Introducción

En los años 2000, en varios países latinoamericanos se presenta un fenómeno novedoso en el campo político. Se trata de la decidida, creciente y conflictiva acción estatal en pos de la «democratización de la información y la cultura», línea de acción empujada por gobiernos, diversa y contradictoriamente calificados ya sea como «tecnopopulistas» y «autoritarios»¹, como «presidencias mediáticas» neoautoritarias², o desde miradas opuestas, como gobiernos «antineoliberales y antiimperialistas (…) elegidos con las banderas de justicia social e inclusión de las masas en los procesos de desarrollo»³, o incluso como gobiernos que son «modelos de organización socioeconómica poscapitalista»⁴.

Salvando el hecho de que efectivamente han existido claras diferencias tanto en el terreno ideológico como en el estilo de la gestión entre gobiernos como el de Hugo Chávez (1999), Luiz Inácio Lula da Silva (2003), Néstor Kirchner (2003), Evo Morales (2006) y Rafael Correa (2007), resulta evidente no solo que todos ellos han desplegado un proyecto político antineoliberal en todos los campos, sino que un componente fundamental de ese proyecto ha girado alrededor de intervenir en «la centralidad de la producción simbólica en las disputas por el sentido del poder [, en la cual] los medios de comunicación desempeñan la función de ‘servidores de hegemonía’»⁵. Esto, a su vez, ha implicado reconocer el peso de los medios como espacio de sedimentación del consenso y la construcción del imaginario social. Bajo ese presupuesto, estos gobiernos inauguran en la región distintas formas de disputar el poder persuasivo a los medios privados, arremetiendo contra su naturaleza mercantil y su orientación ideológica marcadamente liberal y antiestatista en la gran mayoría de los casos.

En el caso ecuatoriano, prácticamente desde que asumió el poder en 2007, la fricción entre el gobierno de la Revolución Ciudadana, encabezado por Rafael Correa, y ciertos medios privados de comunicación tuvo un significativo peso en la reconfiguración de la opinión pública. La disputa fue creciendo y tornándose cada vez más áspera y agresiva, no solo en el ámbito interno sino incluso en una dimensión internacional, tomando la forma de una confrontación política basada en el dominio de la opinión mediática en cuatro grandes frentes: climas de opinión dicotómicamente enfrentados, polarización social como estrategia política, batalla por la relegitimación institucional y emergencia de nuevas formas de liderazgo⁶.

En este sentido, a continuación se propone una aproximación analítica a cuestiones tales como la lucha por el control de la opinión pública, los efectos de la actoría política de los medios de comunicación masiva, la personalización y «emocionalización» como rasgos de los nuevos liderazgos políticos, así como la posibilidad –o no– de democratizar la sociedad regulando el espacio mediático y las industrias culturales, así como ampliando la esfera pública en los campos de la información, la comunicación y la cultura.

El control de la opinión pública y la lucha por la hegemonía

Antonio Gramsci no pudo haber expresado con más claridad los cruces entre lo mediático y lo político como cuando relaciona la opinión pública con la hegemonía política, al definir la primera como «el punto de contacto entre la ‘sociedad civil’ y la ‘sociedad política’, entre el consentimiento y la fuerza»⁷. De esta forma, al caracterizar la opinión pública como el contenido político de la voluntad política pública que puede llegar a ser discordante, entiende la importancia de luchar por su control, de modo «que una sola fuerza modele la opinión, y por lo tanto, la voluntad política nacional, convirtiendo a los disidentes en un polvillo individual e inorgánico»⁸.

Desde esta perspectiva, todo proyecto político, y más aún si se acerca a un cambio estructural, tiende a devenir en reforma (dirección) intelectual y moral de la sociedad, y tiene afectación en las formas de pensar y conocer, así como de explicar la realidad, con el propósito de unificar el bloque social, que es siempre heterogéneo y contradictorio. Es decir, la política no puede existir sin comunicación, puesto que esta opera siempre mediante una construcción de «discursos» que tiene un objetivo claro: que los ciudadanos perciban la acción política como necesaria e incuestionable. A su vez, existen «expertos» en la construcción de esas «imágenes del poder», en «elaborar y propagar los símbolos destinados a dar cuenta de la naturaleza de la dominación política (…) y dar forma a modalidades de conocimiento social puestas al servicio del control de las conductas individuales y colectivas por parte del poder político»⁹. En las sociedades actuales con el advenimiento de la democracia de masas, ese rol que antiguamente cumplían los literatos, artistas y otros intelectuales es asumido prioritariamente por los medios de comunicación y sus operadores –los periodistas, encuestadores y opinólogos–, cuyos relatos, como reconoce Félix Ortega, son una mixtura de «información, opinión y moralización» que, sin embargo, tendría efectos inéditos: la fragmentación de la legitimidad política y, con ello, su desinstitucionalización¹⁰.

De esta manera, los medios se encargan de poner en relación la política con su público, cosa que igualmente harán quienes aspiren a ejercer o ejerzan el poder político, utilizando para ello ya sea sus propios medios o, por el contrario, la deslegitimación de la voz del adversario. Pero por otro lado, la «opinión pública» se convierte –cada vez y con más fuerza– en opinión mediática –algo ya reconocido por Jürgen Habermas al hablar de «opinión publicada»–, por lo que no es un espacio real y ampliado de participación ciudadana como el propio Habermas tuvo que llegar a reconocer, sino un sucedáneo de la participación ciudadana, un «constructo de factura mediática» en cuanto representación forjada por los medios¹¹.

Desde aquí son entendibles las virulencias actuales de la «comunicación política», es decir, los forcejeos entre gobernantes y medios por controlar la opinión de los públicos mediáticos y ejercer lo que así podría llamarse «hegemonía mediática», puesto que, como ya había planteado Marcelino Bisbal, «los medios aparecen como lugares privilegiados para el contacto y la construcción de adhesiones, suplantando las plazas públicas y los más pequeños pero propios espacios de debate y acción conjunta»¹².

Ecuador no es la excepción a esta lógica, y desde 2007 se acrecienta la disputa por recuperar no solo la legitimidad de tal o cual partido o actor político, sino la del propio sistema político y del Estado como su mayor actor, tras la debacle social y el desbarajuste institucional que arranca en la década de 1980, con los primeros efectos estructurales de la aplicación del neoliberalismo. Esto se expresa claramente en la imagen de la «década perdida» y, posteriormente, en profundas coyunturas de estallido social como el «Caracazo» (Venezuela, 1999), el «feriado bancario» (Ecuador, 1999-2000) o el «corralito financiero» (Argentina, 2001-2002), entre otros.

Así, la restauración del imaginario democrático y la recuperación de la gobernabilidad implicaban generar rupturas radicales con el pasado y que el Estado volviera a tomar el timón de la sociedad ecuatoriana. Anteriormente, el neoliberalismo y sus políticas de desregulación y privatización habían acentuado no solo la concentración de la propiedad privada de los sistemas mediáticos en oligopolio¹³, mediante el empequeñecimiento y finalmente el «secuestro» del aparato estatal, sino la construcción de «un orden sustentado en tres factores: el afán fundamentalista de lucro, la representación y el espectáculo». Para ello desplegaron una gramática peculiar que persigue la conservación del poder mediante el afán de creer y hacer creer que pueden representar la realidad social y a la propia sociedad, sometiendo «la democratización de la comunicación a las exigencias del capital y excluyendo de estos derechos a la mayoría de la población, por su afán de lucro»¹⁴.

Si bien desde el enfoque sistémico e institucionalista de la política son las elecciones las que proporcionan a los políticos la legitimidad para gobernar, en Ecuador se puede apreciar con claridad que tal legitimidad puede quedar anulada, como quedó demostrado con la retahíla de caídas presidenciales suscitadas por una fuerza combinada de intereses políticos partidistas, demandas movimientistas y movilización social, entre 1997 y 2005. De ahí surgió la obligatoriedad de recuperar la legitimidad de la política y sus instituciones y actores, por una vía distinta de la de las «representaciones mediáticas» privadas, tan complacientes con los procesos electorales y tan poco críticas con sus resultados «fallidos».

Rafael Correa también, en este sentido, asume inmediatamente el papel de «presidente mediático» y arma una estrategia conjunta de interlocución directa con la sociedad, evitando pasar por el filtro de los medios, mediante enlaces semanales de tres o más horas de duración, transmitidos ininterrumpidamente por una significativa cadena de radios y televisoras. A lo anterior se sumó la creación de medios públicos con agendas y enfoques diferentes de los de los medios privados, la «incautación» por parte del Estado de empresas de información y comunicación que eran propiedad de grupos financieros que estafaron a sus clientes y, finalmente, la ejecución de políticas públicas que incluyeron un activo y frecuentemente criticado papel de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) para «replicar» y rectificar sin cesar lo que el gobierno ha calificado como frecuentes y malintencionadas desinformaciones. A ello se sumó la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación en junio de 2013, así como la creación de las instituciones de regulación, desarrollo y control necesarias para su aplicación.

Como era obvio, ante tan drástica reorganización del sistema de medios, la potente intervención estatal en las propias lógicas informativas y el descrédito del supuesto «estatus» de «independencia, objetividad y neutralidad» de importantes conglomerados mediáticos privados y periodistas, la reacción de estos fue frontal y temprana y se expresó en el boicot a la aprobación de esta ley que, durante casi cuatro años, llevaron adelante estos sectores y sus voceros y defensores en la Asamblea Nacional. Sus intentos fueron exitosos en la medida en que visibilizaron y posicionaron, incluso a escala internacional¹⁵, lo que han calificado como una política autoritaria que violenta los derechos y libertades, y que en especial restringe el derecho a la libertad de expresión de los empresarios mediáticos, los periodistas y los consumidores de medios.

Lo que ha estado en juego, en el fondo, ha sido una prolongada disputa por la hegemonía mediante las acciones de intervención discursiva propia, la creación de regulaciones mediáticas y el develamiento de la inoperancia y parcialidad de la «autorregulación» mediática¹⁶. Además, se ha puesto de relieve la abismal distancia entre la práctica politizada del periodismo y los discursos idealizantes sobre este (que no distinguen las complejas relaciones entre la propiedad mediática del trabajo periodístico), así como la inclusión en el imaginario colectivo de la necesidad de aplicar las estrategias que se requieran para que la información y la comunicación sean apropiadas por los ciudadanos, a partir del empuje para el ejercicio de tales derechos y el mejoramiento de la calidad y la diversidad de los contenidos¹⁷.

¿«Populismo» autoritario o nueva democracia «en construcción»?

Para Carlos de la Torre, uno de los politólogos ecuatorianos que más persistentemente han defendido la interpretación populista de la relación entre gobernabilidad y democracia en América Latina y en Ecuador,

Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa se parecen a los neopopulistas por haber irrumpido con una postura en contra del dominio de la partidocracia, pero se diferencian de ellos en que sus políticas económicas nacionalistas y redistributivas son opuestas al neoliberalismo. (…) La bibliografía sobre la relación de estos gobiernos con la democracia oscila entre visiones que los caracterizan como alternativas a los regímenes excluyentes de la partidocracia neoliberal o bien como autoritarios.¹⁸

En este primer planteamiento, no solo se agrupa a gobiernos surgidos en contextos bastante diversos y que a pesar de ciertas cercanías discursivas ejecutan proyectos que muestran marcadas diferencias en lo económico y político, sino que el factor de este agrupamiento es su supuesta naturaleza «populista», la cual los haría oscilar entre juzgamientos analíticos radicalmente dicotómicos: o proponen una democratización real y de nuevo cuño, o son autoritarios y tienden a apartarse de la gestión democrática de gobierno. Pero hay una segunda tesis propuesta por De la Torre que se puede apreciar en el siguiente extracto:

Los académicos que se enfocan en el aspecto liberal de la democracia, que garantiza los derechos de la oposición, el pluralismo y las libertades civiles, tienen una evaluación contraria. Argumentan que estos gobiernos son autoritarios pues concentran el poder en el Ejecutivo, construyen a los opositores como enemigos malignos que atentan en contra de los intereses del proceso revolucionario, están en guerra con los medios privados de comunicación y las elecciones se dan en condiciones que favorecen a quienes están en el poder sin dar las mismas garantías a la oposición. (...) Son una nueva forma de autoritarismo que utiliza instrumentos democráticos.¹⁹

En el caso ecuatoriano, ha sido reiterativa la apreciación desde la oposición política de que el gobierno atenta contra las libertades civiles y de que, en sus afanes autoritarios, ha constituido a los medios privados de comunicación en falsos opositores, desde el «estado de propaganda» que los habría sumido en el miedo y el silencio²⁰.

El principal tópico alrededor del cual han confluido los discursos políticos y mediáticos y desde el cual se ha confrontado duramente toda la política gubernamental relativa al campo de la información y la comunicación ha sido el de la Ley Orgánica de Comunicación²¹, normativa que por obligación constitucional debía entrar en vigencia como máximo en septiembre de 2010 y que recién pudo aprobarse en junio de 2013²².

Desde nuestra perspectiva, la disputa rebasa el ámbito normativo y responde a un modelo más clásico de disputa por la hegemonía, y se torna más agresiva debido a la enconada defensa de las prebendas de sectores económicos y políticos que resultaron beneficiados no solo por la aplicación del modelo neoliberal, sino incluso por su crisis, a la falta de propuestas políticas alternativas de quienes fueron señalados como los causantes de la crisis de institucionalidad que se vivió entre 1997 y 2005, así como a los «candados» colocados por el modelo neoliberal para evitar su posible desmantelamiento²³.

Para De la Torre, el gobierno de Correa es tecnopopulismo pues asume que «posee la verdad que viene del saber de los expertos y de la voz unitaria del pueblo encarnada en el líder»²⁴ y por ello desdeña el diálogo. Sin embargo, para juzgar la participación real de la población en las decisiones políticas en la actualidad, tiene que considerarse lo que aconteció en gobiernos anteriores: la mayoritaria exclusión mediática de la sociedad. La participación como derecho fue groseramente confundida con la supuesta «libertad de elección» en el mercado, la cual, obviamente, era patrimonio de unos pocos. En el campo comunicacional, la exclusión de todas las voces disidentes hacia el proyecto neoliberal fue permanente, y la «sociedad civil» o «el pueblo» solo fueron visibilizados en relación con «temas» negativos o como actores en los momentos más dramáticos de las crisis, cuando los políticos ya no lograban dar legitimidad alguna al modelo.

Democratizar la comunicación desde las tensiones y los conflictos

Al final, De la Torre suaviza su crítica a los populismos de izquierda latinoamericanos al decir que no considera que el populismo sea un peligro inherente a la democracia, pero tampoco entiende que sea su redentor, y más bien reconoce «las ambigüedades del populismo en la democratización». De esta manera se allana a la idea de que el populismo latinoamericano es antiliberal pero no necesariamente antidemocrático, puesto que incorpora políticamente a los excluidos, promueve su inclusión material y su inclusión simbólica, pero sin respetar necesariamente los derechos de la oposición; a la vez que regenera la democracia, politiza las desigualdades sociales y las humillaciones cotidianas de los pobres y de los no blancos²⁵.

Tres cuestiones son cruciales en este sentido para evaluar el carácter democratizador o desdemocratizador²⁶ del proceso gestado desde 2007 en Ecuador, así como para evaluar sus alcances: la de la institucionalidad democrática; la del empoderamiento o no de la ciudadanía desde la conciencia y ejercicio de sus derechos; y la de la participación real de aquella en el proceso de deliberación acerca del cambio, así como en la construcción de nuevos sentidos colectivos. Hasta 2007, la institucionalidad estaba destrozada en Ecuador, y a partir de entonces se relegitimó el Estado, lo cual, frente a la concepción usual de que la lucha por la hegemonía enfrenta al «pueblo» y al «bloque en el poder» (estatal) «bajo las condiciones de la globalización y de cara a la crítica neoliberal y la privatización de las funciones del Estado, requiere paradójicamente» de tal relegitimación²⁷. Al igual que en el resto de los países que optaron por el «giro posneoliberal», mediante innovaciones normativas y la propuesta de políticas públicas con propósitos democratizadores se posibilitó la transformación del escenario comunicacional, prácticamente inviable sin la decidida intervención del Estado²⁸. Ese «activismo estatal»²⁹ ha actuado por medio de la regulación y la creación de condiciones normativas y prácticas para la ampliación de la esfera pública a través del desarrollo de espacios comunicacionales alternativos y de la diversificación y el mejoramiento de la calidad de los contenidos mediáticos³⁰. Todo esto redunda en posibilitar la construcción de nuevos sentidos colectivos, los cuales coexistirán conflictivamente con aquellos construidos en el periodo neoliberal por un lapso indeterminado de tiempo.

Respecto al empoderamiento y la participación ciudadana en el proceso, uno de los escenarios deseables es aquel en que, una vez aprobada la Ley Orgánica de Comunicación y funcionando la institucionalidad alrededor de esta, cambien las estrategias de disputa por la hegemonía hacia una situación que amplíe y amplifique la pluralidad ciudadana y la acción de los ciudadanos como sujetos incluidos y como públicos críticos y empoderados.

Hay una tenue línea entre pretender democratizar la comunicación y desdemocratizarla al fragor de la batalla por la hegemonía. Por ello también la urgencia de avanzar en la consolidación de medios públicos y comunitarios y de aplicar con ecuanimidad y rigor la regulación estatal en el campo de las industrias culturales, lo que impactará en la modificación profunda del imaginario colectivo³¹.

A futuro, se avizora que persistirán las presiones de sectores políticos y mediáticos opuestos a la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación y a políticas públicas de redistribución y pluralización en el acceso a los medios. Quizás también persista la polarización de la opinión pública, mientras se intenta la aplicación de medidas estatales que garanticen el ejercicio de los derechos ciudadanos, tal como ha acontecido en los casos de Argentina, Venezuela y Bolivia. Y por supuesto, existe siempre el riesgo de que cualquier gobierno confunda la defensa de los cambios introducidos con la imposición de un discurso único. Por ello la necesidad de priorizar a la ciudadanía no solo como el titular de los derechos, sino como sujeto que oriente los cambios. En caso contrario, de nada servirán leyes ni políticas públicas, puesto que al no tocarse los «sentidos profundos» de la sociedad, se imposibilitará que un nuevo Estado cumpla los mandatos de los nuevos ciudadanos.