros tiempos, cuando se solía vestirlos solo en ocasión de los mundiales. Hoy expresan una manifestación política masiva, poderosa y llena de contradicciones, como el mismo gobierno y el propio país.

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Hay pocas dudas de que las raíces cronológicas más concretas del impeachment están en la propia reelección de Dilma Rousseff. El 26 de octubre de 2014, la presidenta le ganó por una pequeña diferencia de votos a Aécio Neves, representante del Partido de la Social Democracia Brasileña (psdb). Antes de ello, empero, ya se hablaba de su destitución. En vísperas de la segunda vuelta de los comicios, la revista Veja –la más leída del país– publicó una portada con los rostros de Lula y Dilma acompañados por el titular: «Ellos lo sabían todo». El periódico se refería a nuevas denuncias de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, en las que uno de los implicados había involucrado al ex-presidente y a su sucesora en los desvíos de dinero ocurridos en la compañía.

La portada ha sido polémica por sí misma: primero, porque la denuncia –gravísima– no se comprobaba materialmente ni se comprobaría en los meses siguientes; después, porque la Editora Abril, el gran conglomerado de comunicación que publica Veja, anticipó la aparición de la revista en un claro intento de influir en los resultados electorales. Entonces, uno de los periodistas más conocidos del país, Reinaldo Azevedo –crítico radical de Lula, de Dilma y del pt–, publicó un video en internet en el que afirmaba: «Si es verdad lo que dice el delator, hay un gran riesgo de que Dilma sea elegida y no concluya su mandato. Eso es materia para impeachment». Ello demuestra que, antes de los comicios, ya había sectores de la sociedad que manifestaban abiertamente su deseo y disposición de sacar a la presidenta si era reelegida. Y, en efecto, cuando Rousseff finalmente venció a Neves por una ventaja de 3,4 millones de votos, la oposición empezó su campaña por deslegitimar la victoria. No obstante, la estrategia opositora fue errática. Neves empezó por reconocer inmediata y públicamente su derrota. Sin embargo, algunos días más tarde, él y su partido cuestionaron el conteo de votos en los medios de comunicación y en la justicia. Pidieron al Tribunal Superior Electoral que hiciera una auditoría en las urnas electrónicas, lo que finalmente se hizo, sin que se encontrara ninguna irregularidad. La apuesta por el impeachment vino enseguida.

En abril de 2015, el psdb anunció que estaba encargando a Miguel Reale Júnior –catedrático de la prestigiosa Universidad de San Pablo y ex-ministro de Justicia– estudios jurídicos sobre la viabilidad legal de un pedido de destitución en contra de Rousseff. Tras analizar la cuestión, el experto concluyó que no había posibilidad de hacerlo. Así, líderes del partido, como el ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, se expresaron en contra de la iniciativa. Y el psdb, cuyo interés en derrocar al pt seguía siendo alto, optó por instaurar en la justicia electoral un juicio en contra de Rousseff y Michel Temer, el vicepresidente, por uso de dinero supuestamente ilegal durante la campaña.Las calles cambiarían sus estrategias. Y ello fue así porque, después de lo ocurrido en junio de 2013, las manifestaciones populares –algunas más que otras– ganaron mucha importancia en la agenda política tradicional: las fuerzas conservadoras supieron usarlas a su favor.

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El 6 de junio de 2013, el Movimiento Passe Livre (mpl) inauguraba su nueva movilización en contra del aumento de la tarifa del transporte público en San Pablo con la ayuda de sindicatos, gremios estudiantiles, grupos autonomistas, partidos de izquierda y movimientos sociales. Antes, en mayo, el movimiento ya había tenido éxito en impedir el alza de los precios de los autobuses en dos capitales estaduales: Porto Alegre y Goiânia. No era la primera vez que el mpl –que reivindica un transporte público y gratuito, lo que considera un derecho fundamental– emprendía jornadas de lucha en la ciudad más grande del país. Sin embargo, jamás había tenido éxito. Sus protestas en San Pablo seguían siempre el mismo guion: salían a las calles alrededor de 2.000 o 3.000 personas, que enseguida eran violentamente reprimidas por la Policía Militar; regresaban a las calles los días siguientes, a veces en mayor número, y enfrentaban una nueva oleada represiva, y así sucesivamente, hasta que la movilización menguaba sin que el precio del transporte se modificara.Pero 2013 fue distinto, y a ello contribuyó la fecha elegida por el alcalde paulista, Fernando Haddad (pt), y por el gobernador del estado de San Pablo, Geraldo Alckmin (psdb), para aplicar la nueva tarifa: junio, y no enero, como suele pasar. Con bases vinculadas a los movimientos estudiantiles, el mpl siempre tuvo –y sigue teniendo– dificultades para llevar manifestantes a las calles en el primer mes del año, cuando hay vacaciones escolares. En junio, sin embargo, hay clases. Y quizás por ello la primera protesta de lo que vino a conocerse como las «Jornadas de Junio» reunió más gente que las mayores movilizaciones realizadas por el mpl en los años anteriores. Como siempre, hubo represión. Y, como siempre, los medios de comunicación masivos se posicionaron en contra de las reivindicaciones por un transporte más barato y las consideraron un asunto de aniñados y «rebeldes sin causa». También, como siempre, criticaron las protestas por cortar grandes avenidas y empeorar el ya caótico tráfico en la ciudad.

Pero había todavía otra diferencia respecto a los años anteriores. Por primera vez en una década, el mpl protestaba en San Pablo en contra de un alcalde afiliado a un partido identificado con la izquierda. Ello hizo que el pt no apoyara las protestas de 2013, como sí había hecho en otras oportunidades, cuando la ciudad era gobernada por José Serra (psdb) o Gilberto Kassab, actualmente miembro del Partido Social Democrático (psd). Por un lado, esta situación provocó que simpatizantes del partido pasaran a criticar al mpl como jamás lo habían hecho. Argumentaban que Haddad se había esforzado en promover un alza de los precios por debajo de los niveles de inflación y que con ello estaba cumpliendo con una de sus promesas de campaña. Por otro lado, el alcalde ignoró sus diferencias partidarias e ideológicas con Alckmin y se alió al gobernador durante toda la jornada. Así, mientras la ciudad era poco a poco tomada por las protestas, que crecían día a día, Haddad y Alckmin viajaron juntos a París para defender la postulación de San Pablo como sede de la Exposición Universal de 2020. Los dos políticos adoptaron el mismo discurso para menospreciar las demandas populares y defender la acción represiva de la policía, argumentando que eran los manifestantes los que usaban la violencia.

En la cuarta protesta consecutiva, realizada el 13 de junio, los poderes políticos locales y la prensa estaban alineados en contra de la movilización. Los dos principales periódicos del país –Folha de S. Paulo y O Estado de S. Paulo– publicaron editoriales exigiendo que la policía pusiera fin a las protestas: pidieron sangre y la tuvieron1. La protesta, con alrededor de 20.000 personas, fue reprimida por los antidisturbios nada más empezar. Dos periodistas fueron alcanzados en los ojos por balas de goma: uno de ellos, fotógrafo, perdió la visión. Al menos 150 personas resultaron heridas y más de 200 fueron detenidas. La corporación militar cometió tantas irregularidades que ong brasileñas no tardarían en denunciarlas frente a organismos internacionales de derechos humanos.

A pesar de todo esto, e incluso después de que las protestas –y la violencia policial– llegaran a otras ciudades brasileñas, no se escuchó en el Palacio presidencial ninguna palabra contundente de condena a la acción de las fuerzas de seguridad. Por el contrario, el ministro de Justicia José Eduardo Cardozo ofreció la ayuda de la Policía Federal a las fuerzas de seguridad estaduales en contra de la «gran amenaza» representada por los black blocs: jóvenes con la cara cubierta que empezaron a desafiar la brutalidad de los antidisturbios y a romper las vidrieras de los bancos. Muy criticados por los partidos tradicionales y por la prensa, no pasó mucho tiempo antes de que estos manifestantes empezaran a sufrir persecuciones políticas. Muchos pasaron a ser el blanco de investigaciones policiales y tuvieron sus teléfonos interceptados, además de sufrir redadas y la prohibición de manifestar.

Sin embargo, los medios –que hasta entonces cargaban la pluma en contra del mpl– decidieron sorpresivamente rechazar la violencia que ellos mismos habían reivindicado. Pasaron a apoyar la movilización. Pero, en una operación conjunta muy bien articulada, los grandes periódicos, revistas y canales de televisión amplificaron una serie de demandas adicionales a la revocación del aumento en el precio de la tarifa y las orientaron contra el gobierno de Rousseff: mejores servicios públicos, fin de la corrupción, críticas a los gastos excesivos para el Campeonato Mundial de Fútbol, etc. Tras el cambio en la pauta de las protestas, la televisión olvidó las molestias que las manifestaciones provocan al tránsito y empezó a convocar a los ciudadanos a la calle.

El 17 de junio de 2013, como resultado, San Pablo asistió a las protestas más multitudinarias desde las demostraciones por la redemocratización en 1984. Aun así, el alcalde y el gobernador resistían. El 18 de junio la gente volvió a las calles. La alcaldía paulista fue blanco de la furia popular por dos horas, y esto fue transmitido en directo por la televisión sin que la policía, controlada por el gobernador, apareciera. Un día después, en una acción sincronizada, los alcaldes y gobernadores de San Pablo y Río de Janeiro anunciaron, al mismo tiempo, que la tarifa de transporte público regresaría a los valores anteriores.

Esta era la primera victoria de un movimiento callejero en años, lo que resucitó la esperanza en la lucha política: con gente en la calle, sí se podían revertir las decisiones gubernamentales. Hubo quienes recordaron la vieja insignia sesentista: «El pueblo unido jamás será vencido». Sin embargo, para entonces ya no existía la cohesión ideológica de los primeros días de la jornada. Y ello quedaría claro en la protesta convocada por el mpl el 21 de junio para conmemorar la «gran victoria»: fue entonces cuando surgió en la escena la masa verde-amarilla que, convocada por los medios, teñía la movilización iniciada por los sectores de la izquierda. Ese día los brasileños experimentarían –en su propia piel o por televisión– explícitas demostraciones de odio político: manifestantes que vestían los colores nacionales expulsaron a patadas y puñetazos a los militantes de partidos y movimientos sociales identificados con sus ropas y banderas rojas. Los miembros del mpl –cuyo color es el negro– no sufrieron agresiones. Pero los grupos que hacía años luchaban con ellos por la reducción de la tarifa, y que habían empezado la movilización en 2013, no pudieron celebrar su éxito. Las nuevas pancartas tenían inscriptas consignas como «El gigante despertó», en referencia a la extensión del país y a su numerosa población. Las organizaciones populares, agredidas y humilladas en lo que hasta entonces era su territorio exclusivo, la calle, se quejaban señalando que «jamás hemos dormido». Pero ya era tarde.Tras años de apoyo al agronegocio, de desindustrialización, de niveles altísimos de deforestación en la Amazonía, de alianza con partidos conservadores, de políticas económicas que garantizaron lucros récord a la banca, de no respeto a las poblaciones indígenas y de una inclusión social basada sobre todo en el consumo, el pt perdió en junio de 2013 un poco más de su ya dilapidado prestigio entre los movimientos sociales –su verdadero sostén político–. Así, mientras la izquierda social gozaba de su victoria pírrica, las fuerzas conservadoras sufrían una minúscula derrota que pronto convertirían en ventaja: delante de sus ojos veían abrirse un largo y novedoso camino para recobrar la hegemonía.

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Junio de 2013 fue el involuntario caldo de cultivo de tres movimientos políticos conservadores y radicalmente contrarios al pt, que protagonizarían las movilizaciones por el impeachment dos años después: Revoltados On Line, que empezó como una página de Facebook con ácidas críticas a la presidenta Rousseff, a su antecesor Lula y al pt; el Movimiento Brasil Libre (mbl), un grupo de jóvenes que utiliza internet para difundir, según dicen, la ideología liberal; y el Vem Pra Rua (vpr) [Sal a la calle], liderado por empresarios contrarios a la intervención del Estado en la economía y cercanos al psdb.Los tres movimientos se apropiaron de técnicas y consignas popularizadas en las protestas contra el alza de los precios del transporte: la movilización en las redes sociales y también la referencia a «ocupar la calle» fueron muy utilizadas por el mpl durante las jornadas de junio. Además, el nombre y la sigla del mpl fueron prácticamente copiados por el mbl. Todo ello demuestra una disputa –por cierto, demasiado oportunista– por la herencia de las más masivas movilizaciones que el país había visto hasta entonces. Respondiendo a la convocatoria de estas nuevas organizaciones, los sectores más conservadores de la sociedad decidieron en efecto tomar las calles «contra la corrupción». Desde 2005, cuando estalló el mensalão2, los manejos turbios con dinero público se identifican popular y mediáticamente con el pt, a pesar de la existencia de denuncias, revelaciones y condenas en contra de miembros de casi todos los partidos brasileños.

El 15 de marzo de 2015, las mayores ciudades del país –y también algunas medianas– asistieron a un festival público de conservadurismo. En San Pablo, donde se desplegaron las más grandes demostraciones, la avenida Paulista fue tomada sobre todo por ciudadanos de clase media y alta. La masa vestía el verde-amarillo: muchos llevaban puesta la camiseta de la Confederación Brasileña de Fútbol, cuyos dirigentes habían sido acusados hacía poco de enriquecimiento ilícito. Portaban banderas, sombreros, collares; en fin, un sinnúmero de accesorios para transmitir el mensaje de que el país estaba unido contra la corrupción: es decir, contra el pt. «Nuestra bandera jamás será roja», gritaban. Algunos también se pintaron la cara con los colores nacionales, en una referencia directa a los «caras pintadas» que impulsaron con protestas la destitución del presidente Fernando Collor de Mello en 1992. En las calles, hubo oraciones a Dios para salvar el país, hubo discursos en contra de Lula y Dilma, hubo gente pidiendo el regreso de la monarquía y hubo selfies felices en compañía de los hombres de la Policía Militar de San Pablo, responsable de uno de cada cuatro asesinatos registrados en la ciudad durante 20153. Además, la Policía Federal, la Fiscalía y el juez Sergio Moro –quien conduce las investigaciones de la llamada operación «Lava Jato», fuerza de tareas que desde 2014 intenta desarticular un gran sistema de corrupción en Petrobras– fueron tratados como héroes durante las protestas. No sin críticas, ellos han sacado a la luz un amplio y complejo mecanismo de desvío de dinero público basado en sobornos y donaciones electorales ilegales que involucran a directivos de la petrolera estatal, políticos y grandes corporaciones de ingeniería brasileñas, como la transnacional Odebrecht.

Sin embargo, además de algunos sectores minoritarios que pedían lisa y llanamente a las Fuerzas Armadas un golpe de Estado para acabar con el «gobierno comunista» de Dilma, no había todavía gran unidad alrededor del juicio político. El motivo que llevó a más de 200.000 personas a las calles de San Pablo en aquel entonces fue sobre todo el hastío con la corrupción. Pero, curiosamente, la corrupción no sería el motivo oficial para el pedido de impeachment enviado a la Cámara de Diputados algunos meses después por tres juristas: Janaina Paschoal, Hélio Bicudo y Miguel Reale Júnior, que cambió de opinión y pasó a apoyar el juicio.

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Después de la gran marcha contra la corrupción, en 2015 Brasil asistió a otras protestas más pequeñas convocadas por los mismos movimientos –mbl, vpr y Revoltados– para denunciar a los «ladrones» del pt. Poco a poco, entre una y otra manifestación, la propuesta del impeachment fue cobrando fuerza en las calles. Frente a las dudas del psdb de asumir el frente por la destitución de Dilma, la tarea cayó en manos del hoy ex-presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, afiliado al gran aliado del pt en el gobierno federal: el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (pmdb), al que pertenece el vicepresidente de la República Michel Temer.

Miembro de la iglesia evangélica Asamblea de Dios, Cunha ha sido el político brasileño de más relieve en 2015 y lo sigue siendo en lo que va de 2016. En febrero, se postuló para la presidencia de la Cámara Baja en contra de los intereses del gobierno, que quería elegir para ese puesto al diputado Arlindo Chinaglia (pt). Venció sin dificultades. Pese a que el pmdb es parte del Poder Ejecutivo, Cunha empezó a imponer derrotas a la agenda parlamentaria propuesta por Dilma, que quedó paralizada y apenas pudo gobernar. La presidenta, por ejemplo, no logró aprobar todas las medidas de austeridad que había prometido al mercado financiero: no porque los diputados, encabezados por Cunha, estuviesen preocupados por sus impactos sobre los derechos de los trabajadores o los programas sociales, sino porque empezaron a cobrar un precio cada vez más alto –en concesiones y cargos dentro de la administración– para aprobar sus proyectos.

La fuerza de Cunha sobre la presidenta de la República pudo verificarse con la dimisión del ministro de Educación, Cid Gomes, tras un pedido personal del diputado. Para ello, no necesitó ni siquiera reunirse con Dilma: bastó con una llamada telefónica. Cunha fue creciendo y recabando poder en cada victoria. A la vez, lideró la aprobación de leyes ultraconservadoras, como la reducción de la imputabilidad penal de 18 a 16 años y la tercerización del mercado de trabajo. Impulsó discusiones sobre privatización de presidios y la punición no solo para aquellas mujeres que se practiquen un aborto –lo que ya sucede en Brasil–, sino también para quienes las «induzcan» o auxilien en esa práctica. Finalmente, también fortaleció el interés de las iglesias en el Congreso. Sin embargo, interrogado a menudo por la prensa sobre la posibilidad de un impeachment, muchas veces lo desestimó. La batalla de Cunha contra Dilma era brutal pero silenciosa. No obstante, su estrategia cambió en el momento en que fue acusado por la Procuraduría General de la República de poseer cuentas bancarias en Suiza. Diversos documentos revelaron que el diputado mantiene secretamente millones de dólares en el país europeo y por esa causa fue enjuiciado.

Como respuesta a lo que consideró sin más argumentos una maniobra de la Presidencia para contrarrestar su creciente poder, Cunha decidió entonces vocalizar la palabra «guerra» y pasó a articular personalmente el impeachment: derrocar a Dilma y al pt pasó a ser una cuestión de supervivencia para este «zorro» de la política brasileña. Es muy simbólica la foto en que se lo ve, junto con parlamentarios de la oposición, recibiendo en la Cámara a los miembros del mbl que caminaron a Brasilia para entregarle un pedido de destitución de Rousseff. Ni siquiera el hecho de haber sido imputado en un proceso de corrupción perjudicó su desempeño. La prensa siguió tratándolo con toda la autoridad y respeto que se dedica al jefe del Parlamento: una actitud que, sin embargo, jamás había tenido –y no tendría nunca– con la presidenta de la República, sobre cuya persona no pesan juicios criminales ni denuncias de corrupción.

Dueño de la agenda política parlamentaria, Cunha también pudo hacer malabarismos administrativos para evitar que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados revocara su mandato: además de ser reo en un juicio de corrupción, había mentido a sus pares sobre la existencia de cuentas en Suiza. Inmune a revelaciones que destrozarían la credibilidad de cualquier político, soberano entre los diputados y enemigo de Dilma, Cunha jugó durante meses con el poder que le confiere el reglamento de la Cámara para abrir o archivar el pedido de impeachment, desangrando la credibilidad de la presidenta. Hasta que, en diciembre de 2015, cuando el gobierno y el pt estaban más que nunca acosados por las denuncias de corrupción en Petrobras, decidió empezar los procedimientos para el juicio político de la primera mandataria brasileña. Pero a la postre, no pudo evitar que la justicia lo separara a él mismo de su cargo.

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Cuando el proceso de impeachment ingresó en la Cámara de Diputados, el país empezó a encaminarse hacia el estado de crispación social que llegaría a su cima el 13 de marzo de 2016. Ese día, un año después de la gran marcha en contra de la corrupción, los movimientos de oposición realizaron la más multitudinaria concentración política de la historia de Brasil: alrededor de 500.000 personas tomaron la avenida Paulista para pedir el impeachment. Como el año anterior, la ciudadanía fue animada por los grandes medios de comunicación, sobre todo por la tv Globo, e incentivada por una serie de hechos que pondrían bajo sospecha el rol de la justicia en la aguda crisis institucional. Dos episodios, en especial, tuvieron tremendo relieve político. Primero, el arresto del ex-presidente Lula por la Policía Federal el 4 de marzo. No es que el líder máximo del pt hubiese sido juzgado y condenado: ni siquiera es acusado formalmente. Lo que querían las autoridades era que él fuera a la comisaría a contestar algunas preguntas sobre denuncias que pesan en su contra, según las cuales Lula había recibido de grandes empresas involucradas en casos de corrupción un departamento en la playa y una propiedad rural a cambio de favores políticos. Pero en vez de enviar un comunicado al ex-presidente convocándolo a presentarse, como lo establece la ley, los policías –bajo las órdenes del juez Moro– llegaron a la casa de Lula a las seis de la mañana para conducirlo coercitivamente. Estaban acompañados por la prensa, que supo de la operación antes que el propio abogado del ex-presidente. La situación fue aprovechada intensamente por los medios de comunicación –y, claro, por la oposición–. Mientras denunciaba una persecución política, Lula convocó a una rueda de prensa para decir que sus enemigos estaban intentando aniquilarlo porque durante su gobierno logró sacar a 46 millones de brasileños de la pobreza. A partir de entonces, anunció que volvería a la carga: «Voy a recorrer el país».

Como consecuencia de su renovada disposición para la pelea política, Lula fue invitado por Dilma a asumir la Casa Civil de la Presidencia de la República, una especie de jefatura de ministros, que articula el trabajo del Ejecutivo: el puesto que Dilma ocupó durante la gestión de Lula. Además de «auxiliar» a su sucesora, que ya no tenía ningún control sobre la crisis, el ex-presidente también tenía como objetivo protegerse de lo que él y muchos juristas consideraron «abusos» del juez Moro. En Brasil, los ministros –así como los diputados federales, senadores, el presidente y el vicepresidente– no pueden ser juzgados por tribunales inferiores, como el que tiene a Moro como magistrado: solo el Supremo Tribunal Federal puede manifestarse sobre sus casos. La prensa y la oposición difundieron ampliamente la versión de que Lula estaba buscando protegerse de la justicia con la ayuda de Dilma. Y entonces ocurrió el segundo hecho que intensificó el descontento popular: el 15 de marzo, la Policía Federal interceptó una comunicación telefónica entre la presidenta y el ex-presidente de la República. En la conversación, muy breve, Rousseff le dice a Lula que está enviando a San Pablo su documento de posesión como ministro de la Casa Civil, un día antes de la ceremonia oficial, en Brasilia, para que lo use en «caso de necesidad». La conversación ocurrió alrededor del mediodía. Algunas horas después ya estaba en la prensa. Ni la oposición ni los grandes medios de comunicación cuestionaron la legalidad de la actitud del juez de un tribunal inferior que intercepta –y divulga– una llamada privada de la presidenta de la República. Se dijo apenas que Dilma estaba obstruyendo el trabajo de la justicia al nombrar a Lula como ministro.

Al día siguiente se supo que la interceptación ocurrió después de que la orden judicial para monitorear el teléfono de Lula ya hubiera caducado. Aun así, el juez la hizo pública, bajo la justificación de que el pueblo tiene derecho a saber qué «hacen en las sombras» sus líderes –pero al parecer, solo los del pt–. De inmediato se reactivaron las protestas: algunas espontáneas, otras auspiciadas por la televisión. La avenida Paulista estuvo cerrada por casi 40 horas porque algunas decenas de personas se habían concentrado frente al edificio de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp) y decían que solamente saldrían de allí cuando la presidenta dejara el poder. La policía paulista –la misma con que los manifestantes verde-amarillos suelen sacarse selfies– lo permitió. Apenas dos meses antes, empero, movilizaciones contra el alza de la tarifa del transporte público en la ciudad –que subió de 3,40 a 3,80 reales– habían sido duramente reprimidas por los antidisturbios, con el argumento de que no se podía cerrar la avenida sin contar con el permiso del gobierno local. Una muestra clara de uso político de las fuerzas de seguridad.

A pesar de ello, el 17 de marzo Lula fue nombrado ministro, pero por poco tiempo, porque un juez de un tribunal inferior aceptó el pedido de la oposición para bloquear su asunción. Horas después, otro juez permitió que el ex-presidente asumiera el cargo. Y así hubo una batalla judicial hasta que uno de los miembros del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ligado a líderes de la oposición, decidió provisionalmente que Lula no podía ocupar el ministerio.Una de las misiones del ex-presidente en el gobierno habría sido negociar apoyos de los diputados –mediante la entrega de cargos dentro de la administración– para que se opusieran a la destitución de Dilma. Sin ese cargo, aunque lo intentó, Lula no lo pudo hacer con la misma eficacia. La manifestación del magistrado en su contra debía someterse a la plenaria de la Corte, conformada por 11 jueces. Sin embargo, esto no sucedió antes de que se votara el impeachment –y se aprobara por amplia mayoría– en la Cámara de Diputados el 17 de abril.

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Cuando el impeachment apareció como inevitable en el horizonte político del país, el gobierno trató de calificarlo como un «golpe de Estado». Hay quienes piensan que tardó demasiado en hacerlo, como también tardó en llevar adelante las reformas estructurales que los movimientos sociales tanto reivindicaban: la agraria, la política, la tributaria, la urbana, la comunicacional... Tras 13 años en el poder, el pt ni siquiera las proyectó: ni con Lula ni mucho menos con Dilma, que condujo a un «retroceso conservador» en todas las áreas de la administración. Como cruel resultado, el proceso de impeachment pasó por la Cámara de Diputados con los votos de aquellos entre quienes la presidenta repartió el poder durante su primer y segundo mandatos, incluso de ex-ministros. Entre los que defendieron al gobierno durante el proceso estaban las organizaciones populares, sindicatos y partidos de la izquierda –incluso muchos diputados– a los que Dilma, Lula y el pt, con sus promesas jamás cumplidas y sus políticas conservadoras, decepcionaron muchas veces.

El discurso del golpe trajo alguna esperanza a los simpatizantes de la presidenta, que, acosada, hizo del Palacio del Planalto un búnker para defender su mandato. Allá estuvieron juristas según los cuales el impeachment no tenía fundamento legal, líderes populares que denunciaban el «retroceso neoliberal» al que el país será conducido si cae el gobierno y artistas que expresaron su apoyo a la presidenta. Incluso uno de los escritores más importantes del país, Raduan Nassar, conocido por su horror a la farándula, dejó su «fobia» para «defender la democracia». Si la presidenta hizo de su lugar de trabajo una cabeza de puente para la defensa de su mandato, el vicepresidente Temer transformó su residencia oficial en el cuartel de la conspiración. Allí recibió a parlamentarios y a líderes de la oposición para concertar los detalles del próximo gobierno, que asumió tras la votación en el Senado.

Temer y sus nuevos aliados trazaron líneas de actuación, escribieron planes de gestión, firmaron acuerdos y pensaron en nombres para ocupar los puestos ministeriales después de la partida de Dilma, que dan por un hecho. La presidenta tardó en darse cuenta de que había pasado seis años gobernando el país al lado de un «traidor», término que usaría para referirse al vice en las vísperas del impeachment. Y solamente lo hizo después de que Temer filtrara a la prensa, poco menos de una semana antes de la votación en la Cámara de Diputados, un audio en el que «ensaya» el discurso que proyecta dirigir a la nación después de que los parlamentarios aprueben la destitución de la mandataria. En el discurso, se presenta como un hombre de «salvación nacional» y establece las líneas maestras de su futuro gobierno.

Al igual que todos los desvíos de funciones y aberraciones institucionales ocurridos en los últimos meses, la maniobra de Temer fue recibida por los medios como la actitud normal de alguien a quien el destino quiso alzar a la Presidencia de la República. Era la señal definitiva –como si hiciera falta alguna más– de que el establishment esperaba con ansiedad el impeachment. En las horas anteriores a la votación en la Cámara de Diputados, Temer se portó como un candidato en campaña, haciendo promesas en las redes sociales: «No voy a recortar los programas sociales» y cosas por el estilo. Durante la sesión decisiva, cuando ya muchos diputados se habían manifestado favorables a la destitución y ya era posible saber con absoluta certeza que se aprobaría el juicio político, el vicepresidente usó nuevamente los medios para hacer pública una foto suya riendo la risa de los vencedores delante de la televisión que transmitía en directo la votación en la Cámara.

La oposición obtuvo muchos más votos de los que necesitaba: 367. El gobierno, tan solo 137. Más que una derrota rotunda, era el único resultado que se podía esperar del Congreso más conservador elegido por los brasileños en los últimos 50 años. Ello en parte se debe al sistema electoral, que permite a diputados con gran número de votos «arrastrar» consigo al Parlamento a candidatos que jamás tendrían apoyo popular suficiente para lograr un escaño. La actual conformación de la Cámara de Diputados tiene apenas 73 parlamentarios elegidos con votos propios: los demás 440 llegaron al Parlamento de manera indirecta gracias a los beneficios de las reglas electorales (los votantes pueden elegir por candidato o por partido). El caso del diputado Celso Russomano sirve de ejemplo: fue el congresista más votado del país en las elecciones de 2014 y llevó a la Cámara a otros siete compañeros del Partido Republicano Brasileño (prb). Vinculado a la Iglesia Universal del Reino de Dios, el prb –que ocupó puestos en el gobierno de Dilma Rousseff– ordenó que todos sus representantes votaran «sí» al impeachment.Al micrófono, los diputados –80% de los cuales son hombres y blancos– exponían uno tras otro sus razones para colaborar con la destitución de la presidenta. En su mayoría, invocaron a Dios, a la familia, a sus electores, a la patria, al anticomunismo. Y, claro, a la corrupción, sin importar que 273 de ellos tengan algún tipo de cuenta pendiente con la justicia. Hubo también quien invocó el golpe militar de 1964, además de un parlamentario de ultraderecha que recordó a Carlos Alberto Brilhante Ustra, «el terror de Dilma», el hombre que torturó a la presidenta y a decenas de personas durante la dictadura. Pocos diputados hallaron pertinencia en mencionar, como motivaciones del voto, las maniobras fiscales y los decretos presupuestarios para «maquillar el déficit», que son la razón oficial para el impeachment: prácticas comunes –aunque no con la misma intensidad– también en las gestiones de Cardoso y Lula, además de muchos gobernadores estaduales. Pero nunca nadie se preocupó por pedir la destitución de ninguno de ellos por esas irregularidades. Luego la votación se repitió en el Senado, lo que selló la suerte de Dilma.

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Rousseff asistió al inicio de la caída de su gobierno teniendo como ministra de Agricultura a Katia Abreu, la más grande representante del agronegocio, y como ministro de las Ciudades a Gilberto Kassab, uno de los políticos más conservadores y «fisiológicos» que la joven democracia nacional pudo producir. Y ello después de nombrar a un ministro de Economía –Joaquim Levy– impuesto directamente por la banca para impulsar la austeridad. Reelegida con el apoyo decisivo de la izquierda –que, como quien cree en hadas, pensó que reeligiendo a Dilma podría presionarla para que cumpliera la agenda popular que prometía–, la presidenta gobernó siguiendo el guion de la oposición de derecha. Por ello, no pudo frenar el avance de sus adversarios.

El 17 de abril, el centro de Brasilia fue ocupado por hinchas del impeachment, con sus ropas verdes-amarillas, y por los del gobierno, en una marea roja. Los dos grupos se ubicaron delante del Congreso Nacional para acompañar la votación. Como presidente de la Cámara, Cunha ordenó que se instalara una pantalla gigante fuera del edificio para que los manifestantes pudieran seguir en directo tan solemne sesión. Era domingo, tradicional día de barbacoa y fútbol. Y esta vez también de un espectáculo político marcado por el grotesco.

Con el fin de evitar una batalla campal, las autoridades instalaron una valla para apartar a los manifestantes favorables de los contrarios a la destitución de la presidenta. La barrera estuvo vigilada por policías, antidisturbios, caballos y perros. «A qué punto hemos llegado», lamentaba una pintada en el nuevo muro erguido en el corazón de la ciudad planificada por el arquitecto Oscar Niemeyer precisamente para no tenerlos. La verdad, sin embargo, es que en sus 56 años no solo Brasilia sino todo el Brasil supieron crear muchas paredes invisibles para apartar a su gente.

Sí, el país está escindido. Pero la verdad es que lo está desde hace mucho. Quizá no tanto entre rojos y verde-amarillos: más bien entre blancos y negros. No tanto entre los lados derecho e izquierdo de la valla de Brasilia, sino entre centros y periferias a lo largo y ancho del territorio. Quizás menos entre quienes apoyan al gobierno y los que quieren su caída, que entre los ciudadanos que viven y los que sobreviven. Eso sí, como se vio en la capital, siempre con una pantalla por delante y la policía de por medio.

  • 1.

    «Retomar a Paulista» en Folha de S. Paulo, 13/6/2013; «Chegou a hora do basta» en O Estado de S. Paulo, 13/3/2016.

  • 2.

    Se trató de un escándalo de compra de votos parlamentarios que se hizo público en 2005 y que involucró a miembros del gobierno, del pt y de otros partidos de la base aliada en el Congreso. A partir de 2012, el caso sería juzgado con gran repercusión mediática por el Supremo Tribunal Federal, cuyos jueces condenaron a prisión a líderes históricos del pt.

  • 3.

    Amanda Rossi y Luísa Brito: «Uma em cada 4 pessoas assassinadas em sp foi morta pela polícia» en g1, 25/4/2016.