Consideraciones iniciales

Toda sociedad vive a la sombra de su pasado. Tal vez no haya país al que esta verdad se le aplique mejor que Bolivia. Salvo algunos periodos de insurgencia, carga el fardo de una historia de explotación y subordinación política y económica que sustenta el mito de la inviabilidad del desarrollo nacional. Si se suman a estos factores una geografía accidentada, el carácter de monoexportador de materias primas y la debilidad de las instituciones características de las sociedades modernas, el cuadro se termina de definir: «Bolivia es seguramente el país de América donde más intensamente se han combinado una serie de factores negativos, agudamente opuestos a todo esfuerzo tendiente a desarrollar una sociedad y una economía equilibradas» (Abadie-Aicardi).

Pero en el mismo territorio marcado por una historia de tantas dificultades y amarguras se originan, de tanto en tanto, las voces de hombres y mujeres que toman conciencia de su existencia precaria y se hacen directores de la trama de la historia de su país. Del mismo modo, tampoco es fácil encontrar otra sociedad en que las clases populares sean tan conscientes de su poder frente al Estado. En ciertas ocasiones, los sectores insurgentes depositan su fe en gobiernos que legitiman la expectativa de ver realizada la promesa de una sociedad más justa, y el sueño de un futuro mejor parece adquirir nuevamente sentido.

Aun cuando la revolución social emprendida en 1952 no haya producido todos los efectos esperados, el incansable pueblo boliviano no se rindió al mito de Sísifo: después de cada caída, volvió a empujar la piedra hasta la cima de la montaña, con esperanzas renovadas y ahora encarnadas en la figura del actual presidente y ex-líder cocalero Evo Morales. A semejanza de la Revolución de 1952, este gobierno fue gestado en el lecho de la insurgencia de los movimientos sociales y es el resultado de circunstancias especiales. Que sea capaz de satisfacer las expectativas de la población y de generar un diálogo que permita construir políticas más adecuadas para encaminar a Bolivia al siglo XXI dependerá de las lecciones aprendidas de la experiencia vivida por el país hace medio siglo.

El presente trabajo tiene como marco de análisis los dos momentos citados: la revolución nacionalista de 1952 y el ascenso de Evo Morales a la Presidencia. Como en un movimiento pendular, Bolivia ha oscilado, a lo largo de su historia, entre los extremos, impulsada por los sectores populares insurgentes y el crecimiento de sus esperanzas frente a cada nuevo jefe de gobierno al que reconocen como su legítimo representante. Para superar ese vaivén interminable, que desgasta a los hombres y las instituciones, es necesario estudiar el pasado con los ojos de quien busca allí algunas lecciones para proyectar el futuro.

La Revolución Nacional Boliviana

Hace unos cincuenta años, los ojos del mundo se volvieron aterrados hacia el levantamiento que inflamó a las masas de este país enclavado en las solitarias altitudes de los Andes. En esa ocasión, los sectores populares se movilizaron contra el ejército para deponer a un gobernante que manejaba a Bolivia de acuerdo solo con su voluntad. El momento de la insurgencia y de la implementación de las reformas por el gobierno que asumió el poder fue conocido como la «Revolución Nacional Boliviana». Los cambios significativos que hoy experimentan la economía y la sociedad de Bolivia tienen ciertos elementos en común con lo ocurrido en aquellos años, por lo que esta primera sección procura contextualizar esa revolución e identificar sus éxitos y fracasos.

Los factores desencadenantes de la revolución popular más importante de América Latina durante el siglo pasado pueden rastrearse hasta la soledad milenaria del altiplano. A comienzos de la década del 40, grupos civiles descontentos, que mantenían aspiraciones de cambio no atendidas luego de la Guerra del Chaco, comienzan a organizarse en partidos opositores. El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), fundado en 1941, se consolidó como el más importante exponente de ese descontento. Aunque este partido haya actuado en un primer momento de forma conservadora, verá su destino alterado por el curso de una historia reorientada por la acción insurgente de las masas populares.

Al principio, en una actuación coherente con la formación de sus cuadros, provenientes de la clase media urbana y de orientación fascista, el MNR se alió al grupo militar que llevó a la Presidencia al coronel Gualberto Villarroel. Poco tiempo después, sin embargo, debido a su orientación fascista, el gobierno de Villarroel fue depuesto en una sangrienta revolución, a punto tal que fue retirado a la fuerza del palacio presidencial por una multitud revolucionaria. En los años siguientes, la inestabilidad continuó y los partidos conservadores tradicionales fueron incapaces de gobernar. Frente a esta situación, el MNR buscó el respaldo del partido trotskista y triunfó en las elecciones de 1951 apoyado en un discurso de defensa de mejores condiciones de vida para la población empobrecida. Disconformes con el ascenso del MNR y amparadas en los índices significativos de abstención de aquella elección, las viejas oligarquías rápidamente organizaron una Junta Militar, presidida por el general Hugo Ballivian, que declaró nulas las elecciones y asumió el poder.

Esta situación, característica de la fragilidad de la democracia boliviana y del ambiente hostil en que tendrían que moverse los gobernantes constitucionales, se repetiría luego en varias oportunidades. La débil estructura de las instituciones del país contribuyó al mantenimiento de un gobierno usurpador del poder conferido al MNR. Sin embargo, las divisiones internas del gobierno y las ambiciones de uno de los ministros de Ballivian hicieron que un sector del oficialismo cooperara con el MNR y buscara el final del gobierno de facto. Una pequeña cantidad de armas fue entregada a los rebeldes, con lo que se inició el levantamiento. Durante tres días, una lucha encarnizada tomó las calles de La Paz. El ministro rebelde rápidamente se retiró del combate, pero la población, tomada por un heroísmo febril y apoyada por los trabajadores mineros, resistió y venció a los regimientos de la Junta Militar. El MNR ascendió finalmente al poder y el 15 de abril Víctor Paz Estenssoro retornó del exilio en Buenos Aires y asumió la Presidencia.

Nadie esperaba la asombrosa insurgencia del pueblo boliviano. La esperanza, tanto de los sectores del ejército que iniciaron el movimiento de rebeldía como de los líderes del MNR, era llegar al poder por la sorpresa del golpe antes que por la resistencia en el combate contra las Fuerzas Armadas. Éstas, finalmente, acabaron casi destruidas, mientras que la población permaneció fuertemente armada. Con todo, el ejercicio del gobierno no podía sustraerse a la realidad de que las armas estaban en manos del proletariado y que éste, que más tarde se organizaría en milicias, era el verdadero poder en Bolivia. Así, una vez tomado el gobierno, apareció la responsabilidad de proponer soluciones y elaborar programas, ya que la llegada al poder no es garantía de mejoras estables. Éstas precisan programas de largo plazo que solo son posibles a partir de la reorganización del aparato estatal y de la consideración de los instrumentos democráticos de participación, sobre todo cuando se trata de combatir situaciones de extrema pobreza. La necesidad más urgente era, entonces, la toma de conciencia de la población insurgente. Paz Estenssoro enfrentaba el desafío de responder a las demandas populares a través de medidas de refundación de la sociedad que permitiesen el acceso efectivo de los grupos rebeldes a las instituciones estatales. Solo así podría ser superada la relación entre revolución e inestabilidad.

Bajo la mirada vigilante de las milicias populares, Paz Estenssoro promovería, en los cuatro años de su primer gobierno, una serie de reformas sustanciales para la sociedad boliviana, entre ellas tres especialmente significativas. La primera fue la ampliación de los derechos de ciudadanía. En 1956, Paz Estenssoro institucionaliza el sufragio universal y pone fin a un sistema electoral que excluía a las mujeres y a más de 70% de la población masculina por ser analfabeta o no poseer lo requisitos mínimos de propiedad agraria exigidos.

La segunda reforma importante fue adoptada el 2 de agosto de 1953 a través de la promulgación del decreto de institución de la reforma agraria, bajo el lema «la tierra para quien la trabaja». Ésta es considerada la medida de mayor contenido social implementada durante su primer mandato. El decreto abrió la posibilidad de redistribución de la tierra de las propiedades consideradas improductivas a los campesinos que las estuviesen trabajando. Más allá de las expectativas que en un primer momento generó esta política, los estudiosos bolivianos han criticado el hecho de que «una vez distribuida la tierra –especialmente a las familias–, la Reforma Agraria de 1953 deja a los campesinos abandonados a su suerte, sin ningún apoyo ni políticas públicas explícitas de desarrollo rural» (Urioste Fernández de Córdova). La desatención y la falta de políticas de apoyo para generar un cultivo sustentable de la tierra, consecuencia de la inexistencia de redes de comunicaciones y la ausencia de educación rural, transportes precarios e inversiones en ciencia y tecnología, sumados a la escasez energética, hicieron que este amplio abanico de posibilidades fuese ignorado. Esto trajo como consecuencia resultados materiales paupérrimos y una gran desilusión hacia un Estado que se demostraba incapaz de pensar un país de manera completa, no segmentada.

De esta forma, los avances sociales se frustraron debido a la falta de un programa de largo plazo que, partiendo de la demanda puntual de redistribución de la tierra, fuese capaz de conducir, al final, a la superación del atraso agrario. «(...) El sector agrario permaneció distante, cerrado sobre sí mismo, manteniéndose como una estructura económica señorial, impermeable a los progresos técnicos y centrada en niveles de producción tendientes primordialmente a la mera subsistencia» (Abadie-Aicardi).

La tercera medida importante implementada por el gobierno de Paz Estenssoro constituye un punto esencial para comprender los ciclos de explotación y pobreza por los que pasó Bolivia en sus cinco siglos de historia. Se trata de la nacionalización de las más importantes minas de estaño, mineral que en esa época representaba la casi totalidad de las exportaciones del país. La gestión estatal de las grandes fuentes de recursos posibilitaba al gobierno orientar el curso de la actividad y beneficiarse de los ingresos obtenidos para impulsar el desarrollo de otros sectores. Es verdad que, por tratarse de una actividad localizada, sin grandes vínculos con otros sectores de la economía, la simple gestión eficiente de la Comisión Minera de Bolivia (Comibol) no sería la solución para todos los problemas económicos. La buena administración de los recursos de la Comibol, sin embargo, permitiría mejorar las condiciones de vida de los trabajadores mineros en el corto plazo y, en el largo plazo, las de las demás clases populares, debido a la inversión en sectores como el agrícola, responsable de la mayoría de la mano de obra. Pero no se realizó una buena gestión ni se emplearon de manera eficiente los recursos obtenidos.

En síntesis, durante los cuatro años de su primer mandato (1952-1956), Paz Estenssoro intentó atender a las múltiples reivindicaciones de una población armada y consciente de su fuerza ante el gobierno, por lo cual realizó importantes reformas en la sociedad y en la economía. Muchas de ellas, sin embargo, estuvieron lejos de ser eficaces y no lograron mejorar la calidad de vida de las clases populares. La responsabilidad del fracaso puede atribuirse tanto al propio Paz Estenssoro como a los sectores populares, que en el afán de lograr la satisfacción de sus múltiples aspiraciones presionaron al gobierno y lo impulsaron a adoptar medidas de efecto inmediato pero que no consiguieron dar soluciones sólidas a los problemas estructurales del país. Lo paradójico es que estas presiones y estas respuestas, en el marco de un sistema que relaciona las instituciones estatales con las fuerzas populares, se retroalimentan y resultan en perjuicio de ambos actores: el gobierno implementa remedios de efecto instantáneo pero difíciles de sostener, y los movimientos populares insinúan una y otra vez su fuerza y ponen en evidencia la inestabilidad política del país. Al final quedan seriamente comprometidas las instituciones del régimen democrático, lo que perjudica a ambos. En realidad, las relaciones que se establecen entre el Estado y la población deben ser de coordinación y no de subordinación. Cuando la fuerza de uno prevalece sobre la del otro, el resultado degrada la democracia y, por lo tanto, es negativo para ambos. En la difícil solución de este problema se encuentra la clave del desafío que se imponía –y se impone hoy– a las sociedades posrevolucionarias.

Las lecciones extraídas del periodo iniciado con la Revolución del 52 se refieren, sobre todo, a las relaciones entre el Estado y la población, lo que indica que los mayores desafíos de Bolivia pasan por el campo político antes que por el económico. Estas lecciones subrayan una faceta del sistema político que saldría a la superficie en otros momentos: la sociedad no se ve reflejada en el gobierno y éste no se percibe como un instrumento al servicio de ella. El choque entre uno y otra se repetirá y la oscilación del péndulo de la historia nunca detendrá su continuo ir y venir, movimiento que impide a la sociedad progresar y la aprisiona en un presente constante de miseria y revuelta, un tiempo en el que parece ser imposible aprender del pasado o trabajar para el futuro.

Vientos del pasado soplan sobre la nueva revolución: el ascenso de Evo Morales

Cincuenta años después de la Revolución Nacional Boliviana, un nuevo alzamiento popular volvió a convulsionar las frágiles estructuras institucionales del país. Durante las sangrientas revueltas populares de la década del 40 y la sucesión de gobiernos militares, se vivió un deterioro progresivo de la calidad de vida de la población indígena –que representaba en aquel momento más de 85% del total–, perjudicada por la incapacidad de los gobiernos de conciliar respuestas rápidas a las demandas colectivas a través de políticas públicas efectivas. En los 90, el problema persistió y emergió como uno de los principales desafíos del presidente elegido en 1993, Gonzalo Sánchez de Lozada, quien impulsó una serie de reformas institucionales que solo encuentran paralelo –aunque con una dirección ciertamente diferente– con las de 1952.

Las medidas implementadas por Sánchez de Lozada sintonizaban con el imperativo que se difundiría por América Latina luego de la caída de los gobiernos militares: la necesidad de modernizar la economía. Dicha modernización, en países con mercados internos débiles e importantes riquezas naturales, se reduciría a la ciega apertura al mercado mundial. En este contexto, se destacó la Ley de Capitalización, por la cual se transfirió la gestión de las empresas públicas al sector privado. Luego de la sanción de esta ley, con el pretexto de promover el ingreso de empresas multinacionales, se elaboró y aprobó un marco jurídico orientado a la privatización de la industria petrolera, en esta época la mayor fuente de divisas del país. El 30 de abril de 1996 se promulgó la Ley de Hidrocarburos, que promovió drásticas modificaciones en relación con la propiedad de los recursos naturales. Aunque esta ley establecía que el Estado era propietario de las reservas de gas natural en el subsuelo, legalizaba la transferencia de esta propiedad a las empresas multinacionales que descubriesen una nueva reserva y comenzaran a explotarla. Como si aquello no bastara, la ley otorgaba a estas mismas empresas el derecho a construir y operar ductos para el transporte de su propia producción y la de terceros, lo que privaba al Estado de la posibilidad de fiscalizar la explotación de sus reservas y beneficiarse de ellas de manera razonable.

En agosto de 1997, dos días antes de dejar la Presidencia, Sánchez de Lozada formalizó lo que ya venía sucediendo de hecho: transfirió plenamente a las empresas multinacionales la propiedad de los recursos del suelo boliviano. El Estado dejaba de tener cualquier injerencia en el proceso que va de la extracción a la exportación y se limitaba a cobrar los impuestos establecidos por ley, que no pasaban de 18%. El decreto supremo firmado por el presidente también alteraba drásticamente la concepción de excedente hidrocarburífero, puesto que la ley anterior, promulgada en 1990, afirmaba taxativamente que el Estado era el propietario de las reservas, de la producción y de la comercialización, y por lo tanto participaba y era beneficiario directo de la generación, distribución y utilización del excedente. Con la promulgación de estas leyes y decretos, se abandonaba drásticamente la visión de economía estatal hidrocarburífera vigente desde hace 60 años para reemplazarla por una concepción de total privatización (Quiroga).

Lo que se constata con ello es la incapacidad del gobierno de subirse al tren de la historia y conciliar la fuerte demanda mundial de recursos energéticos con la posibilidad de obtener fondos para reorientar el rumbo del país a través de inversiones sustanciales en áreas aptas para producir modernización y reordenar el aparato del Estado.

Este modelo continuó durante los gobiernos siguientes, el de Hugo Banzer y, luego de la renuncia de éste, el de su vice, Jorge Quiroga. En 2002, la elección que dio el segundo mandato a Sánchez de Lozada no recordaría en nada la tranquilidad de la primera: fue elegido con un margen irrisorio de votos, que aunque le permitió llegar a la Presidencia, se revelaría insuficiente para sostenerlo en el poder.

El contexto mundial también estaba convulsionado: el petróleo alcanzaba precios cada vez más elevados, lo que había hecho que los Estados importadores buscaran otras alternativas. El gas natural, abundante en el subsuelo boliviano y regido por un marco jurídico irresponsable, aparecía como la opción más atractiva para los inversores extranjeros, sobre todo para los estadounidenses. Éstos, de hecho, iniciaron negociaciones con el gobierno para un posible acuerdo basado en la exportación de gas natural a Estados Unidos a través de puertos de Chile –enemigo histórico de Bolivia–, a un precio de 2,5 dólares el barril, lo que representaba la mitad del valor cobrado a otros países, como Argentina y Brasil.

Pero desgraciadamente para Sánchez de Lozada, la población también había cambiado. Tensionó el ambiente político la conciencia de que el proceso de transferencia de la propiedad de los hidrocarburos a las empresas multinacionales impulsado en su primer mandato no había sido realizado de manera transparente y había generado perjuicios para el país. Así, la movilización popular, que desde 1952 giraba en torno de los partidos y las reivindicaciones de clase, adquirió nuevos contornos. Se produjo, entonces, un proceso de politización de las identidades étnicas en el que las reivindicaciones actuales apelaban a ciertos elementos históricos de legitimación. Paralelamente a esta cohesión indígena, el descontento con el modelo económico neoliberal volvió a ser movilizado por las organizaciones de izquierda y ganó adeptos entre mineros, cocaleros, desempleados y estudiantes. La población se unió en torno de tres reivindicaciones: la sanción de una nueva Ley de Hidrocarburos que devolviera su propiedad al Estado, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la renuncia de Sánchez de Lozada. Siguió a ello un periodo de profunda inestabilidad social durante el cual se sucedieron huelgas y bloqueos de rutas. El presidente, cuestionado incluso por miembros de su gobierno, ordenó a los militares contener a la multitud revoltosa. Esa reacción produjo más de 300 muertos y la expulsión de Evo Morales –quien había sido elegido diputado en 1997– del Congreso Nacional, con la excusa de haber incitado a los campesinos al enfrentamiento con los militares.

La conmoción popular se aplacaría recién con la renuncia de Lozada, en octubre de 2004. Asumió el poder su vice, Carlos Mesa, quien contaba con el apoyo de 80% de la población. Sin embargo, de las medidas anunciadas en su investidura –convocatoria a un referéndum vinculante acerca de la propiedad de los hidrocarburos, convocatoria de una Asamblea Constituyente y sanción de una nueva Ley de Hidrocarburos– solo la primera fue llevada a cabo, y de modo incompleto. Mesa quedó a merced de la furia de las mismas masas que lo habían colocado en la Presidencia y renunció. Lo reemplazó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien convocó a nuevas elecciones. El escenario electoral boliviano se dividió entre dos partidos principales: Poder Democrático Social (Podemos), representado por Jorge Quiroga, y el Movimiento al Socialismo (MAS), centrado en la figura de Evo Morales. La población escogería la segunda alternativa.

Con 54% de los votos válidos, Morales obtuvo un apoyo solo comparable al de Paz Estenssoro en 1952. Elegido sobre todo debido al cansancio del pueblo con los grupos políticos tradicionales, las expectativas depositadas en su gobierno pueden desempeñar un papel positivo –si, al adoptar la población una postura fiscalizadora, se crea un canal de comunicación permanente con el gobierno– o perjudicial para la democracia –si, frente a los primeros conflictos, los sectores populares optan por las revueltas en lugar de las negociaciones–.

Cuatro meses después de asumir la Presidencia, Evo Morales le otorgaba un carácter vinculante al referéndum realizado por Mesa, en el cual 92% de los bolivianos se había manifestado a favor de la nacionalización de los yacimientos de petróleo y gas natural. Con el Decreto Supremo 28.071 del 1o de mayo de 2006, Morales devolvió al Estado la propiedad de los recursos naturales y retomó la gestión de todas las etapas de producción. Fue un acto cargado de simbología, que incluyó la toma de las sedes de las empresas multinacionales por fuerzas militares.

Aunque la actuación de Morales como canalizador de la voluntad popular tal vez pueda calificarse de neopopulista, deben dejarse de lado estas definiciones, basadas en preconceptos del pasado, y considerar los desafíos que le impone la sociedad boliviana a su presidente: la razonable exigencia, en un país con tantas heridas, de que cada uno abdique de sus necesidades inmediatas en favor de las expectativas de mejoras futuras. Del equilibrio de estas demandas conflictivas, pero no excluyentes, dependerán el futuro y la estabilidad de la frágil democracia boliviana.

Reflexiones finales

«Comienza ahora la nueva historia de Bolivia.» Ésta fue la profecía de Evo Morales al tomar posesión de un cargo nunca antes ocupado por un indígena. En un país donde ese origen étnico es mayoritario, no resulta extraño el deslumbramiento de quienes ven en Evo Morales la encarnación de sus propias aspiraciones. Al asumir el cargo de acuerdo con los rituales aymaras, tal como hiciera Simón Bolívar, Morales renueva las promesas de autonomía y libertad formuladas por el padre de la independencia hace más de dos siglos.

Pero la realización de sus propósitos está ligada a la capacidad de comprender las derrotas pasadas como claves para la solución de los problemas presentes. A partir del legado revolucionario de 1952, la historia ofrece a Morales la posibilidad de evitar la repetición de los errores pasados.

En el orden económico, el mayor desafío consiste en administrar eficazmente los ingresos de la industria extractiva. En 1952, la expectativa del gobierno era instrumentar políticas distributivas a partir de los recursos de las compañías de estaño nacionalizadas. Hoy la clave es el gas natural. El papel de éste en el juego estratégico internacional es muy significativo pues representa, en un escenario de encarecimiento del precio del petróleo, una alternativa más barata y menos contaminante. Pero la nacionalización de los hidrocarburos, que devolvió al Estado la capacidad reguladora, va más allá de la cuestión económica. Tiene, también, una dimensión política. Si bien es verdad que la simple gestión eficiente de los recursos gasíferos no redundará automáticamente en el desarrollo económico y social, es cierto que de estos recursos depende el impulso de las políticas públicas redistributivas prometidas por el gobierno.

Desde el punto de vista político-social, las cuestiones que requieren una solución efectiva tienen que ver con la gobernabilidad del país. Uno de los grandes desafíos en ese sentido pasa por consensuar los intereses de las diferentes regiones. Retomando la visión histórica, una de las diferencias entre la insurrección popular que forzó la renuncia de Sánchez de Lozada y aquella que reclamaba el final del gobierno militar en 1952 es la cohesión popular. Mientras que en los 50 las clases trabajadoras y los partidos políticos constituían los principales ejes de la acción revolucionaria, hoy es el elemento étnico el que congrega a las masas. Se puede comprender este desplazamiento de dos formas: la primera de ellas se basa en la volatilidad de los partidos políticos, incapaces de mantener una coherencia en sus reivindicaciones. El mejor ejemplo es el MNR, que en 1952 fue el partido del gobierno revolucionario y en 2004, el del presidente depuesto. La segunda forma de entender este desplazamiento del núcleo del cambio de los partidos y las clases al elemento étnico es reconocer a este último como el más apto para la reivindicación de las deudas históricas. El desafío, entonces, pasa por la toma de conciencia de las masas en relación con el Estado. La inestabilidad social de los últimos años ha demostrado que el Estado boliviano ha permanecido alejado de los ciudadanos. En ese contexto, dos reacciones son posibles: la apatía política o la revuelta contra el gobierno de turno. La segunda, cuando es colectiva, puede acabar banalizando el importante gesto de descontento que implican las revueltas populares, porque a medida que el espacio público es repetidamente utilizado con esta finalidad, se va promoviendo en la conciencia colectiva la idea de que solo a través de esta vía se puede expresar el descontento e impulsar la satisfacción de las demandas.

Evo Morales tiene, por lo tanto, la necesidad de consolidar una cultura de diálogo y negociación entre el gobierno y las clases populares, capaz de revertir el ciclo descontento-revuelta-debilitamiento del gobierno-toma del poder al que el pueblo boliviano ha recurrido sin éxito a lo largo de su historia. Solo con la consolidación de estos hábitos democráticos la república democrática boliviana será capaz de mantenerse viva. Si se supera este desafío, Bolivia se liberará del hipnótico movimiento del péndulo que, entre avances y retrocesos, ha impedido que las prácticas democráticas se consoliden definitivamente. Solo así la democracia se tornará consistente como un instrumento reconocido y respetado para la emancipación de los excluidos.

Bibliografía

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